Opinión

En el último tiempo, hemos sido testigos de diferentes hechos que ponen en cuestionamiento el proceder del Estado y las visiones de algunos actores sociales y políticos en materia derechos humanos. Partimos el 25 de julio con el ataque a un grupo de mujeres a raíz de su participación en la marcha a favor del aborto libre y la aparición en la escena digital del Movimiento Social Patriota, encendiendo las alarmas ciudadanas ante la presencia de movimientos neonazis en el país. Luego, el informe de Naciones Unidas sobre la situación del SENAME, el que devela la violación sistemática de los derechos de los niños que están a cargo del Estado chileno, seguido por las indignantes declaraciones de un ministro que proclamaba los “bingos” como estrategia efectiva para mitigar los problemas de infraestructura de los colegios públicos. Después nos enteramos del fallo de la Corte Suprema que dejó en libertad a personas condenadas por delitos de violación de DDHH; un hecho que nos interpela como sociedad y Estado sobre cuánto hemos avanzado (o no) en la generación de mecanismos de reparación a las familias de las víctimas, y qué tanto hemos logrado en materia de justicia ante las atrocidades cometidas en Chile. Así llegamos a los inéditos cuatro días de Mauricio Rojas como Ministro de Cultura, luego de su renuncia por la polémica que generaron sus escritos de hace dos años sobre la supuesta “mala memoria” y uso partidista que, a su juicio, es lo que representaba el Museo de la Memoria. Terminamos la semana con la nueva controversia del Subsecretario de Redes Asistenciales sobre su “falta de colaboración” en la investigación del asesinato del expresidente Frei Montalva. Sin duda todos los hechos son escandalosos, y lo más preocupante es que apuntan a un Estado que viene dando señales de desprolijidad y debilidad a la hora de garantizar derechos fundamentales, a la vez de una suerte de desatino entre la realidad social y el discurso político gubernamental y en la idoneidad de quienes integran el gabinete del Ejecutivo nacional. Sin embargo, no todo es negativo. Lo positivo de este escenario existe, y se evidenció en una sociedad activa, opinando y movilizándose para exigir que los actores de gobierno nos representen en la idea de contar con un nuevo contrato social, cuya fórmula son derechos y más derechos, como la esencia de una sociedad civilizada, que se respeta y aprecia por sobre todas las diferencias políticas partidarias. Entonces, esta suerte de “crisis de los derechos” que vivimos estos días, se convierte en una oportunidad para generar cambios reales en la acción pública y las políticas a favor de una cultura de los derechos como forma de vida y de relación política. Mientras, habrá que seguir movilizados y participando, como la estrategia más efectiva para que avancemos en estos cambios necesarios. Por Neida Colmenares Académica Facultad de Gobierno, U.Central. Santiago de Chile, 18 de agosto 2018 Crónica Digital  

Por Mirna Concha* La tolerancia tiene riesgos y los últimos acontecimientos en materia de derechos humanos lo terminan de ratificar. Al permitir que -por acción u omisión- se sobrepasen los límites de lo «aceptable», hoy nos encontramos con una escalada de acciones que agreden la memoria histórica de Chile, y por cierto a familiares y víctimas de la dictadura, presos y ejecutados políticos, torturados, detenidos desaparecidos, exiliados y exonerados.  Durante los últimos veintitantos años los argumentos -o más bien justificaciones- han sido variadas y múltiples:  «reconciliación», «hay que avanzar», «temas del pasado», todo lo cual derivó de la histórica frase «verdad y justicia en la medida de lo posible», pronunciada el 21 de mayo de 1990 por el ex Presidente Patricio Aylwin. Para algunos es «la sospecha de un pacto tácito de impunidad con los militares», según consignó The Clinic en «El karma de Aylwin», publicado en su versión online en abril de 2016, para otros la lápida en materia de verdad y justicia. Son largos de mencionar los ejemplos de cómo la sociedad chilena ha permitido -por  omisión y silencio- que la herencia de la dictadura se mantenga. Las heridas siguen abiertas en un país que no logra zanjar su historia.  Es verdad que los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría quedaron al debe en materia de justicia y reparación, pero es alarmante -por decir lo menos- pues más que en su período anterior, a casi 45 años del Golpe de Estado, en este gobierno de Sebastián Piñera  -sin pudor- aflora  una derecha cavernaria que en materia de derechos humanos no logra cohesión, dejando solo y aislado al Presidente, quien el año 2012 al visitar el Museo de la Memoria, fijó su postura en esta materia: «(…) cuando uno se olvida, a veces comete los mismos errores».  «(…) hoy día soy Presidente de Chile y tengo que buscar que estas heridas cierren y que los chilenos podamos mirar el futuro con más unidad, con más respeto y con más tolerancia»,  dijo entonces, al indicar que su desafío era «crear en Chile una cultura de tolerancia y de respeto a los Derechos Humanos, porque esa es la mejor manera de protegerenos de cualquier intento, hoy día o en el futuro, de atentar contra los derechos de las personas o contra la dignidad de las personas».  A solo seis años de esas declaraciones, al Presidente hay que recordarle que uno es esclavo de sus palabras. Estas deben ir acompañadas de acciones: las declaraciones de la vocera de gobierno claramente no ayudan, como tampoco los nombramientos de Hernán Larraín en Justicia, Roberto Ampuero en Cancillería y Luis Castillo en Salud. Setiembre, mes de conmemoraciones. Nadie sabe para quién trabaja. Gracias ex Ministro Mauricio Rojas. Su paso fue breve, no alcanzó a disfrutar del glamour, pero suficiente para poner la memoria nuevamente en la agenda social y política. *La autora es periodista Santiago de Chile, 17 de agosto 2018 Crónica Digital

Observando el contexto político en el ámbito de los derechos humanos, y de acuerdo a las señales dadas por los diferentes sectores, podemos llegar a la conclusión que nos encontramos con una situación sumamente grave y preocupante.   La peor de todas las acciones contra los derechos humanos, fue la excarcelación de criminales de lesa humanidad por parte de los jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema. Este hecho, no puede ser más grave. A este punto nunca se debió llegar, lo hemos dicho hasta el cansancio. Se necesitaba legislar adecuando la legislación interna al Derecho Internacional Humanitario, para haber puesto candado a la “muy real posibilidad” de que los jueces caigan en la tentación de no aplicar la legislación internacional, la cual en ningún caso permite entregar beneficios a criminales de lesa humanidad, quienes, además, han sido condenados recién entre 35 y 45 años después de sucedidos los hechos, a penas muy inferiores y no de acuerdo a la naturaleza y gravedad de los crímenes cometidos.  La reacción de la oposición en la Cámara de Diputados, es la correcta, dada las circunstancias, pero tengo serias aprehensiones y dudas de que esta acusación constitucional llegue a buen puerto. Los argumentos jurídicos sobran, como para que pudiera ser exitosa y no dudo de la intención de sus precursores de llevarla a cabo. Pero, quienes vivimos por décadas las consecuencias de las políticas de derechos humanos en Chile, sabemos por experiencia, como se mueven las cosas cuando se trata de tocar algún integrante de un poder del Estado.  Lo he estado pensando y planteando desde hace ya varios días. Puedo ver cómo se asoman ya algunas tímidas voces disonantes que manifiestan “la poca conveniencia de seguir adelante con la acusación”. Esgrimen muchas razones, algunas, como que estos jueces han estado por condenar a los criminales, cómo si esto fuera un “favor” que estuvieran haciendo y no fuera parte de su obligación. ¿Acaso esos crímenes no son lo suficientemente graves para hacer a sus hechores merecedores de una condena?.  Sólo toman en cuenta que hayan emitido una condena, no así su calidad, lo atemporal de su pronunciamiento, 40, 45 años después de sucedidos los hechos, aplicando la media prescripción, reduciendo las condenas en forma considerable que no se condicen con su gravedad. ¿Acaso esos largos años de vivir libremente, desarrollando todos sus proyectos personales y familiares, no son ya un regalo de la falta de justicia y de la impunidad?  El abogado Caucoto, dice que si se sacan estos jueces que “son favorables a los derechos humanos” se los estamos entregando a la derecha”. Hace sólo unos días atrás se nombró como Ministra a la Corte Suprema a Ángela Vivanco, ex candidata de RN. De una terna de cinco Ministros propuestos, el Presidente Piñera la elige y sin más, obtiene en el Senado los 30 votos necesarios para confirmarla, y esto ocurre antes de la acusación.  Lo que no se toma en cuenta en estas apreciaciones, es lo que sucederá si […]

El comienzo del mes de agosto dio paso a la realización de nuestra primera Conferencia Nacional tras el XXV Congreso del Partido. Más  de trescientos dirigentes comunistas, procedentes de todo el país y el extranjero, discutieron en profundidad la manera cómo enfrentar este momento político, teniendo como preocupación central los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Un documento base, discutido y aprobado previamente por el Comité Central,  enfocó la discusión en cuatro puntos principales: La  política de alianzas, el movimiento social y nuestra incidencia en él, los procesos electorales venideros (en 2020 y 2021) y sin duda, el necesario fortalecimiento de nuestra fuerza propia, vale decir el Partido como tal y su necesario robustecimiento para cumplir con los desafíos planteados. Se concluyó que una política de alianzas debe apuntar más allá de un único objetivo electoral y que es obligatorio discutir ideas programáticas que le den sustento. Un programa está orientado por un diagnóstico de la situación y es así como el documento base incluye un capítulo llamado “Nuevo modelo de desarrollo para Chile” que busca superar el modelo neoliberal implantado por la dictadura. Se discutió en profundidad las diferentes expresiones que tiene el movimiento social y nuestra inserción e incidencia en él, particularmente el movimiento sindical, el movimiento feminista y el movimiento juvenil. Y desde luego, las  capacidades que debe tener el Partido, para ser un factor importante en la configuración del nuevo cuadro político, el cual tendrá una expresión de síntesis en las futuras elecciones municipales y de  gobiernos regionales, y posteriormente en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Fue una discusión franca y fraterna, se intercambiaron visiones y experiencias desde una perspectiva de generación de un colectivo más homogéneo para enfrentar los retos del presente. Tampoco la situación internacional escapó al análisis de los conferenciantes, más aún cuando durante su desarrollo se produjo el atentado contra el presidente Maduro de Venezuela y con esto la nítida evidencia de la escalada reaccionaria en nuestro continente y el afán de injerir en los asuntos internos de nuestros países por parte del imperialismo. Enfrentamos un cuadro donde la derecha gobernante busca provocar ajustes al Estado para proyectar su dominio representativo del gran capital nacional y las transnacionales y en que muchos nostálgicos del pasado, que hoy no son gobierno, pretenden reeditar alianzas que tuvieron éxito hace un par de décadas y acudiendo a un maloliente anticomunismo, se niegan a jugar un claro rol. En este terreno reafirmamos nuestro firme propósito que, más allá de las dificultades del presente, nuestra voluntad inequívoca es construir una alianza que vaya desde el centro  (la DC) e incluya a todos los partidos de la ex Nueva Mayoría, pase por el Frente Amplio y llegue hasta nosotros los comunistas. Sin duda fue un evento partidario por el cual debemos sentir legítima satisfacción, pero que también nos deja tareas difíciles a resolver, partiendo por superar las deficiencias del accionar partidario, muchas veces derivados de conflictos sin una clara raíz política. Pero más allá de los desafíos del momento, la convicción […]

Los últimos casos de fallecimiento y/o de olvido de Adultos Mayores (AM) tienen como factor común la situación de maltrato, abandono y negligencia. En todos ellos, se descubre el factor común del abandono que “se produce cuando cualquier persona o institución no asume la responsabilidad que le corresponde en el cuidado de un adulto mayor o, que habiendo asumido su cuidado o custodia, lo desampara de manera voluntaria”, además, se descubre que aquellos que conocían de esta situación y les correspondía, actuaron con negligencia ante la solución. De acuerdo al Censo 2017, los adultos mayores alcanzan los 2 millones 850.171 personas, representando el 16,2% de los habitantes del país. Solo 3 de cada 10 de ellos, mantiene un trabajo remunerado. Alrededor del  70% de estos son autovalentes, aunque más del 12% de ellos viven solos. Aproximadamente un 10% de estos viven bajo la línea de la pobreza, mientras que unos 30.000 habitan en instituciones de acogida, número incierto, pues un importante porcentaje de esas son ilegales. La situaciones de maltrato al adulto mayor con frecuencia son ocultadas, por diversas razones. Debido a esto la dimensión real del abandono, es desconocida. O, de ser estadísticamente conocida, no se logra identificar quiénes y dónde están aquellos individuos víctimas. Esta es una de las limitaciones de las políticas públicas fomentadas por los diversos gobiernos del país; el que no tiene un reflejo en las realidades locales, por el desconocimiento del territorio, aunque se marquen los limites en un mapa. En esto último, los gobiernos locales y organizaciones comunitarias deben trabajar unidas y coordinadas para levantar catastros reales y específicos de la situación de los adultos mayores, que los puedan guiar en la aplicación eficaz y eficiente de las políticas públicas. Así las cosas el rol de la sociedad en esta situación, además de lo mencionado, fluye por  infinidad de vertientes, algunas de ellas: Programas de preparación para la jubilación que permitan planificarla con tiempo y conocimiento, dándole un significado y propósito, manteniendo un rol familiar y productivo, fomentando la vida social y un sentido de utilidad en su actividad. Crear un proceso de jubilación progresiva que permita mantener un rol productivo por el tiempo que el sujeto considere necesario y las condiciones de salud se lo permitan. Aunque para este propósito se requiere un mercado que entregue oportunidades laborales reales al adulto mayor. Generar oportunidades de educación y capacitación para este segmento en los distintos niveles existentes en la sociedad. De hecho, en varios países desarrollados existen universidades para adultos mayores. En este sentido, varios estudios demuestran que el deterioro cognitivo es inversamente proporcional a los años de escolaridad del individuo. Crear organizaciones pro ayuda a las personas mayores y fortalecer las ya existentes; con un voluntariado que los apoye tanto a ellos como a sus organizaciones. Estimular y apoyar a instituciones de salud especialistas que se inserten en la comunidad, pudiendo llegar efectivamente a esta población. Hoy día la gran mayoría de éstas están alejadas de los hábitats de los mayores, haciendo […]

La Sociedad de Escritores de Chile es atacada con oscuros propósitos por El Mercurio, quien avaló crímenes contra la humanidad. Todo, en momentos que se liberan presos que para el derecho internacional ameritan prisión perpetua. La Sech nos acogió, nos protegió en dictadura. Su autoridad moral sigue intacta. Por Carlos Antonio Vergara (*)    Se iba el año 1981. Había ya pasado la navidad cuando logré publicar un libro objeto de 32 páginas en Santiago de Chile.    Fue uno de los primeros que desafiaron la censura. Es decir, sin permiso de la Dirección Nacional de Comunicación (Dinacos). Desde ese organismo se informaba a la Central Nacional de Informaciones, la policía política de Pinochet, a quienes vigilar o reprimir. No tenía pie de imprenta. No podía tenerlo. Lo único de la legalidad dictatorial que poseía, era la Inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.    Traté de imprimirlo desde octubre de ese año. Su título intentaba no levantar sospechas: se llamó Cuaderno de Poesía. Además, no tenía demasiadas pretensiones. Era sobre todo un grito de amor desde el dolor. Cuando se leía en su interior, uno de sus poemas, nadie se atrevía a hacer el trabajo.    En ese deambular, llegué a la unidad de reprografía del Departamento de Informática de la Universidad de Chile, donde trabajaba el funcionario Rebolledo (no recuerdo su nombre de pila).    Para Rebolledo tampoco las cosas fueron fáciles. Para que el trabajo quedara de calidad, intentó mandar a hacer las matrices en metal para la máquina Offset que operaba. Se las recibían, las veían, y luego, poco menos, le tiraban los originales por la cabeza. – En que andas metido Rebolledo -, le dijo uno de ellos. Llévate eso, me puedes meter en líos. Poesía y crímenes contra la humanidad   Pasaban las semanas y no teníamos noticias del avance. Hasta que fuimos a verlo con el artista visual Patricio Rueda, autor de la gráfica y diagramación y nos contó el problema. Para solucionarlo y cumplir, me pidió que fuera a un negocio que fabricaba matrices en papel, y que quizás no pondría problemas, en calle Arturo Prat. Tendría menor resolución gráfica, sobre todo los últimos ejemplares, porque el rodillo la iría dañando.           Algunos de quienes en la época participábamos en talleres literarios y en la Unión de Escritores Jóvenes (UEJ) como yo, pensábamos que en esos momentos la poesía tenía que decir lo suyo: nos estaban matando.    El texto incluía el poema Denuncia, cuyas fotos son fotocopias del diario El Mercurio, un periódico abjecto que avalaba y daba gran despliegue a los crímenes contra la humanidad. A los luchadores sociales los hacía aparecer como «terroristas» muertos en falsos enfrentamientos. Por ello, a cada uno de los ejemplares se le colocó témpera roja en el cuerpo de una de las víctimas. El Código Penal francés, país que redactó la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano hace más de dos siglos, pionero en el Derecho de […]

“…vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”. “Cambalache”, Enrique Santos Discépolo, 1934. América Latina se ha convertido en plaza fuerte de la corrupción. Ningún país de la región está libre de este cáncer que impide avanzar a formas más elevadas de democracia, cultura y justicia social. Sustentáculos abarcan todo tipo de instituciones de un sistema que ha llegado al fin de su ciclo sin que todavía logre surgir su alternativa. La corrupción no solo es el cohecho y soborno de autoridades. Es también la matriz del narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas y lavado de dinero. Para arrancar sus mil cabezas hay que llevar acabo una revolución política, social y ética porque el sistema oligárquico y/o vertical de gobierno reproduce una y otra vez la corrupción. La institucionalidad y sus leyes son sus mejores aliados. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se propone enfrentarla en uno de los países más corruptos y violentos del mundo. Para cumplir ese propósito AMLO deberá exponer su propia vida. El crimen organizado ha provocado en México más de 16 mil homicidios en el primer semestre de este año y más de 31 mil el 2017. El crimen más horrible cometido bajo la actual administración fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hasta ahora en la impunidad. Numerosos ex presidentes y dictadores latinoamericanos han sido acusados de corrupción. Sin embargo el fenómeno continúa y alcanza al conjunto de las instituciones. Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, en Perú; Mauricio Funes, Francisco Flores (fallecido el 2016) y Elías Antonio Saca, en El Salvador; Otto Pérez Molina y Álvaro Colom, en Guatemala; Rafael Angel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, en Costa Rica; Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, en Nicaragua; Rafael Callejas, en Honduras; Ricardo Martinelli, en Panamá; Carlos Andrés Pérez, en Venezuela: Álvaro Uribe Vélez, en Colombia;Carlos S. Menem, Néstor Kirchner (fallecido el 2011) y Cristina Fernández, en Argentina; y Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, han ido a la cárcel o están acusados de peculado. Al presidente golpista del Brasil, Michel Temer, y al de Argentina, Mauricio Macri, se les imputan actos de cohecho y soborno. Más de 120 políticos brasileños, entre ellos Eduardo Cunha, el ex presidente de laCámara de Diputados que articuló el “golpe legislativo” que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, fueron condenados por lavado de dinero. El caso de Brasil toca fibras sensibles de la Izquierda latinoamericana. Dirigentes del Partido de los Trabajadores, con su líder histórico a la cabeza, han sido acusados de corrupción. Entre otros su ex presidente, José Genoino; tres ex tesoreros: Joao Vaccari, Paulo Ferreira y Delúbio Soares; y el ex jefe de gabinete de Lula, José Dirceu. Varios tienen una destacada trayectoria como militantes revolucionarios y participaron en la guerrilla que enfrentó a la dictadura militar (1964-1985). ¿Por qué el PT utilizó Petrobras como su caja de fondos? ¿Por qué estableció relaciones incestuosas con Odebrecht y OAS, […]