El 35,9% de los 38.710 contratos registrados por la Ley de Inclusión en 2021 fueron terminados, según un informe de la organización sin fines de lucro.  En el marco de la conmemoración de los cuatro años de vigencia de la Ley de Inclusión Laboral (21.015), la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sostuvo un encuentro con seis jóvenes con discapacidad que participan del programa de inclusión laboral de la Fundación ConTrabajo y que se desempeñan en la Panadería San Camilo. La citada ley, en vigencia desde el 1 de abril de 2018, estableció, entre otros elementos, una reserva del 1% de los puestos de trabajo que existan en organismos del Estado, civiles y castrenses, y en empresas del ámbito privado con 100 o más trabajadores a personas con discapacidad y pensionados de invalidez. Así, esta legislación busca garantizar a ese grupo de la población, en igualdad de condiciones respecto al resto de los trabajadores, el acceso al mundo del trabajo y a la protección que brindan los diversos regímenes previsionales, pues el tener un trabajo formal conlleva el pago de las respectivas cotizaciones. Al respecto, la ministra Jara indicó que la Ley de Inclusión Laboral vino a materializar un principio básico de justicia de las sociedades modernas, en virtud del cual todas las personas gozan de igual dignidad, derechos y oportunidades. En ese sentido, agregó que “es muy importante la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y que el empleo es una forma de hacerlo. El trabajo no es sólo una fuente de ingresos, sino que un factor de dignidad”.  Si bien manifestó que aún quedan desafíos pendientes, señaló que esta normativa “reconoció un derecho que, en el lugar en que antiguamente podía darse lugar a marginación, hoy se generan oportunidades”.  Durante la ocasión, la directora ejecutiva de la Fundación ConTrabajo, María José López, dio a conocer las principales conclusiones del último estudio realizado por la  organización respecto a la evolución de la normativa. Entre ellas, destaca que la tasa de información de cumplimiento de la Ley 21.015, entre 2019 a 2021, alcanzó tan sólo el 39,5%, con 5.074 empresas que registran relación laboral vigente con personas con discapacidad.   Otro hallazgo del informe es el alto número de contrataciones de personas con discapacidad que han terminado. En 2021, el 35,9% de los contratos registrados fueron terminados, en comparación con el 22,8% del año anterior. “Este escenario muestra que la sostenibilidad de los procesos de inclusión es muy baja. Nuestro foco prioritario, como sociedad, es implementar inclusiones con modelos de gestión y de apoyo que permitan su sostenibilidad en el tiempo”.  Miguel Castillo, quien participa en el programa de la Fundación, explicó lo que ha significado para él trabajar en Panaderías San Camilo: “He podido superar mi timidez y, con el apoyo de los terapeutas ocupacionales de Fundación ConTrabajo, he tenido grandes avances en la empresa. Ha sido una gran oportunidad para mí, mi familia y mis planes de vida”. 

Desde 2018 profesionales del Núcleo de Accesibilidad e Inclusión de la PUCV trabajan con personas de la Región de Valparaíso en esta app gratuita. El proyecto Pictos es una aplicación web gratuita basada en un sistema pictográfico para facilitar la accesibilidad cognitiva en servicios con atención de público. Su objetivo principal es entregar información y orientación a personas con discapacidad intelectual (DI) y facilitarles tareas en distintos servicios como puede ser un viaje en Metro, la visita a un museo o la realización de trámites en un consultorio. Esta iniciativa, liderada por el Núcleo de Accesibilidad e Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), comenzó en 2018 con el trabajo de investigación y recopilación de material. Desde entonces, para crear esta aplicación trabajaron conjuntamente investigadores junto a estudiantes PUCV de las carreras de Diseño, Ingeniería, Lingüística y Educación Diferencial, siguiendo un modelo pionero de investigación inclusiva. Esto conlleva la participación de adultos con DI de la Región de Valparaíso, reconociéndoles como expertos por experiencia, quienes detectan problemas de accesibilidad en los servicios, mediante talleres, salidas a terreno y participan también activamente de los testeos. Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo que desde sus inicios ha participado de forma estrecha con entidades públicas tales como Merval, el Museo de Historia Natural de Valparaíso, el Registro Civil de la Municipalidad de Viña del Mar, la Municipalidad de Algarrobo para implementarlo en abril de 2021 en uno de sus Cesfam y actualmente se está comenzando a trabajar con bancos. “Lo que más nos llamó la atención, fue estudiar la accesibilidad cognitiva, ya que tenía impacto en la calidad de vida de los adultos mayores para desenvolverse en las tareas ciudadanas, específicamente en la de los servicios públicos de la ciudad”, comenta Herbert Spencer uno de los responsables del proyecto, experto en Diseño de Interacción por la Carnegie Mellon y director del Magíster en Arquitectura y Diseño PUCV. ¿Cómo funciona? PICTOS nos explica paso a paso qué puede hacer una persona en cada lugar con prestación de servicios a través de pictogramas, los cuales bajo las leyes del diseño universal, son un puente que permite que los servicios sean más accesibles cognitivamente. Esto impacta directamente en el aumento de la autodeterminación e independencia de todas las personas que utilicen estos servicios. Pictos considera a su vez una navegación accesible, sin necesidad de ser descargada en el teléfono, y construye el apoyo mediante tres canales de comunicación: audio, texto y pictogramas, de acuerdo a las recomendaciones de accesibilidad establecidas por Fundación ONCE (2013). La aplicación es colaborativa, esto significa que si hay un lugar que no tenga los pasos hechos o si no hay pictogramas para alguna tarea en particular, le entrega a los usuarios la opción de crearlos. Crónica Digital 28 de marzo de 2022

Que se consagre el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos políticos, sociales, artísticos y culturales es el objetivo de la norma constitucional presentada por los convencionales Marcos Barraza, Mariela Serey, Malucha Pinto, Alejandra Flores, entre otros constituyentes, durante la jornada de hoy. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) del Senadis realizada el año 2015 y cuyas cifras no han sido actualizadas, las personas con discapacidad representan el 17% de la población. En Chile, las políticas públicas no se hacen cargo de la protección y los derechos de las personas con discapacidad. Para Marcos Barraza, constituyente por el distrito 13, la política pública enfocada en la discapacidad “es focalizada, es residual, es asistencial, no es garantista, no hay derechos consagrados y creemos que esta Constitución no sería completa si no asegurara esos derechos”. Para los patrocinantes de la iniciativa se tienen que garantizar derechos y coberturas universales como educación, salud, accesibilidad universal, trabajo entre otros. El ENDISC 2015 muestra que las personas con discapacidad que trabajan formalmente ganan en promedio un 20% menos que una persona sin discapacidad; tienen 8,6 años de escolaridad; el 50% se encuentra en los dos primeros quintiles. Barraza indicó que “creemos que tiene que haber una política pública consagrada desde rango constitucional, que asegure autonomía, protección integral de las personas, protección reforzada, capacidad jurídica, materias que hoy día no están presente en la Constitución actual y ciertamente tampoco están presente en las políticas públicas”. La norma presentada por los convencionales “cumple con un propósito importante que es dotar a las personas en situación de discapacidad de la propia representación política. Creemos que el nuevo sistema tiene que asegurar una participación política en términos de representación y participación integral”, añadió Marcos Barraza. En tanto, Francisco Silva del Colectivo Nacional por la Discapacidad, fue enfático en señalar que “el Estado tiene una deuda y esa deuda desde la Constitución se puede saldar, pero se puede saldar solo si es que existen garantías para las personas con discapacidad y el cumplimiento de su derecho sustantivo y asegurando también una serie de otros aspectos que están dentro de esta norma derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales de manera sustantiva”. La norma fue firmada también por los convencionales Claudio Gómez, Aurora Delgado, Julio Álvarez, Tatiana Urrutia, Maximiliano Hurtado, Damaris Abarca, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares, Valentina Miranda, Cristina Dorador, Lidia González y Hugo Gutiérrez. Además, respaldada por 39 organizaciones de la discapacidad. Santiago de Chile, 25 de enero 2022 Crónica Digital

La iniciativa cuenta con la firma de un grupo transversal de convencionales. Que se consagre el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos políticos, sociales, artísticos y culturales es el objetivo de la norma constitucional presentada por los convencionales Marcos Barraza, Mariela Serey, Malucha Pinto, Alejandra Flores, entre otros constituyentes, durante la jornada de hoy. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) del Senadis realizada el año 2015 y cuyas cifras no han sido actualizadas, las personas con discapacidad representan el 17% de la población. En Chile, las políticas públicas no se hacen cargo de la protección y los derechos de las personas con discapacidad. Para Marcos Barraza, constituyente por el distrito 13, la política pública enfocada en la discapacidad “es focalizada, es residual, es asistencial, no es garantista, no hay derechos consagrados y creemos que esta Constitución no sería completa si no asegurara esos derechos”. Para los patrocinantes de la iniciativa se tienen que garantizar derechos y coberturas universales como educación, salud, accesibilidad universal, trabajo entre otros. El ENDISC 2015 muestra que las personas con discapacidad que trabajan formalmente ganan en promedio un 20% menos que una persona sin discapacidad; tienen 8,6 años de escolaridad; el 50% se encuentra en los dos primeros quintiles. Barraza indicó que “creemos que tiene que haber una política pública consagrada desde rango constitucional, que asegure autonomía, protección integral de las personas, protección reforzada, capacidad jurídica, materias que hoy día no están presente en la Constitución actual y ciertamente tampoco están presente en las políticas públicas”. La norma presentada por los convencionales “cumple con un propósito importante que es dotar a las personas en situación de discapacidad de la propia representación política. Creemos que el nuevo sistema tiene que asegurar una participación política en términos de representación y participación integral”, añadió Marcos Barraza. En tanto, Francisco Silva del Colectivo Nacional por la Discapacidad, fue enfático en señalar que “el Estado tiene una deuda y esa deuda desde la Constitución se puede saldar, pero se puede saldar solo si es que existen garantías para las personas con discapacidad y el cumplimiento de su derecho sustantivo y asegurando también una serie de otros aspectos que están dentro de esta norma derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales de manera sustantiva”. La norma fue firmada también por los convencionales Claudio Gómez, Aurora Delgado, Julio Álvarez, Tatiana Urrutia, Maximiliano Hurtado, Damaris Abarca, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares, Valentina Miranda, Cristina Dorador, Lidia González y Hugo Gutiérrez. Además, respaldada por 39 organizaciones de la discapacidad.

La ONG Olimpiadas Especiales Chile lanza su campaña anual para promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Este tres de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para recordar esta fecha, la ONG Olimpiadas Especiales Chile, especializada en la inclusión de personas con discapacidad intelectual, lanza la campaña “Elige incluir”, con el objetivo de promover la inclusión de esta población. Según Senadis, el 20% de las personas adultas en Chile tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, es de destacar que entre los niños, niñas y adolescentes del país, la discapacidad más común es de tipo intelectual. “Todos los días hacemos elecciones. Con esta campaña invitamos a la ciudadanía, a las empresas, a los gobiernos, a que elijan incluir a las personas con discapacidad, siempre y en todos los espacios de la sociedad”, afirma Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile. La campaña es protagonizada por un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que ha participado en diversos programas de la fundación, exaltando el impacto que el deporte ha tenido en su salud, en su autoestima y en su inclusión. “Las personas con discapacidad intelectual suelen ser particularmente excluidas. Es hora de que pasen a ser protagonistas de su historia y de la nuestra como sociedad”, concluye Picasso. Todos los programas y actividades de la fundación son absolutamente gratuitos para las personas con discapacidad intelectual, financiados por fondos públicos, empresas y donaciones particulares. “Siempre doy lo mejor de mí para aprender, mejorar, superarme día a día, ponerme metas y cumplir mis sueños”, comenta Gonzalo Escobar, atleta líder con discapacidad intelectual de Olimpiadas Especiales, clasificado a los Juegos Mundiales de Kazán (Rusia), 2023. Quienes deseen participar de las actividades o aportar por medio de una donación, pueden ingresar a www.olimpiadasespecialeschile.org SOBRE OLIMPIADAS ESPECIALES CHILE Olimpiadas Especiales no es un evento, es una organización sin fines de lucro que busca la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte, todos los días y en todo el mundo. Desde el inicio de Special Olympics en 1968, más de 5 millones de personas con discapacidad intelectual y un millón de entrenadores y voluntarios han participado en Olimpiadas Especiales a nivel mundial.

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