En el marco de la asamblea anual de Naciones Unidas, diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos civiles y humanos, junto a otras relacionadas con refugiados, adicciones y drogas, se dieron cita en nueva York.
Las actividades se desarrollaron en dos etapas claramente definidas: trabajo informativo o Lobby y participación en comisiones que tratan los temas. Gran impacto causó la intervención del representante de la ONG Rehabilitación y Esperanza de Chile, Juan Carlos Moraga quien, junto con recordar que su país ocupa el primer lugar de América en alcoholismo adolescente, que uno de cada tres niños consume drogas y que la delincuencia, tras lo cual se encuentra el 80% de los delitos, sigue tratándose por los gobiernos con criterio político y no de estado.
Es precisamente el ensayo “Adicciones y derechos humanos, problema de todos”, escrito por Moraga y por el cual la fundación Martin Luther King le cursa invitación, el que sirve de base para su exposición, solo que, en ella amplió con nuevos antecedentes lo que ocurre en el mundo mapuche, dando como ejemplo una escuela de la Araucanía chilena, (Collipulli) con 90% de niños mapuche y que no cuenta con agua potable, generando con ello enfermos por agua contaminada, estado de instalaciones lamentable y autoridades que simplemente no atienden este tipo de problemas. El centro de Padres de la escuela, después de una vista al recinto del director de la ONG acompañado por un diplomático árabe, hizo llegar a rehabilitación y esperanza una carta en que le solicita ayuda y expone estos problemas. La nota cuenta con respaldo de 26 organizaciones del pueblo mapuche.
En una de las actividades con la fundación, Moraga denuncio el mal uso de recursos en Chile y la poca seriedad con que se enfrenta la rehabilitación y reinserción social de los adictos, afirmando que “en nuestro país todos los años se realiza una jornada conocida como teletón. Cada año se muestra lo que se ha hecho el año anterior con ese dinero, llegando a construir en estos años más de 15 centros de rehabilitación.
El año 2015 esta iniciativa, con el aporte de todos los chilenos solidarios reunió 32 mil millones de pesos y se espera el anuncio de un nuevo centro. Por otra parte el gobierno entrega, cada año, al servicio nacional de alcohol y drogas, Senda, el doble de la cifra de la teletón, siendo el año 2016 casi 64 mil millones de pesos, exactamente el doble. La diferencia es que en todos estos años Senda no ha construido un solo centro de rehabilitación, debiendo tener, con los recursos recibidos, por lo menos 10 centros públicos y ayudar a resolver el drama de familias de escasos recursos que con un adicto o alcohólico en su familia no tienen donde tratarlos debido a que, los tratamientos privados de rehabilitación, solo para iniciarlos, superan en nuestro país 3 veces un sueldo mínimo. Por eso venimos pidiendo y aún sin respuesta, que este problema sea visto como un tema de estado y no político, con encargados que cambian cada 4 años con el cambio de gobierno y sus pobres resultados no justifican el inmenso presupuesto que reciben. La comparación con teletón es ilustrativa, pero esto se grava cuando el estado chileno no respeta sus propias leyes que destinan recursos para estos efectos, como ocurre con la ley de alcoholes, lo que da fundamentos para denunciar esta situación en organismos internacionales y en la contraloría general de la república de Chile”.
Durante su estadía en Nueva York Rehabilitación y Esperanza hizo llegar carpetas especialmente preparadas con antecedentes que dan consistencia a sus demandas, no solo en lo referente a rehabilitación, sino también a irregularidades en organizaciones que profitan del tema sin que los encargados en municipios y ministerios cumplan su rol fiscalizador, destacando entre ellas 17 instituciones con personería jurídica investigadas por diversos delitos y dirigentes con prontuario policial, lo que ha generado un fuerte apoyo en representantes de otros países y ahora, con ese respaldo, actuaran en tribunales y la contraloría de Chile.
Por
Corina Ferry
Observatorio DDHH
Santiago de Chile, 9 de octubre 2016
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