El tema de las prensiones y sus repercusiones políticas y económicas sigue centrando hoy la atención en Chile sin que disminuya el enfrentamiento entre el gobierno y el legislativo.
La idea de legislar sobre un proyecto de reforma constitucional que permita a los afiliados a las empresas Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sacar hasta 10 por ciento de sus ahorros de esas entidades para enfrentar la crisis sanitaria y económica, fue aprobada el miércoles por la cámara de diputados, que propina así una fuerte derrota al gobierno.
Pero este jueves, la iniciativa avanzó un paso más en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron indicaciones hechas anteriormente y se mantuvieron las ideas básicas del proyecto.
El desbarajuste en las filas oficialistas luego que varios diputados de derecha votaran a favor del proyecto, provocó que al menos ocho legisladores renunciaran a la bancada del partido Renovación Nacional.
Incluso, según reveló biobio.cl, el Gobierno suspendió «hasta nuevo aviso» el comité político ampliado que realiza los lunes con los presidentes y jefes de bancada de los partidos de la coalición Chile Vamos, donde parece abrirse un proceso de «reflexión».
Para el analista político Raúl Elgueta, la derrota política del Gobierno en la votación se evidencia en «su incapacidad para articular y conducir el proceso legislativo» y destacó que la oposición se comportó como un bloque, lo que es una notable diferencia con lo ocurrido hasta ahora.
Por su parte, el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, aseguró que lo importante de esta votación es que se vislumbra el término del sistema de AFP, que privilegia la acumulación de capital por sobre los intereses sociales y es rechazado por amplios sectores.
En el campo económico, según un informe de Scotiabank, en caso de que triunfe la iniciativa y que los 11 millones de afiliados al sistema de AFP decidan retirar el 10 por ciento de sus ahorros, esto ascendería a 16 mil 800 millones de dólares.
El estudio indica que en caso de que solo decidan dar ese paso las personas que han perdidos sus empleos a causa de la crisis, el monto sería de unos tres mil millones de dólares.
Por ahora, tras la aprobación del proyecto ayer en la comisión de Constitución de la Cámara, deberá ser analizado la próxima semana en plenaria, donde debe obtener 93 votos favorables para pasar al Senado, lo que según analista no parece tener problemas tras los resultados del miércoles.
Santiago de Chile, 10 de julio 2020
Crónica Digital/PLQ
