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Democracia horizontal, transparencia, igualdad de género, mística de combate y derechos sociales. Razón y pasión. Memoria y convicción de ganar. Ese fue el clima y los modos que abrazó la fundación de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, CCTT, este primero de septiembre en la sede sindical de los trabajadores panificadores, anclada en la comuna de La Reina de la capital del país andino. Delegados de más de 240 sindicatos que representan a más de 20 mil asalariados asociados a organizaciones laborales de todo Chile, se dieron cita para votar los principios, estatutos y el plan de lucha de la nueva multisindical, heredera directa de Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest, figuras nucleares en la historia de la mayoría social que no tiene más que su fuerza de trabajo para sortear con algún decoro su vida en Chile. Esa “mercancía especial”, la única que produce valor: el trabajo humano. No por accidente el encuentro inaugural que eligió a su directorio nacional de transición, fue clausurado con la entonación de La Internacional y el grito de ‘trabajadores al poder’. ¿Descontextualizado, anti histórico, extemporáneo? No. Actualidad incesante y necesaria como el agua en el territorio más capitalista del planeta, ese que se hunde en el témpano austral. “El amor a la clase social de los oprimidos” El Presidente de la primera dirección nacional de la CCTT es el líder de la Confederación General de Trabajadores, Manuel Ahumada Lillo, además, uno de los sobrevivientes del golpe de Estado de 1973. “Aquí se reúne el grupo social más selecto entre los asalariados organizados que luchan en contra del capital y que jamás han renunciado a exigirle a la patronal lo que les corresponde”, dijo Manuel, y añadió que, “el primer paso que hemos dado, y en el que debemos continuar empeñados, es reunir a todas aquellas fuerzas dispersas que luchaban casa una por su lado. Más allá de nuestras diferencias, prima el trabajo comprometido y amoroso con nuestra clase trabajadora”. -Hoy han elegido una dirección nacional provisional… “Ello lo hemos dejado muy claro. A esta dirección aún no la han votado todas y todos los trabajadores. El proceso de constitución de la CCTT culmina con la elección directa, informada, secreta y universal de cada uno de quienes componen las bases sindicales. Para llegar a ese punto, nos hemos dado como máximo un año desde ahora.” -¿Y quién los financia? “Nosotros mismos a través de cuotas sindicales. O sea, será una Central autogestionada, una de las condiciones necesarias para nuestra independencia y autonomía. Detrás nuestro no existen, por principio, fundaciones nacionales o extranjeras, ni ONG, ni partidos políticos, ni menos el Estado.” -¿Qué los diferencia del resto de las centrales sindicales existentes? “Que las organizaciones sindicales que nos componen son las que le dan las características al instrumento de lucha que acabamos de inaugurar. No hay ley del Estado que les diga a las y los trabajadores cómo deben organizarse. Entonces, nuestra conducta le puntualiza al Estado las maneras y los contenidos […]

El abrazo entre una madre y un hijo tendría poco de noticia a menos que se tratara de un hecho relacionado con adopciones ilegales, como el caso del estadounidense Jeremy Pixton y la chilena Blanca Gallardo. La curiosidad de Pixton y la voluntariosa labor de la ONG Nos Buscamos, hizo posible el milagro. Porque en verdad, la madre biológica no tenía la menor idea de que aquel hijo, supuestamente nacido muerto, existía. Para hacer más alucinante la historia, Constanza del Río, la directora de Nos Buscamos, emprendió la idea de una ONG a partir de su propia experiencia. A los 39 años de edad, supo que era hija de una adopción ilegal en Chile. También tuvo un final feliz y es uno de los 31 casos exitosos que forman parte del palmarés de Nos Buscamos. Jeremy y Blanca es el último hallazgo, pero cada episodio se enfrentó a un sinnúmero de dificultades. En una mezcla de inglés y español, el hombre de 43 años, con un negocio de bienes raíces, dijo a Prensa Latina que «todo ha pasado muy rápido, luego de tanto tiempo, las noticias fueron increíbles y extraordinarias». Quería saber más de sus orígenes, pero no tenía idea de que a su madre la engañaron. A Blanca Flor Gallardo le dijeron que la criatura había nacido muerta. El abrazo, largo y profundo como lo describió el diario La Estrella de Ancud, Chiloé, sur de Chile, a las 18:00 hora local del 29 de agosto de 2018. Así quedará para el legado inolvidable de los protagonistas. Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se hizo recurrente esta práctica. Jeremy nació en el hospital San Borja de Santiago, pero a su mamá le dijeron que había muerto en el parto. Se cree que por lo menos hay 200 expedientes. Sin embargo, la cifra puede rebasar las mil adopciones ilegales, no sólo al amparo de la dictadura, sino por prácticas que desarrollaron en el país austral. Un hecho casi fortuito permitió el hallazgo, que parece extraído de una película de ficción. Supo de Nos Buscamos por Internet y comenzó la pesquisa desde 2014. «A mí siempre me explicaron mis padres que yo era parte de una adopción legal. Ellos tampoco sabían, hasta que comenzó la investigación por Constanza y su equipo», reveló. El abogado Jaime Villalobos y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días en Chile, fueron los encargados de conceder en adopción al niño a una pareja estadounidense. La esposa del letrado, Susana Donoso, inscribió a la criatura. Fue registrado con los apellidos de sus padres adoptivos, Duncan Pixton Armstrong, pero la matrona Antonia Serra dejó certeza del nombre completo de la madre biológica. La búsqueda se inició a través de Internet, que finalmente aportó el RUT (número de identidad) y el lugar de residencia, Ancud, una pintoresca comuna de Chiloé. «White Flower», comentó con orgullo Jeremy acerca del nombre de su madre biológica. Flor Blanca Gallardo , contactada telefónicamente, quien no daba crédito a la noticia. El test de ADN realizado […]

El académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, considera que la primera contracción mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) en más de un año es signo de que la actividad económica aún no se recupera con solidez. “La idea de que la economía estaba creciendo sin contrapesos ya no existe y eso va a afectar la compra y producción de bienes”, sostiene.   Su primera contracción mensual en más de un año tuvo el Índice de Producción Industrial (IPI) en julio de 2018. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cayó un 1,6% en doce meses, por el descenso de la minería y la industria manufacturera. La última baja ocurrió en junio de 2017 (1,2%). Para el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, esta disminución, aunque leve, no debe ser tomada a la ligera. El ingeniero comercial considera la contracción como un signo de que la producción industrial aún no se recupera con solidez, lo que podría afectar las expectativas de crecimiento para la economía nacional. “La idea de que la economía estaba creciendo sin contrapesos ya no existe y eso va a afectar la compra y producción de bienes”, señala. “Es bueno recordar que en la última crisis mundial, la economía cayó en un 4% y el sector industrial manufacturero disminuyó un 14%. Este es un sector sensible a la demanda y en el caso chileno, pasa lo mismo”, advierte. El economista descarta que la disminución se relacione con el anuncio de cierre de una serie de empresas en el último tiempo, como Iansa en Linares o Pastas Suazo. A su juicio, el mayor impacto que tienen estas quiebras se produce en el ámbito comunicacional. Sin embargo, “hay empresas que han estado cerrando y cuyo rubro es la fabricación de remolques. Eso sí ha provocado un ajuste mayor, aunque no ha sido notoriamente abordado. Ahí tenemos un impacto de reducción de la tendencia positiva que venía trayendo la industria manufacturera”, afirma. Con todo, el académico de la Facultad de Administración y Economía del plantel estatal proyecta una tendencia a la recuperación, debido al incremento de la inversión, que se traduce en más equipos y máquinas para aumentar la producción industrial. “Lo que se puede esperar es que los puestos de trabajo que se vayan creando no lo hagan en minería y manufacturas, sino que en agricultura, construcción y comercio”, concluye. Santiago de Chile, 31 de agosto 2018 Crónica Digital / usach.cl

Este miércoles 30 de agosto, en el Día del Detenido Desaparecido, se dio lugar a la primera de las sesiones de la comisión ad hoc que revisa la acusación constitucional en contra de los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema. En la instancia,  los académicos Patricio Zapata, Claudio Nash y Rodrigo Poblete coincidieron en que la acusación no vulnera el Estado de Derecho. Con la presencia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -que entregó una carta firmada por más de 200 figuras públicas en apoyo a la acusación constitucional-, se inició la primera sesión de la comisión que revisa los antecedentes que promovieron la acción en contra de de los 3 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema. En la sesión expusieron los abogados Patricio Zapata, Claudio Nash y Rodrigo Poblete, que desde distintas visiones alcanzaron ciertos puntos en común, principalmente referentes en que la acción de los diputados de oposición no vulnera el Estado de Derecho, tal como han sostenido desde la Corte Suprema. El abogado y académico Claudio Nash, del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, sostuvo que si bien hay varios puntos que debe revisar el Parlamento en torno a la acusación, el que tiene que ver con la supuesta vulneración de Estado de Derecho está despejado. “Me parece que hay un cierto acuerdo en que aquí se está ejerciendo un mandato constitucional y por tanto no está en riesgo el Estado de Derecho”. El académico agregó que el punto fundamental a resolver es por lo tanto si hay una infracción de cierta gravedad que haría procedente esta acusación constitucional. “Lo que va  a tener que hacer la comisión y luego el pleno de la Cámara y posteriormente el Senado, es evaluar si esa infracción -donde me parece que no hay mucho espacio para un desacuerdo de que ha habido una infracción por parte de los jueces de la Suprema-, es la entidad o gravedad de la misma. Ahí la clave va a estar en cómo se interpretan los alcances de la impunidad en materia de Derechos Humanos  y si la Corte Suprema ha incurrido en una interpretación que abre una grieta relevante para la impunidad de violaciones gravísimas de Derechos Humanos”, sostuvo. El profesor Nash concluyó señalando tras su exposición, que “el Parlamento tiene un desafío muy relevante para la historia de la transición en Chile en materia de Derechos Humanos”. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, coincidió en que un aspecto fundamental de esta primera sesión, fue el haber despejado el manto de dudas en torno a la eventual vulneración del Estado de Derecho. “Agradecemos algo que quedó claro en esta primera sesión y que creo que eran argumentos bastante apocalípticos solo para desacreditar una instancia como la posibilidad de una acusación constitucional. Los tres expositores señalan que acá no se pone en cuestión el Estado de Derecho y lo quiero señalar porque esas posiciones apocalípticas y poco honestas no sirven para […]

Desde la ONG señalaron que, a nivel internacional, este tipo de sitios están siendo prohibidos y que la tendencia es que la mayoría de los neumáticos en desuso sean reciclados. Greenpeace advirtió los serios peligros para la salud de las personas y el medio ambiente derivados de los incendios de depósitos de neumáticos, como el que durante este día jueves está afectado a un sitio ubicado en la comuna de Maipú. En este sentido, la ONG aclaró que los neumáticos contienen más de 200 compuestos químicos, los que, en combustión, se encargan de liberar sustancias cancerígenas, las que pasan al aire en forma de micropartículas que se desplazan con el viento y que pueden introducirse de manera directa a los pulmones de la población mucho más allá del lugar de siniestro. “Lo que se ve en estos tipos de incendios es, en primer lugar, la presencia de carboncillo que afecta directamente las vías respiratorias. Pero además, y especialmente peligroso, es que se genera un alto volumen de los llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de los cuales, como el benzopireno, son cancerígenos”, advirtió Matías Asun, director nacional de Greenpeace. Por último, desde la ONG señalaron que, a nivel internacional, este tipo de sitios están siendo prohibidos y que la tendencia es que la mayoría de los neumáticos en desuso sean reciclados. Santiago de Chile, 30 de agosto de 2018. Crónica Digital

El Estado de Chile deberá pagar alrededor de 166 mil dólares a cada uno de 29 presos políticos, víctimas de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), incluidas en el llamado Informe Valech. El Informe de la Comisión Valech, creada en 2003 y que adoptó su nombre por quien la presidía, el obispo Sergio Valech, cifró en más de 35 mil los expedientes de torturas en Chile, a manos de la junta militar pinochetista. Sin embargo, el estimado se incrementó en 2011 a 40 mil 18,un año después de la muerte del obispo Valech. Este miércoles la jueza Claudia Donoso Niemeyer, jefa del 18 Juzgado Civil de Santiago, desestimó la petición de exceptuar el pago, junto con la prescripción, planteadas por el fisco en el proceso y sostuvo el «carácter general, buscando una solución uniforme, abstracta». La magistrada dijo que sin considerar la situación específica y particular de los familiares, «cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período», ni tomar en cuenta lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se adoptó este dictamen. «Dado que los derechos humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de este, no es posible sostener que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria (…)», apuntó. Según datos oficiales, la dictadura de Pinochet asesinó a unas tres mil 200 personas y existe una lista de alrededor de mil 200 detenidos desparecidos. Santiago de Chile, 30 de aogsot 2018 Crónica Digital /PL

Durante la presente jornada en el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero, más de una decena de familiares de niños y adultos intoxicados por la contaminación, en compañía del Presidente Regional del PPD, Rodrigo González, además de los concejales Luis Gatica, Antonio Aguayo, Erika Galarce y Alfonso Núñez, presentaron la primera querella criminal contra quienes resulten responsables por las emanaciones tóxicas que a la fecha contabiliza más de 300 personas afectadas. La querella criminal, presentada por los abogados Paulo Pérez y Nolberto Salinas, se fundamenta en el delito contra la salud pública previstos en los Artículos 314, 315 del Código Penal, y es en contra de quienes resulten responsables; en calidad de autores, cómplices o encubridores de los hechos que aparecen como constitutivos del delito de Crímenes y simples delitos contra la salud pública, en grado de consumado, cometido en perjuicio de los querellantes, especialmente en contra de los hijos de estos, todos menores de edad, de sus padres y abuelos y del medio ambiente. El diputado González expresó que “aquí están afectados los derechos humanos de toda una comunidad, de los niños, de los padres, y de todas y todos los vecinos de estas dos ciudades que se han visto intoxicadas por emanaciones de gases, de hidrocarburos y otras sustancias tóxicas que afectan su salud, pero sobretodo afecta su calidad de seres humanos que tienen el derecho de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación”. “Aquí no solamente están en juego normas del derecho penal chileno, sino que normas del derecho internacional. Los ciudadanos y ciudadanas del mundo tienen el derecho -de acuerdo al Tratado de Roma suscrito por Chile- a vivir en un ambiente libre de contaminación, a vivir en paz y desarrollar su vida en condiciones habitables, por lo tanto, vamos a reclamar tanto en los Tribunales chilenos como en Tribunales internacionales los derechos de todas y todos los vecinos”, aseguró el legislador. El diputado González sostuvo que “junto con esto, solicitaremos que además del nombramiento del fiscal que corresponda por parte de este Tribunal, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designe un fiscal especial para que investigue con objetividad, acuciosidad, rapidez y eficiencia los delitos que están involucrados, y para que se sancione con las más graves penas a los responsables”. Por su parte, el concejal de Quintero, Luis Gatica, espera que la presente querella permita también generar medidas que regulen las zonas industriales y detengan su expansión “hasta el día de hoy ningún organismo del Estado dice con certeza quién es el responsable y es por eso que hemos elegido como camino una querella criminal contra quienes resulten efectivamente responsables, y nosotros esperamos que estas gestiones van a permitir identificar a los culpables, pero también lo que queremos es que en Quintero no exista más contaminación y no se siga ampliando el parque industrial que ya está absolutamente saturado y dañando la salud de todas las familias, particularmente los niños”. Santiago de Chile, 30 de agosto 2018 Crónica Digital

En los próximos días, la Cámara de Diputados comenzará a debatir la acusación constitucional interpuesta contra tres ministros de la Corte Suprema por haber incurrido en notable abandono de deberes. Esta acusación, promovida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y diputados de oposición, constituye un deber ético frente al peligro cierto de la impunidad para los criminales de lesa humanidad. El otorgamiento de libertades condicionales a ex militares – desconociendo el derecho internacional de los Derechos Humanos-, por parte de los ministros acusados, se suma a las bajas condenas impuestas por crímenes atroces y la aplicación de criterios que reducen la responsabilidad de los condenados. No podemos olvidar, además, que la justicia ha demorado 40 años en juzgar el terrorismo de Estado. Porque no buscamos una justicia a medias es que reafirmamos la necesidad de que el Congreso apruebe la acusación constitucional, como un acto indispensable para frenar la impunidad. Lo que está en juego hoy no es la defensa personal de algunos jueces, sino que el respeto por el orden internacional de los DDHH, el deber ineludible de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y no adoptar forma alguna de impunidad. Nuestra lucha incansable es para impedir la repetición del genocidio; debemos alejar para siempre la posibilidad de una dictadura, se lo debemos a Chile y sus generaciones futuras. Lo que requiere nuestro país es verdad y justicia. Nada más, pero nada menos. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Agrupación de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y detenidos Desaparecidos de Antofagasta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Copiapó Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos de Chillan Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Osorno Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Puerto Montt. Comisión Chilena de Derechos Humanos Romina Ampuero, Coordinadora Red de Sitios de Memoria Miguel Retamal, Presidente Agrupación Nacional de ExPP Nelly Cárcamo, Presidenta Nacional de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile Samuel Houston, Fundación Víctor Jara Alicia Zúñiga, Comisión de Derechos humanos Valparaíso Bárbara Figueroa, Presidenta CUT Beatriz Sánchez, Periodista Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura CODEJU Angélica Prats, Hija General Carlos Prats y Sofía Cuthber Sofía Prats, Hija General Carlos Prats y Sofia Cuthber Verónica Denegri, madre de Rodrigo Rojas Denegri Carmen Gloria Quintana, Psicóloga Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta Juan Carrasco, Alcalde de Quilicura Gonzalo Montoya, Alcalde Macul Carlos Insunza, Presidente ANEF Manuel Ahumada Presidente Confederación de Trabajadores del Cobre Mónica Vargas, Presidenta Federación […]