El diputado PS Leonardo Soto, miembro de la Comisión Mixta que analizará la Agenda Corta Antidelincuencia, insistió en su rechazo al control preventivo de identidad, uno de los puntos más conflictivos del proyecto a ser zanjados en la instancia parlamentaria.
Según el legislador, el control propuesto «es inútil, discriminatorio e incluso puede aumentar la delincuencia, porque al ser discrecional y masivo producirá que una parte importante de los recursos humanos y tecnológicos de Carabineros se desvíen a una tarea que según toda la evidencia tiene un impacto cero en la disminución de los delitos».
«En vez de estar desbaratando bandas criminales o en reales funciones de prevención, inteligencia o disuasión, tendremos a funcionarios policiales perdiendo el tiempo en el control de millones de personas inocentes, mientras los delincuentes integrarán a su cotidianidad el evitar ser detectados en esta tonta ‘pesca de arrastre’ y seguirán operando sin mayor problema», explicó el parlamentario.
Asimismo, Soto insistió en que «existe la posibilidad cierta de que este control, al no enmarcarse en evidencias o indicios objetivos de delitos, dañe libertades y se preste para abusos y discriminación hacia los grupos más desventajados de la sociedad».
«En todos los países en que se ha aplicado un control arbitrario, los estudios demuestran que se utiliza con mayor intensidad contra los jóvenes, pobres o personas de determinado color de piel. En el Reino Unido a las personas de color se las controla 29 veces más que a las personas de tez clara, y en el caso de los asiáticos, se les controla 6 veces más que a las personas anglosajonas», ejemplificó Soto.
«Y en
Chile, con los grados de desigualdad que existen, estas cifras pueden ser aumentadas a niveles aún peores. Por eso, creo que estamos a tiempo de hacer una reflexión profunda sobre esta herramienta, y darnos cuenta de que es innecesaria para combatir la delincuencia y perjudicial para nuestra democracia», concluyó.
Santiago de Chile, 3 de abril 2016
Crónica Digital
Mar May 3 , 2016
Con el propósito de defender la paz y la Constitución venezolana, una comisión designada por el presidente Nicolás Maduro acompaña hoy junto al Poder Electoral el proceso para la solicitud de activación de un referéndum revocatorio. Esa instancia pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) asistir todas las fases de ese procedimiento, establecido en el Capítulo IV, Artículo 71 de la Carta Magna de 1999. Jorge Rodríguez, Alcalde de Caracas y coordinador de la Comisión, aseguró que el objetivo es evitar la violencia: Venimos aquí como protectores de la democracia, de la Revolución Bolivariana y el gobierno del presidente Maduro. Venimos a proteger el derecho que tenemos todos a vivir en paz, declaró. Rodríguez explicó igualmente que a partir de una propuesta del abogado constitucionalista Hermánn Escarrá, consultor jurídico de la Comisión, también prevén activar los mecanismos legales para evitar agresiones contra las instituciones del Estado, entre ellas el propio CNE. La Comisión, indicó el burgomaestre, será garante de la vocación democrática, sin recurrir al chantaje de la violencia, del insulto, de la violación de los derechos humanos y constitucionales, y de la agresión de los poderes públicos. Impulsar un revocatorio contra el presidente Maduro fue la primera prioridad divulgada por la derecha venezolana al asumir en enero pasado la mayoría en la actual Asamblea Nacional. No vamos a permitir que la oposición esté siempre apostando al doble juego: por una parte participan de los eventos y elementos que la Constitución les proporciona para el ejercicio democrático y, por otra parte, queman, asesinan, destruyen instituciones públicas, y propician la agresión contra funcionarios electorales, aseveró Rodríguez. Asimismo, puntualizó que actualmente lo que comenzó es un procedimiento en el que se autoriza, con el respaldo del uno por ciento del registro electoral, a una organización con fines políticos para avanzar en los siguientes pasos para la activación del referendo, por lo que la comisión propuso al CNE estar presente en todas las etapas relacionadas con ese proceso. Esto quiere decir que tenemos derecho a una auditoría completa y total de todas las firmas. Entiendo que se inicia un proceso de transcripción y vamos a solicitar estar presentes en él para que de forma permanente podamos vigilar que la Constitución y la democracia se estén respetando, indicó. Caracas, 3 de mayo 2016 Crónica Digital / PL
