Nacional

La pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó en 2017 el nivel máximo dentro de los últimos 10 años, afectando a 62 millones de personas, es decir un 10,2% de la población latinoamericana, según informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En su informe “Panorama Social de América Latina 2018”, consigna que la proporción de pobres se mantuvo, siendo 184 millones o un 30,2% de la población. Dentro de los países que más redujeron la pobreza entre 2015 y 2017 se encuentra Chile, pues según detalla el informe pasó de un 13,7% a un 10,7 por ciento, seguida por Argentina (21,5% al 18,7%) y El Salvador (42,6% al 37,8%). Por otro lado Brasil, aumentó de un 18,8% a un 19,9%. Al analizar los países con mayores reducciones de la pobreza, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.  “Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, dice la CEPAL. El informe destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017. Los sistemas de protección social han tenido un rol importante en años recientes para contener deterioros distributivos, según el organismo. A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los gobiernos centrales es el principal componente del gasto público total (51,4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un 11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto registrado desde 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dólares. Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL. En promedio, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9%). Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60,3%. Es preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que afectan a […]

El Gobierno de Chile anunció  que pedirá al parlamento la discusión «inmediata» de una nueva ley antiterrorista, informó la ministra portavoz del Ejecutivo, Cecilia Pérez. Tras participar en una reunión del Comité Político Ampliado con representes de la coalición de partidos Chile Vamos, la funcionaria declaró a la prensa que ese proyecto de legislación fue presentada al parlamento hace ocho meses y se necesita con urgencia su aprobación. Ello permitirá avanzar en las medidas investigativas especiales que buscan lograr mayor eficacia en el combate a los atentados terroristas que no solo son aquellos que vulneran los derechos humanos sino también la libertad de las personas, dijo la vocera. Recordó que hace solo dos semanas la explosión de una bomba en una parada de ómnibus en esta capital dejó un saldo de cinco heridos. Asimismo consideró que el parlamento «ha tenido bastante tiempo para analizarlo y ahora corresponde que se pronuncie a favor o en contra de que en Chile existan mejores medidas para combatir las acciones terroristas». El proyecto de ley antiterrorista propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera en los primeros meses de su mandato ha despertado dudas e inquietudes en sectores sociales, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que llamó a tener extrema cautela en su concepción y aplicación. También exhortó que la normativa debe evitar tipos penales imprecisos, que lesionen el principio de legalidad y tipicidad; normas de excepción que afectan el principio de inocencia y el derecho al debido proceso o extensas prisiones preventivas que vulneren el ejercicio de la libertad personal. Santiago de Chile, 15 de enero 2019 Crónica Digital/PL

Los diputados del PPD que pertenecen a la Comisión de Educación de la Cámara, Cristina Girardi y Rodrigo González, criticaron el proyecto «Admisión Justa» del gobierno, con el que busca reformar la Ley de Inclusión y el Sistema de Admisión Escolar mediante la reinstauración de la selección en los establecimientos de alta exigencia. «Existe el deseo del gobierno de volver a lo que teníamos antes, que era precisamente un sistema basado en la competencia, en el lucro, y claramente no es el sistema el que hace un esfuerzo en adaptarse a las necesidades de los niños, sino que los niños se tienen que adaptar a las necesidades del sistema, y eso claramente no trabaja por el desarrollo de los niños», indicó la Presidenta de la Comisión de Educación, Cristina Girardi. La parlamentaria agregó que «mientras se siga evitando que el sistema cambie, mientras los niños se sigan enfermando porque existe una mala salud mental, seguiremos equivocando el camino». Por su parte, el diputado Rodrigo González, afirmó que “lo que está defendiendo el gobierno es el privilegio de los alumnos de mejor estrato económico para ingresar a los mejores establecimientos, aquí no estamos hablando de un proyecto de admisión justa, sino de un proyecto de admisión con privilegios. Esta es una forma en que el Gobierno quiere instalar la mentira sobre el proceso de admisión, el proyecto implica un retroceso respecto a democratizar la educación chilena, de permitir que todos los alumnos puedan ingresar a los colegios que ellos elijan”. “Este retroceso implicaría volver a un sistema de estratificación, de discriminación, de selección por estrato socioeconómico como ocurre actualmente con la PSU, entonces lo que el Gobierno está intentando es continuar con un régimen estratificado, segmentado, de educación con colegios de primer, segundo y tercer nivel, impidiendo que las familias y los jóvenes de Chile puedan elegir los colegios de su preferencia, para beneficiar a un grupo muy pequeño de alumnos se está perjudicando a la gran mayoría”, afirmó el legislador Para el diputado González, el proyecto es efectista como sucedió con Aula Segura, y no se encarga de los problemas de fondo en educación “se necesita mejorar la educación universitaria de pregrado, dar perfeccionamiento a los profesores recibidos, facilitar las condiciones de alumnos económicamente desaventajados, mejorar el nivel de convivencia escolar y los climas de aprendizaje en los colegios, porque ese es un factor fundamental para mejorar calidad, optimizando las comunidades escolares y su capacidad de acogida que ponga el acento no en la competencia de los alumnos sino que en la formación de capacidades de aprendizaje, ese es el acento que debiese ponerse en la educación en Chile y no en proyectos efectistas como este”. Santiago de Chile, 15 de enero 2019 Crónica Digital

   El legislador por Antofagasta e integrante de la Comisión de Energía y Minería plantea que “todavía no existe una dimensión real de lo que significa vivir en una comuna con los enormes impactos para la salud y la calidad de vida, como las que se vive en las 5 zonas críticas, que obviamente se encuentran alejadas de Santiago”. Como “lejanos” y “tardíos” calificó el senador Alejandro Guillier los tiempos que se han planteado tanto desde la industria como el gobierno para concretar el proceso de retiro de termoeléctricas a carbón en el país: 2050.   El parlamentario integra la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta y representa una de las regiones con mayor concentración de este tipo de centrales: Antofagasta. El jueves 3 de enero se realizó la última sesión  de la Mesa de Descarbonizacióna la que convocó el gobierno, con la participación de representantes de las generadoras, sector público, instituciones independientes, gremios, asociaciones de consumidores, ONGs, sindicatos, municipios, sociedad civil, académicos y organismos internacionales. A partir de este momento comienza el trabajo de establecer el cronograma oficial para el retiro de estas centrales. Desde la sociedad civil se ha planteado que el proceso debe concluir al año 2030 y además ser imperativo y no a voluntad. Para el legislador “en el norte no es posible poseer los parques de ERNC más grandes de Sudamérica (plantas fotovoltaicas, geotermia y eólica) y generar energía mediante carbón en Tocopilla, Mejillones y Huasco”.  En su opinión “eso no es sostenible para los inversionistas que quieren ser parte de un futuro limpio y amigable con los ecosistemas”. Por esto expresó que lo que se ha propuesto preliminarmente “son plazos tan lejanos como tardíos. Supone que pasarán ocho gobiernos más antes de tener resultados significativos. Mientras mantenemos una generación energética que nos mata poco a poco, que afecta la salud de los habitantes y de todo un territorio, demoramos en demasía la irrupción de las energías limpias”. Más aún, apuntó a que “los resultados de la mesa conformada por el gobierno, las empresas y la sociedad civil no son vinculantes y dejan a merced de las empresas y su disposición el cierre de operaciones, especialmente de la infraestructura generadora más antigua que por razones obvias es la más obsoleta y contaminante”.   Esto se traduce, por ejemplo, en Tocopilla donde “tenemos 8 veces más presencia de cáncer pulmonar y otros, que en el promedio del país”. “Personas de sacrificio” Guillier planteó sus diferencias con el concepto “zona de sacrificio” porque desviaría la atención del problema real.  “Me carga el concepto de ‘zona de sacrificio’, porque es una buena manera de ocultar que hablamos de ‘personas de sacrificio’. Son las personas que viven ahí y cuyas vidas y salud estamos sacrificando. Es un horror” indicó. Esto genera que “todavía no existe una dimensión real de lo que significa vivir en una comuna con los enormes impactos para la salud y la calidad de vida, como la que se vive en las 5 zonas críticas, que obviamente se encuentran alejadas de Santiago. […]

Como una reunión “necesaria, importante y positiva” fue calificada por el Presidente del Partido Radical Carlos Maldonado el encuentro de los partidos agrupados en la Convergencia Progresista (PR, PPD, PS) y la Democracia Cristiana.   La cita se dio en el contexto del acuerdo alcanzado por los Presidentes y Secretarios Generales de la CP de iniciar una ronda de conversaciones con partidos del mundo de la centroizquierda que permita proyectar caminos de unidad en el sector. “Fue un muy buen diálogo y lo importante es que los cuatro partidos reafirmamos claramente la voluntad de seguir dialogando, trabajar para construir un futuro común para Chile, levantando propuestas para el país y buscando los entendimientos para que haya una sólida alternativa de centro izquierda para ofrecerle a la ciudadanía. Creo que es el inicio de un camino y se ha retomado un diálogo muy necesario con partidos que tienen una responsabilidad histórica: los cuatro partidos que estuvimos aquí reunidos hemos gobernado Chile durante 24 de los últimos 29 años y eso nos pone en una responsabilidad de actuar con la mayor coordinación posible y de construir propuestas de futuro para el país”, dijo el timonel. Maldonado destacó no sólo el buen tono de la conversación, sino que además la capacidad de articular un primer punto de encuentro a partir de una declaración firmada por los cuatro presidentes de los partidos presentes y que tiene relación con un rechazo al proyecto del Gobierno denominado “Admisión Justa” y que busca que los colegios vuelvan a tener la capacidad de seleccionar a sus alumnos. “El Gobierno debe tener encargados de ponerle nombres a sus proyectos de ley, pero la verdad es que los tergiversa: este es un proyecto de ‘admisión injusta’, porque quiere que los colegios vuelvan a seleccionar, en lugar de mantener esa facultad en las familias. Esto fue discutido largo en el Parlamento, fue revisado en el TC y ahora no encontramos una explicación para que el Gobierno quiera volver atrás. Por eso los cuatro partidos hemos concordado una declaración rechazando este retroceso”, afirmó. El líder radical también se refirió a la necesidad de que en democracia todos los partidos sean capaces de establecer puntos de conversación entre ellos y también con el gobierno de turno. Sin embargo, en el caso del PR hay una definición nítida en que “no estamos dispuestos a que haya retrocesos sociales, a que los proyectos de ley que envíe el Gobierno al Parlamento impliquen retrocesos en los avances sociales que se lograron durante los gobiernos de la centro izquierda”. Finalizó afirmando que “el diálogo entre las fuerzas políticas de centro izquierda y construir propuestas de futuro es sumamente importante, sobre esa vía vamos a ir recuperando la confianza ciudadana que nos fue esquiva el 2017. Tenemos la responsabilidad de recuperarla y eso se consigue trabajando, dialogando y construyendo propuestas de futuro”. Santiago de Chile, 14 de enero 2019 Crónica Digital

Hasta La Moneda concurrió un grupo transversal de diputados de la oposición y de dirigentes de la pesca artesanal de todo Chile para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera en el que exigieron la promulgación de la Ley de la jibia y que el Mandatario no aplique el veto presidencial ni recurra ante el Tribunal Constitucional. El diputado comunista por la Región de Coquimbo y co-autor de la iniciativa legal, Daniel Núñez, pidió al Presidente de la República que respete la decisión soberana del Parlamento, el que recientemente aprobó en su último trámite constitucional el fin de la pesca de arrastre de la jibia y que autoriza su captura solo con potera o línea de mano. “Queremos decirle que evite un conflicto social. Hoy día ya hay movilizaciones en todo Chile y si Sebastián Piñera insiste con el veto o con ir al Tribunal constitucional lo que va a ocurrir es que vamos a tener todo el mes de enero protestas en todo el país y por supuesto que nosotros creemos que el deber de un Presidente de la República es escuchar a la sociedad chilena, escuchar al Congreso, escuchar a la pesca artesanal y promulgar esta ley que votamos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”, remarcó Núñez. En tanto, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, manifestó que “aquí hay dos decisiones, o estás con la democracia o estás con los intereses de la gran industria que corrompió a diputados, senadores y ministros para verse favorecidos”. Brito, además, hizo un llamado al Presidente de la República, pues «aún conociendo todo Chile los intereses económicos, conociendo que de forma ilegal se financiaron sus campañas con dineros de las pesqueras, aún así le estamos pidiendo que por esas mismas personas que lo llevaron a salir electo, respete la decisión soberana del Congreso Nacional, no llevando este proyecto al TC”. Para el diputado comunista Boris Barrera, es clave que el Presidente Piñera “considere que los pescadores artesanales ya se están movilizando y que están diciendo que van a defender lo que se aprobó en el Congreso, con movilizaciones. Esperamos que respete la voluntad de la mayoría parlamentaria significativa que apoyó este proyecto y por tanto, esperamos que la promulgue lo antes posible”. Miguel Ángel Hernández, presidente de la federación de pescadores artesanales de la región de Valparaíso, expresó que “le pedimos al Gobierno que acepte el acto democrático que hubo en el Parlamento. Para la pesca artesanal esto es una cosa de vida. Si va el veto o va al Tribunal Constitucional tengan por seguro que en enero o febrero la Quinta Región en su totalidad va a salir a la calle a defender los derechos de la pesca artesanal”. Por su parte, David Castro, presidente de la coordinadora de jibieros del Biobío, exigió “al Gobierno que se respete el derecho de los pescadores artesanales. En este momento estamos totalmente movilizados en la región. No vamos a dejar que el Ejecutivo resuelva lo que se ganó en […]

El Museo de la Memoria, de esta capital, exhibe desde hoy una pieza de enorme valor histórico y simbólico: una bandera chilena recuperada de los escombros del Palacio de La Moneda, bombardeado el 11 de septiembre de 1973. Según especialistas que trabajaron en su restauración, el estandarte presidencial permaneció en el Palacio de la Moneda durante todo el tiempo de la administración del fallecido expresidente Salvador Allende hasta su muerte combatiendo a las fuerzas golpistas, como mudo testigo de los acontecimientos políticos que dieron un vuelco a la historia de Chile. Desde aquel momento la enseña transitó por un largo camino hasta que el  23 de octubre de 2015, Roberto Cuellar, director del colegio Terrannova, en la comunidad capitalina de La Reina, y que había sido ministro de Tierras y Colonización en el gobierno de Allende, recibió en su oficina a un apoderado, cuyo nombre ha quedado en las sombras, que le entregó la bandera. Según declaró Cuellar a la prensa, el apoderado le informó que, meses después del ataque, familiares suyos obtuvieron una licitación para la remoción de los escombros del palacio en ruinas para su posterior reconstrucción. Durante esas labores encontraron un deteriorado armario en una de las oficinas destruidas y dentro de una gaveta hallaron la bandera presidencial cuidadosamente doblada, pero lógicamente dañada por los efectos de la humedad y chamuscada por el fuego que durante el bombardeo arrasó La Moneda. Los especialistas e investigadores del Museo de la Memoria consideran que la bandera pudo estar flameando en el palacio de Gobierno hasta 1967, cuando se realizó un recambio de todas las enseñas existentes allí y fue guardada y olvidada en la gaveta hasta que fue encontrada años más tarde. La enseña fue entregada por Cuellar al gobierno de Michelle Bachelet en 2016 y sometida a un largo y minucioso proceso de restauración para finalmente ser exhibida como una de las piezas más valiosas del Museo de la Memoria. Santiago de Chile, 12 de enero 2019 Crónica Digital/PL

Los gobiernos de Argentina y Chile rectificaron hoy su postura respecto a la reciente declaración del Grupo de Lima para condenar la expulsión de dos buques de exploración que operaban sin autorización en aguas jurisdiccionales de Venezuela. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el canciller de Caracas anunció que el Ejecutivo argentino fue el cuarto firmante del documento en modificar su posición. Asimismo precisó que el Gobierno de Chile envió una nota diplomática con la necesaria rectificación, en la que ratifica su posición sobre asuntos territoriales y de soberanía bilaterales de competencia exclusiva a las partes involucradas. Guatemala, Panamá y Costa Rica reformularon en esta jornada la postura expresada en la más reciente declaración del autodenominado Grupo de Lima sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guayana por el territorio del Esequibo. De esta forma, cinco de los integrantes de la alianza política replantearon su apego al Derecho Internacional, para modificar la suscripción del punto nueve del texto emanado del encuentro del organismo a inicios de este mes para rechazar además el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro. Este cambio de actitud tiene lugar luego de que la cancillería venezolana transmitiera su inconformidad mediante respectivas notas de protesta, este 9 de enero, a los integrantes del grupo. A esto se suma las declaraciones de Maduro este martes, cuando emitió un plazo de 48 horas para que los firmantes de la declaración modificaran su postura respecto al acápite que irrespeta los límites territoriales de la nación. De lo contrario, subrayó el jefe de Estado, Venezuela tomará las medidas diplomáticas correspondientes. La reciente controversia entre Guyana y la nación sudamericana surgió luego de la denuncia por parte de Caracas de la incursión de dos buques de exploración petrolera en la proyección marítima del delta del Orinoco, aguas de su estricta jurisdicción, autorizados por el Gobierno del vecino país. El Ejecutivo venezolano calificó esta acción como una flagrante violación de la soberanía nacional mientras que el Grupo de Lima manifestó su preocupación por la intercepción dentro de lo que reconocieron como territorio guyanés. Santiago de Chile, 12 de enero 2019 Crónica Digital /PL