El presidente de la Izquierda Ciudadana (IC), diputado Sergio Aguiló, calificó hoy como un chantaje el paro de 32 días en el Registro Civil que perjudica fundamentalmente a la ciudadanía, precisando que desde el 2011 se han aprobado 5 leyes que han beneficiado a los funcionarios de este servicio.
Aseguró que es posible seguir conversando “sobre la base que los trabajadores vuelvan a su trabajo y nos parece que esta línea que ha seguido el gobierno de ofrecer una posibilidad el año 2017 es la correcta y la apoyamos.”
“Como partido de la Nueva Mayoría apoyamos al gobierno, porque es justo hacerlo, en el sentido que los funcionarios del Registro Civil han sido beneficiados por 5 leyes distintas, desde el 2011 a esta parte. No puede ser que los funcionarios de un servicio piensen que en todos los gobiernos van a hacer un paro por 30 días. Además en los próximos días ingresará un proyecto de ley para mejorar las remuneraciones de todo los funcionarios del sector público, que es la negociación que hace la ANEF año a año”, precisó.
Según Aguiló “el sector publico tiene leyes que necesitan ser complementadas y mejoradas, entre otras, la de negociación colectiva del sector público. El sector público ha hecho todos los paros que ha informado la opinión pública, y a pesar de no estar en las leyes, esos paros han sido respetados, esos paros no han generado expulsión ni exoneración de gente, solo en algunos casos ha significado descuento de los días no trabajados como ocurre también en el sector privado cuando hay una huelga legal”.
Puntualizó que “lo que no puede ocurrir es que nos sometamos a un chantaje de esta naturaleza porque eso no corresponde. El país sabe que estamos focalizando los recursos para las grandes reformas que el gobierno está empeñado en sacar adelante y que van a tener un sentido de beneficio incluso para hijos y nietos de los funcionarios del registro civil cuando el próximo año tengan gratuidad en la educación, por ejemplo”.
Aguiló criticó actitud populista y demagógica de Navarro
El diputado cuestionó duramente la acción del senador y presidente del MAS Alejandro Navarro de interponer un recurso de protección en contra del intendente del Bío, luego que la autoridad regional dispusiera turnos de urgencia en el Registro Civil para enfrentar la demanda de la ciudadanía este fin de semana.
“Me parece populista y demagógica la actitud del senador Navarro respecto de un conflicto que se viene conversando y enfrentando en el país por más de 30 días. Insisto que desde el 2011 hasta hoy, los trabajadores del Registro Civil han recibido aportes del gobierno expresados en 5 proyectos de ley que han mejorado su calificación de funcionario, su reubicación mejorando grado, y durante el gobierno de Piñera se le otorgó por ley un bono especial que dejó en condiciones de equiparidad este servicio público respecto a otros servicios”.
Urgencia a proyecto que sanciona con penas de urgencia delito de colusión
Aguiló planteó a la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte, con quien se reunió a mediodía, “la urgente necesidad que a más tardar el lunes o martes, el gobierno le ponga urgencia a uno de los 5 proyectos de ley que se encuentran desde el 2011 en el Parlamento y que establecen la calificación del delito de colusión entre las empresas y que sanciona con penas de cárcel a quienes hayan incurrido en dicho delito”.
“Ya se está haciendo un hábito este grave abuso contra los consumidores y contra los chilenos de parte de los grandes empresarios, en este caso el grupo Matte, pero ya lo hicieron antes otros. En la mayoría de los países del mundo estas colusiones son calificadas como delito y sancionadas con penas de cárcel. Hay 4 mociones parlamentarias y un mensaje del gobierno para establecer esta tipificación como delito grave”
Aguiló planteó que ya que las comisiones de Hacienda y Constitución está atochadas de trabajo, mientras que 2/3 de las comisiones están prácticamente sin trabajo legislativo, por lo que dijo “sería muy factible que la comisión de Economía viera este proyecto y lo tramitara rápidamente y en un plazo máximo de un mes ya tendríamos ley. Esto se lo voy a plantear también al ministro Nicolás Eyzaguirre”.
Santiago de Chile, 30 de octubre 2015
Crónica Digital
