Pasado las 04:00 horas del martes 28 de julio, los trabajadores contratistas y subcontratistas organizados en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) dieron inicio a las movilizaciones de resistencia en las cercanía de la ciudad de Calama, la que se desarrollaron en unidad y que concluyeron con la paralización de la actividad en las cuatro divisiones de Codelco Zona Norte: Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic y Gabriela Mistral. Desde muy temprano los trabajadores se bajaron desde de los buses de acercamiento, entendiendo que esta medida de huelga es la herramienta histórica del Movimiento Sindical para defender los derechos de los trabajadores. Hasta este momento, se mantienen las movilizaciones y paralización de las faenas en las divisiones de Chuquicamata y Ministro hales. Además, en la ciudad se realizó una marcha que contó con la participación más de 1500 trabajadores contratistas de Codelco. En la instancia, se exigió a la mandante a establecer una mesa de negociación para renovar, ampliar y mejorar el Acuerdo Marco, el que ha sido ratificado cada dos años desde el 2007. La movilización finalizó en la sede central de la CUT, donde los trabajadores y sus familias pudieron disfrutar de variadas presentaciones artísticas. Asimismo, los trabajadores, al igual que en todos los territorios, rindieron homenaje al trabajador Nelson Quichillao López, quien fuera brutalmente asesinado por Carabineros de Chile y la represión del Estado, la pasada madrugada del viernes 24 de julio. Por último, los trabajadores denunciaron a la empresa contratista Finning, por cuanto una gran cantidad de los compañeros de esa empresa fueron obligados a subir a la faena por un camino no autorizado, inseguro y que podría haber costado la vida de los trabajadores. Lo anterior, demuestra como Codelco, por intermedio de sus empresas, sigue vulnerando a sus trabajadores y arriesgando la integridad de éstos. Según los trabajadores en la zona, el culpable de esta situación es un alto funcionario de Codelco, cuya identidad está siendo investigada pero su apellido es “Vásquez”. Producto de lo anterior, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), comunicó que “esta organización se hará parte de las denuncias de los trabajadores de Finning, los que fueron obligados a subir a sus faenas por rutas desconocidas, violando todo tipo de normas de seguridad y exponiendo a nuestros compañeros. “La intransigencia de algunos funcionarios de Codelco es impresentable, por lo que recalcamos que esta mala práctica no quedará impune”. Santiago de Chile, 29 de julio 2015 Crónica Digital / confederaciondelcobre.cl
DD.HH.
La Presidenta de la CUT se reunió ayer con representantes de los trabajadores pesqueros de diversas regiones del país, de plantas de proceso, embarcados, capitanes, motoristas y tripulantes del sector pesquero. Como explicó al medio Aqua, el presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales Capitanes de Pesca de la Región del Biobío, Juan Carlos González, el propósito de la reunión “es hacer una denuncia de la actitud de legisladores que están elaborando mociones de ley que van en contra del trabajo formal y la seguridad social”. Los trabajadores plantearon a la CUT que están denunciando: “las irresponsables iniciativas de congresistas que sin evaluar el impacto de sus mociones e iniciativas, atentan en contra de los empleos formales y la seguridad social de este universo de trabajadores, que a través de luchas y negociaciones de más de de 50 años han sacado adelante paso a paso beneficios de quienes representamos, a través de buenos convenios y contratos colectivos”, explicó González. “Licitar un recurso pesquero que no se tiene o del que se tiene muy poco, significa licitar los trabajos y los trabajadores. ¿Quién nos asegura que la empresa que se adjudique determinada cantidad de cuota absorberá la mano de obra de la que la perdió; o que va a mantener los convenios colectivos, la seguridad social? Creemos que, en definitiva, lo que se hace con estas iniciativas es precarizar el empleo” detalló el dirigente. En la cita con Figueroa, quien estuvo acompañada del Consejero Nacional José Hermosilla, estuvieron presentes: Jorge Peña. Sindicato Nº1 de Puerto Varas Morfood S.A., Waldemar Lobos, Sindicato Nacional Nº1 de Trabajadores Salmones Blumar; Hector Estrada, Sindicato Nº1 Planta de Harina MarFood; Robinson Cárcamo, Consejero Nacional de Pesca; Juana Silva, FESIP; Juan Carlos González, Sindicato Ociales Naves Especiales y Regionales; Hugo Roa, Sindicato Interempresa de Naves Cargueras, Región Bio Bio; Aldo Beral, FESIP; y José Chamorro, Sindicato Flota Descarga, FESIP. Santiago de Chile, 29 de julio 2015 Crónica Digital
El diputado del PPD, Daniel Farcas, ofició a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y a la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, para solicitarle tomar las medidas necesarias para decretar el cierre del Centro Penitenciario de Punta Peuco, donde cumplen condena militares y agentes del Estado implicados en violaciones a los Derechos Humanos. “En el contexto de la reapertura del caso Quemados, donde como país hemos revivido uno de los episodios más duros de la dictadura militar, creemos que es necesario que el gobierno de una fuerte señal de su compromiso con el respeto a los derechos humanos. No es posible que los ex militares continúen con privilegios carcelarios que no se condicen con el daño provocado a las familias de las víctimas”, señaló el diputado Farcas. El parlamentario señaló que “estos condenados deben ser trasladados para cumplir sus condenas en cárceles comunes como corresponde en democracia”. “Esta es una petición que no sólo hago yo en mi calidad de diputado de la República, sino que lo hago en representación de los familiares de las víctimas de derechos humanos y de todos aquellos que queremos que se avance en reconciliación y justicia”, concluyó el diputado del PPD. Santiago de Chile, 29 de julio 2015 Crónica Digital
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos Sagristá, informó a familiares de la identificación de los restos de José Saavedra González, víctima del denominado caso «Caravana de la Muerte, episodio Calama». En el marco del proceso de identificación de osamentas de víctimas del paso de la denominada «de la Caravana de la Muerte» por Calama (causa rol 2182-98), el ministro Llanos recibió el informe pericial integrado, asociados a los protocolo N° 1425-01, N°1160-01 y RM-UEIF-88-11, remitido por el Servicio Médico Legal, asociado José Gregorio Saavedra González. Antecedentes que permiten arribar a «la convicción suficiente para estimar que las conclusiones del mismo son acertadas respecto a: los restos óseos y dentales codificados 122-RM-UEIF-88-11-m-003.1-1.3-03 (canino superior derecho) y CALAMA /142501-LV058 (vértebra lumbar rótulo 058) pertenecen al Señor JOSE GREGORIO SAAVEDRA GONZALEZ, con una probabilidad de identificación de, al menos, 99,9996% y una probabilidad de reasociación del 99,95%, respectivamente, por lo que se establece su identificación positiva», sostiene el informe. En 1995, los restos de Saavedra González habían sido identificados por métodos antropológicos. Sin embargo, a la luz de los exámenes de ADN se notifica en 2014 de la errónea identificación del total de piezas óseas asociadas a dicha víctima; y otras de ellas asociadas víctimas diversas de la misma causa. En febrero de 2015, se ordenó el envío de nuevas muestras óseas al Laboratorio GMI, de aquellos restos asociados al caso Calama que aún no han podido ser identificados genéticamente, entre los cuales se encuentra una muestra de la mandíbula asociada odontológicamente con José Gregorio Saavedra (muestra codificada RM-UEIF-95-11-m-005.2-MDB-05), encontrándose pendiente los resultados de estos análisis. Antecedentes de la víctima José Gregorio Saavedra González, de 18 años de edad, dirigente estudiantil de enseñanza media, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 24 de septiembre. Tras ser procesado por un Consejo de Guerra, es condenado a seis años de relegación al sur de paralelo 38, acusado de participar en reuniones prohibidas en tiempos de guerra. Encontrándose en la cárcel de Calama, el día 19 de octubre de 1973 fueron sacados del recinto 26 personas, siendo ejecutados por personal militar, en la denominada Caravana de la Muerte, en el camino entre Calama y Antofagasta. Restos que fueron encontrados en 1990, en un terreno desértico de la Segunda Región, al norte del kilómetro 16 y medio, del camino a San Pedro de Atacama, Se señala en el proceso, que los restos humanos fueron inhumados en una fosa, permaneciendo sepultados más de 10 años, y que, posteriormente, fueron exhumados casi en la totalidad, quedando en el lugar sólo un escaso remanente de ellos; la data de inhumación se estima en un tiempo anterior a 1975. Las víctimas identificadas por genética a la fecha son 19, más una victima identificada por huella dactilar, con un total de 20 víctimas identificadas, de las 26 que fueron ejecutadas en Calama. Santiago de Chile, 29 de julio 2015 Crónica Digital / www.pjud.cl
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió elevar las penas a tres agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el homicidio calificado de Germán Cortés Rodríguez, ilícito perpetrado el 18 de enero de 1978, en la comuna de La Florida. En fallo unánime (causa rol 2471-2014), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Mario Rojas, Jessica González y Celia Catalán- aumentó de 6 a 10 años y un día de presidio, las penas aplicadas a los agentes: Enrique Sandoval Arancibia, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes. En el aspecto civil, la sala incrementó de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a $ 100.000.000 (cien millones de pesos), la indemnización que debe pagar el Estado de Chile a la hija de la víctima, Carolina Cortés Valenzuela. Falso enfrentamiento En la etapa investigativa, se logró acreditar los siguientes hechos: a) Germán de Jesús Cortés Rodríguez, de 29 años, estudiante de teología y ex seminarista de los Padres de la Sagrada Familia, miembro de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda revolucionaria (MIR), fue privado de libertad por agentes de Estado, el 16 de enero de l978 y, enseguida, llevado al campo de prisioneros políticos de Villa Grimaldi, donde fue interrogado bajo tortura por los mismos agentes aprehensores. b) Dos días después, aprovechándose la noche; esto es, el 18 de enero de l978, alrededor de las 0.15 horas, Germán de Jesús Cortés Rodríguez, conforme a la actividad ilícita de los agentes, oficiales y efectivos de la ex Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que siguieron actuando de hecho al interior de la recién creada Central Nacional de Informaciones (CNI), como lo dan cuenta documentos secretos oficiales de esa época, sacaron al prisionero del campo de Villa Grimaldi y lo ejecutaron, simulando los agentes un enfrentamiento en la morada de la víctima de calle Estados Unidos N° 9.192, comuna de la Florida, Santiago. En efecto, los agentes alevosamente acabaron con la vida de la víctima Germán de Jesús Cortés Rodríguez, simulando que la muerte de ésta se debió a un riesgoso enfrentamiento armado, no obstante que Germán de Jesús Cortés Rodríguez se encontraba bajo la custodia de dichos agentes, los que eran sus garantes desde que lo privaron de libertad dos días antes de darle muerte. c) El homicidio de Germán de Jesús Cortés Rodríguez constituyó otro episodio de las acciones sistemáticas organizadas por los agentes de la ex Dina, Dirección Nacional de Inteligencia, no obstante haberse ésta disuelto, quienes, actuando en grupo desde el mes de diciembre del año 1977, luego de hacer seguimientos y vigilancias constantes, dieron muerte a miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Mir, lo que fue presentado falsamente como «enfrentamiento con extremistas» a los medios de comunicación social. d) Se descarta que Germán de Jesús Cortés Rodríguez se haya enfrentado a los agentes que le dan muerte, por cuanto, además de haber sido detenido por éstos dos días antes y sometido a torturas, los informes de autopsia del Servicio Médico Legal, […]
Tras 57 días de paro, el Colegio de Profesores de Chile determinó hoy por amplia mayoría la reincorporación de los docentes a clases, con un llamado al Gobierno a respetar los compromisos adquiridos. Con 90 votos a favor de concluir la huelga, tres en contra y dos abstenciones, el presidente del gremio, Jaime Gajardo, hizo el anuncio a la vez que desestimó las actitudes de un grupo de disidentes del sector. Gajardo expresó el compromiso de recuperar las clases perdidas, pero igualmente pidió a las autoridades no descontar salarios para que los maestros puedan enfrentar la tarea en horarios extra laborales. Recalcó que el Colegio de Profesores se mantendrá muy atento y en el plazo de un mes revisará si el Gobierno ha cumplido los compromisos alcanzados para una Carrera Docente digna y a tono con las exigencias de una educación de nivel en Chile. Aquí no está cerrado el proceso; vamos a seguir alertas y movilizados durante este período hasta ver concretados los objetivos que motivaron la batalla de los maestros, subrayó. En rueda de prensa, Gajardo reiteró que es legítimo que los llamados disidentes se reúnan y debatan sus puntos de vista, «pero ninguno puede apropiarse la representación del gremio ni suplantar sus organismos de resolución». «Quienes están buscando un quiebre del colegio, les decimos que las puertas son bien anchas. No aceptaremos que se suplante la figura del presidente y de ningún ente resolutivo de la Asamblea Nacional», remarcó. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, consideró que un paro de dos meses, «no lo recuperas con una o dos horitas semanales o diarias». «Esto vamos a trabajarlo, los establecimientos tienen que presentar ante la secretaría regional ministerial el plan de recuperación», comentó. De acuerdo con el punto de vista de la titular, por lo menos las clases en los colegios públicos y algunos subvencionados que se sumaron al paro requerirán extender sus clases hasta el 15 de enero. Santiago de Chile,. 27 de julio 2015 Crónica Digital / PL
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el secuestro calificado de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, ilícito perpetrado a partir del 15 de julio de 1974, en la Región Metropolitana, víctima del centro de detención Londres 38 y cuyo nombre figura en la denominada «Operación Colombo». En la resolución, el ministro Vázquez condenó a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA):Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko a penas de 8 años de presidio como autores del delito. En tanto, dictó la absolución del agente César Manríquez Bravo. De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado logró acreditar los siguientes hechos: «a) Que por órdenes superiores, el Ejército de Chile acondicionó, a fines del año 1973, unas cabañas de la playa de Rocas de Santo Domingo, para impartir cursos básicos de inteligencia a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, a fin de combatir a los opositores del Gobierno Militar de la época, personal que una vez instruidos fue asimilado a diversas reparticiones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo Comandante de dicho Regimiento Manuel Contreras Sepúlveda, el que al inicio los arengaba y les explicaba el propósito de su formación. b) Que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida era dirigente gremial en el Hospital San Borja y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) desde al menos el año 1971. c) Que el día 15 de julio de 1974 agentes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sin que hubiera orden alguna, procedieron a la detención en la vía pública de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, el que fue trasladado de inmediato al centro de detención clandestino de dicho organismo, denominado Londres 38, donde se le mantuvo privado de su libertad, fue interrogado y apremiado físicamente mediante torturas, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido en su salud física, síquica e integridad personal, hasta el día de hoy. d) Que al tiempo después apareció en algunos medios periodísticos extranjeros, replicados por medios nacionales, la noticia de que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida había muerto junto a otras 118 personas en un enfrentamiento entre militantes de izquierda y/o en enfrentamiento con fuerzas extranjeras, sin que dicha noticia fuese confirmada por ninguna autoridad nacional ni extranjera». En el aspecto civil, se acogió la demanda indemnizatoria y se ordenó al fisco y los sentenciado pagar solidariamente $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a la hermana de la víctima. Ver fallo (PDF) Santiago de Chile, 27 de julio 2015 Crónica Digital / www.pjud.cl/
El pleno de la Corte Suprema resolvió, por razones de mejor servicio, relevar de la investigación de determinados procesos por violaciones a los derechos humanos a cuatro ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, entregando dichas causas al conocimiento del ministro en visita del tribunal de alzada capitalino, Mario Carroza Espinoza. Acogiendo, además, los planteamientos expuestos por el ministro coordinador nacional de este tipo de causas, Sergio Muñoz Gajardo, el pleno acordó que los ministros Leopoldo Llanos Sagristá, Miguel Vázquez Plaza, Patricia González Quiroz y Jorge Zepeda Arancibia entreguen a Mario Carroza Espinosa, para su conocimiento y fallo, los siguientes procesos. El ministro Llanos Sagristá entregará los procesos caratulados como: Claudio Gauthier Gana; Caravana Calama, cuaderno de identificaciones; Patio 29; Identificación Canteros y otros; Coelemu, cuaderno de notificaciones, y Fernando Alba y otro. En tanto, el ministro Vázquez Plaza hara entrega del proceso caratulado: Blanco Tarrés. Y ministra González Quiroz, la causa: Marteen Visser. En el mismo sentido, se dispuso que el ministro Zepeda Arancibia derivará los procesos: Óscar Bugallo; Peldehue o Paracaidistas; Mario Melo Pradenas; Mario Salinas; Raúl Olivares; Lampa y Teodoro Konoba. Santiago de Chile, 27 de julio 2015 Crónica Digital / www.pjud.cl/
La Corte de Apelaciones de Concepción dictó sentencia de segunda instancia por los homicidios calificados de los ciudadanos ecuatorianos Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres Villalba, ilícitos perpetrados el 19 de septiembre de 1973, en la desembocadura del río Bío Bío. En fallo unánime (causa rol 394-2013), la Cuarta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Juan Villa, Camilo Álvarez y el abogado (i) Patricio Mella- ratificó las condenas de 15 años y un día de presidio y de 5 años y un día de presidio que deberá cumplir Sergio Arévalo Cid, y la absolución de toda responsabilidad en los ilícitos de Renato Rodríguez Sullivan; en tanto, revocó la absolución y condenó a Fernando Pinares Carrasco a la pena de 15 años y un día de presidio. En la etapa de investigación, el ministro Carlos Aldana logró establecer que, entre el 16 y el 19 de septiembre de 1973, Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres Villalba, de nacionalidad ecuatoriana y que se encontraban estudiando en la Universidad de Concepción, fueron detenidos, sin orden judicial ni administrativa competente, por funcionarios de Carabineros que los condujeron hasta dependencias de la Cuarta Comisaría de la ciudad, Lugar desde donde fueron sacados -el 19 de septiembre- por personal de Carabineros y trasladados al sector de la desembocadura sur del río Bío Bío, donde fueron encontrados muertos al día siguiente, presentando varios impactos de balas en sus cuerpos. Antecedentes, entre otros, que según el fallo de la Cuarta Sala «(…) permiten acreditar fehacientemente que los jóvenes Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres Villalba, de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos en dependencias de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Chile de Concepción, lugar desde el cual fueron sacados por personal de dicha Comisaría y posteriormente ejecutados mediante múltiples impactos de bala, hechos que constituyen los delitos de homicidio calificado». Ver fallo (PDF) Concepción, 27 de julio 2015 Crónica Digital / www.pjud.cl/
El parlamentario respaldó el trabajo del juez Carroza en el caso Quemados, en el sentido de no procesar al ex conscripto que reabrió la investigación, ya que “puede servir de incentivo” para que otros entreguen información sobre violaciones a los DDHH durante la Dictadura. El diputado del PPD y miembro de la Comisión de DD.HH de la Cámara, Tucapel Jiménez, respaldó el actuar del juez Mario Carroza en el caso Quemados, al no procesar a quien con su testimonio permitió reabrir la investigación, el ex conscripto Fernando Guzmán. “El juez ha sabido llevar este caso con mucho criterio y con visión de futuro, y su ejemplo puede servir para incentivar a hablar a otras personas que tienen información sobre violaciones a los DDHH durante la dictadura militar. Creo que es necesario dar garantías judiciales para terminar con los pactos de silencio”, señaló el parlamentario. Tucapel Jiménez, quien es hijo del asesinado líder sindical del mismo nombre, indicó que “valoro las acciones judiciales que ha realizado el juez Carroza porque confirma algo que yo siempre he manifestado, que aquellos que quieren cooperar con antecedentes deberían tener atenuantes mayores a las normales”. “Quien confesó ser el autor material del asesinato de mi papá y quién más cooperó con la justicia, Carlos Herrera Jiménez resultó ser el que recibió la pena más alta al ser condenado a cadena perpetua. Creo que esa señal no es buena para quienes quieran contar la verdad pero tienen temor a las consecuencias judiciales que resulten de sus actos”, afirmó el legislador. El diputado del PPD afirmó que “aquí no se trata de impunidad, sino que dar las garantías para que de una vez por todas se entregue la información que se ha mantenido escondida hace tantos años. Entiendo que puedan haber visiones diferentes sobre este tema, pero creo que sólo de esta manera las familias de las víctimas tendrán un poco de tranquilidad y nuestro país podrá avanzar de verdad en materia de DDHH”. Santiago de Chile, 27 de julio 2015 Crónica Digital
