Nacional

La expresidenta Michelle Bachelet afirmó que Chile hace justicia con su historia, en referencia a la condena de nueve exmilitares por la tortura y el asesinato del singular artista Víctor Jara. En la actualidad, responsable del programa Alianza para la Salud de la Madre, el recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bachelet se manifestó en su cuenta de Twitter sobre la sentencia a los autores del crimen de Jara. «Con la condena de nueve exmilitares responsables de su asesinato hace casi 45 años, Víctor Jara canta con más fuerza que nunca y Chile hace justicia con su historia», resaltó la dos veces jefa de Estado del país austral. Bachelet completó su comentario al señalar que «sólo a través de la verdad, la justicia y la reparación se construye la unidad que los chilenos/as tanto anhelamos». Luego de varios años de investigaciones, la justicia chilena sentenció a nueve militares retirados por el homicidio de multifacético artista chileno el 16 de septiembre de 1973. El cantautor, director de teatro y profesor, fue salvajemente torturado por la dictadura de Augusto Pinochet, que se ensañó contra todas las personas que tuviera ideas de izquierda. Jara era militante del Partido Comunista. Apoyó de manera ferviente al Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende hasta su derrocamiento por el golpe de estado el 11 de septiembre de 1973. Por esa razón, recibió además 44 balazos de los militares. Llevado junto a otras cinco mil personas al entonces Estadio Chile (que hoy lleva su nombre), Víctor Jara fue brutalmente torturado al ser reconocido por los militares golpistas. El juez Miguel Vázquez condenó a Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón y Patricio Vásquez Donoso a 15 años y un día de prisión por su responsabilidad. Al grupo se le dictó sentencia como autores de los homicidios de Jara y del exdirector de prisiones Littre Quiroga Carvajal. Del mismo modo, el tribunal emitió penas de otros tres años de cárcel por la responsabilidad de los autores también de secuestro simple de ambas víctimas. Por el mismo caso, que dejó a Chile sin el emblemático compositor de El derecho de vivir en paz o Te recuerdo Amanda, el oficial Rolando Melo Silva fue sentenciado a cinco años y un día de presidio por su responsabilidad como encubridor de ambos homicidios. Santiago de Chile, 5 de julio 2018 Crónica Digital /PL

Con la presencia de los ministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, y de la SEGPRES, Gonzalo Blumel, se realizó ayer en la tarde una histórica Sesión Especial, solicitada por la Bancada PPD-PRO, por las preocupantes cifras de femicidios y asesinatos de mujeres, analizar las políticas públicas adoptadas por el Gobierno, junto con su eficacia, y conocer las medidas legislativas y de seguridad pública, a impulsar. La diputada Loreto Carvajal, quien fue la promotora y encargada de recopilar las 113 firmas de todos los partidos políticos para la realización de esta iniciativa, indicó que “esta es una sesión histórica que marca el inicio de un trabajo más efectivo que vamos a realizar coordinadamente el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y  también el policial y el judicial. Hoy estamos frente a un fenómeno nacional y hay que mirarlo como tal”. “No es casualidad que a la fecha hayan 18 mujeres muertas, es preocupante que muchas veces tengamos una sociedad que incuba asesinos de mujeres porque tenemos una desigualdad que hoy día no se habla, no se discute y no se cambia a través de las normativas correspondientes. Creemos que esta Sesión marca el inicio de un trabajo más eficiente y que busca generar garantías de una sociedad más igualitaria, de enfrentar este fenómeno en cada una de las regiones  y de poner coto a esta situación; que va desde cambiar la legislación para que se extienda la competencia y  consideremos femicidio al asesinato de mujeres solo por ser mujer”, afirmó la diputada Carvajal. Por su parte, la diputada progresista, Marisela Santibáñez, manifestó que «la dura realidad que enfrentan los femicidios en Chile nos llama a trabajar para actualizar la legislación vigente que garantice realmente el resguardo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No limitemos la ley solo a lesiones, sino que extendamos a los diferentes tipos de acoso y formas de violencia que viven las mujeres diariamente. Lamentablemente las medidas cautelares no han garantizado el resguardo necesario a las víctimas. Las cifras son alarmantes, hay que ir más allá». Asimismo, la diputada Andrea Parra señaló que “desde el Congreso pondremos todas nuestras energías para crear normas y modificar otras con tal de proteger a las mujeres y castigar duramente a quienes cometen delitos en contra de ellas. También es deber de los medios de comunicación dejar de reproducir y naturalizar los femicidios a través de un lenguaje machista y patriarcal”.  Además, indicó que “es necesario ampliar el delito de femicidio para todo crimen causado por un hombre en contra de una mujer, independiente de la relación que exista entre ellos; y es imprescindible que se creen y refuercen, cuando corresponda, las unidades especializadas en delitos sexuales y violencia de género de todas las instituciones que investigan, acusan y sancionan este tipo casos”. En tanto, la diputada Carolina Marzán, indicó que “impacta ver a la familia de Gabriela en la galería, impacta enterarse acerca de los detalles de su muerte. Lo menos […]

El especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, sostiene que la información dada a conocer recientemente por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente constata un aumento significativo de 48% de este tipo de delitos en comparación a 2017. “Las policías y la Fiscalía deberán ahora intensificar sus labores de investigación para controlar este mercado ilícito”, afirma el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Un récord de “portonazos” en la zona oriente de la capital fue lo que reveló un boletín estadístico entregado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente a las municipalidades del sector. Tomando en cuenta los cinco primeros meses del año, este ilícito incrementó en un 48% en comparación a 2017. Para el experto en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, las cifras constatan la existencia de un nicho de mercado que se desarrolla al margen de la ley. “Esto demuestra que se ha consolidado un mercado ilegal muy peligroso de automóviles o piezas robadas de vehículos. Por eso, habrá que iniciar labores muy fuertes de investigación por parte de las policías y de la Fiscalía para controlar esto”, señala el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. El ilícito denominado como “portonazo” fue bautizado así por medios de comunicación y hace alusión a los robos realizados en el ingreso de domicilios particulares (portones), donde los delincuentes intimidan o violentan a la víctima para sustraer sus automóviles. Si entre enero y mayo de 2016, año en que comenzó la medición de este fenómeno, los casos fueron 636 y bajaron a 491 en 2017, la cifra volvió a dispararse en 2018, llegando a los 727. Necesidad de un informe nacional El informe, que detalla diversos datos asociados a estos delitos, fue remitido vía e-mail a los alcaldes de la zona oriente de Santiago por el fiscal regional Manuel Guerra. Al respecto, el especialista destaca la iniciativa, pero considera que el Ministerio Público debiese hacer públicas estas estadísticas a nivel de todo el país. “El Ministerio Público cumple con publicar en su página web el reporte estadístico anual o trimestral respecto de los delitos ingresados”, reconoce. “Sin embargo, tenemos varias limitaciones de información. En dichos boletines, se hace una agrupación de los tipos delictuales, pero son muy globales y, por lo tanto, no sabemos si en esos robos hay un portonazo o si es en la vía pública. No presenta la estadística en desglose”, argumenta. Finalmente, a juicio de Araya, esta información no solo permitiría reforzar las rondas preventivas en los barrios, calles y horarios en que, efectivamente, suceden con mayor frecuencia estas situaciones. También, considera que el carácter público de un boletín de este tipo supondría un beneficio para los vecinos de estos sectores. “Al menos trimestralmente, se debieran poder publicar reportes de dónde están ocurriendo los hechos, a qué hora y cuál es la figura más utilizada para cometer ilícitos de este tipo. […]

El diputado comunista Daniel Núñez destacó la aprobación en particular por parte de la sala de la Cámara del proyecto de ley que elimina la pesca de arrastre de la jibia, pero lamentó que el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, argumente que la iniciativa sea inconstitucional y de materia exclusiva del Presidente de la República. El parlamentario explicó que el año 2003 el Congreso ya aprobó un proyecto de ley presentado por una moción del ex senador Antonio Horvath y que prohibió la pesca de arrastre por parte del sector artesanal. “No hay ningún fundamento legal para argumentar esta supuesta inconstitucionalidad. Entonces uno se pregunta qué hay detrás, ¿por qué el subsecretario de Pesca, Riquelme, defiende con tanta fuerza, con tanto vigor esta inconstitucionalidad? Es evidente, él está defiendo los intereses de la industria pesquera, está defendiendo las empresas que tienen integración vertical, está defendiendo las empresas que son dueños de los barcos de arrastre y no quiere este círculo virtuoso que se produce cuando la pesca artesanal es la que provee con su propia flota a la industria pesquera”, expresó. El diputado por la Región de Coquimbo considera inaceptable que el Presidente Sebastián Piñera intente vetar mociones que no son del agrado de su administración. “Es claro que el Gobierno tiene sequía legislativa. ¿Por qué estamos discutiendo este proyecto de ley?, porque aún no entran las modificaciones del gobierno a la ley de Pesca. Pero resulta que cuando hacemos la pega, para que Piñera quede tranquilo, los parlamentarios no somos flojos, hacemos la pega, legislamos, votamos los proyectos de ley, pero ahora que no le gusta el proyecto de ley nos quiere decir que todo el trabajo que hemos hecho es inconstitucional y no tendría validez. Es algo absolutamente inaceptable”, enfatizó Núñez. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en particular por 135 a favor, 4 en contra y 4 abstenciones el artículo único transitorio que establece que esta ley entrará en vigencia al sexto mes contado desde su publicación en el Diario Oficial. El pasado 17 de mayo la Cámara ya aprobó en general la iniciativa. El proyecto sigue ahora su segundo trámite constitucional en el Senado. La moción que regula el arte de pesca de la jibia por medio de la potera fue presentada el año 2014 por el diputado Daniel Núñez y su par de la DC, Víctor Torres. Santiago de Chile, 4 de julio 2018 Crónica Digital

Críticas ha generado la propuesta realizada por diputados de la UDI que pretenden quitarle la posibilidad de acceder a la gratuidad de la Educación Superior a estudiantes que se vean involucrados en los destrozos a colegios en el marco de las “tomas” estudiantiles. Desde la bancada del Partido Comunista rechazaron la propuesta realizada por el diputado gremialista, Javier Macaya, que bajo la presentación de su proyecto conocido como “rompe-paga”, pretende quitar el derecho al acceso a la gratuidad. A juicio de los parlamentarios PC, existen otras formas para evitar que las personas que utilizan el movimiento estudiantil realicen desmanes, pero generar más dificultades al acceso a la educación, sería una solución peor que el problema. La diputada Karol Cariola destacó al respecto que “de ni ninguna manera me parece que desarrollar una medida para evitar estas situaciones sea poniendo en riesgo o poniendo en cuestionamiento el derecho a la gratuidad en la educación, por que la gratuidad es un derecho. Si queremos modificar una conducta de jóvenes que van a provocar desmanes porque que no entienden el sentido fundamental, es educándolos, no privándolos de la educación”. La parlamentaria agregó que “esta es una medida que no se ajusta con entregarle más herramientas a jóvenes y niños y quitárselas en forma de castigo. La gratuidad no es un premio, es un derecho y ese es precisamente el problema que hemos tenido con la UDI, la derecha y este Gobierno, que siguen entendiendo la gratuidad como un premio, como algo que algunos se merecen y otros no”. Por su parte el sub jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, sostuvo que “la gratuidad es un derecho que se ganó con grandes movilizaciones sociales. Fue el anhelo de las grandes mayorías que estremecieron al país demandando acceso a la educación y que permitió que el 60 por ciento de las familias más vulnerables tuvieran la posibilidad de estudiar”. En esa línea, el diputado Barrera explicó que la derecha recurre a una excusa para quitar el beneficio a los jóvenes. “Por ello, creo que es necesario estar atentos a estas maniobras y defender esta conquista que beneficia a los sectores con menos recursos”, agregó. Finalmente, la diputada Camila Vallejo, planteó que condenar a los estudiantes a no tener acceso a la educación gratuita para que terminen desertando del sistema educacional, no es la solución. “Hemos visto que el tema de la deserción escolar, ya sea por no poder pagar o por distintas razones, termina generando que mucho jóvenes terminen en la droga, la delincuencia o terminan en el Sename y terminamos reproduciendo y agudizando un problema”, concluyó la parlamentaria. Santiago de Chile, 4 de julio 2018 Crónica Digital

Parlamentarios de todas las bancadas de oposición respaldaron hoy la presentación de la Ley Gabriela, iniciativa de las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo para ampliar la figura penal de femicidio al asesinato de cualquier mujer “con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género”. La diputada Marcela Sabat (RN) también sumó su apoyo. La iniciativa lleva el nombre de Gabriela Alcaíno, la joven de 17 años que, junto a su madre Carolina, fueron asesinadas por el ex pololo de la menor a inicios de este mes. Las diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejo recibieron el apoyo de las diputadas Gael Yeomans (Izquierda Libertaria), Maya Fernandez (PS), Daniela Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), Marcela Sabat (RN) y del diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber. El proyecto de ley además establece agravantes como el hecho de que la víctima sea menor de edad, mayor de sesenta años o  tenga discapacidad; que haya existido violencia sexual o acoso, que el victimario mantenga o haya mantenido una relación de pareja con la víctima; que el delito se cometa con alevosía o ensañamiento, entre otros. Además se tipificaría la figura de incitación al suicidio y se elimina el uso de ciertos atenuantes para este delito, como el de “arrebato y obcecación”. De la misma forma, se impide configurar la atenuante de “irreprochable conducta anterior” cuando el victimario haya cometido cualquier acto de violencia contra la víctima o sus parientes, aun cuando no exista condena al respecto. La diputada Cariola señaló que “Tal como lo han comentado los familiares de Gabriela Alcaíno, hemos sido convocados varios parlamentarios y parlamentarias que estamos aquí presentes y hemos decidido escuchar la voz de una familia que ha decidido poner una tragedia a disposición de modificar aquellos vacíos que tiene la ley en nuestro país” Agregó que “hoy día es más necesario que nunca, sacar del ámbito de la vida personal privada familiar o de convivencia, el concepto de femicidio, el asesinato hacia una mujer por razones de género es un elemento que tiene muchísimas más variables que solamente el ámbito familiar” Por ultimo señaló que “no solamente ampliamos el concepto de femicidio, sino que además, incorporamos varios elementos que nos parecen agravantes: acoso permanente, ensañamiento en el caso del propio asesinato, establecemos también varios elementos más como por ejemplo la minoría de edad (…)Lo que se establecen básicamente son elementos que determinan objetivamente aquellos elementos que puedan significar un homicidio por razones de género y agravantes que dan cuenta de que esta consideración sea llevada al ámbito de un femicidio y no por tanto al ámbito de un homicidio común.” Por su parte, la diputada Vallejo agradeció la transversalidad del apoyo al proyecto de ley: “Quiero agradecer la transversalidad de esta iniciativa. Hay parlamentarios no solamente de oposición, sino también una parlamentaria oficialista y eso lo valoramos porque creemos que esto tiene que ser un tema país. Por eso apoyamos también a la familia en esta solicitud que hacen al Presidente Piñera de que se […]