Por Rafael Calcines
La muerte del indígena Alejandro Treuquil, tras recibir un impacto de bala en un confuso incidente en el cual fueron heridas otras tres personas, sacó a la luz nuevamente los problemas que enfrenta el pueblo mapuche en la secular lucha por sus derechos en Chile.
Según las investigaciones que aun continúan, el pasado 5 de junio el werkén (vocero comunitario) de 37 años y tres amigos buscaban un caballo que había sido robado, cuando fueron atacados por desconocidos que portaban armas de fuego.
Lo que pudiera ser un asalto más de simples delincuentes, cobra otra dimensión tras conocerse que Treuquil había denunciado días antes que su comunidad venía siendo hostigada por fuerzas policiales, según afirmó la diputada socialista Emilia Nuyado, quien reclamó una investigación profunda del caso al Ministerio del Interior.
La comunidad We Newen de la zona de Collipulli, en la Araucanía, de donde procedía la víctima, condenó en un comunicado la persecución policial ilegítima reiterada, hecho por el cual interpuso un recurso de amparo preventivo donde evidencia las constantes y reiteradas amenazas sufridas por ese pueblo y «en especial por nuestro werkén, hoy fallecido».
La muerte de Treuquil no parece ser un caso aislado, y trajo a la mente de muchos el recuerdo del asesinato del joven Camilo Catrillanca en noviembre de 2018 a manos de fuerzas especiales de carabineros, que desembocó en una de las más profundas crisis en el seno de esa institución policial.
Según denuncias, además de asesinatos de indígenas cometidos por agentes en medio de protestas o reivindicaciones de tierras, también se han reportado crímenes en anonimato, cuyos responsables siguen sin aparecer.
En tanto, la rebeldía de los miembros de ese pueblo originario no parece decaer, aun cuando muchos hechos no trascienden a la prensa, más ocupada desde hace meses en la contingencia de la pandemia de Covid-19 en el mundo.
Así, desde el 4 de mayo en la Cárcel de Angol, nueve presos políticos mapuches iniciaron una huelga de hambre, y lo mismo hizo semanas después en la cárcel de Temuco, capital de La Araucanía, el machi Celestino Córdova, un reconocido líder indígena, cuya salud está notablemente deteriorada.
Sus reclamos buscan el mejoramiento de las condiciones en las prisiones, y más cuando sus vidas peligran por la falta de medidas sanitarias para enfrentar la pandemia.
Desde el Gobierno, el silencio es la respuesta; mientras que organizaciones humanitarias llaman constantemente a que las autoridades respeten tratados internacionales cómo la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Santiago de Chile, 14 de junio 2020
Crónica Digital/PL
