Mujeres de ocho nacionalidades aportaron óvulos para fecundación in vitro y su posterior colocación en vientres de alquiler de tailandesas, según el más reciente hallazgo de la policía que prosigue hoy investigando este turbio negocio
Los 21 niños nacidos bajo dicho procedimiento, descubiertos la víspera en un condominio, contaron con nueve donaciones de españolas, tres israelíes, dos de suecas, brasileñas y australianas y una de malasia, china y estadounidense.
Documentos ocupados determinaron que los espermas fueron aportados por el japonés Mitsutoki Shigeta, bajo orden de búsqueda y captura, quien de acuerdo con los registros del Departamento de Inmigración ingresó en Tailandia 40 veces y en varias ocasiones partió con menores de brazo.
Oficiales de esa dependencia se trasladarán pronto a Cambodia, después que un asesor del fugitivo los invitó a conocer a otros cuatro niños gestados en idéntica forma que los denunciados casos con la paternidad del japonés.
Un alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, dijo al diario The Nation que este organismo acogerá a 12 de esos bebés, pero todavía no se ha tomado una decisión de lo que eventualmente ocurrirá con ellos.
En relación con lo sucedido el magistrado de la Corte Suprema, Sri-amporn Salikupt manifestó su apoyo a una propuesta de ley elaborada para prevenir ilegales servicios de maternidad asistida y su comercialización.
Abogó por establecer un comité que analice las solicitudes de interesados en someterse a esos procedimientos clínicos y eliminar restricciones que tornan más difíciles encontrar mujeres física y mentalmente aptas para convertirse en madres subrogadas.
Bangkok, 17 agosto 2014
Crónica Digital / PL
Lun Ago 18 , 2014
Las deudas de los estudiantes con los bancos privados se han duplicado desde el 2009 y a fines del 2013 superaban los 3.000 millones de dólares. Según el SIES, la morosidad alcanza a poco menos de un tercio entre los egresados y a más de dos tercios de los que desertaron, en el caso del crédito con aval del Estado (CAE), que representa de lejos la mayor parte de estas deudas. Por este motivo, las instituciones que lo recibieron y son avales del mismo están en una situación delicada, por decir lo menos. Este experimento privatizador de la Concertación fue un gran negocio para los bancos, pero desastre para la educación y representa una carga insoportable para las familias. Debe terminar ahora. Así lo comprendió incluso Piñera, que el 2013 presentó un proyecto de ley para sacar a los bancos del esquema y restringir los pagos de dividendos a una suerte de impuesto a los profesionales, consistente en un porcentaje limitado de sus remuneraciones a lo largo de un número acotado de años. Algo bastante parecido al Crédito Solidario que está disponible para las universidades estatales. La Nueva Mayoría desechó este proyecto el 2014, arguyendo que la reforma en curso generaría condiciones mejores, camino a la gratuidad. Ello es correcto pero no se logrará el 2015, puesto que las leyes respectivas no se han presentado aún y ciertamente no estarán aprobadas a tiempo. Evidentemente, el rechazo a la ley de Piñera no puede resultar en un perjuicio para los estudiantes, por lo cual el gobierno está obligado a terminar el CAE ahora, con o sin ley. Ello resulta posible reasignando a becas los recursos respectivos en la Ley de Presupuesto 2015. Puesto que el fisco ya desembolsa aproximadamente la mitad del CAE, entre las denominadas «recompras y «recargas» en beneficio de los bancos, el gasto fiscal adicional se reduce a lo que hasta ahora aportan éstos, que es alrededor de la mitad del CAE. Esta cifra representa alrededor del 5 por ciento del presupuesto educacional y evidentemente ya estaba considerada de haberse aprobado la ley presentada por Piñera. El crédito solidario también puede transformarse en becas, puesto que el desembolso fiscal es exactamente el mismo. La única diferencia para las cuentas públicas es que el primero, al igual que el CAE, no se registra como gasto sino como «inversión» fiscal, puesto que se supone que va a ser reembolsado por las familias, lo cual a estas alturas resulta una figura más bien artificiosa. También se requiere reservar en el Presupuesto 2015, una partida adecuada para solventar el compromiso del Estado con las comunidades –estudiantes, académicos y funcionarios–, de las instituciones que han perdido o están a punto de perder su acreditación. Éstas no pueden recibir CAE y no resultan viables ya en el esquema actual. Han disminuido su matrícula el 2014, en varios casos a la mitad o menos, lo que torna insostenible su situación. Son las de peor calidad y por lo general tienen fines de lucro. Estas instituciones no son pocas y algunas son grandes, hasta el punto que, incluyendo las que […]