COLOMBIA: MARCHA PATRIÓTICA LLAMA A MOVILIZACIÓN POR ACUERDO DE PAZ

La plataforma Marcha Patriótica convocó a una movilización nacional para el venidero 14 de octubre en defensa del Acuerdo de Paz de La Habana rubricado por el Gobierno y las insurgentes FARC-EP, exhortación difundida hoy en las redes sociales.

 

Según esa alianza, el triunfo del No por una mínima diferencia frente al Sí (50,2 contra 49,7) no puede ser leída ni asumida como una victoria absoluta de los promotores del voto negativo para entrar a modificar un consenso firmado y ratificado por las partes, avalado por la comunidad internacional y apoyado por más de seis millones de compatriotas.

Marcha Patriótica (…) se declara en defensa activa del Acuerdo de La Habana en su totalidad, interpretado como la mejor oportunidad para poner fin al conflicto y avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, subrayó esa convergencia encabezada por la excongresista y defensora de derechos humanos Piedad Córdoba.

Asimismo abogó por un gran consenso político para sortear las dificultades actuales con participación de todas las fuerzas, que garantice la presencia de las víctimas, de los sectores sociales más golpeados por la conflagración e históricamente excluidos y trascienda la estructura de los partidos tradicionales.

El pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, suscribieron ante unos dos mil invitados dicho documento, fruto de casi cuatro años de conversaciones en la capital cubana.

Con él se comprometieron a terminar la larga confrontación bélica entre ambas partes, al incluir determinaciones como la instauración del cese el fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas o desarme de esa guerrilla -ambas fases con supervisión de Naciones Unidas-.

El texto incluyó asimismo convenios en temas sustanciales: la trasformación del campo mediante una reforma rural integral y el combate contra el tráfico ilícito de drogas.

Igualmente convinieron las partes reparar a las víctimas de la contienda mediante un sistema integral, que incluye además el esclarecimiento de la verdad, justicia, y garantías de no repetición.

Los inesperados resultados del plebiscito del pasado domingo, concebido para refrendar por la vía popular tal consenso, abrieron una interrogante sobre el futuro del proceso pacificador con esa organización rebelde, la principal involucrada en la guerra interna.

Fuerzas de izquierda y otros simpatizantes de dichas gestiones consideran que el Acuerdo Final tiene total vigencia, en tanto detractores de las pláticas con las FARC-EP como el exprocurador Alejandro Ordóñez y el exgobernante Andrés Pastrana opinan lo contrario.

Estamos en una zona gris, en un limbo, admitió la víspera Santos en una alocución desde la Casa de Nariño.

El jefe de Estado conversará este miércoles con sus antecesores Álvaro Uribe y Pastrana, promotores del No, para escuchar sus opiniones como parte de una iniciativa que persigue abrir escenarios de diálogo con todos los sectores y determinar el camino a seguir, dijo Santos.

‏Es cierto que el país atraviesa una zona gris riesgosa, un limbo peligroso, pero estará peor si ponemos la paz en manos de Uribe y de Pastrana, escribió en su cuenta de Twitter el comandante y jefe de los negociadores de las FARC-EP, Iván Márquez.

Aquí no queda otro camino que salir a la calle a defender el Acuerdo (sancionado en Cartagena), expresó.

También a través de Twitter; Pablo Catatumbo, otro de los dirigentes de las FARC-EP, dejó clara su posición.

Los efectos jurídicos del Acuerdo están vigentes, la comunidad internacional los respalda, no tiene presentación un paso atrás, manifestó en uno de sus Tweets.

Bogotá, 5 de octubre 2016
Crónica Digital / PL

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DECLARACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - INDH

Mié Oct 5 , 2016
Ante la creciente preocupación manifestada por un sector importante de la ciudadanía, en torno a las limitaciones delsistema de pensiones vigente para garantizar pensiones suficientes para asegurar una vida digna y el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social en Chile, y en el contexto del debate de diversas iniciativas para su reforma, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) considera necesario declarar: Que, mediante el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, se introdujo en Chile una reforma que estableció un sistema de previsión social basado en la capitalización individual, gestionado por administradoras de fondos de pensiones (AFP), que sustituyó al antiguo sistema de reparto para la gran mayoría de los y las trabajadoras chilenos/chilenas. Que, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, indica en su artículo 9° que los Estados Parte “reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Que, la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer en su artículo 11 letra e) señala El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas. Que, en la Observación General N°19 de 2007, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableció que el derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en ese Pacto. Que, la Organización Internacional del Trabajo expresó en el 2011 su preocupación por los efectos que ha producido la privatización de los sistemas de previsión social, manifestando que “el monto de las pensiones se ha venido deteriorando debido a que las cotizaciones son bajas, los períodos de aportación son relativamente cortos y los gastos administrativos son altos”. Que, como señaló el INDH en su Informe Anual de 2012, existe un creciente consenso sobre la necesidad de pensar las políticas sociales como herramienta del Estado para dar cumplimiento a sus obligaciones en derechos humanos. Que, en el mismo informe, el INDH da cuenta que el sistema de capitalización individual  vigente no permite evitar la reproducción de inequidades dado que –por su propia naturaleza- no cuenta con mecanismos de co-responsabilidad intra e inter generacional, los que deben ser asumidos por el Estado. Así, por ejemplo, la función redistributiva y de corresponsabilidad entre los géneros, queda relegada a la asistencia pública. Que, asimismo, en el informe complementario de 2014, enviado al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el INDH manifestó “su preocupación a que el derecho a la libertad de escoger el sistema previsional resulte negado bajo la legislación vigente, y que el monto de las pensiones de las AFP sea insuficiente para garantizar una vida digna”. Que, en atención a lo anterior y en el contexto del actual debate de diversas iniciativas para la reforma del actual sistema de […]

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