Nacional

Es en este escenario de alerta donde la difusión cobra suma importancia, razón por la cual  se realizó en la sede de la CUT, el foro: “¿A quién beneficia la Reforma de Salud que impulsa el Gobierno de Piñera?”, organizado por la Secretaría Nacional de Salud de la CUT y en el cual participaron dirigentes sindicales del sector Salud tanto Público como Privado. El encuentro, realizado el jueves pasado en el Salón Manuel Bustos, fue inaugurado por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa y contó con la participación de tres panelistas: Soledad Barría, médico y ex ministra de Salud, coordinadora de Salud del Instituto Igualdad, quien expuso en torno a: “Pilares del modelo de Salud Público chileno y actuales problemas estructurales”; Matías Goyenechea, cientista político experto en Economía Gestión en Salud, presidente de la Fundación Creando Salud: “Contenidos del Proyecto de Ley de Reforma de Salud del Gobierno de Piñera: ¿A quién beneficia esta reforma y cuáles serían sus consecuencias?” y Julio Sarmiento, médico cirujano especialista en Salud Pública de la Universidad de Chile: “¿Cuáles debieran ser los pilares para un nuevo modelo de Salud para Chile?”. El Proyecto de Ley –presentado por el Gobierno en abril-  busca hacer reformas integrales al Sistema de Salud incluyendo cambios a Fonasa e Isapres. Entre los puntos se incluye la creación de un Plan de Salud Universal (PSU) para las Isapres. En tanto a Fonasa se le entregarán más facultades para derivar pacientes dentro y fuera de la red pública. Esta iniciativa legislativa puso en estado de alerta a los trabajadores y trabajadoras de hospitales y consultorios públicos y de las secretarías ministeriales de Salud al igual que a funcionarios de clínicas privadas y consorcios vinculados a la Salud entre otros. El foro de este jueves surgió entonces del: “Esfuerzo que hace la Secretaría de Salud dentro de un proceso de movilización (…). Esta actividad tuvo dos objetivos: Difusión de contenidos, que todos conozcamos qué de mentira y qué de verdad tiene esta reforma que se nos ha vendido como integral de la Salud y también generar un proceso de agitación en las bases a propósito de las posibles movilizaciones que debieran venir en el sector”, señaló Karen Palma quien junto a Georgina Cortés son las voceras de la Secretaría que agrupa a organizaciones del sector público y privado. Cortés, puntualizó que la idea fue informar de qué se trata esta reforma de Piñera: “Respecto de Fonasa e Isapres que significa privatizar aún más el sistema de Salud en Chile, porque lo que se pretende es traspasar recursos del sistema público al sector privado  en compra de servicios, copagos y otros más”, puntualizando que esta nueva arremetida neoliberal en el campo de la Salud: “Hace aún más perverso el sistema actual” (nefasta herencia de  la dictadura cívico-militar de Pinochet): “Los trabajadores de la Salud –advirtió -estamos preocupados por ello y por eso nos hemos unido en una plataforma común con todos los sectores para impulsar una propuesta por un nuevo modelo de Salud para Chile”. Entre los acuerdos adoptados en […]

La Jefa de Bancada de los Diputados del PPD, Andrea Parra, se refirió al llamado al patriotismo que realizó el Presidente Sebastián Piñera a los parlamentarios de oposición, tras el rechazo de la idea de legislar los proyectos de Admisión Justa y Pensiones. «Es una frase tremendamente desafortunada del Presidente, ya que insiste en utilizar un lenguaje violento tal como lo hemos visto con la Ministra de Educación, Marcela Cubillos. Es preocupante la dinámica  que el gobierno ha instalado respecto de no discutir en profundidad los proyectos y no entender que los populismos nos van a llamar a la perdición», indicó la diputada Parra. La parlamentaria señaló que «aquí no se trata de patriotas o antipatriotas, el Parlamento tiene el derecho a votar respecto de sus convicciones, ése es un lenguaje propio de los populismos». Respecto a la reforma a las pensiones, la legisladora indicó que «la oposición le planteó al gobierno sus puntos de vista, que separaran el proyecto de pensiones, insistimos en miles de propuestas y el gobierno fue obtuso. No me cabe duda que la estrategia del gobierno va a ser el pirquineo en la Sala.  Espero que actuemos como una oposición unida, pero sabemos que la estrategia del pirquineo funciona». «Es importante que le demos respuesta a la ciudadanía que espera un proyecto de pensiones que resuelva y cambie el sistema. El proyecto del gobierno sólo refleja un aumento de 12.800 pesos, no cambia el sistema, seguimos con las AFP. Todo eso nos hace pensar que hay que mirar con mucha detención lo que estamos votando», concluyó Andrea Parra. Santiago de Chile, 14 de mayo 2019 Crónica Digital

“La situación de la población con algún tipo de discapacidad o condición especial, es cada día más grave, no se ha avanzado en su inclusión, pese a las promesas del Gobierno”, manifestó el senador Alejandro Navarro, tras la ocupación de las oficinas del Servicio Nacional de la Discapacidad en Concepción, por dirigentes de la Corporación de Defensa de la Discapacidad. De acuerdo al parlamentario, “de los compromisos asumidos por el Gobierno, ninguno se ha cumplido: no existeaccesibilidad universal, pues ahí están los servicios públicos, municipios y muchos lugares sin que puedan acceder las personas en silla de ruedas.” “Tampoco los compromisos de Gloria Hutt en materia de transportes; ellos están lejos de cumplirse. Vale recordar que el transporte público no tiene ninguna condición que pueda facilitar el acceso a las personas con discapacidad; hay miles de taxibuses circulando por todo Chile sin las condiciones necesarias para el correcto ingreso y disposición de sillas de ruedas en ellos”, agregó. “Y por cierto lo más importante”, continuó, “es la falta de mayores recursos para gestión pública desde el gobierno central y hacia los gobiernos regionales”. Para Navarro, “una de las maneras más efectivas de promover la inclusión de las personas con capacidades distintas, es garantizándoles el derecho a circular y participar en los espacios físicos de sus comunidades, removiendo las barreras físicas que limiten la participación”. “Más aun”, dijo, “la remoción de barreras físicas en los espacios públicos beneficia no solo a las personas con movilidad reducida, sino a las personas de edad, las mujeres embarazadas, usuarios de sillas de ruedas, niños, entre otros”. “Pero ninguna sola de estas políticas se ha cumplido, por lo tanto, han pasado a la movilización que yo apoyo,porque no hay otra manera de hacerle ver al gobierno, de que el 10% de los chilenos que tiene esta condición, está hoy abandonado”, finalizó el presidente de la Comisión de DDHH del Senado. Santiago de Chile, 14 de mayo 2019 Crónica Digital

Una reducción de la semana laboral a 40 horas fue anunciada por el alcalde de la comuna capitalina de Recoleta, Daniel Jadue, en una iniciativa sin precedentes hoy en Chile. La propuesta del alcalde comunista contrasta además con una modernización laboral que impulsa el gobierno y que aunque plantea implantar solo cuatro días de trabajo a la semana, no obedece a una disminución del tiempo sino a una redistribución que implicaría laborar 12 horas diarias para disfrutar de un día más de asueto. En cambio, le disposición que beneficiará en principio a 751 empleados de la municipalidad, constituye un espaldarazo a otro proyecto legislativo impulsado desde 2017 por la diputada comunista Camila Vallejo, de reducir las horas de trabajo semanales de 45 a 40 horas. El alcalde hizo el anuncio acompañado por Vallejo y la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, en presencia de los empleados de las corporaciones de Deporte y Cultura y funcionarios de educación, quienes serán beneficiados con esta medida. Al anunciar este paso, Daniel Jadue advirtió que «no queremos seguir esperando una discusión legal que pareciera nunca llegar a puerto y estar siempre destinada a resguardar los intereses de los empresarios y no de los trabajadores». Añadió que se trata de modernizar las relaciones laborales, beneficiando a los trabajadores y a sus familias, no como la propuesta del gobierno que -dijo-, beneficia a la empresas y sus utilidades. Por su parte, la diputada Camila Vallejo consideró que esta iniciativa muestra que las trasformaciones y cambios profundos se pueden hacer si se tiene voluntad, inteligencia, respeto y confianza en los trabajadores. La medida anunciada en Recoleta entrará en vigencia en junio y no afectará las remuneraciones de los trabajadores, pues se plantea como un aliciente a las extensas jornadas laborales existentes en el país, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias chilenas. Santiago de Chile, 14 de mayo 2019 Crónica Digital /PL

El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward (UDI), informó que las organizaciones de Derechos Humanos de Puerto Montt podrían perder el edificio de Egaña 60, que en el pasado estuvo destinado a cuartel de la PDI y que en el Gobierno de Michelle Bachelet fue destinado a la construcción de un sitio de memoria. La razón esgrimida por la actual autoridad: existirían retrasos en la construcción. Según Radio Bío Bío, Ward dijo que “están a la espera de un informe de la Seremi, para ver qué sucederá con el espacio”. Las declaraciones de Ward provocaron rechazo en los organismos de derechos humanos a cargo del proyecto de Centro Cultural y de Memoria, el que fue comprometido en 2014, para lo cual en 2016 se entregó en concesión de largo plazo por 30 años el ex recinto de la policía civil, que durante la dictadura fue el principal lugar de prisión política y tortura de la actual capital de la Región de los Lagos. El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Alfredo Árgel, criticó las declaraciones de Ward, pues a su juicio muestran un desconocimiento de la materia. Asimismo, el diputado Alejandro Bernales señaló que los dichos del ministro “demuestran que las autoridades regionales no han trabajado para concretar el espacio”. De hecho, los organismos de derechos humanos han manifestado que aún siguen a la espera de que Obras Públicas entregue la resolución final para el inicio de las obras, añadiendo que ven “falta de voluntad política para avanzar en la edificación, que debió iniciar el año pasado”. La destinación del inmueble a sitio de memoria fue una de las primeras medidas que adoptó el entonces Ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio, el 11 de mayo de 2014, hace cinco años atrás. Según la edición correspondiente del diario “El Llanquihue”, este anuncio fue formulado en una reunión con las organizaciones de derechos humanos de la zona, en el mismo recinto. Habían transcurrido largos años desde que las organizaciones de derechos humanos habían solicitado a las autoridades el ex edificio de PDI. En la reunión, Osorio les indicó que el inmueble fiscal “será un espacio que se pondrá a disposición de la comunidad, para establecer un sitio de rescate de la memoria histórica”, lo que según el diario de la Región de Los Lagos fueron palabras “que generaron muestras de mucha emoción en los asistentes, en su mayoría ex presos políticos y torturados en el período de régimen militar”. El 2009 la Policía de Investigaciones había entregado el edificio al Estado y el año siguiente fue transferido al GORE. Sin embargo, esa transferencia no se consolidó hasta que el 2013 se destinó el inmueble al Servicio de Impuestos Internos (SII), destinación derogada en mayo de 2014, en el contexto del anuncio formulado por Osorio. A partir de aquella decisión del Ministro de Bienes Nacionales, se estableció una mesa de trabajo conjunta de la Intendencia Regional de Los Lagos, Bienes Nacionales, el Consejo de la Cultura, la Dirección de […]

En dependencias del ex Congreso Nacional se realizó el primer encuentro político programático entre el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, tras la cual hicieron público su manifiesto y sentaron las bases de lo que denominaron “Unidad para el cambio”. Por su evidente interés, Crónica Digital pone a disposición de la opinión pública el texto íntegro del documento. UNIDAD PARA EL CAMBIO                     Las fuerzas políticas y parlamentarias, dirigentas y dirigentes sociales, políticos y culturales, que suscribimos esta declaración lo hacemos con la convicción que el momento político del país y las tendencias que se viven a nivel planetario con el avance de las fuerzas conservadoras capitalistas y neoliberales, exigen de la mayor generosidad y voluntad unitaria de las mujeres y los hombres de vocación progresista que propician transformaciones profundas al actual modelo político, económico y social, que se definen como de izquierda, centroizquierda, verdes, ecologistas y regionalistas. Sin vetos de ninguna índole. Estamos convencidas y convencidos de que llegó el tiempo de empujar con fuerza la unidad, con fraternidad, respeto y sobre la base de un programa participativo. Queremos convocar a todas las fuerzas políticas de la oposición a sentarnos en una mesa de iguales, sin hegemonías ni arrogancias. Bajo un objetivo común, fundamental y urgente: la transformación del actual modelo neoliberal y centralista que vive nuestro país, y que condena a una profunda desigualdad e incertidumbre a las grandes mayorías de nuestros compatriotas. Las fuerzas progresistas debemos saber dar respuestas claras y rápidas a las demandas ciudadanas. La derecha gana elecciones y hegemoniza el debate político porque la izquierda, la centroizquierda y las fuerzas progresistas no han sabido dar respuestas concretas e inmediatas a las grandes demandas ciudadanas. Y queremos decirlo claro: las fuerzas que suscribimos esta declaración nos comprometemos con nuestras y nuestros compatriotas a gobernar en lo local y nacional con un sentido de urgencia, con respuestas concretas a nuestros vecinos y vecinas. Podemos y debemos ser más eficientes que la derecha. La UNIDAD es un piso, no un fin en sí mismo. Lo que nuestras y nuestros compatriotas nos exigen es una claridad en lo que queremos y proponemos. Por ello manifestamos esta ruta programática de base para la unidad más amplia de las fuerzas progresistas: Nos proponemos pensiones dignas para todas y todos. Un modelo de pensiones solidario. Pero eso no sólo pasa, como lo creemos, por un rol activo del Estado en la administración del sistema pensiones, sino también por eliminar las pensiones de privilegio de los uniformados. Queremos y trabajaremos por un sistema de pensiones basado en la solidaridad y equidad intergeneracional, sin privilegios de ningún tipo. Nos comprometemos a darles más seguridad a las personas para vivir en sus comunas y barrios. Eso significa abordar de forma clara y firme los problemas de delincuencia y narcotráfico. Promoveremos una decidida austeridad fiscal y lucha decidida contra la corrupción. Queremos un Estado eficiente, donde trabajen los mejores, al servicio de todas y todos los ciudadanos. Batalla frontal y decidida […]

El eslogan del gobierno de Sebastián Piñera “Chile en marcha” es puesto hoy en duda por muchos ciudadanos en una semana con varias malas noticias en el ámbito económico. Por una parte, los resultados económicos del primer trimestre del año fueron los más pobres desde comienzos de 2017, tal como auguraban los analistas y confirmados con la publicación del Índicador Mensual de Actividad Económica (Imacec). En marzo la economía creció 1,9 por ciento, lo que sumado a los bajos reportes de enero y febrero, promediaron para el trimestre una expansión del producto interno bruto de solo 1,8 por ciento, muy por debajo de las aspiraciones y cálculos del gobierno. Los datos del Imacec volvieron a reportar una caída de la actividad minera, el principal sector económico del país, en esta ocasión del 2,1 por ciento. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, opinó que para que el PIB aumente lo deseado es necesario aprobar reformas que el gobierno considera básicas para el crecimiento económico, y que son sometidas a debate en diferentes comisiones del Congreso donde encuentran reticencias. Precisamente, sobre los problemas en el sector minero, se conoció que la empresa estatal Codelco, la más importante del país, registro en el primer trimestre su producción más baja de los últimos diez años, en parte por las fuertes lluvias que afectaron la zona norte del país, donde se encuentran los principales enclaves mineros. La producción en esa etapa de la Corporación del Cobre (Codelco) fue de 370 mil 900 toneladas, 27 por ciento menos que en el trimestre anterior. Esa disminución fue achacada a la notable reducción de la producción del metal rojo en la mina El Teniente, la más grande de Codelco, que lleva adelante allí una inversión ascendente a cinco mil 500 millones de dólares que permitirá alargar la vida de la centenaria mina durante 50 años más. Esa inversión forma parte de un plan por unos 20 mil millones de dólares durante los próximos diez años para modernizar y ampliar la producción de las minas de Codelco. Pero la incertidumbre sobre la financiación de esos proyectos pone en peligro las posibilidades de que la estatal se mantenga como la mayor productora del país, ante la competencia de otras entidades privadas. Las perspectivas tampoco pintan bien, pues el viernes economistas consultados por el Banco Central mediante su Encuesta de Expectativas Económicas, rebajaron por cuarta vez en lo que va del año las proyecciones del PIB para 2019 hasta de 3,2 por ciento, una décima menos que en la consulta realizada en abril. Así, las proyecciones han ido reduciéndose una décima cada mes desde inicios del año, cuando la propuesta era de 3,6 por ciento para 2019. Sin embargo, el gobierno mantiene su pronóstico de 3,5 por ciento de crecimiento para el año, argumentando que habrá una recuperación en los próximos meses. Pero el Ministerio de Hacienda ha advertido también que las turbulencias de la economía mundial, marcadas por las disputas entre Estados Unidos y China, influyen directamente en Chile, que […]

El ministro en visita Mario Carroza condenó a nueve miembros en retiro de Carabineros por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar. Ambas fueron detenidas en junio de 1974 y permanecieron recluidas ilegalmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución. En el fallo, el magistrado condenó a Manuel Agustín Muñoz Gamboa a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, en calidad de autor “de los delitos de secuestro agravado, de connotación sexual al haberse cometido con motivo u ocasión del secuestro violación en perjuicio de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar entre los meses de junio y julio de 1974, en Santiago”. Francisco Segundo Illanes Miranda, José Luis Contreras Valenzuela, Wiston Humberto Cruces Martínez, Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Sabino Adán Roco Olguín, Alejandro Segundo Sáez Mardones y José Hernando Alvarado Alvarado fueron condenados a tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices del delito. José Edgar Hoffmann Oyarzún fue condenado a 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplice, y se absolvió a Pedro Retamal Ortega por falta de participación en los hechos. A su vez, en el aspecto civil, se condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada una de las víctimas. El ministro Carroza recalcó que el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) asumió un rol “represivo con seguimientos, allanamientos, detenciones e interrogatorios bajo tortura” durante la dictadura, estando entre sus lugares clandestinos el Cuartel Número 1, “El Hoyo”, ubicado en el subterráneo de la Plaza de la Constitución. En la investigación, logró acreditar que el 19 de junio de 1974 Ana María Campillo Bastidas fue detenida en un domicilio por «cinco hombres vestidos de civil portando metralletas y la privan de libertad por primera vez, luego al cabo de tres días la liberan y días después nuevamente es privada de su libertad y encerrada sin orden judicial ni administrativa por el mismo grupo restrictivo de derechos”. “Días después, el 27 de junio de 1974, es aprehendida Patricia del Carmen Herrera Escobar, universitaria de 19 años de edad, perteneciente a la Juventud del PS, en las afueras de su casa ubicada, también por hombres vestidos de civil, quienes le vendaron la vista y la precipitaron al piso de un vehículo, y partieron con rumbo desconocido”, agrega el fallo. Ambas fueron trasladadas a hasta el subterráneo de la Plaza de la Constitución, donde “permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente en el recinto por sus secuestradores, los funcionarios del Sicar”. En septiembre de 2016, la entonces Presidenta Michelle Bachelet anunció que “vamos a hacer todo lo necesario para que el centro de tortura ‘El hoyo’ sea también uno de los Sitios de Memoria”. Luego […]