Con la concurrencia de un centenar de personas, a través de plataformas digitales, la alianza de izquierda y progresista Unidad por el Cambio conmemoró su primer año de existencia, formulando un llamado a la convergencia social y política más amplia de los demócratas progresistas. Como se sabe, Unidad por el Cambio es la alianza de los Partidos Progresista, Comunista y Federación Regionalista Verde Social. En una señal política relevante, concurrieron la actividad el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde; el portavoz de la nueva colectividad “Fuerza Común”, Fernando Atria; y el diputado y ex Ministro de Estado Marcelo Díaz, del movimiento UNIR. También se hicieron presentes la diputada Gael Yomans, presidenta de Convergencia Social, y Javiera Toro, presidenta de Comunes, ambas integrantes del Frente Amplio. De la misma forma, estuvieron representantes de las colectividades de izquierda que han trabajado con los partidos de Unidad por el Cambio en el Comando Apruebo Chile Digno: Catalina Valenzuela, presidenta del Partido Humanista; Cristián Cuevas del Movimiento Victoria Popular; Iván Carrasco del Partido Igualdad; Esteban Silva del Movimiento Socialista Allendista; Camila Aguayo y Oscar Menares de Izquierda Libertaria. En la actividad hicieron uso de la palabra los tres presidentes nacionales de las fuerzas que integran la Unidad por el Cambio. El diputado Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social, ratificó la validez de la decisión que adoptó la alianza frente al llamado “acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, señalando que fue una coincidencia generada en forma natural y en mérito de escuchar el movimiento social que se expresó desde el 18 de octubre. También expresó la disposición al entendimiento con otras fuerzas democráticas, para “pensar el país y conquistar el gobierno para transformar Chile”. Por su parte, el diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile, hizo una contundente crítica al modo en que el Gobierno de Sebastián Piñera ha gestionado la crisis del COVID–19, indicando que se debe investigar y que si otro hubiera sido el rumbo se hubieran podido salvar vidas. En este sentido, ratificó que no están disponibles al llamado a un supuesto “acuerdo nacional” al que ha convocado el Ejecutivo, puntualizando que, en cambio, están en disposición de avanzar en un acuerdo con toda la oposición: en primer lugar, para enfrentar los impactos de la pandemia. Asimismo, Teillier llamó a defender hoy el proceso constituyente y defender la realización del plebiscito, y reafirmó el principio fundacional de Unidas por el Cambio: la necesidad de derrotar el neoliberalismo. El presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, indicó que, para su colectividad, “la búsqueda de la unidad de las fuerzas transformadoras se ha convertido en prioridad”. Indicó que los niveles de convergencia alcanzados “no es suficiente para vencer a la poderosa derecha, ultraconservadora y violadora de derechos humanos, que gobierna el país. Desde aquí, les decimos a nuestras compañeras y compañeros de otras fuerzas políticas de la oposición, que las y los progresistas vamos a seguir trabajando por la más amplia unidad”. “Ya nos lograron dividir en […]

Cuando el Gobierno de Sebastián Piñera parecía aún resistirse a disponer medidas drásticas para enfrentar la pandemia, en medio del aplauso generalizado de la derecha neoliberal, uno de sus principales propagandistas, Axel Kaiser, escribió el 13 de mayo lo siguiente: “Es hora de aceptar que contagios se producirán sí o sí. (El) modelo sueco es ejemplo a seguir. Cuarentenas terminarán produciendo catástrofe peor que lo que se pretende evitar”. Las palabras de Kaiser fueron particularmente notables. En primer lugar, porque ese mismo día el Gobierno decretó la cuarentena total para la Provincia de Santiago, además de otras localidades del país. Ello, frente a la constatación de la enorme propagación de la COVID–19, lo que en los días y semanas posteriores se expresó en que la cantidad de los contagios y decesos se multiplicaran exponencialmente, en un tácito reconocimiento del fracaso de la estrategia implementada hasta entonces (cuarentenas dinámicas y focalizadas, para no afectar, supuestamente, el funcionamiento de la economía). Ya para el 26 de mayo, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconocía: “Las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero se han derrumbado como castillo de naipes”. A finales de mes, las muertes ya ascendían a 944 y se registraba un total de 90.638 contagiados, cifra que se ubicaba por encima de China. El porcentaje de ocupación de camas críticas se situaba en 86 por ciento, mientras que en la Región Metropolitana el porcentaje se encontraba en 93 por ciento, a un paso del colapso del sistema sanitario. Según el conteo que ejecuta la Universidad estadounidense de Johns Hopkins, Chile era el tercer país de Sudamérica con más contagios de COVID–19, detrás de Brasil (segundo a nivel del mundo detrás de Estados Unidos) y Perú. Todos ellos, con Gobiernos de orientación neoliberal. Al mismo tiempo, resultaba impresionante esa valoración de una política de Suecia, en circunstancias que Kaiser, así como el conjunto de profetas y apologetas del neoliberalismo, sostienen que los gobiernos de izquierda (es decir, los que propugnan una orientación de regulación estatal de la economía y redistribución del ingreso) conducen invariablemente a la catástrofe, y que el único camino para el crecimiento económico y la prosperidad es la desregulación de los mercados, como propugna el paradigma neoliberal, con una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado. LA EXPERIENCIA DE SUECIA Suecia es un Estado Social de Derecho, con un Estado garante de derechos sociales y una participación determinante en la regulación de la economía, cuya construcción fue obra de un proyecto socialista democrático, que ha gobernado una parte significativa de la historia contemporánea de ese país, pero que finalmente es compartido en sus pilares esenciales por el conjunto de los actores políticos. El resultado, contrario a las falacias y las falsedades neoliberales, no ha sido el descalabro económico. Suecia proporciona seguridad social, salud y educación gratuitas y universales; y es uno de los países con mayor esperanza de vida. Al mismo tiempo tiene el undécimo ingreso per cápita más […]

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) ha emitido el siguiente comunicado, con motivo de una nueva conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido: En estos difíciles meses bajo pandemia, nos place y nos consuela comunicarnos con ustedes, hermanas y hermanos que trabajan contra la desaparición forzada en nuestra América. Ella continúa sufriendo la situación de enorme desigualdad en la distribución de recursos, pero también sigue firme el trabajo de grupos e instituciones por Verdad y Justicia, entre ellos las movilizaciones de mujeres que, en su lúcido reclamo por sus derechos de género, cubren la defensa de todos los derechos de los seres vivos. En nuestros países no hay represión o indiferencia gubernamental que desanime a la lucha por derechos humanos. En la Argentina prosiguen pese a la pandemia los juicios en contra de los criminales de lesa humanidad, que pueden ser observados por medios virtuales. Continúa preocupándonos que la concesión de libertades domiciliarias para quienes fueron condenados por cometer desapariciones forzadas pueda ser utilizada como mecanismo de impunidad. En Bolivia el gobierno instalado mediante un golpe de Estado continúa con las prácticas de represión y control social. Observamos la necesidad de un llamado urgente a elecciones libres, transparentes y que se asegure la integridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos. La sociedad de Chile, bajo un gobierno elegido por mayoría y luego de muchos años de indiferencia ante la problemática social de profundización de la desigualdad y la política neoliberal, en octubre pasado ha estallado en manifestaciones cruelmente reprimidas, con más de 30 muertes registradas, que continúan al día de hoy. Vemos necesario investigar las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en ese marco y que fueron denunciadas internacionalmente. Uruguay realizó su tradicional Marcha del Silencio mediante una excelente difusión por medios virtuales de las fotos de sus detenidxs desaparecidxs e instaló esas fotografías en la calle, convirtiendo ese silencio en un enorme grito. En Brasil crece la pandemia bajo los errores de coordinación del Gobierno Federal. Según las noticias que diariamente se difunden, el tambaleo de las instituciones hace temer que crezca la violación de derechos contra sectores de la sociedad que también crecen en su marginación. En Paraguay no ha cesado, lamentablemente, lo que la CODEHUPY –Coordinadora de Derechos Humanos– denuncia como un sistema de “pésimo desarrollo de la justicia y que condenan a sus ciudadanos a ser mendigos de un sistema deficiente de salud, de educación, de violaciones a su libertad, a ser víctimas de una justicia que sólo condena la pobreza y no busca superar la falta de igualdad de oportunidades”. Perú ha firmado, con otros países, el Acuerdo de Escazú, con que se confía en avanzar hacia la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, denunciado como “uno de los países que más denuncias posee, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación de los derechos laborales; y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación […]

El ex candidato presidencial Marco Enríquez–Ominami expuso ante unos 350 diputados y políticos mexicanos, en el marco de un seminario internacional impulsado por la Asociación Nacional de Legisladores de México, principal grupo de respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. También participaron el ex Canciller de Brasil, Celso Amorim; el ex Presidente colombiano Ernesto Samper, el ex Jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el mexicano Maximiliano Reyes. La instancia tuvo por objetivo analizar las respuestas de los gobiernos ante la pandemia, específicamente en los casos de Brasil, Chile, Colombia, España y México. “Es un virus que todos reconocemos por sus tres atributos: la amplitud, la velocidad y la letalidad de contagio. Y ha golpeado muy duro a una América Latina que ya venía, en los últimos cuatro años, en una curva descendente en productividad, seguridad, prosperidad, crecimiento promedio y control de la inflación. Veníamos mal y nos ha golpeado muy duramente”, dijo Enríquez–Ominami. Agregó que “en el caso de Chile, es una pequeña economía que es apenas el 0.4% del PIB mundial, la que yo califico como la Corea del Norte del capitalismo, donde, por ejemplo, las universidades públicas son las más caras del mundo”, indicó, agregando que en el país “la salud, la vivienda, la educación, el transporte y los servicios básicos están en manos de 4 a 7 familias”. De acuerdo a su análisis, Chile “es un pueblo endeudado, que recibe la pandemia en medio de protestas sociales, las más importantes de la historia del país, que llegaron a reunir a más de dos millones de personas en una de las plazas más importantes de Chile”. En esa misma línea, aludió a los problemas de pobreza y desigualdad “los cuales son, muy parecidos, guardando las proporciones, a México”, recalcando que el país “tiene la medalla de oro de la desigualdad”, aludiendo a que, en materia de salud eso se expresó con mucha dureza tras la aparición del virus. También afirmó que “la estrategia sanitaria fracasó”, razón por la cual “el Gobierno de Chile ahora promueve un acuerdo nacional en lo sanitario y en lo económico”, agregando que se “hizo un esfuerzo fiscal muy inferior al de Perú y Estados Unidos, y que consistió en un bono –que es la mitad al de los peruanos y un 60% al de Colombia– que todavía no se logra pagar y que, además, es descendente a pesar de que la pandemia va subiendo”. Enríquez–Ominami aseveró que Chile, a pesar de tener herramientas, no las ha ocupado “y estamos en una disputa ideológica, no entre progresistas y conservadores, sino que entre humanistas y antisociales. No tiene lógica lo que hace el Gobierno” de la derecha. Santiago, 29 de mayo 2020. Crónica Digital.

Por su importancia, reproducimos el texto íntegro del pronunciamiento sobre el llamado del gobierno de la derecha a un “gran acuerdo nacional”, que fue suscrito por los Partidos Comunista, Progresista, Igualdad, Federación Regionalista Verde Social, Izquierda Libertaria y Victoria Popular. El Presidente de la República y el Ministro del Interior han formulado la intención de convocar un Gran Acuerdo de Unidad Nacional con el argumento de enfrentar la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia. Sin embargo, al poco andar advertimos que dicho anuncio distaba mucho de ser lo que su rimbombante titular señalaba y estaba plagado de exclusiones y “letras chicas”, restringiendo la convocatoria únicamente a partidos políticos con representación en las Comisiones de Hacienda del Congreso, vetando nuevamente a la gran mayoría de los actores sociales y políticos de nuestro país. Frente a ello, si bien cada colectivo debe tomar su propia decisión de asistir o no a una instancia de esta naturaleza, queremos reiterar que las soluciones a la crisis siguen dependiendo exclusivamente del gobierno. Por lo anterior, las fuerzas acá firmantes declaramos lo siguiente: 1.- En primer lugar, el gobierno no necesita de un acuerdo nacional para atender los problemas más urgentes en materia sanitaria y social. Ha tenido y tiene las facultades y recursos para hacerlo, pero igualmente conoce perfectamente bien las múltiples propuestas sanitarias y económicas, como las que hemos indicado en nuestra Declaración de 13 Puntos. Lo evidente es que hasta el momento no hemos percibido disposición alguna en abordar la crisis a través de medidas que se distancian de las lógicas del modelo neoliberal, lo que se expresa en el fracaso de medidas en extremo focalizadas y mínimas como la renta básica de emergencia o las maniobras comunicacionales como distribución de cajas de alimentos, ampliamente cuestionadas como una política exitista e ineficaz. 2.- En segundo lugar, la iniciativa exclusiva de ley en estas materias corresponde al Presidente de la República, dado que se tratan de proyectos que irrogan gasto. En este plano el gobierno busca evitar enviar directamente al Congreso Nacional sus iniciativas impopulares, arrastrando a la oposición a una negociación entre cuatro paredes para distribuir en todo el arco político sus responsabilidades en el manejo de la crisis y asegurar montos, modalidades y coberturas en los marcos de la mantención de un rumbo neoliberal que es profundamente rechazado por la población. No es posible apreciar una voluntad clara y manifiesta por parte del gobierno de colocar los intereses de la gente por sobre el de las grandes empresas. Una y otra vez han patrocinado soluciones estrechas que siempre terminan por reportar algún tipo de ventaja para los intereses de los sectores mayormente favorecidos tras 40 años de abusos y enriquecimiento a costa de la dignidad de los chilenos y chilenas, dando cuenta de una total abstracción de la realidad. Ese es el espíritu de los “acuerdos” a que nos invita la derecha, que ya la sociedad chilena no es capaz de tolerar. 3.- El agravamiento de la crisis sanitaria que […]

El presidente del Partido Progresista de Chile, Camilo Lagos, calificó como “una acción propagandística” el llamado del Gobierno a un acuerdo de todos los sectores políticos para enfrentar la pandemia, enfatizando que la propuesta del Ejecutivo “no es creíble”. “El llamado a la Unidad Nacional es poco serio. No hay una propuesta concreta, con etapas, con método, con sectores que sean convocados. Resulta más parecido a una acción propagandística con miras a la Cuenta Pública de fines de julio, que una voluntad real de acordar una hoja de ruta para llevar adelante los cambios que nos permitan enfrentar de mejor manera las duras consecuencias de la pandemia”, dijo. Enfatizó que “las chilenas y chilenos hemos visto mentir a Piñera sistemáticamente, y eso se evidencia en todas las encuestas, que muestran a este gobierno con tasas muy bajas de apoyo a su gestión. Piñera está tratando, con este supuesto pacto, de hacer solidaria la responsabilidad por el mal manejo de la crisis sanitaria, económica y social. Aquí, nos guste o no, hay un gobierno electo y en ejercicio, y ese es el único que puede y debe ejercer sus potestades públicas para enfrentar de la mejor manera el escenario que vivimos en el país”. “Si es real la voluntad, Piñera tiene las herramientas para avanzar y no andar delegando a los partidos del oficialismo la operación política. Debe, por lo pronto, asumir sus errores, proponer etapas para el diálogo, un método de trabajo, un plazo y sobre todo una voluntad real de meter la mano a los más ricos, es decir impuestos a las más altas riquezas, para financiar la que es hoy, la más importante urgencia de chilenas y chilenos: ver aumentar sus ingresos hoy afectados por la pandemia”, agregó categórico. Lagos instó al Mandatario “a asumir ese compromiso de forma explícita”, apuntando que “hay muchas propuestas sobre la mesa”. “Hace unos días diversas organizaciones políticas y sociales suscribimos un ´Pliego Popular: Por la Vida contra el Hambre y la Cesantía´, y al igual que otras propuestas presentadas desde marzo, están disponibles para avanzar ya, todas con fundamentos técnicos y con mayorías sociales y parlamentarias que las apoyan”, aseveró, invitando al Gobierno a acogerlas y a presentarlas a trámite legislativo “sin bloquearlas”. Añadió: “Recién ahí, podría ser creíble su voluntad y llamado a un amplio diálogo nacional, político y social”. El Partido Progresista no participará en encuentro alguno con el Gobierno hasta que, según dijo Lagos, “se entreguen garantías de buena voluntad y se propongan etapas y un método de trabajo con diálogos con el mundo social, de los trabajadores, empresarial, académico y político”. Santiago, 29 de mayo 2020. Crónica Digital.

El proyecto de Reforma Constitucional anunciado por las bancadas de la Federación Regionalista y el Partido Comunista ha ido generando un respaldo transversal. A la presentación de la moción parlamentaria se sumarán también diputados y jefes de las bancadas de oposición, quienes han manifestado su apoyo a la iniciativa. Una gran apoyo ha ido congregando el proyecto de Reforma Constitucional que crea un impuesto transitorio del 2,5% a las grandes fortunas del país, cuya recaudación permitiría obtener recursos para generar una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, en beneficio del 80% de la población vulnerable. Una medida que ha sido considerada pertinente y necesaria, dado el aumento constante en las cifras de desocupación, los despidos y la incertidumbre generada por una eventual prolongación de la cuarentena ante el descontrol de los contagios en las zonas urbanas. En este contexto, la jefa de la bancada del Partido Comunista, diputada Camila Vallejo, valoró que diputados de las bancadas de oposición hayan entregado su respaldo a la iniciativa, tal como lo hicieran Gabriel Ascencio (DC), Alexis Sepúlveda (PR), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Giorgio Jackson (RD) y Raúl Soto (PPD). La diputada Vallejo detalló que “ya tenemos confirmados apoyos desde las jefaturas de las bancadas de la oposición. Esta es una idea transversal. El FA también ha planteado la necesidad de generar un impuesto a los más ricos y con ellos hemos estado discutiendo el tema y esperamos también que no solo dentro de la oposición tengamos un respaldo, sino que también de sectores de ChileVamos”. “Esperamos que se pueda ir generando mayor conciencia, entendiendo que esta propuesta puede ser una solución al problema económico que se está generando actualmente”, remarcó Vallejo. Cabe recordar que el proyecto propone un impuesto del 2,5% por una vez al patrimonio de los “súper ricos”, que permitirá recaudar cerca de US$6.500 millones para paliar la crisis del Coronavirus. Se espera que la próxima semana legislativa se pueda dar cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados para iniciar su discusión parlamentaria. Santiago de Chile, 29 de mayo 2020 Crónica Digital

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, notorio por sus controvertidos y polémicos pronunciamientos, es hoy centro una vez más de las críticas en amplios sectores del país. Invitado a un programa de televisión para hablar sobre la grave situación de la pandemia de Covid-19 sobre todo en la capital, el ministro admitió que existe un sector de Santiago, donde hay un enorme nivel de pobreza y hacinamiento, «del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad». Añadió que «uno visita lugares, pero cuando uno entra ahora después de no haber ido en dos años a un lugar en cualquier comuna y dice: Aquí antes vivían 10 personas y ahora están viviendo 100». La confesión de su ignorancia sobre la realidad del país en especial de la capital motivo amplios comentarios de rechazo en las redes sociales donde incluso cobró fuerza el hashtag #RenunciaMañalich. Incluso, en un alto edificio del centro de Santiago fue proyectada durante la noche la frase «Renuncia Mañalich». Una de las expresiones más contundentes fue la de la diputada comunista Carmen Hertz, quien en su cuenta de Twitter le preguntó directamente a Mañalich si no le da vergüenza reconocer que no tenía conciencia de la pobreza y el hacinamiento que existe en el país. Hertz fue más allá y puntualizó  que «pasa lo mismo con el presidente @sebastianpinera y resto de gabinete imagino, cómo elaboran políticas públicas? Escandaloso, son el Ejecutivo no club de amigos». Pero esas declaraciones de Mañalich no fueron las únicas discutibles en su aparición televisiva, pues en lo que algunos calificaron como una «brutal honestidad» dijo, refiriéndose a los adultos mayores, que «si usted tiene más de 70 años, la posibilidad de que fallezca en el infierno de una Unidad de Cuidados Intensivos es de 75 por ciento». Santiago de Chile, 29 de mayo 2020 Crónica Digital/PL

El desempleo en Chile escaló hasta nueve por ciento en el trimestre febrero-abril, la tasa más alta en 10 años, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ese ente oficial indicó además al ofrecer los datos de la Encuesta Nacional de Empleo que ese resultado representa un incremento de 1,9 por ciento en 12 meses Según el INE, la subida de las cifras de trabajadores en paro se debieron a la disminución en 5,7 por ciento de la fuerza de trabajo, mientras que el total de ocupados decreció 7,6. Sobresale que los denominados ocupados ausentes, que representan el 14,4 por ciento del total de ocupados, aumentaron 44,2 por ciento en la etapa, lo que equivale a 364 mil 821. La directora del INE, Sandra Quijada, explicó que ese término corresponde a los trabajadores que se acogieron a la Ley de protección de Empleo y que «deben mantener un vínculo con su empresa y siguen percibiendo algún ingreso». Apunto que en este caso el 80,7 por ciento corresponde a los efectos de la pandemia de Covid-19 sobre la economía, aunque advirtió que las estadísticas del trimestre analizado solo contemplan en parte los efectos del coronavirus, que comenzaron a afectar al mercado laboral desde la segunda quincena de marzo en adelante. Por categoría salarial los más afectados fueron los trabajadores por cuenta propia con el 18,2 por ciento y los asalariados formales con 2,9. Para los analistas, los porcentajes de desempleo seguirán aumentando en próximos reportes, y desde el gobierno la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, ha señalado que podrán llegar a los dos dígitos. La víspera, un estudio del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile reveló que el desempleo en el Gran Santiago llegó a 15,6 por ciento en marzo, ante lo cual la titular consideró que responde a una tasa que venía subiendo desde 2019 y a la gran cantidad de despidos reportada a partir del tercer mes del año. Los datos del estudio universitario llevaron a la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a llamar a que se abra con urgencia un dialogo social de gobierno, trabajadores y empresarios para definir estrategias para enfrentar el desempleo. Figueroa señaló que esos datos reflejan lo que la central sindical había manifestado desde el 17 de marzo último, de que si no se tomaban medidas preventivas sobre la crisis sanitaria, social y económica, ello redundaría no solo en un fracaso en la protección de la vida sino también en el resguardo a los empleos. Puntualizó que es una necesidad urgente para poder tener liquidez y recursos que permitan apoyar a las empresas que están en una situación crítica, pero también exigirles el compromiso de que no sigan despidiendo trabajadores. Santiago de Chile, 29 de mayo 2020 Crónica Digital/PL

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