Los hijos de la víctimas del denominado Caso Degollados y el Gobierno de Chile sumarán esfuerzos para intentar revertir el beneficio de libertad al exagente de la dictadura pinochetista Alejandro Sáez. La administración de Michelle Bachelet dio a conocer hoy su postura de apoyo a la familia de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, secuestrados y degollados por la dictadura de Augusto Pinochet en 1985. El primer paso ahora será presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia por el crimen de los tres militantes del Partido Comunista de Chile(PCCh). Si no procede, los allegados de Guerrero, Parada y Nattino señalaron que acudirán a los tribunales internacionales, ante la eventual liberación de Sáez por un tecnicismo jurídico en las leyes chilenas. Chile conoció en marzo de 1985 el secuestro y degollamiento de los integrantes del PCCh por agentes de Carabineros, hecho que despertó la indignación nacional y el juez especial José Cánovas logró esclarecer el caso. Ordenó la detención de ocho oficiales de Carabineros, incluidos dos coroneles. Luego de las investigaciones, la cifra de acusados se elevó a 15. Ese mismo año el general César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta del Gobierno, dimitió. También fue disuelta la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), de la que formaban parte Sáez y Miguel Muñoz Uribe, a quienes la Corte de Apelaciones concedió libertad condicional pese a la condena de ambos de cadena perpetua. El abogado de las familias de los asesinados, Fernando Leal, declaró a la prensa que el fallo es una vergüenza y subrayó que será apelado, con plazo hasta el viernes próximo para presentar un recurso ante el máximo tribunal del país. Sí o sí había que darle el beneficio a estos criminales, y ese es un error garrafal, que no se condice con lo que nuestra doctrina y jurisprudencia en forma uniforme ha venido diciendo durante muchas décadas, deploró Leal. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, comentó que todavía hay deudas pendientes relacionadas con la legislación, que es la misma para los condenados por crímenes de lesa humanidad y delitos comunes. A su turno, Francisco Ugaz, abogado del programada de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, anotó que sostuvo una reunión al respecto con la titular de Justicia, Javiera Blanco. Ugaz remarcó que no hay un arrepentimiento a propósito de los hechos que ha cometido y con los argumentos conocidos, «aspiramos que la resolución del tribunal de base sea revocada y en definitiva no se conceda la libertad condicional a Saez». Santiago de Chile, 15 de julio 2015 Crónica Digital / PL

Colegio de Profesores calificó el hecho como una situación repudiable e injustificable en virtud de la violación a los derechos humanos sufridos en Chile. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, calificó de impresentable la resolución de la Corte de Apelaciones de conceder la libertad condicional al ex agente de la Dicomcar, Alejandro Sáez Mardones, condenado a cadena perpetua por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos en 1985. “Es repudiable que un asesino sea beneficiado con esta resolución. En momentos en que en el país existe un fuerte cuestionamiento a las instituciones, es doloroso que la justicia aún no se reivindique de su lamentable rol en dictadura, más aún cuando se trata de crímenes de lesa humanidad”, indicó. “Los docentes del país debemos levantar la voz para condenar este hecho, que esperamos no sea una señal para otros condenados por violaciones a los derechos humanos. Chile sigue en deuda con miles de víctimas de la dictadura y el Estado debe garantizar las penas efectivas para estos delitos que son inamnistiables e imprescriptibles”, señaló Gajardo, quien expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. Asimismo el tesorero nacional del Colegio de Profesores, Juan Soto, manifestó su «rechazo y más enérgico repudio por la pésima señal que dan los Tribunales de Justicia a la sociedad civil por dejar en libertad a violadores de derechos humanos, dejando también en un muy mal pie la imagen de Chile hacia el resto del mundo por no condenar como corresponde los crímenes de lesa humanidad, dejando en libertad al asesino culpable de los cruelmente degollados durante la dictadura militar». “Este golpe es muy duro para los familiares y el movimiento social y como gremio haremos todos los esfuerzos por revertir esta medida”, indicó el presidente del Magisterio, quien recordó que Parada, Nattino y el profesor Guerrero, fueron asesinados por sus ideas y por luchar por la libertad y la democracia para el país. Santiago de Chile, 15 de julio 2015 Crónica Digital

El diputado Hugo Gutiérrez criticó el otorgamiento de libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones al ex agente de la Dicomcar, Alejandro Sáez Mardones, quien fue condenado en 1991 a presidio perpetuo por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Indignación provocó el beneficio carcelario otorgado por la Corte de Apelaciones de Santiago a Alejandro Sáez, ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, quien fue condenado por el denominado “Caso Degollados” ocurrido en 1985. El diputado miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,Hugo Gutiérrez, manifestó que todos quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, “indudablemente no deberían tener ningún tipo de beneficio carcelario”. “Así como la acción penal es imprescriptible; así  como estos delitos no son indultables; como tampoco son amnistiables, es obvio que no deberían tener ningún tipo de beneficios”, expuso Gutiérrez, para agregar que como la libertad condicional es una forma de rebajar la pena, este beneficio otorgado “es una forma de indulto. Es obvio que una persona que ha cometido los delitos más crueles que se pueden cometer contra un ser humano y contra la humanidad, no puede recibir ningún beneficio del Estado, justamente a quienes ellos servían cuando cometieron todos estos crímenes”. “En materia de delitos de lesa humanidad, no puede haber impunidad”, destacó el diputado por la región de Tarapacá. Gutiérrez, junto con solicitar la rectificación de la decisión, anunció que presentará una moción parlamentaria para que los criminales de lesa humanidad no accedan a ningún tipo de beneficio. “Yo insto a la Corte Suprema a que rectifique esta decisión y por otro lado, nosotros dejaremos en claridad con un proyecto de ley, que estos delitos no sólo no pueden ser imprescriptibles, amnistiados o indultados, sino que también debe quedar estipulado que estos delitos tampoco merecen ningún tipo de beneficio carcelario”, concluyó Gutiérrez. Santiago de Chile, 15 de julio 2015 Crónica Digital

La reanudación de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington es una gran victoria de Cuba, que logrará también el cese del criminal bloqueo económico, opinó hoy el jurista chileno Eduardo Contreras. Agregó que es un desafío, pero quienes conocemos al pueblo cubano tenemos plena confianza en la madurez de su conciencia política y su adhesión sin reservas a los principios por los que han luchado y que le son tan propios. El también diplomático, político y periodista afirmó que es «un paso adelante en la perspectiva de paz en que los estados aprendan a respetar sus diferencias y a convivir pacíficamente en la diversidad». En entrevista con Prensa Latina, Contreras resaltó asimismo la importancia de haber logrado la liberación de los cinco antiterroristas cubanos encarcelados injustamente durante 15 años en prisiones de Estados Unidos. El día de su partida, tras cumplir su misión como embajador de Chile en Uruguay, el reconocido defensor de los derechos humanos recordó también su participación en el proceso constituyente cubano (1975-1976). Asimismo, abarcó la actual situación de los derechos humanos en América Latina y, especialmente, en Chile, tras el golpe militar de 1973, donde considera que «aún hay grandes desafíos pendientes». Derechos Humanos en Latinoamérica Reconoció que en la región hay algunos avances en cuanto a derechos humanos básicos, como igualdad de género, libertad sexual, medio ambiente, educación, libertad de expresión y otros, pero «distamos mucho de los niveles requeridos», dijo. La actividad antidemocrática, subrayó, no ha desaparecido del todo y hay países en que el eje de control de la fuerza material y de la fuerza de los medios de comunicación no se ha modificado. Incluso, afirmó Contreras, hay señales de progreso, al menos en materia de procesos judiciales, en cuanto a verdad, memoria, justicia y reparación respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras del pasado reciente. Pero, con todo, enfatizó, resta mucho por hacer para que la sociedad comprenda que estos no son asuntos del pasado sino del presente y, más que nada, del futuro. El Desafuero de Pinochet Interrogado sobre los derechos humanos en Chile, puntualizó, en primer lugar, que el gobierno popular del presidente Salvador Allende (1970-1973) «se desempeñó con estricto apego a la Constitución y a las leyes». Sin embargo, añadió, determinados sectores de dentro y fuera del país alegaron supuestas ilegalidades y abrieron paso al golpe cuyos efectos y cambios en distintos campos de la sociedad chilena subsisten todavía. Por eso, precisó, los avances logrados en Chile son importantes. Contreras elogió la actitud solidaria de distintos actores durante la represión del régimen de Augusto Pinochet (1973-1985) y mencionó «el heroico papel jugado en los primeros años por la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica». Asimismo, destacó la importancia del Informe Rettig, de los familiares de las víctimas, las asociaciones de detenidos-desaparecidos, de ejecutados políticos y de los propios expresos políticos. Planteó como logro importante que haya mil 500  expedientes judiciales en curso, con decenas de torturadores condenados, así como jueces de dedicación […]