Definitivamente, las prioridades de la autoridad de educación no guardan relación alguna con el sector. Mientras la OCDE señala a Chile como el país que más segrega a los estudiantes; mientras la UNESCO advierte sobre la “desmedida participación” de los privados en la enseñanza y mientras las propias cifras locales dan cuenta de educandos que no entienden lo que leen y de egresados que reprueban los exámenes sobre las materias que debiesen dominar, el MINEDUC ha preferido dar urgencia al trámite legislativo del proyecto que crea una Superintendencia de Educación Superior, siguiendo, de esta manera, las mismas pautas con que, desde la institucionalidad, se reemplazó el derecho a la salud por la Superintendencia de Salud.
En nombre de una supuesta mejor fiscalización en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, la iniciativa despachada al Congreso por el ministerio del ramo apunta a la entrega de información, a establecer sanciones por publicidad engañosa y a normar las operaciones entre personas relacionadas. Es decir, competencias características del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), en los dos primeros casos, y de los tribunales ordinarios, en el último. En el colmo de esa concepción del educando como consumidor, el ministro, Harald Beyer, en un intento por justificar lo injustificable, manifestó que con esta Superintendencia “velaremos para que aquellas universidades que no respeten a sus estudiantes o los fines educativos establecidos en sus estatutos, reciban las sanciones que corresponden” (terra.cl, 12 de junio). En otras palabras, el MINEDUC renuncia por ley a la facultad de velar por el cumplimiento de normas y objetivos mínimos para cada entidad educativa y, al contrario, se convierte simplemente en “fiscalizador” de lo que cada centro de estudios explicite en su carta de navegación. El panorama se agrava en extremo si tomamos en cuenta que la autoridad, con expresa complicidad del Consejo de Rectores (CRUCH) acaba de resolver que la duración de las carreras, pese a los magros resultados que exhiben, será reducida a la mitad.
Esta situación ha de ser subrayada ahora, justamente cuando los campus del sistema intentan congraciarse con la opinión pública haciéndose eco de un ranking que sitúa a la Pontifica Universidad Católica, a la U. de Chile, a la USACH y a la U. de Concepción, entre las 10 “mejores” de América Latina. “Es un premio al esfuerzo de varios años”, afirmó el rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, quien agregó que, “históricamente, las universidades chilenas han sido líderes en la región” (La Tercera, 14 de junio). Claro está, el entusiasmo le hizo olvidar que el 69% de los egresados de Pedagogía del país obtiene calificación deficiente en la Prueba Inicia. Lo que no dice Zolezzi es que el aludido QS University Ranking es de percepción, y que en él la “opinión de los empleadores”, por ejemplo, tiene una ponderación de 20% de la calificación final, y que, al sumarse el increíble factor “presencia de la universidad en Internet”, que pesa 10%, ambas variables triplican en peso al ítem relativo a las citas de sus investigaciones.
El cálculo lo completan la imagen internacional de la universidad (30%), la cantidad de docentes por estudiante (10%), el número de publicaciones (10%) y el número de profesores con doctorado (10%). ¿Por qué los personeros de la educación local no se refieren, en cambio, al ranking que elabora Europa o al que publica periódicamente la Universidad de Jiao Tong de Shangai? Quizá sea porque, allí, el factor “ex estudiantes con Premio Nobel” existe y pesa 10%; el ítem “profesores con Premio Nobel”, 20%; “investigadores citados en 21 categorías”, 20%; “artículos publicados en Sciencie y Nature”, 20%; “artículos indexados en el Science Citation Index y en el Social Science Citation Index”, 20%; y “rendimiento académico por estudiante”, 10%. Evidentemente, ni Europa ni Shangai consideran como criterio académico la opinión de los empresarios, pero en el curioso ranking del que se jacta la USACH, dicha universidad obtuvo sus mejores resultados precisamente cuando se consulta el punto de vista de los empleadores. Ya sabe, entonces, a quiénes dedican su “esfuerzo” actualmente las universidades chilenas.
Por Academia Libre
Santiago de Chile, 19 de junio 2012
Crónica Digital
no se saca nada con promulgar una ley donde se la educación sea gratis,de calidad ..si las personas están acostumbrados a obtener todo de la forma mas fácil.. mejorar la educación significa que el grado de dificultad es mayor y siendo honesto todos estamos a realizar el mínimo esfuerzo y preferimos copiar y conformarnos con el 4.0. con respecto al financiamiento de la educación,creo que antes de «dar una solución» a ese tema hay que dar una solución ala problemática habitación.