Puigdemont fue arrestado el domingo último por la policía germana, en respuesta a una orden de detención europea emitida dos días antes por la justicia de la nación ibérica.
Ese mismo día, la titular de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley; el ministro de Exteriores, Heiko Maas; el responsable de la cancillería, Helge Braun; y el secretario de Estado de Interior, Hans-Georg-Engelke, acordaron durante una conversación telefónica no permitir ‘ninguna intromisión política’ en el caso.
Junto a otros 12 líderes secesionistas, el otrora mandatario regional fue imputado por el Tribunal Supremo español de rebelión, delito castigado con hasta 30 años de cárcel, por promover la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña, el 27 de octubre de 2017.
De modo general, 25 figuras del independentismo catalán serán enjuiciadas por rebelión, malversación de fondos públicos o desobediencia, según el fallo del juez del Supremo español Pablo Llarena.
El abogado alemán contratado por Puigdemont, Wolfgang Schomburg, pidió públicamente al gobierno germano que haga uso de la posibilidad ofrecida por la ley para evitar la extradición del líder catalán.
Mientras, el movimiento independentista de Cataluña realizará el próximo domingo una manifestación en esta capital como protesta por la detención del expresidente de esa comunidad autónoma. En un comunicado, la Asamblea Nacional Catalana -una de las principales entidades civiles separatistas- convocó a la protesta frente a la puerta de Brandeburgo, bajo el lema Por una solución política: libertad presos políticos catalanes.
Berlín, 30 marzo 2018
Crónica Digital /PL
