La encuesta Plaza Pública CADEM, generalmente vinculada con el oficialismo, mostró que un 66 por ciento de las personas identificadas con la izquierda y centro izquierda no comparten los dos tercios que el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” ha pretendido imponer como para los acuerdos del futuro órgano constituyente. Asimismo, resulta llamativo que casi un tercio de la población (28 por ciento), considere “mal” o “muy mal” el acuerdo, considerando que se le ha querido presentar, con una majadera campaña de los medios de comunicación, como expresión del consenso de casi la totalidad de los actores políticos. El apoyo a una Nueva Constitución es claramente abrumador: un 82 por ciento se expresa de acuerdo (un 90 entre las personas de izquierda y centro izquierda; un 88 entre aquellos que se consideran independientes; un 79 en el centro e incluso un 55 en la derecha). Un 60 por ciento quiere, asimismo, que esa Nueva Constitución sea resultado de un órgano integrado en su totalidad por ciudadanos electos. Un 67 por ciento piensa que es necesario “cambiar totalmente la actual Constitución y redactar una nueva” y un 87 está de acuerdo con un plebiscito de entrada. En este cuadro, es interesante que un 56 por ciento está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y marchas. Constata también la encuesta que los cuatro principales problemas a los la ciudadanía piensa que el Gobierno debiera dar mayor prioridad son la salud (34), pensiones (31), empleo y sueldos (25) y nueva Constitución (23). Por Iván Gutiérrez Lozano. El autor es periodista. Santiago, 18 de noviembre 2019 Crónica Digital.
Nacional
Una acusación constitucional contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentarán esta semana ante el Congreso Nacional un grupo de diputados de oposición, por su deficiente gestión ante la crisis social y política del país. La acusación cuenta con el respaldo de diputados de los partidos Socialista, Comunista, Por la Democracia, Federación Regionalista Verde Social, Humanista, Convergencia Social y Comunes. Tras un primer intento fallido la semana anterior, por no contar con las suficientes firmas para presentar la acusación, los promotores de esta medida aseguraron que ya alcanzaron los respaldos necesarios para que el documento sea admitido en la Cámara de diputados. El diputado y presidente del Partido Humanista, Tomás Hirsch, declaró a los medios que la acusación constitucional es un deber ético, ya que se enfoca en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último mes en Chile y cuyo responsable directo es el presidente de la República. Explicó que en la acusación se detallan una gran cantidad de hechos sumamente graves de violaciones a los derechos humanos y luego se exponen los capítulos acusatorios, que dejan claras las razones para señalar la responsabilidad directa de Piñera en esas violaciones. Este proceso permitiría que Piñera sea acusado en la Cámara de Diputados y que el Senado, posteriormente, lo declare culpable de los atropellos a los derechos humanos que se señalan, lo que conduciría a su destitución y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años. Hirsch dijo esperar que la acusación progrese en el Congreso, para lo cual se requiere de una mayoría de votos. No obstante advirtió que si no se alcanza esa mayoría, de todas formas Piñera quedará como el primer mandatario chileno acusado constitucionalmente por violaciones a los derechos humanos, un hecho que quedará grabado en la historia del país. Santiago de Chile, 18 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Por Rafael Calcines Armas Bajo una fuerte represión, las manifestaciones continúan en Chile a un mes de iniciarse el estallido social en reclamo de mejoras sociales que solo reciben tibias respuestas del gobierno para apaciguar el malestar popular. Desde que se produjo el estallido social el 18 de octubre, el país ha vivido innumerables sucesos, con protestas sociales casi constantes, la declaración del estado de excepción, toques de queda, desmanes, violaciones de los derechos humanos por las fuerzas policiales y el ejército. Para apaciguar el malestar social el presidente Sebastián Piñera presentó una agenda social con tibias medidas que hasta ahora no pasan de los anuncios o se quedan muy por debajo de las expectativas de la población, que reclama cambios radicales para el país. Uno de esas exigencias es la convocatoria a una Asamblea Constituyente y plebiscito que abran el camino a la redacción de una nueva constitución. Obligados por la fuerte presión social, la coalición de partidos de derecha y algunos de la oposición alcanzaron el viernes último un acuerdo para una nueva constitución, que significa un paso de avance pero con limitaciones que no satisfacen a la voz de la calle. Los detractores de esa iniciativa advierten que al acuerdo fue construido por diputados y políticos de escasa credibilidad sin contar con la opinión del movimiento social, y el mantenimiento de un sistema de votación de dos tercios para lograr acuerdos, que podría obstaculizar los cambios de mayor envergadura. En consecuencia, Unidad Social, el movimiento que encabeza las protestas populares, así como sindicatos, gremios profesionales y organizaciones estudiantiles y sociales, llamaron a continuar las movilizaciones en las calles para reclamar que el gobierno cumpla con sus demandas. Las protestas sociales han estado marcadas por la fuerte represión de militares y carabineros contra manifestaciones pacíficas que ha sido denunciada por entidades nacionales y personalidades internacionales como violaciones flagrantes de los derechos humanos, críticas que el gobierno ha pretendido minimizar. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario: 25 fallecidos, varios de ellos por responsabilidad directa de los uniformados, más de dos mil 300 heridos (solo en los hospitales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo visitar), y de ellos alrededor de 230 con graves lesiones oculares por perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas. También el INDH reportó más de seis mil 300 detenidos, incluyendo cientos de niños y adolescentes, y son cientos las denuncias y querellas judiciales por detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sexuales. La crisis política y social que vive Chile mella profundamente la credibilidad del presidente Sebastián Piñera, que apenas tiene 13 por ciento de respaldo a su gestión mientras que casi el 80 por ciento de los chilenos lo rechaza. Tampoco se salva de la mala valoración su gabinete, a pesar de que el mandatario hizo cambios en ocho ministerios el 28 de octubre, lo que incluyó como elemento más significativo la salida del muy cuestionado ministro del Interior, Andrés Chadwick, y otros miembros del denominado ‘núcleo duro’, remplazados por caras jóvenes. Pero […]
En forma majadera, los medios de comunicación del establishment han querido instalar la idea de que el Partido Comunista de Chile fue la única colectividad política existente que no suscribió el llamado “Pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que es el resultado de la “cocina” de la élite política, y que ese acuerdo contaría con un respaldo transversal “desde la derecha al Frente Amplio” y que sólo los comunistas “se autoexcluyeron”. De esta forma, procuran afirmar la legitimidad de la movida que dieron a conocer una madrugada. Ello no es cierto. En verdad, las colectividades políticas constituidas legalmente en el país que no aceptaron suscribir el acuerdo, en particular por el quórum supramayoritario que impone para los acuerdos de un eventual futuro órgano constituyente, son diversos y son los siguientes: Partido Comunista de Chile: Por cierto, es una de las principales fuerzas históricas de la izquierda chilena. Fue fundado el 4 de junio de 1912 como Partido Obrero Socialista (POS) y uno de sus principales articuladores fue Luis Emilio Recabarren, uno de los forjadores del movimiento obrero. Integró los Gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende, fue víctima de la persecución en tiempos de Gabriel González Videla y de la dictadura cívico–militar. Su principal figura en la transición pactada fue Gladys Marín. Integró también el segundo Gobierno de Bachelet. Su presidente es Guillermo Teillier. En las elecciones parlamentarias lograron ocho diputados, entre ellos Camila Vallejo y Karol Cariola. Integra la coalición Unidad por el Cambio. Federación Regionalista Verde Social (FREVS): Se formó oficialmente en el año 2017 como resultado de la fusión de cuatro partidos regionales, conformándose legalmente en las Regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins y Aysén. Su presidente es el diputado Jaime Mulet y además cuenta en sus filas con otros dos parlamentarios: Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez. Sepúlveda y Mulet fueron, asimismo, figuras destacadas de la Democracia Cristiana en las Regiones de Atacama y O’Higgins, y a nivel nacional. Integra la coalición Unidad por el Cambio. Partido Progresista de Chile. Su origen se remonta a la primera candidatura presidencial del ex diputado Marco Enríquez–Ominami en 2009, cuando logró el 20.13 por ciento. En 2018 desarrolló un proceso de fusión legal con el Partido País y al año siguiente sumó a la Izquierda Ciudadana (IC). Su sigla oficial es Los Progresistas y se encuentra constituido en todo el país. Por dos años consecutivos ha sido considerado el partido con mayor cumplimiento en estándares de transparencia. En las elecciones parlamentarias de 2017 lograron elegir una diputada. Integra hoy sus filas el Senador Alejandro Navarro y el ex Ministro Víctor Osorio. Su presidente es el economista Camilo Lagos. Integra la coalición Unidad por el Cambio. Convergencia Social: Es uno de los partidos principales del Frente Amplio. Fue el resultado de la unidad que el año pasado se produjo entre los grupos políticos Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Nueva Democracia y Socialismo y Libertad (SOL). Entre sus principales figuras se encontraban el diputado Gabriel Boric y el Alcalde […]
La Mesa de Unidad Social, que encabeza el vasto movimiento de protestas en Chile, llamó a mantener las movilizaciones a favor de lo que calificó como una verdadera Asamblea Constituyente plurinacional y paritaria. Esa plataforma de más de 200 organizaciones de todo tipo, convocó igualmente a apoyar una agenda inmediata de restitución de derechos sociales y contra la precarización de la vida y la crisis socioambiental, así como a frenar “la agenda legislativa neoliberal” del gobierno. En consecuencia, rechazó el denominado acuerdo por la paz y una nueva constitución, alcanzado el viernes último por los partidos de la coalición de derecha y parte de la oposición. En una declaración, esa plataforma señaló que ese entendimiento fue alcanzado sin la participación y legitimidad de quienes han participado en las movilizaciones, construido entre cuatro paredes, a espaldas de los movimientos sociales y en medio de la represión y violación de los derechos humanos. El manifiesto rechaza el elevado quorum que plantea el acuerdo, que –subraya– perpetúa el veto de la minoría. Asimismo, acusó que discrimina a los menores de 18 años, no contempla mecanismos de participación plurinacional y de paridad de géneros y establece un mecanismo de representación y elección funcional de los partidos políticos que han sido responsables de la actual crisis política y social. Señala que el avance de una Asamblea Constituyente es resultado de la movilización popular e implica una ruptura con el modelo neoliberal impuesto por la dictadura y consolidado en los últimos 30 años y se debe “transitar irrenunciablemente hacia una Asamblea Constituyente plurinacional y paritaria”. Llama igualmente a la conformación de una comisión de verdad y justicia y el cese inmediato de toda política de represión a los movimientos sociales y activistas sociales porque ninguna democracia se puede construir sobre la impunidad. Puntualizó además que a pesar de la represión en todo el país se ha generado un proceso de participación mediante cabildos populares, asambleas territoriales y trawün (asambleas mapuches) que están “construyendo democráticamente las propuestas de transformaciones necesarias para la sociedad” chilena. Finalmente, anunció que en los próximos días se hará un llamado a la población y a las organizaciones sociales a una nueva huelga general y jornadas de protestas, y que presentarán una propuesta de Asamblea Constituyente plurinacional y un programa de transformaciones elaborado por los movimientos sociales. Santiago, 16 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Las balas de goma empleadas por el cuerpo de Carabineros de Chile solo contienen 20 por ciento de ese material, según un estudio realizado por la facultad de ingeniería mecánica de la Universidad de Chile. El análisis de esos elementos utilizados como “arma disuasiva” por las fuerzas policiales obedece a la creciente preocupación por la cantidad de heridos en las manifestaciones que tienen lugar en Chile desde el 18 de octubre último. Radio ADN reportó que el estudio de ese centro universitario sobre la composición de los perdigones utilizados por Carabineros concluyó que solo 20 por ciento corresponde a goma y que el restante 80 por ciento incluye sílice, sulfato de bario y plomo. Añade que el informe fue solicitado por la unidad de trauma ocular del Hospital de El Salvador, de esta capital. El análisis de esos elementos por la entidad educativa puntualizó que los balines, en la escala de medición de la dureza elástica de los materiales, marcan 96.5, de un máximo de cien. Denuncias de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y entidades médicas advierten que se ha convertido en una práctica de las fuerzas policiales en Chile disparar perdigones y balas de goma directamente al cuerpo y la cabeza de los manifestantes, muchas veces en medio de marchas pacíficas. Como resultado, más de 220 personas han sufrido serias lesiones en la vista por el impacto directo de esos elementos en sus ojos, y son decenas, en su mayoría jóvenes, quienes han perdido uno de sus ojos. El caso más grave reportado hasta ahora es el del estudiante universitario Gustavo Gatica, quien perdió la vista al ser herido en los dos ojos mientras tomaba fotos durante una manifestación cerca de la Plaza Baquedano, en esta capital. Santiago, 16 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El Colegio Médico denunció que una funcionaria del servicio de urgencias resultó herida con perdigones lanzados por la policía cuando atendía a un manifestante en la Plaza de la Dignidad (Baquedano). Esa institución calificó de repudiable el ataque de los Carabineros a la funcionaria “que atendía a un paciente en paro cardio respiratorio y fue herida con un perdigo en medio de bombas lacrimógenas y los carros lanza agua”. El paciente, Abel Acuña, de 29 años, falleció tras llegar a un centro hospitalario pese a los trabajos de reanimación y según las primeras informaciones el joven habría caído desde la estatua del general Baquedano, durante la manifestación de anoche que fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales. El doctor Mario Goren, jefe de turno de la Posta Central, indicó que no había evidencias de traumatismo de ningún tipo por lo que la causa de la muerte es materia de investigación. Un video circulado en redes sociales muestra que un carro lanza aguas de Carabineros proyectó fuertes chorro contra quienes se encontraban en el lugar mojando incluso a la víctima y al personal médico que lo auxiliaba. También se aprecia como los manifestantes gritaban a los Carabineros que había una persona lesionada, mientras que un vehículo policial obstaculizó el paso a la ambulancia que acudió al lugar para trasladar al joven. Tras conocerse el fallecimiento del manifestante, varios diputados exigieron la renuncia del director general de Carabineros, Mario Rozas, entre ellos Félix González, presidente del Partido Ecologista Verde, quien responsabilizó a las fuerzas policiales de ese desenlace por obstaculizar la adecuada atención a la víctima. Consideró que se trata de una víctima más de la represión de Sebastián Piñera a quien llamó también a renunciar o por lo menos rendirle cuentas al país por todas las muertes, violaciones sexuales dentro de las comisarías, torturas e incluso vejaciones a menores de edad en las comisarías. Santiago, 16 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Las víctimas de la represión y las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas policiales a los derechos humanos continúan en Chile, tras cuatro semanas de la revuelta social contra el modelo neoliberal. El más reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), denunció que “la situación es grave y que se han violado los derechos humanos, de acuerdo a los casos que hemos conocido, denuncias recibidas y querellas presentadas”. Los casos más graves son, hasta ahora, cinco homicidios, de los cuales tres fueron cometidos por funcionarios del Ejército, uno por un infante de marina y otro por carabineros, contra quienes se presentaron las querellas pertinentes. Asimismo se interpusieron también acciones por siete casos en los que los hechos configuraron el delito de homicidio frustrado. Las denuncias presentadas por el INDH, hasta el viernes último ascendían a 345, de las cuales 245 corresponden a torturas y 58 de ellas por abusos o violaciones sexuales. Añade el informe que son comunes los casos de personas con lesiones graves y gravísimas, quienes presentan heridas por balines, golpes de puños y patadas, en el momento de ser detenidas o posteriormente, por lo que se han presentado 13 acciones legales. Los datos del INDH son parciales, puesto que estos corresponden solo a las visitas realizadas a 79 comisarías y 56 centros de salud. En esos lugares, sus observadores constataron directamente seis mil 362 personas detenidas y dos mil 381 heridas, entre estas últimas 217 casos de lesiones por disparos de perdigones en los ojos. Los miembros del INDH también han estado presentes en más de 150 manifestaciones y marchas en varios puntos de Chile, con el objetivo de resguardar el legítimo derecho de la población a manifestarse pacíficamente y velar por la correcta actuación de los cuerpos policiales. El más reciente informe del INDH tiene lugar tras la aprobación por algunos partidos de un “acuerdo para la paz y una nueva constitución”. Sin embargo, aunque desde el gobierno de Sebastián Piñera y las organizaciones firmantes se llamó a alcanzar “la paz”, una enorme manifestación en la Plaza de la Dignidad anoche, fue brutalmente reprimida por fuerzas especiales de Carabineros. Nuevamente, las fuerzas policiales emplearon fuertes chorros de agua y una gran profusión de gases lacrimógenos. Santiago, 16 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Por Rafael Calcines Armas El rechazo al acuerdo alcanzado por varios partidos para una nueva constitución, aumenta hoy en Chile donde organizaciones y políticos critican las trampas que contiene y su redacción a espaldas del movimiento social. Demostración de ello fue la concentración, la víspera, de cientos de miles de personas en la Plaza de la Dignidad (Baquedano) que se manifestaron pacíficamente para denunciar lo que consideran una nueva componenda entre partidos, y que fue brutalmente reprimida por fuerzas especiales de Carabineros. En el orden político el acuerdo creó un cisma en el partido de oposición Convergencia Social (CS) uno de cuyos integrantes firmó el documento, lo que provocó la renuncia de 72 militantes, encabezados por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Una carta firmada por ese grupo señala que dicho acuerdo ‘es contrario en esencia a las demandas que las manifestaciones han enunciado en las calles’. Añade que su construcción se realizó por un conjunto de directivas partidarias y parlamentarios que no representan la voluntad mayoritaria, y puntualiza que las decisiones tomadas por las instancias superiores de CS, indican que este no es el espacio para impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas. Por su parte, el presidente del Partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, recordó que esa fuerza no comparte los mecanismos y la forma en que se consensuó el acuerdo con la derecha, pero que trabajará por lograr una Convención Constitucional en la cual tenga una representación absoluta la soberanía popular. Organizaciones como el Colegio de Profesores, La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación de Portuarios de Chile, expresaron en sendos comunicados su rechazo al acuerdo. Para el magisterio, este se realizó en la forma que la población rechaza, en la cual ‘los actores políticos más deslegitimados de toda la sociedad se atribuyen una representación que no tienen’, para determinar una salida a espaldas del pueblo movilizado. Critican además que contiene graves falencias, como el poder de veto de la minoría que obtenga un tercio de los delegados constituyentes y el sistema de elección de los miembros de la Convención Constituyente, que prioriza la representación partidista pero no facilita la genuina representación ciudadana. La CUT, por su parte, llamó a todos sus miembros a estar alerta y señaló que la ausencia de diálogo con el movimiento social le resta legitimidad al acuerdo. En tanto, los portuarios denunciaron que en el acuerdo no hay referencia alguna a la Agenda Social, pues los partidos y parlamentarios no consideraron al movimiento social y denunciaron la invisibilización de los atropellos a los derechos humanos. Al respecto puntualizan que no es posible avanzar en acuerdos si no se materialan la justicia, verdad y castigo respecto de los miembros de las fuerzas de orden y militares involucrados en actos de violencia contra la población. Igualmente la federación llamó a mantener la movilización permanente, sin descartar la convocatoria a una nueva huelga general si no hay respuestas a las demandas económicas y políticas planteadas desde las fuerzas sociales. Santiago de […]
Con una exitosa huelga general y un inédito acuerdo entre políticos para avanzar hacia una nueva Constitución, Chile vivió otra semana de sobresaltos y movilización popular. El martes, cientos de miles de personas se movilizaron en respaldo a un paro nacional convocado por la Mesa de Unidad Social como parte del amplio movimiento de protestas que sacude al país. En esta capital, más de cien mil personas marcharon desde la Plaza Baquedano, y demostraciones igualmente masivas se realizaron en Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Punta Arenas y otras ciudades, lo que llevó a la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores a calificar como todo un éxito el paro. Según los organizadores, paralizaron labores gran parte de los puertos, de los trabajos en las minas, el comercio, casi la mitad de la banca y el 80 por ciento de la enseñanza pública y la salud, en lo que resultó otra fuerte señala al gobierno para que escuche y atienda las demandas de la población. La realización pacífica de las marchas fue reconocida incluso por el gobierno, pero al caer la tarde sacudió al país una ola de saqueos, incendios y otros desmanes protagonizados por delincuentes y en muchas ocasiones ante la escasa o nula presencia policial llevó al presidente Sebastián Piñera a llamar de urgencia a La Moneda a sus ministros del Interior y Defensa. La intempestiva reunión levantó una enorme expectativa ante la posibilidad de que se decretara nuevamente el estado de excepción, pero finalmente, Piñera se limitó a llamar a toda la sociedad a pactar por la paz, la justica y una nueva Constitución. Muchos analistas consideraron incomprensible el llamado del mandatario porque en definitiva no presentó ninguna iniciativa nueva en busca de una solución a la crisis, y solo anunció medidas concretas encaminadas a reforzar el cuerpo de Carabineros y aumentar la represión. Pero sin dudas la creciente presión de las indetenibles protestas populares, el desconcierto de la derecha y el cada vez más restringido margen de maniobra del mandatario para manejar la crisis, llevó a que La Moneda y la coalición gobernante cedieran en sus posiciones. Prueba de ese desgaste, fue la firma, tras una maratónica reunión el jueves y amplios cabildeos previos, de un acuerdo para redactar una nueva Constitución para Chile, con la aprobación a regañadientes de los partidos oficialistas y una parte de la oposición. El denominado «Acuerdo por la paz y una nueva constitución», abre el camino a una Carta Magna que sustituya a la actual, sin dudas un paso muy importante, pero no exento de puntos débiles. Por ello los partidos Comunista, Progresista, Humanista, Convergencia Social y la Federación Ecologista verde Social, entre otros, se restaron del entendimiento aunque admitieron aspectos positivos en este paso. En líneas generales, el texto de 12 puntos incluye un plebiscito ciudadano para abril de 2020, en el cual se consultará por la opción de una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente) o una Convención Mixta Constitucional. El órgano constituyente que sea elegido por la ciudadanía deberá redactar la nueva […]
