En la segunda rendición de cuentas, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció cuál será a partir de hoy la hoja de ruta del Gobierno, cuyo cumplimiento dependerá en buena medida de la reforma tributaria. Durante su discurso la víspera, ante unas 800 personas en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, Boric fijó como prioridades los derechos sociales, la seguridad pública y el desarrollo sostenible. El ambicioso programa promete desde mejorar la salud, aumentar las pensiones, lograr la equidad salarial y reducir la pobreza, hasta la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y la protección del medio ambiente. “Todos en este salón lo saben. Ni este Gobierno, ni ningún otro podrá avanzar responsablemente en materializar estos derechos, si no es con una reforma tributaria”, dijo el mandatario. En marzo pasado, la Cámara de Diputados rechazó una iniciativa del Ejecutivo que aspiraba a aumentar la carga tributaria, sin variación en 30 años, lograr que paguen más quienes tienen mayores riquezas y combatir la evasión y elusión fiscal. El objetivo de la medida era recaudar 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto para financiar políticas sociales. Ahora, en su discurso a la nación, Boric anunció que en julio presentará de nuevo, esta vez ante el Senado, un proyecto para retomar el tema de la reforma fiscal. Una mayor recaudación es necesaria para financiar programas como la reducción en 40 por ciento del tiempo para ser sometido a una cirugía, pagar la histórica deuda a los profesores, garantizar el derecho al jardín infantil o destinar más recursos a las policías para enfrentar el crimen organizado. Seguimos convencidos de la necesidad de avanzar hacia un país que promueva el crecimiento, distribuya de manera más justa la riqueza, se relacione de una manera respetuosa con la naturaleza, defienda las diversidades y no relativice los crímenes del pasado, dijo. El presidente dedicó también buena parte de su intervención a destacar los logros de su gestión y citó entre ellos el aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Mencionó además la eliminación de los pagos en salud pública y la aprobación del royalty minero, que establece una compensación financiera por la explotación de los yacimientos de litio y cobre, la cual beneficia a las regiones.
