«Exigimos la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, por el fracaso de una política pública de seguridad que sólo ha traído violencia y que hoy suma la sensible muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca», sostuvo un comunicado de prensa al que tuvo acceso Crónica Digital. «Como Progresistas, comprometidos con la multiculturalidad y la historia de nuestra tierra, condenamos enérgicamente lo ocurrido en Temucuicui a manos del Comando Jungla de Carabineros», agrega la nota de prensa. El Plan Impulso para la Araucanía inaugurado por el Presidente de la República Sebastián Piñera, quien habló de nuevos mecanismos para la paz en la región, «hoy comprueba que fue un tremendo fracaso. La instalación del comando Jungla en la Araucanía demuestra con esto tener consecuencias devastadoras». Para el partido Progresista, la violencia nunca ha sido la respuesta a los desafíos que enfrenta el wallmapu. Menos si esa violencia viene de nuestras policías, encargadas de la seguridad y el orden de todos y cada uno de las y los ciudadanos de nuestro país. El Estado, que debiera ser solidario y abrazar las diferentes naciones que en el territorio chileno conviven, hoy nuevamente ha mostrado su cara menos amable, la de la represión y la muerte. Esperamos – señala la nota – como Progresistas que el gobierno investigue y haga aplicar la ley. Se requiere un gesto de repudio que sea ejemplificador y muestre al país que hechos como el ocurrido nunca más deban suceder, de lo contrario Sebastián Piñera será el responsable político de lo ocurrido. No existen en nuestro país ciudadanos de primera y segunda clase. Esperamos que la justicia se aplique con la misma fuerza con la que han castigado personas del pueblo mapuche. No podemos acostumbrarnos como sociedad a ver fotos de dueños de tierra apuntando con un arma a un mapuche. Tampoco podemos acostumbrarnos a que la policía le quite la vida a un mapuche. Santiago de Chile, 15 de noviembre 2018 Crónica Digital

Las y los diputados Diego Ibáñez (MA), Juan Luis Castro (PS), Carolina Marzán (PPD) y Natalia Castillo (RD) ingresaron un proyecto de ley que busca velar por los derechos de quienes se dedican a realizar labores de cuidado con personas que viven en situación de discapacidad, movilidad reducida, dependencia o enfermedad rara, ya que hasta hoy no han sido contemplados dentro de la ley.   Los diputados Ibañez y Marzán, comenzaron a trabajar junto a la organización Yo Cuido de la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso, desde el mes de mayo, junto a ellas desarrollaron un trabajo en conjunto que culminó en dos proyectos de resolución aprobados por unanimidad en la Cámara de Diputados y este nuevo proyecto de ley.  Esta moción, contempla la protección de cuidadoras y cuidadores, propiciando una buena calidad de vida, recreación, autocuidado, igualdad de oportunidades en materias económicas, culturales, sociales, educacionales y laborales, capacitaciones y mecanismos que aseguren su seguridad social y previsional. Además, les facilita una red de apoyo integral, donde puedan acceder a la atención de profesionales y puedan tener, entre otras cosas, relevos que reemplacen su labor mientras realizan sus actividades personales.  El diputado Diego Ibáñez señaló que a pesar de que Chile firmó un acuerdo internacional para defender a las personas en situación de discapacidad que incorporaba también defender a quien cuida, hoy el Estado “lamentablemente, ofrece una gama de políticas públicas donde hay que acreditar pobreza para acceder a un derecho social básico como la salud, el bienestar físico y psicológico”. Además, agregó que este proyecto viene a responder a la necesidad de miles de personas e invitó “al parlamento a que hoy legisle sobre los intereses que le hacen sentido a la comunidad y no nos enfrascamos en peleas pequeñas”.  Por su parte, la diputada Carolina Marzán sostuvo que “este es un proyecto que nosotros estamos trabajando, y creo que eso es muy importante destacarlo, desde antes que juráramos en el Parlamento, para ser preciso desde enero de este año estábamos inquietos y preocupados por una realidad que si bien nos convoca desde el distrito 6 sabemos que es una realidad nacional y que es dramática; ellas exigen y nosotros también como parlamentarios que esto se instale de manera permanente”.  A su turno, Natalia Castillo puntualizó que “quiero recalcar que la mayoría de los cuidadores son en realidad cuidadoras, mujeres que ven postergadas sus propias vidas por cuidar a otro. Esto subyace en lo que es desigualdad de género, puesto que las mujeres se están haciendo cargo de un problema que es de toda la sociedad y en el que todos debemos colaborar, y en este sentido va el Proyecto de Ley que hoy estamos presentando”.  En la misma línea, el diputado Juan Luis Castro consignó que “dos de cada cinco chilenos tienen un problema de salud mental y quienes cuidan de esas personas con esos problemas tienen efectos colaterales en materia de insomnio de depresión, ansiedad y de cuadros psicopatológicos que nadie se hace cargo hoy”, frente a lo cual el presidente de la Comisión […]

La diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, rechazó la campaña iniciada por la UDI para intentar destituir al diputado Boric tras su encuentro en Francia con Ricardo Palma Salamanca. “Todo esto es lo que permite la desfachatez  de sectores de la UDI, que hicieron un peregrinaje  para visitar al peor genocida del siglo XX en el imaginario internacional, como lo fue Pinochet”, aseveró. Junto con el anuncio de enviar los antecedes a la comisión de Ética de la Cámara de Diputados, desde la UDI afirmaron este martes 13 de noviembre que además intentarán buscar la destitución del diputado Gabriel Boric (FA) por la visita que realizó a Ricardo Palma Salamanca en Francia, donde actualmente se encuentra como asilado político. Para la diputada Carmen Hertz, estos anuncios desde el gremialismo forman parte de una “peligrosa” campaña político comunicacional, justamente por quienes han “peregrinado” para visitar a criminales de lesa humanidad. “La reacción destemplada  e histérica de sectores de la UDI de pretender un linchamiento público del diputado Boric y además pretender su destitución, sólo es posible es una sociedad distorsionada como la nuestra en que aquel sector que avaló el exterminio, lo propició y justificó, que lo sigue relativizando hasta el día de hoy, no hayan tenido jamás una sanción política, ni moral, ni social. Todo esto es lo que permite la desfachatez  de sectores de la UDI, que hicieron un peregrinaje  para visitar al peor genocida del siglo XX en el imaginario internacional, como lo fue Pinochet, y además que recurrentemente visitan a criminales de lesa humanidad en Punta Peuco. Esa es la distorsión instalada en esta sociedad”, detalló Hertz. Ante la posibilidad de destituir al diputado Boric vía Tribunal Constitucional, tal como sostiene una minuta gremialista difundida por medios de comunicación, la diputada Hertz fue clara en señala que “no existe fundamento alguno para tal pretensión”. “No existe ningún hecho objetivo que pueda ameritar que un tribuna se pronuncie sobre la destitución de Gabriel Boric de un encuentro que considero legítimo, que tuvo lugar en Francia donde él no está ni clandestino –incluso hoy está como asilado político- por lo tanto todo es parte de una campaña donde se pretende instalar una atmosfera muy peligrosa, yo dría que prácticamente fascista. Ante eso tenemos que reaccionar. La desfachatez de la UDI no es tolerable en una sociedad decente”, concluyó la diputada Hertz. Santiago de Chile, 15 de noviembre 2018 Crónica Digital

Ante la noticia del asesinato de un comunero mapuche a manos de Carabineros de Chile, declaramos: El denominado “Comando Jungla” ha cobrado su primera víctima, el joven comunero mapuche Camilo Catrillanca Marín, en un violento operativo realizado por Carabineros en la comuna de Ercilla.El joven Camilo Catrillanca Marín ha muerto baleado en un confuso incidente a manos de un comando policial creado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, contradiciendo el discurso de diálogo y paz que se ha promovido pública y mediáticamente por el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social con el Acuerdo por la Araucanía. Con la creación del Comando Jungla se profundiza una política de represión y violencia  que no soluciona un conflicto histórico. Él cual debe abordarse mediante respuestas políticas y reformas constitucionales que le otorguen al pueblo mapuche derechos plenos en el plano político y sobre sus tierras y territorios. La comuna de Ercilla y la zona rural de la Araucanía con este asesinato y la represión hacia las comunidades que exigen justicia, viven en los hechos, en un estado de excepción y vulneración permanente de sus derechos que no puede continuar. Exigimos la inmediata condena de los hechos por parte del gobierno, cuya máxima responsabilidad la tiene el Ministro del Interior como responsable de las fuerzas policiales. Se hace imperativo el retiro del Comando Jungla para demostrar que la búsqueda del diálogo y la paz es una voluntad política real de las autoridades. Al mismo tiempo, y a la vista de la manipulación y falseamiento de pruebas intentada en el caso conocido como “Operación Huracán” se requiere que sea un fiscal con plena independencia, quien lleve a cabo la investigación, esclareciendo los hechos y estableciendo las responsabilidades penales correspondientes. PARTIDO COMUNISTA DE CHILE Santiago de Chile, 15 de noviembre 2018 Crónica Digital

Tras la sesión de la comisión de Ética de la Cámara de Diputados realizada durante la mañana de este miércoles 14 de noviembre, el diputado Guillermo Teillier se refirió a la solicitud realizada por el gremialismo a través de medios de comunicación, donde anunció que pediría la inhabilidad del parlamentario PC por “carecer de imparcialidad” para revisar los antecedentes de la reunión entre Gabriel Boric y Maite Orsini con Ricardo Palma Salamanca. Según difundió El Mercurio, parlamentarios de la UDI manifestaron que dicha “solicitud dice que el presidente del PC operó como ‘jefe del asesino, terrorista y prófugo Ricardo Palma Salamanca’, por lo que, según el escrito, carecería de independencia e imparcialidad”. Al respecto, el diputado Guillermo Teillier  reafirmó que “yo no me voy a inhabilitar, y no lo voy a hacer porque no hay una acusación consistente para ello. Si la comisión quiere discutirla, no tengo ningún problema”. “Otra cosa es que la UDI quiera cambiar la dirección de sus reclamos de Boric hacia mi persona. Eso puede ser porque la UDI siempre me ha tenido en su mirada odiosa, pero eso no lo vamos a resolver y se están aprovechando del pánico para intentar marcar mi situación personal”, sostuvo. En cuanto a la inhabilidad, el diputado sostuvo que “existe un reglamento para las inhabilidades, tanto para las votaciones en Sala y en las comisiones legislativas, pero no hay ningún reglamento respecto de las inhabilidades de la comisión de Ética. Respecto de las inhabilidades en Sala, si se aplicara a este caso, por ningún lado correría la inhabilidad. La decisión sería personal en este caso. Si yo estimara  que de las acusaciones hay un hecho, tan solo uno, que fuera efectivo en torno a una inhabilidad, yo lo haría, porque no podría dejar de cumplir el reglamento. Sin embargo, lo digo tajantemente, no hay ningún hecho que avale que yo deba inhabilitarme”. Teillier denunció además los errores históricos en las aseveraciones de los personeros del gremialismo. “Cuando se alega que yo hubiera tenido cierta cercanía a Palma Salamanca, eso no tiene nada que ver en absoluto. Además que hay un error histórico garrafal, porque el crimen se lo atribuyó el Frente Autónomo, no el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, respecto del cual yo hubiera tenido una relación. Ya antes de la salida de la dictadura, el “Frente” se había escindido, por lo tanto corríamos por cuerdas separadas”. Santiago de Chile, 14 de noviembre 2018 Crónica Digital

Solicitar al Presidente de la República que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, considere ciertos aspectos para el otorgamiento de beneficios penitenciarios a los condenados por delitos de lesa humanidad, es el objetivo de la resolución 248 aprobada por la Cámara de Diputados. Por 76 votos a favor, 47 en contra y 4 abstenciones, la Sala de la Corporación aprobó esta solicitud que busca establecer mecanismos para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, considerando que aquellos agentes del Estado condenados por hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar no pueden ser objeto de indultos particulares. Los requisitos solicitados en la resolución son: – Obligación del Ministerio de Justicia de dar a conocer los nombres de aquellas personas que solicitan el beneficio. – Haber demostrado arrepentimiento eficaz y haber colaborado con la justicia. – Notificar a las víctimas o sus familiares que el victimario está solicitando el indulto. – Dar público conocimiento de la resolución que concede o rechaza el beneficio. – En el caso de aquellos que soliciten dichos beneficios por padecimiento de enfermedades deberá analizarse el estado de salud del solicitante por parte de una comisión médica especializada e imparcial que incorpore al Servicio Médico Legal e idealmente algún facultativo que represente a las víctimas y sus familiares, así como también se deberá contemplar la obligación por parte de la comisión que revisa el estado de salud de escuchar a las víctimas o sus familiares. El texto agrega que este proceso debe ser llevado a cabo por los tribunales de justicia, dándose con esto las garantías de un debido proceso por un organismo imparcial e independiente. La resolución es de autoría de los diputados Jaime Naranjo (PS), Tucapel Jiménez (PPD), René Saffirio (IND), René Manuel García (RN), Víctor Torres (DC), José Pérez (PRSD) y Boris Barrera (PC). Santiago de Chile, 12 de noviembre 2018 Crónica Digital / camara.cl

A partir de hoy lunes 12 de noviembre se inició la huelga del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Sede INACAP Osorno, al no llegar a acuerdo con las autoridades del plantel universitario, en el proceso de negociación colectiva  y posterior mediación ante la Inspección del Trabajo. El colectivo se encuentra integrado por 120 socios entre administrativos y docentes, y aspiran a tener las mismas condiciones contractuales de otras sedes de INACAP, las cuales reúnen idénticas  características de la sede Osorno, en cuanto a cantidad de alumnos, carreras e infraestructura. Según el presidente del sindicato Jaime Fuentes,  «hoy existen diferencias significativas de remuneraciones tanto en administrativos como docentes en comparación con otras sedes, estas diferencias son inferiores entre un 20% a un 30%, no obstante desarrollan las mismas labores, por lo que buscamos sin otro afán, corregir esta desigualdad histórica». «Durante 18 años las remuneraciones, en la mayoría de los trabajadores no han sido reajustadas por el IPC»,  denunció el dirigente sindical lo que consideró «inaceptable el actuar de INACAP, por tratarse de una institución solvente, la cual presenta todos los años, Estados de Resultados positivos,  superando a todas las instituciones de educación superior chilenas;  lamentando que dicho éxito y solvencia no se traspase en parte, a los que generan estos resultados positivos y a los que día a día contribuyen para que INACAP sea la institución que es hoy, sus trabajadores y trabajadoras administrativos y  docentes» Por su parte el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, Sergio Abazola,  junto con apoyar el movimiento para sensibilizar a las autoridades, lamentó la situación del sindicato Osorno por la precarización de sus remuneraciones y a la nula respuesta de la institución. También denunció la «intransigencia de INACAP en los últimos procesos de negociación colectiva con sus sindicatos, en donde la política es imponer y no negociar. El crecimiento de la institución obedece al esfuerzo y dedicación de todos sus trabajadores, situación que no está siendo reconocida». Por último reveló, que el  31 de octubre recibimos comunicado de rectoría en donde se nos informa que la acreditación de 2 años que tenía la universidad, se renovó por 2 años, situación que «nos preocupa, ya que las expectativas eran aumentar a 4 años». «Esperaremos  el  informe que la Comisión Nacional de Acreditación CNA, está por entregar, para seguir haciendo aportes, los que tenemos la esperanza que esta vez,  sí  tengan eco en las autoridades de INACAP», finalizó. Santiago de Chile, 12 de noviembre 2018 Crónica Digital

En menos de una semana pero con diferencias conceptuales, 94 venezolanos y 176 haitianos abandonaron Chile, en un proceso inédito de repatriación hacia sus respectivos países. El caso de los venezolanos se corresponde con el plan de retorno establecido por el presidente Nicolás Maduro, denominado «Vuelta a la patria», el cual no tiene costo ni exige requisitos, ni tampoco un plazo de inscripción. Los primeros 94 ciudadanos que prefirieron dejar Chile para reintegrarse a Venezuela tomaron en las últimas horas un avión charter de la aerolínea estatal venezolana Conviasa que partió desde Santiago rumbo a Caracas. Según el embajador de la vecina nación, Arévalo Méndez, cerca de 200 personas mostraron interés en el programa que les permitirá volver a sus respectivas regiones y formar parte de un plan social para búsqueda de empleo y reinserción. La fuente indicó que la iniciativa se replica en otros países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a quienes deseen regresar a Venezuela, tras el éxodo que trajo a Chile a unas 177 mil personas. Otra cara de la moneda son los 176 ciudadanos haitianos fueron repatriados dentro del programa de retorno voluntario del Gobierno. Se trata de una iniciativa del Ministerio del Interior para facilitar el regreso a su patria de ciudadanos haitianos que fracasaron en sus intentos de una vida mejor en Chile, por falta de trabajo, problemas con el idioma y el clima. En ciertos casos carecían de visas de trabajo, otros se sintieron sobrexplotados y en líneas generales fracasaron en el intento de una vida mejor en la nación sudamericana. Un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) fue facilitado por la administración de Sebastián Piñera para el regreso del primer grupo de haitianos. En el Plan de Retorno Humanitario se inscribieron hasta el momento 1,087 haitianos. Muchos de ellos afrontaron dificultades para legalizar sus papeles en Chile, un tema que toca a otras comunidades de inmigrantes, indicó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Santiago de Chile, 12 de noviembre 2018

Con una población cercana a los ocho mil habitantes, Isla de Pascua-Rapa Nui batalla hoy por la defensa de su lengua autóctona, declarada por la Unesco como Tesoro Humano Vivo. En realidad son muchas las cruzadas que emprende el enclave insular perteneciente a Chile, a tres mil 700 kilómetros de la plataforma continental sudamericana. Está la preservación del medio ambiente, recuperación de los Moai y control territorial. Un reportaje publicado por el diario La Tercera relató los esfuerzos que hacen los habitantes de la ahora llamada Isla de Pascua-Rapa Nui por revitalizar la lengua de sus ancestros. En la amplia nota, la periodista mencionó el caso de la cocina de Vicky Haoa, donde hay un letrero que advierte «Aquí se habla rapa nui». «Una forma clara y explícita de recordar a quién visite su casa que ella es una isleña preocupada por revitalizar la lengua de sus ancestros», indicó. Se trata de una tecnóloga médica de profesión, miembro de la Academia de la Lengua de Isla de Pascua, quien explicó que lamentablemente la mayoría de los adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes de la isla no hablan rapa nui. Como en la zona se mezclan habitantes que no son de origen pascuense, se estima que apenas unas dos mil personas se desenvuelven bien el rapa nui. «El problema viene desde hace mucho años pero ahora se ha hecho más latente. Cuando se nos prohibió hablar el idioma, se comenzó a hablar menos. Hoy, los abuelos son los que manejan la lengua!», declaró Haoa a La Tercera. Un encuesta sociolingüística este año efectuada por la Unesco y el Ministerio de Educación de Chilese hizo en rapa nui y mostró que más del 70 por ciento de las personas rapa nui de mayor edad (65 años o más) tiene un nivel alto de competencia lingüística. No así entre los niños de 8 a 12 años, de los cuales solo el 16,7 por ciento alcanzó un nivel alto. A fines del pasado año, indicó la fuente, el Concejo Municipal de Isla de Pascua aprobó por unanimidad una nueva ordenanza en la que se declara la lengua rapa nui como idioma oficial. Entre otras iniciativas se creó el HoÅ‹aâ€Öa Reâ€Öo Rapa Nui, un jardín infantil que significa «nido», donde los niños más chicos tienen dos años, lo más grandes, cuatro. «La idea es que el jardín vaya creciendo con ellos y seamos un colegio que solo hable rapa nui. El próximo año, si nos aprueban los dineros, vamos a tener 10 cupos más», detalló Haoa. Un acuerdo del pasado Gobierno fue puesto en marcha por la actual administración de Chile. Desde mediados de este año, Isla de Pascua-Rapa Nui es un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), de 720 kilómetros cuadrados. Santiago de Chile, 10 de noviembre 2018 Crónica Digital / PL    

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Aunque la sentencia fue apenas de tres años y un día de libertad vigilada al exjefe del Ejército de Chile, general en retiro Juan Emilio Cheyre, el hecho tuvo hoy notable repercusión aquí. Cheyre fue condenado por la muerte de 18 opositores tras el golpe de estado militar del 11 de septiembre de 1973, y era uno de los sucesores de la dictadura de Augusto Pinochet, quien fue comandante en jefe hasta marzo de 1998. Pero además, la pena tiene un simbolismo importante porque hasta hace dos años se paseaba por las calles de esta capital ostentando el cargo de director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Mientras sobrevivientes y testigos de excepción señalaban a Cheyre como parte de la represión de la dictadura, éste negó enfáticamente ser encubridor de la comitiva militar que asesinó a varias personas en el inicio de la represión de Pinochet. Sin embargo, el juez Mario Carroza argumentó al dictar la sentencia que Cheyre encubrió los homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte, la misión militar que recorrió el país a instancias de Pinochet. En específico se trata de 18 ejecuciones que tuvieron lugar en el regimiento Arica de La Serena, 470 kilómetros al norte de Santiago, donde se desempeñaba el exmilitar era asistente del comandante Ariosto Lapostol. «Ha sido una investigación extensa, compleja, más que nada porque la colaboración no ha sido explícita de parte de quienes intervinieron (…) esto dice de relación con que hablamos de una justicia igualitaria, que no hace diferencias, ni distinciones», apostilló Carroza. Dentro de su permanente ambiguedad, Cheyre, a cargo del Ejército de 2002 a 2006, exhortó de forma reiterada a terminar con el dolor de los familiares de las víctimas, entregar información sobre los restos desaparecidos. También se pronunció por el Nunca Más y fue criticado por altos oficiales y algunos políticos de derecha. Cheyre asimismo fue uno de los dirigentes del del Servicio Electoral de Chile, al que renunció al comenzar la investigación judicial. Santiago de Chile, 10 de noviembre 2018 Crónica Digital /PL

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