Víctimas de trauma ocular durante el estallido social de 2019 en Chile reclamaron en la ciudad de Concepción, región del Biobío, acelerar los procesos contra los responsables y recibir apoyo personalizado del Estado. Durante las protestas sociales en Santiago y las principales urbes del país las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza a los manifestantes y ocasionaron unas 30 muertes y miles de heridos. Entre los lesionados se cuentan más de 400 con trauma ocular severo, pérdida de la visión o desfiguración del rostro debido al uso por la policía de escopetas con perdigones especiales. Aunque el Gobierno se comprometió a brindarles la atención necesaria e investigar a los culpables de estas violaciones a los derechos humanos, el proceso no avanza con la celeridad necesaria. En la Región del Biobío hay 15 víctimas, de las cuales dos eran menores de edad cuando ocurrió el levantamiento popular, informó Olimpia Riveros, concejala de la ciudad de Concepción. De estos casos dos están avanzados, una cifra igual aún no comienzan, en 10 se presentaron las querellas ante los tribunales y sólo uno tiene identificado al responsable. Rodrigo Lagarini, uno de los lesionados, dijo que la situación mental de ellos es crítica y se agudiza por falta de seguimiento personalizado. Esto explica, agregó, que a nivel nacional cuatro de las víctimas de trauma ocular durante el estallido social optaron por quitarse la vida ante la indiferencia de las autoridades. El abogado de Derechos Humanos, Esteban Arévalo, aseguró que no habrá descanso hasta encontrar toda la verdad y justicia. Añadió el jurista que por tratarse de delitos de lesa humanidad no hay peligro de que prescriban y los autores disfruten de impunidad. Santiago de Chile, 18 de enero 2024 Crónica Digital/PL
DD.HH.
La jornada de este martes, las diputadas comunistas Lorena Pizarro y Nathalie Castillo se reunieron con Vanessa González, directora de la Organización Migrante, quien llegó hasta las dependencias del Congreso Nacional para alertar a las y los parlamentarios sobre las medidas xenofóbicas y discriminatorias que se discuten en el Legislativo. En ese sentido, González entregó una carta -firmada por más de 70 organizaciones- en la que se expresa la “máxima preocupación y repudio” a la política anti migración puesta en práctica y que tiene entre sus caballitos de batalla aquel proyecto que pretende expulsar a personas en situación migratoria irregular pese a que no hayan cometido delito alguno. Al respecto, la dirigenta manifestó que las iniciativas que se discuten hoy en el Parlamento no resuelven el problema de la inseguridad y que, por el contrario, representan una seria amenaza contra las personas. “Tenemos preocupaciones tales como los proyectos de ley que se han tratado de modificar en el Congreso, como la modificación que tipifica la migración irregular como delito, también el colocar mayores trabas a la ley de refugio. Estas son preocupaciones sensibles ya que llevarían a graves vulneraciones de derechos humanos”, sostuvo González. “Si bien entendemos y compartimos la importancia de cautelar la seguridad, no es sostenible que se siga atribuyendo a la migración la responsabilidad sobre las problemáticas en este sentido, especialmente cuando estos dichos no se sustentan técnicamente”, complementa la carta entregada a las y los parlamentarios. En esta línea, desde las organizaciones migrantes subrayan que, tal como indicara el Ministerio Público, entre el 2022 y 2023 menos del diez por ciento de los delitos están perpetrados por la población migrante. Ante esto, la diputada Lorena Pizarro reiteró su total respaldo a las demandas de la población migrante y manifestó su compromiso de seguir trabajando junto a las organizaciones. “La migración es un derecho humano. En Chile se ha establecido una mirada muy xenófoba que busca perseguir la migración de las y los pobres, de las familias que buscan mejorar su calidad de vida. Existe una acción unitaria por parte de migrantes que vienen a demostrar que estas cifras que los vinculan a la delincuencia no son tan reales”. Por su parte, la diputada Nathalie Castillo sostuvo que la inseguridad no se resuelve con leyes arbitrarias y discriminadoras. “La agenda anti derechos que impulsan ciertos sectores del Congreso, muchas veces caen en la xenofobia y el prejuicio cultural. El problema y la sensación de inseguridad no se resuelve limitando indiscriminadamente la llegada de nuevos y nuevas migrantes que, no tengo lugar a dudas, muchas y muchos de ellos vienen en busca de trabajo y nuevas oportunidades para sus familias. “La inseguridad se resuelve de forma integral, no con prejuicios culturales”, finalizó la parlamentaria. Santiago de Chile, 11 de enero 2024 Crónica Digital
En julio de 1986, durante una manifestación contra la dictadura, dos jóvenes chilenos fueron capturados por una patrulla del ejército, rociados con un líquido inflamable y quemados. Debieron pasar casi 40 años para que se hiciera justicia. Por Carmen Esquivel Corresponsal jefa en Chile Ocurrió en la comuna capitalina de Estación Central, donde un grupo de militares interceptó a Carmen Gloria Quintana (18 años) y al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri (19), y después de golpearlos, provocarles varias fracturas y prenderles fuego, los envolvieron en una manta y los dejaron en un lugar baldío de la periferia de la ciudad. Quintana logró sobrevivir, a pesar de tener quemado más del 60 por ciento de su cuerpo, pero Rojas de Negri murió cuatro días después en el hospital de la Posta Central. El hecho, que pasó a la historia como el Caso Quemados, conmovió al mundo y demostró una vez más los horrores del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). Este enero, luego de 38 años de aquellos tristes acontecimientos, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva contra varios militares en retiro. Como autores de los delitos de homicidio calificado en el caso de Rojas de Negri y de homicidio frustrado en el de Quintana, fueron condenados a 20 años de prisión Pedro Fernández Dittus, quien había sido absuelto en fallo de primera instancia, Iván Figueroa Canobra, Julio Castañer y Nelson Medina. La Corte también impuso penas de tres años de prisión y un día como cómplices o encubridores de esos ilícitos a Luis Alberto Zúñiga, Jorge Osvaldo Astorga, Francisco Fernando, Leonardo Antonio Riquelme, Walter Ronny Lara, Juan Ramón González, Pedro Patricio Franco y Sergio Hernández. Asimismo, la justicia ordenó al fisco pagar compensaciones económicas a las familias de las víctimas. VERÓNICA DE NEGRI: “AHORA MI HIJO PODRÁ DESCANSAR EN PAZ” “Este fallo para mí es un triunfo muy importante porque durante muchos años yo anduve buscando abogados que tomaran la causa, pero ninguno quería”, declaró a Prensa Latina Verónica de Negri, la madre de Rodrigo Rojas. De Negri, quien vive en el exilio en Estados Unidos, explicó cómo tuvo que trabajar con cada uno de los abogados para que conocieran quién era Rodrigo, porque no se trataba solo de un caso de papeles y una serie de documentos jurídicos. “No, aquí hay vidas humanas, hay familias enteras”, dijo. La madre de Rodrigo viajó por todo el mundo para denunciar el crimen y en ese largo camino hubo mucha gente que la apoyó para tener la fuerza de dar esa pelea. “Este triunfo no es solo mío, es de todo Chile, de toda Latinoamérica y también del mundo”, expresó. A pesar de la tardanza en hacerse justicia, dijo estar agradecida porque finalmente su hijo podrá descansar en paz. “Ojalá todas las madres, hijas, hermanas y sobrinas de los detenidos desaparecidos puedan decir lo mismo”, expresó De Negri vía zoom desde Estados Unidos. CARMEN GLORIA QUINTANA: “LA SENTENCIA ES UN ALIVIO” Psicóloga clínica y residente en Canadá, Carmen Gloria […]
Rodeados por un fuerte despliegue policial, decenas de chilenos exigieron hoy la inmediata renuncia del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, responsabilizado por el Ministerio Público por la represión durante el estallido social de 2019. Los manifestantes, convocados por agrupaciones de derechos humanos, entregaron una carta en la dirección de la policía uniformada y en el Palacio de La Moneda, para demandar la salida de Yáñez. “Justicia, verdad, no a la impunidad”, “Ninguna democracia se puede sostener, sin terminar primero con tanta impunidad” y “Las Fuerzas Armadas y Carabineros deben responder, matar a los chilenos no era su deber”, coreaban los participantes en la manifestación. Este mes de enero, la Fiscalía pidió formalizar al jefe policial por el delito de omisión de “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” ocurridos durante la revuelta social de octubre de 2019 que dejó unos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 personas con daños oculares. Yáñez se desempeñaba como jefe de Orden y Seguridad de Carabineros, durante el Gobierno de Sebastián Piñera y con posterioridad fue ascendido al más alto cargo de la institución. “Piñera debiera ser detenido. Él dijo que en este país había una guerra y la policía, dirigida por Yáñez, asesinó, reprimió y disparó contra los manifestantes”, recordó la activista humanitaria Mónica Araya, en declaraciones a la Agencia Informativa Prensa Latina. Interrogada hoy sobre la demanda de la salida del general, la Ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó que si el proceso llevado adelante es una dificultad para su trabajo, habría que tomar decisiones. Imagen: Redes Sociales. Santiago, 9 de enero de 2024. Crónica Digital / Prensa Latina.
Amnistía Internacional – Chile ha celebrado la imputación que fue presentada por la Fiscalía Regional Centro Norte en contra de tres altos mandos y ex mandos de Carabineros, por el papel que habrían desempeñado en la forma desproporcionada y contraria al derecho internacional en que Carabineros de Chile reprimió las protestas masivas ocurridas en Chile a fines de 2019. La imputación se formalizó en contra del actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien durante las protestas de 2019 se desempeñaba como Director de Orden y Seguridad; Mario Rozas, ex General Director de la institución policial; y Diego Olate, general en retiro y ex subdirector, por su presunta responsabilidad como altos mandos. Amnistía Internacional valoró “este paso como un avance hacia la justicia por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas durante la respuesta a las protestas”. “La formalización del general Ricardo Yáñez por su eventual responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y de otros altos mandos de Carabineros, constituye una medida imprescindible para avanzar en la lucha contra la impunidad de altas autoridades en Chile, enquistada durante décadas, y a favor de la justicia por miles de víctimas”, manifestó Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Amnistía Internacional aportó a esta investigación antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. Este informe evidenció cómo, a través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, distintos mandos de Carabineros –incluidos el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad– habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas sociales, donde destacó el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular. “La solicitud de imputación de varios mandos y ex mandos de Carabineros, cuya decisión habría sido asumir miles de lesionados y la discapacidad de cientos de personas como un mal necesario para terminar con las protestas, tiene el potencial de abrir una nueva era en la lucha contra la impunidad y la no repetición de violaciones de derechos humanos en Chile”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Agregó: “Esperamos siga el procesamiento y juicio de todas aquellas personas responsables por el sufrimiento de miles, con todas las garantías del debido proceso y juicio justo para garantizar plenamente el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las víctimas”. “Reiteramos que la justicia no sólo debe perseguir a quien apretó el gatillo sino también a quien dio la orden o no hizo lo necesario para evitar las graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en el país. La formalización de la investigación es un paso fundamental que honra la lucha por más derechos de todas las víctimas […]
Casi 38 años después del asesinato del fotógrafo chileno Rodrigo Rojas la justicia condenó a los autores del crimen, un fallo que según declaró la madre del joven, Verónica De Negri, es un triunfo, aunque tardío. El 2 de julio de 1986, Rojas y Carmen Gloria Quintana participaban en Santiago de Chile en una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet cuando fueron interceptados por una patrulla militar, que los golpeó, los roció con combustible y los quemó. Carmen Gloria logró salvarse, con graves secuelas, pero Rodrigo falleció el 6 de julio de ese año. Ambos se convirtieron en símbolos de las violaciones de los derechos humanos en Chile. “Este fallo para mí es un triunfo muy importante porque durante muchos años yo anduve buscando abogados que tomaran la causa, pero ninguno quería”, declaró De Negri a la Agencia Informativa Prensa Latina. El crimen provocó una honda conmoción no solo en Chile, sino también en el mundo, y pasó a la historia como el Caso Quemados. La víspera, al fin se hizo justicia, cuando la Corte Suprema condenó a Julio Ernesto Castañer, Iván Humberto Figueroa, Nelson Fidel Medina y Pedro Fernández Dittus a 20 años y un día de presidio como autores del delito de homicidio calificado consumado en el caso de Rojas y de homicidio frustrado en la persona de Carmen Gloria. También impuso penas de tres años de prisión y un día como cómplices de esos ilícitos a Luis Alberto Zúñiga, Jorge Osvaldo Astorga, Francisco Fernando, Leonardo Antonio Riquelme, Walter Ronny Lara, Juan Ramón González, Pedro Patricio Franco y Sergio Hernández. La Justicia ordenó al Fisco a pagar compensaciones económicas a las familias de las víctimas. “Estoy muy agradecida de que finalmente mi hijo pueda descansar en paz. Ojalá todas las madres, hijas, hermanas y sobrinas de los detenidos desaparecidos puedan decir lo mismo”, expresó De Negri vía zoom desde Estados Unidos, donde vive exiliada. Por: Carmen Esquivel Sarría. La autora es periodista y corresponsal en Chile de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Santiago, 6 de diciembre 2024. Crónica Digital / Prensa Latina.
Diversas reacciones desató en Chile la imputación de altos mandos del Cuerpo de Carabineros, incluido su actual director, general Ricardo Yáñez, por violaciones al derecho humanitario durante el estallido social de octubre de 2019. La Fiscalía Regional Centro Norte, a cargo de Xavier Armendáriz, pidió formalizar al oficial por el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” ocurridos durante la revuelta que dejó miles de heridos y más de 30 muertos. Yáñez se desempeñaba en aquel tiempo como jefe de Orden y Seguridad de esa policía militarizada y con posterioridad fue ascendido al más alto cargo de la institución. La acusación también se extiende al antiguo director de Carabineros, Mario Rozas, y al ex subdirector, Diego Olate, ambos generales retirados. Ante una eventual reestructuración en ese cuerpo, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, pidió esperar a que los órganos correspondientes finalmente determinen si habrá una acusación formal, antes de tomar una decisión al respecto. “Lo que nos preocupa y el objetivo central es al mismo tiempo que la justicia avance en esclarecer los hechos”, dijo la funcionaria. Mientras, el titular sustituto del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que es muy difícil entrar al terreno de las suposiciones, pero en todo caso el apoyo del gobierno es a Carabineros, no a una persona. En el Congreso Nacional el senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, recordó que nadie está por encima de la ley y la administración de justicia no se hace a la medida de quienes pudieran eventualmente estar involucrados. Los comentarios se refieren a una anterior solicitud de Yáñez para que los dos fiscales encargados de la investigación fuesen retirados del caso por un supuesto resentimiento contra Carabineros. Durante el estallido social, del 18 de octubre de 2019 hasta finales de marzo del año siguiente, esa policía usó de manera indiscriminada escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de heridos, entre ellos más de 400 con trauma ocular. Santiago de Chile, 4 de enero 2023 Crónica Digital/PL
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia que condenó a Raúl Iturriaga Neumann a 8 años de presidio y a Manuel Rivas Díaz y Hugo del Transito Hernández Valle a penas de 6 años de reclusión, en calidad de autores del delito. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a tres agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de estudiante secundario Jorge Antonio Herrera Cofré, quien fue detenido el 13 de diciembre de 1974 y conducido al centro clandestino conocido como la “Venda Sexy” y luego internado en “Villa Grimaldi”, desde donde se pierde su rastro. En fallo unánime (causa rol 1.081-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, el ministro Jean Pierre Matus y la abogada (i) Pía Tavolari– descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que condenó a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 8 años de presidio y a Manuel Rivas Díaz y Hugo del Transito Hernández Valle a penas de 6 años de reclusión, en calidad de autores del delito. “Que, en cuanto al recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado Iturriaga Neumann, este esgrime de manera conjunta la infracción de los numerales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. La primera infracción denunciada supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado –hecho que el articulista desconoce en su escrito– conforme lo determine el sentenciador, puesto que ella resulta de una imposición al reo de una pena distinta de la que le corresponde, para acto seguido denunciar la infracción contemplada en el 546 N° 7, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, desconociendo los hechos asentados por el juzgador, que por el contrario los acepta al esgrimir la primera causal”, plantea el fallo. La resolución agrega: “Que, por consiguiente, cada postulado supone el abandono de la tesis anterior, condiciones en las que el arbitrio no puede ser atendido, porque no cabe dejar subordinada la efectividad de unos vicios a la existencia o inexistencia de otros, desatendiéndose la ritualidad que es propia de este recurso de derecho estricto (así ha sido resuelto en los autos SCS N° 19.165-17, de 27 de septiembre de 2017, N° 35.788 de 20 de septiembre de 2018; 13877-2019, de 24 de diciembre de 2021; y 12820-2019 de 8 de noviembre de 2021)”. “En efecto, los vicios que constituyen las causales invocadas no pueden proponerse en forma simultánea, pues ello importa que, ante la pluralidad, sea este Tribunal quien opte por alguno de los motivos de nulidad, función que inequívocamente no le corresponde a la Corte”, añade. “Que tal forma de fundar las causales deducidas, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable […]
La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó una marcha para hoy en demanda de la identificación de los restos de una mujer hallada en un predio militar en junio último. “A seis meses del hallazgo que nos digan quién es” resulta la consigna de la movilización, que caminará desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza Libertad por la emblemática avenida 18 de julio. El 6 de junio fueron encontrados los restos de una fémina en un área que corresponde a la sede del Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, en el departamento de Canelones, donde durante la dictadura fueron torturados y asesinados detenidos por la dictadura militar. Pese al trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, el Grupo de Investigación en Antropología Forense, el Equipo Argentino de Antropología y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad no se pudo identificar la identidad de la mujer asesinada, dice un comunicado de la asociación. “El no poder aún darle un nombre, unirla a su historia y poder finalmente cobijarla, es algo que nos llena de un inmenso dolor” se indica en otra parte del pronunciamiento. Es por esta razón que ante la falta de datos sobre el hallazgo y la identificación de la víctima, “nos convoca a movilizarnos una vez más, reclamando que quienes tienen la información, quienes pueden dar luz sobre esto, permanecen en silencio, manteniendo su identidad secuestrada”. Añade en referencia a exmilitares que poseen información sobre los crímenes cometidos en aquella fatídica época. En el área del Batallón 14 fueron ubicados en octubre de 2011 los restos del maestro Julio Castro y los de Ricardo Blanco, quienes fueron detenidos por fuerzas de la dictadura. Montevideo, 20 de diciembre 2023 Crónica Digital/PL
Por su importancia, reproducimos el siguiente pronunciamiento de la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, frente a las recientes decisiones que ha adoptado el Gobierno de Javier Milei. Las Madres de Plaza de Mayo repudiamos por violento, inconstitucional y fascista el protocolo contra las movilizaciones populares anunciado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ese documento contra las manifestaciones de protesta nos recuerda al Comunicado N° 1 de la Junta Militar de marzo de 1976. Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública. La única inseguridad es la que el Gobierno ha decretado con las medidas económicas y el proceso hiperinflacionario que estas han desatado. La resistencia popular será incontenible y, tarde o temprano, se expresará en las calles. Las Madres llevamos 2383 marchas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo, cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos. Hoy más que nunca, decimos: ¡Pará la mano, Milei! ¡Ni un paso atrás! ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO Y filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Buenos Aires, 20 de diciembre 2023. Crónica Digital.
