La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile lucha por Verdad, Justicia y Reparación. Pero, refiriéndonos a la verdad no sólo nos preocupa la Verdad Histórica. También debemos ocuparnos de la verdad de HOY. Que se sepa lo que ocurre actualmente con las víctimas. No nos estamos refiriendo a aquellos sobrevivientes excepcionales que lograron surgir y sobreponerse a las terribles secuelas de la prisión y tortura, sino hablamos por aquellos en que la huella dejada no ha podido borrarse y que nunca más han levantado cabeza: los que siguen olvidados, humillados, abandonados en la peor de las miserias.
Por eso, es vergonzoso que se oculte la verdad. Que se haga creer a la ciudadanía y a la Humanidad que Chile ya ha pagado su deuda con las víctimas. La verdad es que hasta el reconocimiento nos llegó muy tardío. Pasaron trece años de transición para que el país escuchara el discurso del Presidente Lagos “No hay mañana sin Ayer”, en que se reconoció oficialmente que teníamos decenas de miles de víctimas olvidadas y postergadas: los prisioneros políticos y torturados. Pero, el Mandatario optó por solicitar a la Comisión Valech que le recomiende “medidas austeras y simbólicas” para compensar a aquellas víctimas que no hayan tenido aún ninguna forma de reparación. Fue así como optó por legislar otorgando apenas austeras medidas de rehabilitación de carácter subsidiaria en materia previsional y de un supuesto beneficio educacional, simbólico puesto que favorecía a adultos mayores que no estaban ya en condiciones de estudiar. La pensión reparatoria vitalicia estaba condicionada a que se careciera de previsión, dado que se la declaró incompatible con cualquier pensión dada a los exonerados políticos e incluso se privó del beneficio a quienes gozaban de una modestísima pensión asistencial.
Si se omite pagar tales deudas, de hecho, el daño sigue acrecentándose. Las consecuencias se siguen sufriendo hoy y continuarán mañana provocando efectos tremendamente negativos. Esa terrible frustración se acrecienta y es compartida por toda la familia. No es sólo pena sino rabia que se seguirá acumulando aumentando la desconfianza en las instituciones del Estado, sus funcionarios y toda la clase política que pasa a ser responsable no sólo de insensibilidad sino de ignorancia o cobardía moral.
Exigimos que el Estado se haga cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas de la Dictadura. Por ello compartimos los compromisos de la Nueva Mayoría contenidos en su Programa de Derechos Humanos, programa de gobierno que la ciudadanía hizo suyo y eligió con una enorme mayoría a nuestra Presidenta de la República.
Advertimos que el Gobierno no debe tomar el tema de las reparaciones con vista sólo al enorme costo de las indemnizaciones y seguir postergando la solución. El Estado que sin piedad ha atropellado los derechos humanos debe dar a la Humanidad reales “garantías de no repetición”; es decir, si la deuda es enorme “se debe pagar aunque duela”. Por eso el monto elevado no debe asustar o hacer desistir a los políticos bien intencionados, sino buscar una solución eficaz que satisfaga las expectativas de las víctimas o familiares y lo más apropiado es que el país busque financiamiento en un crédito internacional para pagar sin más dilación la indemnización justa y adecuada que se establece como principal obligación del Estado en el artículo 14 de la Convención Internacional Contra la Tortura.
El crédito internacional, como deuda del Estado, deberá amortizarse durante una veintena de años con una partida especial del Presupuesto Nacional. Ello permitirá que periódicamente se recuerde el daño cometido, que ello se debe pagar y también será una garantía real de que las atrocidades no se volverán a repetir. Si no se pagare la deuda sería una clara señal de que la triste y lamentable historia volverá a repetirse, dado que al Estado le sale gratis torturar, asesinar o hacer desaparecer a los ciudadanos.
Hacemos un llamado a los medios informativos a que muestren esa patética y dolorosa verdad, que se refiere a la mísera existencia en que sobreviven la gran mayoría de las víctimas. Lo mismo, a políticos de todos los colores, pedimos que no cierren los ojos a la triste realidad en que se mantienen todavía hoy los sobrevivientes de tortura y su familia. Al mismo tiempo, que velen por que nuestra legislación garantice a la víctima de tortura el derecho a una indemnización justa y adecuada, como se manda en la ley internacional.
Santiago de Chile, 5 de julio 2014
Crónica Digital
