TVN: Andrea Fresard es la nueva presidenta del directorio del canal estatal

La periodista de 49 años fue nombrada por el Presidente Gabriel Boric para asumir la conducción del directorio del canal. De esta forma, el Ejecutivo finaliza exitosamente el proceso de nombramientos de la señal pública.

El Presidente de la República Gabriel Boric ha nombrado a Andrea Fresard Lemmermann (49) como la nueva presidenta del directorio de Televisión Nacional de Chile.

Fresard es periodista de la Universidad Andrés Bello y docente de la Universidad Diego Portales. Fue la primera jefa de Comunicaciones del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), entre los años 2001 y 2004, donde fue la responsable de crear el área de comunicaciones del ente regulador de los canales de televisión con señal abierta. En ese período, lideró la creación de la revista institucional y la renovación del sitio corporativo.

En esta última tarea, desarrolló la plataforma digital del CNTV e implementó el sistema de OIRS y de denuncias ciudadanas, el que hasta hoy forma parte fundamental del Consejo. En 2004 Fresard asumió la jefatura de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Chilevisión con la tarea de reformular la política comunicacional de la estación.

Entre los hitos programáticos de ese período se encuentra el paso de programas como Tolerancia Cero a horario prime, el Festival del Huaso de Olmué, el lanzamiento del área dramática y la transmisión de los Premios Altazor.

Asimismo, participó en el lanzamiento de CNN Chile –el primer canal de noticias 24/7 en Chile– en calidad de gerente de Comunicaciones. Fue responsable de su imagen corporativa y promoción a nivel nacional, además de realizar actividades de comunicaciones y relacionamiento, así como la coordinación y desarrollo de nuevas plataformas digitales.

En cuanto a su desempeño académico, Fresard se ha dedicado a la docencia y al trabajo estratégico en medios de comunicación desde 1996. Ha sido profesora de las cátedras “Comunicación en crisis”; “Comunicación estratégica y comunicación organizacional”; y “Estudio de casos de comunicación estratégica” en la Universidad Diego Portales (UDP).

También ha sido profesora en la Universidad Central y en el Magíster de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, se desempeña como jefa de Comunicaciones y Asuntos Públicos en el Museo Chileno de Arte Precolombino, y forma parte también del Comité de Defensa de la Televisión Pública (CDT).

Fresard también ha trabajado como consultora independiente para organismos internacionales, empresas e instituciones públicas tales como ONU Mujeres; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Laboratorio de Gobierno, entre otras organizaciones.

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Corte Constitucional de Ecuador analizará veto a ley de aborto

Mar Abr 12 , 2022
La Corte Constitucional de Ecuador (CC) tratará hoy en sesión extraordinaria el veto parcial presidencial a la Ley del Aborto por Violación, emitido al ente por la Asamblea Nacional (Parlamento). La decisión la tomó por mayoría de 75 votos el pleno del legislativo, el pasado 5 de abril, luego de analizar un informe de la Comisión de Justicia, que recomendó esa acción. De acuerdo con el reporte, 60 de las 63 observaciones del mandatario Guillermo Lasso al contenido de la normativa hacen referencia a supuestos incumplimientos constitucionales, por lo cual el equipo parlamentario consideró que el dignatario debió vetar por inconstitucionalidad. La Corte también tiene en su orden del día el debate sobre una acción de supuesto incumplimiento de sentencia, en la cual solicitan a la institución disponer al jefe de estado dar inmediata aplicación a lo resuelto por el pleno de la CC en la resolución 34-19-IN, que evidenció la ausencia de proporcionalidad entre el delito de aborto por violación y la pena establecida. En ese particular, la CC resolvió declarar inconstitucionalidad en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal en la frase «en una mujer que padezca de discapacidad mental» y dispuso a la Defensoría del Pueblo, preparar un proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sobre la base de los criterios establecidos en esa decisión. La normativa debía ser elaborada con la participación activa de la sociedad civil y de manera coordinada con los distintos organismos estatales, en el plazo máximo de dos meses y posteriormente remitida a la Asamblea Nacional, lo cual ocurrió según las indicaciones. Ahora, el principal problema de desacuerdo y que motivó parte de la objeción presidencial está relacionado con el período máximo para acceder al aborto. El legislativo estableció 12 semanas para mayores de 18 años de zonas urbanas y hasta 18, con carácter excepcional, en el caso de niñas, adolescentes y féminas de localidades rurales y comunidades indígenas. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que el plazo límite sea de 12 semanas, sin distinción, y estableció requisitos previos a la interrupción del embarazo. La regulación desató una fuerte polémica entre quienes apoyan el derecho a la mujer a elegir sobre su cuerpo y grupos denominado Pro Vida, en contra de la interrupción del embarazo, bajo cualquier circunstancia. Quito, 12 de abril 2202 Crónica Digital/PL

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