Nacional

“Hace mucho tiempo que no había un registro de incertidumbre tan alto de incertidumbre generado por factores domésticos”, señaló a “El Mercurio” Samuel Leyton, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (Caples UC). Según un reporte de Clapes UC, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) llegó hasta los 159 puntos, 21% más que en marzo y supone un alza de un 65% superior a abril del año pasado. Además, “supera el valor alcanzado al comenzar la ‘guerra comercial’ entre China y Estados Unidos en julio del año pasado”. Según el informe, la principal causa del incremento se debió al ambiente político de nuestro país, marcado por las reformas impulsadas por el Gobierno de Sebastián Piñera. A ello se suma la reducción de las expectativas de crecimiento económico, según indica el mercado y han confirmado Hacienda y el Banco Central. De acuerdo a Leyton, las cifras de abril adelantan un mes de mayo aún más complejo. Santiago, 25 de mayo 2019 Crónica Digital.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (SONAMI), Diego Hernández, aseguró que este año la producción de ese sector económico del país tendrá un crecimiento cero. El dirigente empresarial estimó que en 2019 el país deberá llegar a una producción de cinco mil 800 millones de toneladas, similar a los resultados del pasado año. En entrevista televisiva el alto funcionario de esa organización que agrupa a las empresas del rubro de la minería añadió que no hay proyectos nuevos de producción, por lo cual la minería no va a contribuir mucho al crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país. El presidente de la SONAMI hizo estas precisiones al analizar el descenso de 3,6 por ciento de la actividad de ese sector, decisivo en la economía chilena, durante el primer trimestre y que fue la causa fundamental del pobre crecimiento del PIB en esa etapa, de solo 1,6 por ciento. Esos argumentos se suman a otras evaluaciones de economistas que contrastan con la posición del Gobierno, que insiste en que el PIB tendrá en 2019 un crecimiento del 3,5 por ciento. Hernández dijo que el aporte económico del sector estará dado por las inversiones que se llevan a cabo, pero estas no se contabilizan en el PIB de la minería sino en los acápites de la construcción o servicios. Añadió que esas inversiones si contribuirán al crecimiento de la producción en los próximos años. Santiago, 25 de mayo 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.

Las exportaciones chilenas totalizaron 18 mil 635 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que significó una caída de 3,9 por ciento respecto del mismo período de 2018, informó el Banco Central. En un informe sobre indicadores del comercio exterior, el ente señaló que la minería fue el sector con mayor disminución en la etapa, de 5,1 por ciento, seguido de agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 4,1 en conjunto y la industria con 2,2. Por su parte, las importaciones totales llegaron a 17 mil 488 millones en los tres primeros meses del año, el mismo nivel que lo reportado en la etapa correspondiente de 2018. En este caso el mayor aumento fue reportado por agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 10 por ciento, seguido muy atrás por la minería, con 0,7, e industria, con 0,1. El informe señala entre los principales productos que contribuyeron a la disminución de las exportaciones los cátodos de cobre refinado, cobre para afino y hierro peletizado, con reducciones por un monto en conjunto de mil 57 millones de dólares. En el aumento de las importaciones sobresalió la compra de gas natural con un incremento de 144 millones de dólares. Los principales destinos de las ventas de Chile al exterior fueron Asía con el 56 por ciento y América, con 30, y con excepción de Asia, el resto de los continentes decrecieron, mientras que a nivel de países se redujeron las exportaciones a Estados Unidos, China y Rusia. Con respecto a las importaciones, América, con 43 por ciento y Asia, con 36, fueron los principales puntos de origen, aunque el conjunto de América fue la única zona geográfica que presentó una disminución, principalmente por la caída de las compras en Brasil y Estados Unidos. Santiago de Chile, 24 de mayo 2019 Crónica Digital /PL

la preocupación es cada vez más evidente entre economistas y autoridades de Chile por la persistente caída en el mercado internacional del precio del cobre, principal renglón de exportación del país. La víspera el precio del llamado metal rojo llegó a su nivel más bajo desde inicios de enero y cerró en 2,65 dólares la libra, bastante por debajo de las estimaciones del gobierno que esperaba para el actual año un repunte considerable en su valor. Los especialistas achacan la mala racha al poco alentador escenario económico mundial y la guerra comercial que a pesar de diálogos y declaraciones continúan manteniendo Estados y China. Estos factores han afectado a las bolsas mundiales, incluida la chilena, y en el caso de este país austral se manifiesta también en el fortalecimiento del dólar, que en la jornada cambiaria del jueves llegó por momentos a 700 pesos chilenos y cerró finalmente en 697. Ello, debido en buena medida a los bajos precios del cobre ante el escenario poco halagüeño de la guerra comercial. Al respecto, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, advirtió que lo que ocurre en la industria minera lo sufre el conjunto de la economía de Chile, y lo peor, que el país no puede ejercer control alguno sobre los factores externos que inciden sobre ella. Añadió que es lógica la preocupación, pues el enfrentamiento entre Washington y Beijing parece profundizarse y prolongarse». Además el nerviosismo se basa también en los efectos que el bajo precio del principal rubro exportable puede tener sobre el presupuesto nacional. Al respecto, Gustavo Lagos, economista de la Universidad Católica, dijo que el impacto pudiera ser del orden de los mil 400 millones de dólares menos en los ingresos del país, si se mantiene bajo el precio actual del metal. En lo que va de mayo el valor de la libra de cobre descendió 8,4 por ciento influido directamente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, este último país el principal comprador del cobre chileno. Según los cálculos más optimistas de los expertos, el precio del cobre debería fluctuar entre 2,75 y 2,90 dólares la libra durante el resto del año, pero por el momento está por debajo de ese mínimo y la prolongación del conflicto entre la dos potencias podría mantener bajo el precio durante mucho más tiempo del esperado. Ello además influiría en el crecimiento económico del país, que ya en el primer trimestre fue de un pobre 1,6 por ciento, muy inferior a lo esperado por el gobierno de Sebastián Piñera y en el cual la baja en la producción de cobre resultó decisiva. Y la cuenta es bien sencilla, con precios bajos, habría que extraer y exportar mucho más cobre para obtener las mismas ganancias, pero ello resulta prácticamente imposible si la producción no aumenta y si el marcado internacional se contrae, en  vez de expandirse. Santiago de Chile, 24 de mayo 2019 Crónica Digital /PL

Altas figuras del Gobierno y la política de Chile, deberán declarar en el proceso seguido por el asesinato de un joven mapuche, que conmovió al país y destapó una seria crisis en el cuerpo de Carabineros. La noticia vuelve a colocar en la palestra la muerte de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, que ha seguido una dilatada investigación judicial en la que ahora deberán declarar 73 testigos, incluido el ministro del Interior, Andrés Chadwick. También se incluyen otros personas como Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior; y el exgeneral Hermes Soto, director de Carabineros en el momento del asesinato. Esas altas figuras del Gobierno de Sebastián Piñera, convocadas como testigos, han sido críticadas públicamente por sus responsabilidades políticas por la sarta de mentiras y obstrucciones a la justicia de los efectivos de Carabineros implicados directamente en los hechos que rodearon el caso del asesinato del comunero mapuche. Inmediatamente después del suceso, el ministro Chadwick informó que la muerte del joven ocurrió en un enfrentamiento con efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) y calificó de delincuente a Catrillanca, versión que repitieron otras figuras del Gobierno. Al cabo de los días salieron a la luz una serie de vídeos que habían sido ocultados y que demostraban que Catrillanca fue asesinado a mansalva por la espalda, que no hubo enfrentamiento alguno y menos que hubiera participado en un hecho delictivo. Ante tales revelaciones amplios sectores comenzaron a exigir, infructuosamente, la renuncia de Chadwick, y la familia de la víctima demanda que aparezca en el proceso no como testigo sino imputado, por su responsabilidad política y haber mentido al país. Lo mismo se exige a Hermes Soto, quien finalmente fue obligado a renunciar a su cargo junto a otros 10 altos oficiales de Carabineros, institución que cayó en una profunda crisis de credibilidad. En cuanto a la marcha del proceso recientemente el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en La Araucanía, Roberto Garrido, presentó las acusaciones contra los ocho uniformados implicados en el asesinato. Las penas fluctúan entre 15 años en total para el exsargento Carlos Alarcón, autor del disparo que cegó la vida de Catrillanca y por el homicidio frustrado del joven que acompañaba ese día al comunero mapuche, hasta 300 días y multa a quienes ocultaron pruebas, dieron falsos testimonios y obstruyeron la investigación. Santiago de Chile, 23 de mayo 2019 Crónica Digital /PL

Una denominada Consulta Indígena promovida por el gobierno de Chile comienza hoy en medio de dudas sobre sus reales posibilidades de responder a las necesidades y demandas de los pueblos originarios. La consulta se realizará en 131 localidades del país y se inicia este jueves en la región del Biobío, con un cronograma de cinco etapas que deberá culminar en diciembre próximo, dirigidas a recopilar información por el gobierno para presentar al Congreso una modificación de la legislación vigente sobre el tema indígena. Ella recoge 11 temas sobre los que deberán pronunciarse representantes de nueve pueblos originarios y entre ellos uno de los más controvertidos es el referido a legalizar el arrendamiento o venta a privados de tierras pertenecientes a las comunidades. Al respecto, el académico de la universidad de Santiago Fernando Pairicán, consideró absurda la iniciativa del Gobierno, porque implica en el fondo la pérdida de territorios de los pueblos originarios, cuando estos reclaman -en especial los mapuches- todo lo contrario, y en consecuencia, un empeoramiento de sus condiciones de vida. Añadió que se pretende legitimar la usurpación de tierras a partir de la ley vigente desde 1993, que ha sido utilizada por personas con mayor poder económico para apoderarse de espacios territoriales. El investigador alertó que, por ejemplo, las grandes empresas vitivinícolas buscan expandirse hacia el sur del país compulsadas por el cambio climático, y los territorios de los mapuches y otros pueblos aparecen en la mira por sus buenas condiciones para la agricultura. En Chile unos dos millones 185 mil personas se declararon indígenas en el Censo de 2017, y entre ellas el 79 por ciento son mapuches, seguidos por la población aymara, que se concentra en la región norteña de Tarapacá. La consulta ya ha despertado inconformidades en poblaciones indígenas, y previamente en Temuco, capital de la región de La Araucanía, más de mil personas marcharon en rechazo a esa iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera. Los convocantes de la manifestación reiteraron su malestar por la poca información sobre la consulta, que resulta importante pues a partir de sus resultados se elaboraran propuestas para modificar las leyes vigentes. Al respecto, comunidades indígenas y parlamentarios exigen un mínimo de participación popular para legitimar la consulta y en correspondencia con ello los representantes de las comunidades de dos comunas elegidas en esa región para ese proceso se negaron a colaborar. Mario Curihuentro, representante de las comunidades, declaró a radio Biobío que  los cambios a la ley deben surgir de las propias comunidades, las cuales temen que las modificaciones que prevé impulsar el gobierno vayan en contra de lo que se ha podido avanzar en materia de  protección de las tierras indígenas. Santiago de Chile, 23 de mayo 2019 Crónica Digital /PL

Como un hecho histórico catalogó Greenpeace la solicitud del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) de caducar las concesiones acuícolas de la empresa Nova Austral, compañía que pretendía instalar 138 jaulas destinadas a la producción de salmones en aguas del Canal Beagle.   El caso, definido como emblemático por parte de la ONG debido a la señal que marcará en cuanto a la expansión de la salmonicultura en los mares más australes del país, ahora se encuentra a la espera del pronunciamiento de la subsecretaría de Fuerzas Armadas, organismo facultado para confirmar la prescripción de los permisos otorgados a la empresa. Al respecto, Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace indicó que la solicitud de frenar estos permisos “es un hecho sin precedentes en la lucha contra los abusos de esta industria en el sur de Chile y una clara victoria para todos los que participaron en denunciar las irregularidades de esta empresa que lograron detener su expansión en la zona. Podemos decir que la impunidad de la industria salmonera en el Beagle ha terminado”. El conflicto con Nova Austral se remonta a los años 2004 y 2005 cuando la empresa -en ese entonces bajo el nombre de Pesquera Cabo Pilar- obtuvo cuatro concesiones, disponiendo de un año plazo para iniciar la planificación técnica del proyecto, hecho que no se cumplió. Esta situación derivó en un juicio arbitral en 2008, que finalmente determinó la suspensión completa de las operaciones, el ingreso de peces y la instalación de estructuras flotantes. Sin embargo y pese a tener estos permisos vencidos y una medida cautelar que les impedía cualquier tipo de operación, entre enero y febrero de 2019, Nova Austral -que adquirió las licencias de Pesquera Cabo Pilar- comenzó con el traslado de materiales para adelantar el inicio de sus operaciones, lo que ha sido calificado por Greenpeace como una “toma ilegal de un pedazo de mar”. Como respuesta, distintos representantes de la comunidad local y organizaciones, entre ellos la ONG ambientalista, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que se pronunció con una orden de no innovar. En respuesta, la empresa Nova Austral argumentó no haber iniciado actividades en la zona antes del 7 de abril de este año, hecho que fue desmentido por imágenes satelitales, fotografías y registros directos en terreno que evidenciaron el inicio de las faenas en enero de 2019. Al respecto, la vocera de Greenpeace afirmó que “la empresa Nova Austral entregó antecedentes con los que deliberadamente le mintió a la corte, lo que fue expuesto con evidencia que, gracias al apoyo de toda la comunidad involucrada, pudimos desenmascarar con hechos reales. Ahora queda esperar la resolución de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y sacar a una empresa que, en una verdadera toma de mar se ha apropiado de manera ilegal de un pedazo de océano que pertenece a todos los chilenos”. En este sentido, desde la ONG advirtieron que seguirán con las instancias legales que sean necesarias y que incluso acudirán a la […]

La  transversal iniciativa de los parlamentarios Tomás Hirsch (PH), Jorge Alessandri (UDI), Marcelo Díaz (PS), Matías Walker (DC) Gabriel Boric (Convergencia), René Saffirio (IND), Hugo Gutiérrez (PC), Renato Garín (IND), Luciano Cruz- Coke (Evopoli) y Gonzalo Fuenzalida (RN), pretenden que modifique la ley 20.285, sobre acceso a la información pública, haciéndola extensiva a ministros de la Corte Suprema, Fiscal Nacional y regionales. A raíz de los hechos ocurridos en el último tiempo y por la necesidad de transparencia de las autoridades hacia la ciudadanía, los diputados Tomás Hirsch (PH), Jorge Alessandri (UDI), Marcelo Díaz (PS) y Matías Walker (DC), presentaron un proyecto que amplía el acceso a la información pública –Ley 20.285–, obligando a que otras autoridades del Estado tengan que informar sus reuniones bajo la ley de lobby. Al respecto, el diputado humanista y autor del proyecto, Tomás Hirsch, aseguró que “necesitamos tener más transparencia y es por eso que estamos presentando este proyecto para ampliar la obligación de declarar sus reuniones a las autoridades públicas que hoy están excluidas de informar por lobby. La ley de lobby habla de intereses particulares y, por tanto, no incluye las reuniones entre autoridades”. Hirsch también consideró “que debe haber un registro público de las reuniones que se sostengan entre distintos poderes del Estado: cuando se reúne un parlamentario, como es el ejemplo del senador Letelier, con el Fiscal Nacional, cuando se junta un ministro de la Corte Suprema con otras autoridades de Estado, creemos que son reuniones que la ciudadanía tiene el derecho a saber que se hicieron. Con esto vamos a mejorar el estándar de transparencia que nuestro país está requiriendo». En la misma línea, el parlamentario de la UDI y coautor de la moción, Jorge Alessandri, expresó que “lo que busca este proyecto es que sea una obligación legal, que cuando se reúna una autoridad de un poder con otro poder, cuando se reúne un fiscal con un parlamentario, cuando se reúne un ministro de corte o un ministro de la suprema con un parlamentario también deban quedar registradas. El objetivo de este proyecto de ley no es inhibir reuniones o conversaciones, por el contrario, es transparentar y que la ciudadanía sepa cuando se reunieron, porqué se reunieron, la fecha exacta y de esta forma se logrará una mayor transparencia. Además, Alessandri sostuvo que “se avanzó mucho en este punto con la ley que promovió el entonces senador Hernán Larraín, le estamos dando ahora una perfección, una segunda vuelta a esta norma, para que no solo el interés privado que viene a gestionar al estado este regulado, sino que también las relaciones entre poderes que son cada día más importantes dados los casos que han sido de conocimiento público en el último tiempo”. El diputado DC, Matías Walker, Presidente de la Comisión de Constitución confirmó que “tenemos una muy buena disposición para tramitarlo en la Comisión de Constitución, lo vamos a poner en tabla, espero que en dos miércoles  más, con el  objeto de  despacharlo  a la brevedad y […]

“Aldea El Encuentro” es un lugar creado por el ex alcalde Fernando Castillo Velasco, con la finalidad de constituirse como un espacio de encuentro y esparcimiento para los vecinos y familias de La Reina. Actualmente, el alcalde José Manuel Palacios está llevando a cabo un proceso de enmienda del plano regulador sin los mecanismos legales correspondientes. El diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, junto a la concejal de La Reina, (RD) Catalina Rubio, organizaciones sociales y vecinos de la comuna, solicitaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto la enmienda del plano regulador de la Aldea El Encuentro.  Al respecto, el diputado (PH) Tomás Hirsch, aseguró que “el alcalde pretende hacer una enmienda del plano regulador que, de acuerdo a nuestros estudios, no cumple con los requisitos legales establecidos. Ese plan regulador no permite que se haga, por las características de la Aldea, una enmienda como la que Palacios quiere realizar”. «Solicitamos a la contraloría que se pronuncie al respecto y que indique si esta enmienda que pretende hacer el alcalde cumple con los requisitos legales o, como nosotros hemos considerado y estudiado, que es que no se ajusta a lo que establece la ley”, expresó Hirsch. Además el parlamentario del Frente Amplio agregó que “el parque cumple una función social muy importante, es un lugar que permite a grandes conjuntos de la comuna encontrarse ahí, desarrollar actividades culturales, sociales. Es un espacio muy valorado por la comunidad, por supuesto que se pueden hacer mejoras, pero lo que es inaceptable es pretender convertirlo en un centro de negocios, en un Movistar Arena». Por su parte, la concejal Catalina Rubio (RD) expresó que “Este proceso se inició en febrero y yo fui la única que rechazó el proceso de enmienda, porque se realizó una especie de participación del cual todavía no se ha dado cuenta la ciudadanía. Hay un informe en el que los vecinos establecen que rescatan el rol comunitario que tiene la aldea” Sin embargo, se plantea una consulta, que se dice ciudadana, pero que no tiene nada que ver con la misión, propósito y sentido de la Aldea El Encuentro. Lo que estamos haciendo es representar a los ciudadanos y a los vecinos. Se postergó la consulta, pero eso no nos da certeza de nada, tenemos que seguir presionando para que se haga un proceso de participación vinculante y real en la comuna de La Reina», Finalizó Rubio. Santiago de Chile, 23 de mayo 2019 Crónica Digital

El jefe de la bancada PC- Independientes, Boris Barrera, pidió al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) José Venegas, que explique el  incremento de las tarifas eléctricas en un 10,5 por ciento y el efecto que habría tenido la central eléctrica El Campesino S.A. que aún no está en funcionamiento. El legislador llegó este miércoles hasta las oficinas de la CNE, acompañado por la concejala de la comuna de El Bosque, Margarita Urra, y dirigentes sociales y vecinales para solicitar una audiencia con el personero de gobierno. Barrera señaló que el cobro de las tarifas es improcedente, porque “primero nos trataron de estafar con los medidores inteligentes, diciendo que había que cambiarlos, que era obligatorio. Ahora nos venimos a enterar de este cobro abusivo, unilateral de las distribuidoras que no corresponde porque es de una generadora que no existe”. El legislador señaló que esto no se justifica. “Hay una generadora que se comprometió a introducir energía a un sistema y no lo está haciendo y por tanto, no tiene por qué cobrar, eso es de sentido común. Por eso necesitamos una explicación del secretario ejecutivo de la CNE para ver si han tomado cartas en el asunto. Además, ya oficiamos a la ministra de energía para que dé antecedentes sobre estos cobros de algo inexistente ” Barrera indicó que extraoficialmente se ha informado que la central El Campesino  habría comprado energía para introducir al sistema, es decir  están revendiendo. “Por qué no se compra directamente a quien Enel está comprando, no saldría más económico? Aquí hay un manto de dudas que hace que esto sea improcedente. Por ejemplo, el que el costo de energía de ellos sea mucho más caro, casi el doble, que el de todas las otras generadoras. 110 dólares el megawatt, siendo que el promedio está en 60, incluso algunos en 30 dólares” precisó. “Necesitamos muchas explicaciones, la ciudadanía, los vecinos necesitan saber qué es lo que hay detrás de este negocio” indicó el diputado. Además, hizo un llamado a la Ministra de Energía, Susana Jiménez, a que responda el oficio enviado y dé cuenta al país por qué las cuentas de la luz están saliendo un 10 por ciento más caras ya que  de ese total, un 0,6 por ciento corresponde a una central que no está generando energía. Sin embargo, están cobrando de manera excesiva, abusiva y unilateral, recalcó. Santiago de Chile, 22 de mayo 2019 Crónica Digital