Andrés Manuel López Obrador, o AMLO como se le llama cariñosamente, cumple hoy el primer año de su victoria electoral en medio de importantes victorias y retos, y con un plan ambicioso que apenas comienza a desarrollar.
La estrella polar que guía su nave política nombrada 4T (IV Transformación Social) es la lucha contra la corrupción, el carril por el cual transcurren absolutamente todos sus proyectos, desde los 100 compromisos electorales hasta los estratégicos como alcanzar un 4,0 por ciento del Producto Interno Bruto en el sexenio y acabar en igual lapso con la violencia y la criminalidad.
La 4T tiene un norte muy específico: derribar desde sus mismas raíces el sistema neoliberal imperante en México desde hace poco más de tres décadas, e instaurar sobre sus ruinas un modelo económico humanitario, participativo con una premisa insoslayable e inamovible: primero los pobres.
Para lograrlo, AMLO eliminó por decreto el neoliberalismo. Es decir, en las estructuras que sostienen su administración integradas por secretarías e instituciones afines, incluidas las presuntamente autónomas, no pueden existir mecanismos, modelos, formas de operar y de tomar decisiones que se basen en criterios y conceptos neoliberales.
Decretar el fin del neoliberalismo ha sido lo más fácil. Lo más complejo y difícil es eliminarlo. Pero decretarlo significa no tolerarlo y ya eso solo es un paso histórico en un México comido por la corrupción, de la cual se derivan todos los males del país, incluida la brutal violencia social que acarrea miles de muertes y desaparecidos cada año.
AMLO comenzó su lucha desbrozando el camino, limpiando las malezas con un machete afilado. Empezó por donde nadie se había atrevido hasta ahora hacerlo: la corrupción dentro de empresa estatal Pemex y su extensión hacia los estratos sociales más pobres del tejido nacional.
Fue lo que se llamó (y aún se llama) el huachicoleo, que estaba referido entonces solo al robo de combustibles por una poderosísima mafia enquistada en el Gobierno a su más alto nivel, que bajaba en torrente a la sociedad y contaminaba a todos los estratos, incluidos los estados y barrios por los que cruzan oleoductos.
Lo extraordinario es cómo AMLO pudo ganar esa batalla en unos meses barriendo la corrupción como las escaleras, de arriba hacia abajo, y limpió con el detergente de la moral y la dignidad individual cada uno de los escalones.
A siete meses de su Gobierno quedan apenas algunos rescoldos de aquel fuego ingobernable en Pemex, que robaba a la economía de la nación miles de millones de dólares.
López Obrador proclama con orgullo: si me preguntan qué es lo más importante de mi Gobierno, su principal objetivo, digo sin dejar lugar a dudas que es acabar con la corrupción.
Y ese concepto tiene en la práctica una fuerza descomunal y es lo que le permite dar pasos de siete leguas obligatorios si se quiere avanzar por el camino del desarrollo en un plazo tan breve como un sexenio: AMLO insiste a las empresas calificadoras de riesgo que la corrupción tiene que ser considerada una categoría económica.
¿Cómo se puede evaluar una economía, cómo se puede hacer una proyección realista si no se toma en cuenta la corrupción?, se pregunta a cada rato. Para él no se trata ni siquiera de un algoritmo, sino de una lógica irrebatible: sin corrupción se pone en juego el ciento por ciento de los recursos aplicados al desarrollo.
Sin corrupción los 100 centavos de un peso cumplen los propósitos de la inversión. En México hacía más de 30 años que de un peso solo llegaban al torrente productivo e inversionista solamente unos cuantos centavos, y ese es uno de sus criterios más fuertes para asegurar que su Gobierno logrará cerrar en 2024 con un crecimiento del 4,0 por ciento y que Pemex se recuperará y no habrá que comprar gasolina en el exterior.
Por lo demás, en cuanto a sus 100 compromisos electorales anunciados en su toma de posesión en el Zócalo, el 1 de diciembre del año pasado, está documentado el cumplimiento de 82 y solamente 18 no demostrables, entre ellos su gran reto de pacificar el país.
Su aceptación popular es superior al 70 por ciento, uno de los más altos en la historia republicana de México.
Por Luis Manuel Arce Isaac.
México, 1 de julio 2019.
Crónica Digital / Prensa Latina.
