El gobierno chileno llega hoy a la primera mitad con dos pilares de su programa sin cumplir: la reforma previsional y tributaria, que intentará impulsar en el segundo tiempo sin una correlación de fuerzas favorable en el Parlamento. El país vive, además, un momento complejo a raíz de los incendios forestales en Valparaíso, considerados como los peores y más mortíferos en muchos años y que dejaron 134 muertos, miles de viviendas destruidas y un costo de reconstrucción estimado en más de mil millones de dólares. En marzo de 2023 la actual administración sufrió un duro traspié cuando el Congreso Nacional rechazó la idea de legislar un proyecto de reforma tributaria por medio de la cual se pensaba recaudar 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para programas de salud, educación, vivienda y otros sectores. Un año después, el Ejecutivo ingresó en el Parlamento el llamado Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, mucho menos ambicioso, que busca bajar la evasión y elusión, recaudar 1,5 del PIB, sin poner el énfasis en el impuesto a los superricos. La reforma es necesaria, máxime si se tiene en cuenta que Chile es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más baja carga tributaria nacional. Aún así la tramitación de la iniciativa no parece fácil en el Parlamento, donde las coaliciones de Gobierno no tienen mayoría y la oposición de derecha y la extrema derecha obstaculizan muchos proyectos. Tampoco tiene el camino expedito la reforma previsional, la cual avanzó en enero cuando la Cámara de Diputados aprobó legislar sobre el proyecto, si bien es incierto cuál será el texto que emane del Congreso. La iniciativa busca eliminar el monopolio de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y crear un sistema mixto que permita aumentar los retiros, 72 por ciento de los cuales son inferiores al salario mínimo y la cuarta parte están por debajo de la línea de pobreza. Pero hay diferencias en cuanto a la distribución del seis por ciento adicional que deben aportar los patronos al fondo de jubilaciones. El Ejecutivo cedió y aceptó la fórmula de destinar la mitad de ese dinero a las cuentas particulares de los trabajadores y el resto a un mecanismo de solidaridad para incrementar cuanto antes los retiros más precarios. A pesar de ello, la derecha insiste en que esos fondos vayan a las cuentas de los asalariados y lo continúen manejando las AFP, que durante años lucraron con los ahorros de los trabajadores y entregaron míseras pensiones. “Creo que el camino es cada vez más cuesta arriba, con una derecha obstruccionista”, declaró a Prensa Latina el diputado Boris Barrera. No obstante, expresó el legislador que en estos dos años se han dado pasos importantes y citó entre ellos la reducción paulatina de la jornada laboral a 40 horas semanales, el aumento al salario mínimo y el pago efectivo de las pensiones de alimentos. También se logró el copago cero en […]
