La aprobación de una ley que reduce la jornada laboral en Chile y el anuncio de 31 nuevos proyectos en materia de seguridad, marcaron el acontecer noticioso en este país durante la semana que concluye. En una votación calificada como histórica, el martes la cámara de diputados aprobó por amplia mayoría la normativa que estipula la disminución paulatina de la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales en un período de cinco años. La legislación contiene una serie de ventajas, entre ellas la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana y descansar tres, además de ofrecer facilidades en el horario para personas cuidadoras de niños y adolescentes de hasta 12 años. «Estamos dando un paso tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile: los trabajadores y sus familias», dijo el presidente Gabriel Boric, al promulgar la iniciativa. Un total de cuatro millones 700 mil trabajadores se beneficiarán con esta ley, calificada por la ministra de Trabajo Jeannette Jara como un avance civilizatorio con un fuerte impacto positivo en las actuales y futuras generaciones del país. La idea había sido impulsada en 2017 por la entonces diputada y actual Ministra Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo y la legisladora Karol Cariola, ambas del Partido Comunista de Chile. Esta semana también el Congreso Nacional alcanzó protagonismo al lograr un acuerdo con el Gobierno para impulsar la aprobación de 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad. Las iniciativas, algunas del las cuales deberán ser debatidas y sometidas a votación en lo inmediato y otras a lo largo del año, están destinadas a mejorar la persecución penal, fortalecer las instituciones y aumentar la prevención del delito. En opinión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo da pruebas de la necesidad de colaborar para construir la unidad ante el problema de la violencia. Dentro de los proyectos figuran la ley de delitos económicos y las que sancionan los actos preparatorios de sicariato y la tenencia de celulares en las cárceles. Además se prevé realizar modificaciones a la ley de migración y extranjería y crear un Ministerio de Seguridad Pública. Encuestas publicadas aquí indican que la inseguridad y el crimen organizado son las principales preocupaciones de la ciudadanía, por encima de los problemas económicos o de salud. Santiago de Chile, 17 de abril 2023 Crónica Digital/PL
Opinión
Por Sergio Rodríguez Gelfenstein* La injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Paraguay forma parte de su cotidianidad, e incluso, se ve como algo normal. En la situación actual, cuando se ha entrado en la etapa final de la carrera electoral, los dos candidatos con opción de ganar las elecciones Santiago Peña de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y Efraín Alegre del partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se reunieron por separado con el embajador de Estados Unidos Marc Ostfield y publicaron ostensiblemente las fotos del encuentro. Ambos son candidatos del sistema y fuertes aliados de Estados Unidos, de manera tal que esta acción no se entiende como injerencia. Aunque solo hace unas semanas, todo indicaba que el candidato colorado Peña sería el ganador en las elecciones salvo que se produjera algún hecho impredecible y sorpresivo. Tal evento tuvo lugar el 26 de enero pasado cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas al vicepresidente de Paraguay Hugo Velázquez y al expresidente Horacio Cartes por «corrupción», tras haberles vetado la entrada al país hace meses. Tal como ocurrió en Honduras con el expresidente Juan Orlando Hernández, Washington sostuvo sus candidaturas, las apoyó soslayando las acusaciones de organizaciones internacionales independientes y de parte importante de la opinión pública de sus propios países, para después arremeter contra ellos cuando ya no les sirven para su arremetida conservadora y contraria a los intereses de los pueblos. Vale decir que existiendo condiciones objetivas y subjetivas para producir un cambio similar al que ha venido ocurriendo en buena parte de América Latina, la división de la izquierda no le permite a ésta, ser un actor electoral importante. En medio de la dinámica electoral, el candidato del PLRA ha hecho algunas concesiones para atraerse a un sector de la izquierda que forma parte del Frente Guasú. Entre las declaraciones electoreras hechas por Alegre, resalta el anuncio de que en caso de ganar las elecciones, establecería relaciones con China, lo cual no pasa de ser una maniobra electorera según la opinión de la mayoría de los analistas paraguayos. En este marco, la decisión de Estados Unidos de colocar a Cartes en la lista de políticos corruptos del departamento de Estado no pasa de ser una nueva maniobra injerencista. Por ello, cualquier empresa o ciudadano que haga negocios con Cartes será sujeto de sanciones por parte de Washington. En una maniobra desesperada, Cartes cedió a sus hijos las acciones de sus empresas con el objetivo de evadir las sanciones, buscando sobrevivir como empresario, toda vez que su carrera política parece haber llegado a su fin. Con esta disposición, Estados Unidos manifiesta una intrusión abierta y descarada en el proceso electoral que fue ocultada por los medios de comunicación paraguayos. Esta acción ha generado un verdadero problema para la candidatura de Santiago Peña que creció políticamente de la mano del expresidente y se le conoce como su pupilo más cercano. Cuando la decisión de Estados Unidos ya no pudo ser ocultada, y los medios –como movidos por una varita […]
El presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Nain-Retamal, cuyo trámite en el Congreso trajo discrepancias entre oficialismo y oposición sobre la presunción de inocencia en favor de los Policías para disparar sus armas en actos de servicio. La normativa fue aprobada en medio de una ola de inseguridad y el asesinato de tres carabineros en un mes. La Ley Nain-Retamal comenzó a tramitarse de forma urgente en el Parlamento tras el asesinato de la sargenta de Carabineros Rita Olivares, que fue ultimada por delincuentes durante un procedimiento policial el pasado 26 de marzo, en la comuna de Quilpué, a 87 kilómetros al norte de Santiago. La discusión en el Congreso estuvo marcada por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, principalmente en torno al artículo que trata la legítima defensa privilegiada. Este establecía la presunción de inocencia en favor de los Carabineros (policía militarizada): cuando un policía o militar utilice sus armas de servicio se presumirá que «han sido correctamente empleadas» cuando actúen en defensa propia. La medida no contaba con el respaldo de la coalición de Gobierno, Apruebo Dignidad. Tras un acuerdo entre el Gobierno y el Senado se removieron varios de los puntos más controvertidos de este proyecto de ley. Uno de ellos fue trasladar la presunción de legítima defensa al Código Penal, sacándola del Código de Justicia Militar. América Latina Boric anuncia inversión de $1.500 millones de dólares en seguridad, tras asesinato de policía 6 de abril, 20:34 GMT El texto refrendado acota esta presunción en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros. La discusión estuvo marcada por un clima de tensión y la presencia de víctimas de represión policial y familiares de policías asesinados. Tras el despacho de la ley desde la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 5 de abril, sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista anunciaron que llevarían la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, esa misma jornada el cabo primero de Carabineros Daniel Palma Yáñez murió tras recibir un disparo en el rostro en el centro de Santiago. Tras este hecho, los partidos de Gobierno decidieron no acudir al TC. El PC, quien había votado en contra de la ley, señaló en un escueto comunicado que «entrega su respaldo al Gobierno en la lucha contra la delincuencia. No insistirá ante el TC». Apoyo histórico a Carabineros «No es posible que se asesine a un carabinero por hacer cumplir la ley. Nada justifica un asesinato tan vil como del que fue víctima el cabo Palma», declaró a Sputnik Erick Donoso. Donoso, al igual que un centenar de personas, llegó el pasado 6 de abril hasta el sector de Baquedano, en el centro de Santiago, para repudiar los hechos acontecidos la noche anterior. La convocatoria fue a través de redes sociales y el llamado era «apoyar a Carabineros». La convocatoria fue realizada por el grupo ultraderechista Team Patriota y encabezado por Francisco Muñoz, exlíder de la barra brava del club deportivo Colo Colo, uno de los más populares de Chile. La manifestación estuvo marcada […]
Por Sergio Reyes Tapia. Seremi de Bienes Nacionales Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En las últimas semanas, en la SEREMÍA de Bienes Nacionales nos hemos encontrado en las sensibilidades, en las ideas, y en los espacios de miradas de los vecinos y vecinas sobre las exigencias que demandan a sus autoridades. Han sido momentos muy especiales, ya que nos permiten reconocernos en los demás; tomando en cuenta que el contenido social, de ideas y político de toda persona, es, otra persona. En estos términos, caminar, ver y escuchar en las calles a los vecinos y vecinas de nuestra región han marcado nuestros valores, y son nuestra impronta. Es así que, como Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales en Magallanes, soy parte de un gobierno que está en búsqueda participativa de soluciones para el ordenamiento de los territorios. Es el caso de las áreas del conurbano, es decir, sectores con conexión territorial, continuos y no periódicos, a diferencia de lo usualmente llamado periférico. Esta tarea requiere fundamentalmente la innovación, la articulación y el acuerdo de voluntades venidas del mundo público, privado, de la academia, pero principalmente de nuestras vecinas y vecinos, antes de llegar a convertirse en políticas públicas integradas al hacer del Estado. La búsqueda de soluciones a este fenómeno, y sus múltiples efectos, muchas veces con discursos contradictorios, pero a nuestro juicio complementarios, nos permitirá juntos construir una realidad social de bienestar; y creemos que una de las conclusiones la tomaremos del Espíritu del Valle, es decir, desde donde todos los conocimientos, todas las voluntades deben unirse y bajar por ese cauce delineando nuevos caminos y espacios de participación. El Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, nos convoca a gestionar estas soluciones incorporando esa visión multiversa de ciudad, de ordenamiento territorial, de urbanización, de vivienda digna, y de una cartera de inversión plurianual y multisectorial reforzando programas y líneas de asistencia técnica. De esta manera, el mandatario nos pide asegurar una planificación territorial participativa y descentralizada para enfrentar en la ruralidad las desigualdades históricas en el acceso a servicios básicos. Nuestro deseo, como Seremi de Bienes Nacionales, es contribuir a avanzar junto a las comunidades, el Gobierno Regional, el municipio, los diferentes servicios públicos, la Academia, en una adecuada planificación y gestión territorial, tanto en áreas rurales como urbanas, que potencien el desarrollo armónico de los nuevos asentamientos urbanos. Así, esperamos poner juntos los elementos materiales e inmateriales para promocionar la vida unida a sus familias. Punta Arenas, 13 de abril 2023 Crónica Digital
Se ha conocido un documento de la Red de Universidades No Estatales conocida como G9: “Aportes Para el Proceso Constitucional”. Con satisfacción, constatamos que es posible que se construya un consenso muy amplio, en el marco de los contenidos de una futura Nueva Constitución, en torno a planteamientos del texto: que “todas las personas tienen derecho a la educación”; que “la educación tendrá por finalidad el pleno desarrollo de la persona”, en su dimensión individual y social, “respetando la forma de convivencia democrática y los principios, derechos y libertades constitucionales”; y que “el Estado garantizará el acceso igualitario y universal a la educación superior, por cuantos medios sean apropiados”. Por cierto, coincidimos con el documento cuando sostiene que la educación es un “derecho social”, es un “medio indispensable para la realización de otros derechos fundamentales”, que “la actividad universitaria es un “elemento de democratización social y cultural” y que “las universidades incluso pueden operar como vehículos para la transformación social”. Como es público y notorio, todo ello ha formado parte de las proposiciones, demandas y luchas de las comunidades de las Universidades del Estado de Chile. De la misma forma, compartimos que el Estado debe asegurar la autonomía académica, administrativa y económica de las universidades, que la actual Constitución no garantiza, y además que la nueva Carta Fundamental debe reconocer la libertad de enseñanza, la que se inspira en la “pluralidad de una sociedad democrática” e implica, asimismo, reconocer el carácter mixto de la provisión de educación superior, materia que nadie hoy cuestiona. Sin embargo, nos parece que es menester una discusión más amplia y rigurosa en relación a la insistencia del G9 en que la Constitución reconozca como “públicas” a las universidades no estatales, argumentando que cumplen un rol y una función pública, y se someten a un régimen público. La reflexión internacional sobre la materia es clara: la línea divisoria que separa y diferencia lo público de lo privado se define por la relación con el Estado. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) caracteriza como “pública” a “toda casa de estudio controlada y gestionada directamente por una autoridad o agencia estatal, o cuyo órgano superior está conformado en su mayoría por miembros designados por la autoridad o elegidos públicamente”. De hecho, pareciera obvio que una entidad privada no modifica su naturaleza privada por el solo hecho de que cumpla una función de servicio público o se someta a un régimen pública. El comentado documento del G9 asegura que el carácter público que hoy reclaman para sus instituciones “se expresó, clara y explícitamente, con la reforma constitucional de 1971, donde se les reconoce el carácter público”. Sin embargo, cuando se revisa la ley de reforma constitucional Nº 17.398, mediante la cual se introdujeron modificaciones al Artículo 10 Nº 7 de la Constitución de 1925, se constata que ello no es efectivo. En cambio, esta reforma constitucional incorporó principios que sería interesante que se tuvieran a la vista en el actual debate constituyente. Por ejemplo: que “la […]
Por Diputada Mercedes Bulnes En este último mes nos hemos visto enfrentados como sociedad a una escalada de violencia delictual que ha costado la vida a tres carabineros. Este hecho, que todo Chile ha condenado de manera transversal nos obliga a pensar qué está sucediendo y como debemos enfrentar al crimen organizado, estrechamente ligado al narcotráfico. La primera reacción, y tal vez la más emocional y menos efectiva es culpar a una supuesta ausencia de leyes que darían facultades a las policías para combatir el delito. Este es el origen de las leyes que se aprobaron las últimas dos semanas en el Congreso Nacional. La mayoría de estas se fundamentaron en la necesidad de «dar señales», «respaldar a la institución», «ser un acto simbólico». Cuestiones que, lamentablemente, no sirven, porque no atacan ni las raíces ni los efectos del delito. El populismo penal no nos ayudará. En este momento, donde más que soluciones se buscan culpables y señalar con el dedo al Gobierno, es mejor pensar en fortalecer a nuestras policías, Carabineros e Investigaciones. Hacer de ellas instituciones de primer nivel con capacidad de inteligencia y de acción, con capacidad de resguardar el orden público y de proteger las libertades. Esa es la tarea. Equipamiento, herramientas adecuadas. Entrenamiento en uso eficiente de los medios técnicos y de protección personal, de que se dispone. Capacidad técnica para investigar. Apoyo logístico para actuar de manera eficiente. Conciencia ciudadana para denunciar el delito. Nuestra mayor critica durante el estallido social de octubre de 2018, era advertir la rudeza con que actuaba Carabineros para contener las manifestaciones y la protesta social. Cuando los Carabineros acudían, lo hacían blindados hasta la rodilla, incluso sus caras protegidas con un sistema de máscaras antibalas. A las manifestaciones sociales iban vestidos como para la guerra. Sin embargo, contra la delincuencia armada y violenta, hemos visto muchas veces a nuestras policías acudir a los procedimientos sin cascos, sin máscaras, incluso en algunos casos, sin chalecos antibalas. Así murió el sargento Retamal, así fallecieron la suboficial Olivares y el cabo Palma. Valientes y desprotegidos. Sin alcanzar siquiera a usar su arma de servicio. En qué les habría ayudado la ley de legítima defensa privilegiada? ¿Camiones blindados para enfrentar manifestaciones y para un procedimiento contra delincuentes un carabinero en moto? Ni la ciudadanía, ni los propios Carabineros y Carabineras se merecen esto. Nada sacamos con estados de excepción: Las Fuerzas Armadas no tienen ni el entrenamiento ni las herramientas para la lucha contra el crimen. Su vocación y su entrenamiento son distintos. Ni mejores ni peores, simplemente diversos. De nada sirven los soldados en las calles. México, Colombia, Centroamérica, lo demuestran. Exacerbar la violencia no nos llevará a controlar la delincuencia. Debemos tomar en serio la seguridad. Perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, investigar a las bandas criminales, pesquisar la ruta del dinero, otorgar herramientas tecnológicas para investigar, mejores remuneraciones, más personal investigativo y en las calles, vehículos adecuados y operativos, cámaras de seguridad, es lo que requerimos. Un trabajo […]
Desde que se inició la guerra en Ucrania (febrero, 2022), América Latina es una región presionada para definir posiciones alineándose con Occidente, esto es, con Estados Unidos y Europa, aliados en la OTAN. Hemos tenido experiencias similares en otros tiempos. Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda*, colaborador de Prensa Latina No hubo problema en apoyar a los Aliados durante la II Guerra Mundial (1939-1945), pues existió una clara conciencia contra el Eje nazi-fascista, a pesar de iniciales resistencias de grupos en países como Argentina o Brasil, por la existencia de familias provenientes de la migración alemana, que incluso adquirieron influencia social o política. En los países latinoamericanos se elaboraron “listas negras” con la guía de las embajadas norteamericanas, como ocurrió en Ecuador, en las cuales aparecen no solo alemanes, sino también algunos italianos, varios japoneses y además ecuatorianos vinculados con ellos por razones de negocios. Pero el alineamiento forzado por la Guerra Fría desde la década de los 50 y que duró hasta el derrumbe del socialismo en la URSS y los países de Europa del Este, fue una clara imposición. Era obligado unirse al “mundo libre”, en contra del “comunismo totalitario”. La CIA actuó en la década de los 60 para desestabilizar e incluso derrocar gobiernos latinoamericanos que no querían subordinarse (ocurrió en Ecuador, 1963) y los militares, convencidos del anticomunismo por el directo trabajo técnico e ideológico que sobre ellos hicieron los EEUU a partir del TIAR (1947), actuaron como instrumento del americanismo macartista. Por cierto, la Revolución Cubana (1959) y el aparecimiento de guerrillas inspiradas en su proceso en distintos países, sirvieron para justificar el intervencionismo militar. La implantación de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) y de los Estados militares terroristas en el Cono Sur, dejó un historial de crímenes de lesa humanidad, bajo el supuesto de librar una “guerra interna” de “seguridad nacional”. Estos gobiernos estaban convencidos de salvar a la región exterminando seres humanos de izquierda. Una vez recuperadas las instituciones de la democracia representativa, aunque se intentó juzgar a los antiguos represores, no se logró hacerlo en todos los países. Por orden del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, Pinochet fue detenido en Inglaterra (1998-2000) bajo acusación de haber cometido genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Se provocó un terremoto tanto en Inglaterra como en Chile, en el ámbito internacional y hasta en el Vaticano. Su liberación por el Ministro Jack Straw, garantizó su impunidad. Solo en Argentina se logró un proceso exitoso contra los militares y varios fueron condenados, lo cual ha sido muy bien tratado en la película “Argentina 1985”, que ha merecido varios premios internacionales. Cuba, en cambio, sometida a un bloqueo despiadado e injustificado, que incluso se agudizó en plena pandemia de Covid del año 2020 (cualquier empresa sería sancionada por suministrar recursos médicos a la isla), es un país que goza de indudable prestigio internacional por sus lecciones de dignidad y soberanía, mantiene ahora relaciones con varios estados latinoamericanos, ha recibido el […]
Por: Pablo Salvat* Pensar es también pensar los límites. Se trata en este caso, de los límites de nuestras decisiones y accionar, de las figuraciones de nuestros razonamientos, de las políticas que se aprueban y de las que no. El dejar hacer en favor de la “mano invisible” del mercado y del capital tiene consecuencias. Y múltiples. Las más están ya ante nuestros ojos y se resumen en una crisis que muchos investigadores califican de pluridimensional, sistémica y no coyuntural: crisis medioambiental; crisis energética; crisis alimentaria; crisis migratoria; crisis bélica; crisis económica; y claro, crisis de los derechos humanos ¡ Los banqueros y las elites políticas saben ya de las catástrofes sociales, pero, como bien dice F. Hinkelammert, no ven, pese a ello, la más mínima razón para limitar el negocio que se está haciendo con la miseria de las poblaciones y de la naturaleza. De allí entonces las constantes crisis de los derechos humanos y el intento permanente de las elites por darles una lectura distorsionada. Para cualquier vistazo medianamente serio y crítico sobre el estado actual del mundo, sería difícil negar estas realidades. Esta negación cotidiana es la que ejercen los medios de comunicación, hoy casi todos en manos de sociedades de capital. Hemos ido derribando límites, y tenemos hoy que afrontar nuevos que no preveíamos a poco. El humano se percibe e imagina como un ser infinito, pero olvida que existe en medio de un mundo finito, empezando por él mismo, aunque quiera ignorarlo inventando nuevas tecnologías. ( J. Riemann, Carlos Taibo, Miguel Angel Adame, Lester R.Brown , H.Jonas, entre muchos otros). Tenemos tareas entonces, todos y todas. Si no ejercitamos un pensar cuestionador que pueda también hacerse cargo de los limites, es decir, de las consecuencias reales o eventuales que trae ir más allá y sobrepasarlos, estaremos siempre empujando hacia la barbarie. El problema es que la adopción impuesta y a-crítica de la ideología neoliberalista trae consigo el fin del pensamiento. Esto es, el fin del filosofar. Por eso nuestra crisis nacional es, también, una crisis filosófica y ético-política. Y esto lo presenciamos hoy con la “discusión” (que, a decir verdad, es cualquier cosa menos discusión) en torno a leyes que den poderes especiales al accionar policial de Carabineros, y, ahora, de las FFAA; propuestas, esas leyes, como una “solución ” a los problemas de delincuencia y crimen organizado. Pero, como hoy en día la política ha perdido su esencialidad propia, todo se hace vía los medios e imágenes que tienen que ser algo espectacular, con palabras altisonantes y consignistas, con harta farándula y matinales, para impresionar y emocionar al ciudadano y a la en decadencia “opinión pública”. Cuidado ciudadanía, es bueno no olvidar. Es útil ejercer el conocimiento y la memoria histórica. Ya hemos conocido a otros que en el pasado se creyeron líderes y fuhrer, iluminados por mitos y mistificaciones, promoviendo “soluciones finales”. Lo razonable y racional hubiese sido, al mismo tiempo que se ven modos de dotar de mejores medios para combatir […]
Afrontar el desafío de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe pasa por una multiplicidad de soluciones con tiempos diferentes, reflexionó el subdirector general y representante regional de la FAO para el área, Mario Lubetkin. Por Teyuné Díaz Díaz Jefa de la Redacción Económica de Prensa Latina Tras un periplo por Panamá, México y República Dominicana con cierre en Cuba, el directivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, realizó declaraciones sobre la preocupación regional en torno a la seguridad alimentaria. Existe una línea de unidad regional que busca soluciones para este problema, reflexionó en exclusiva con Prensa Latina. Por una parte, continuó, en la recién concluida XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado se rubricó, por primera vez, la resolución la Ruta crítica para alcanzar una seguridad alimentaria Incluyente y Sostenible en Iberoamérica. En marzo, durante la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también se debatió sobre los escenarios de seguridad alimentaria, una muestra de la fuerza extraordinaria del tema al cual los importantes actores económicos buscan cómo y hacia dónde encaminar los esfuerzos. Antes, en enero, en Buenos Aires, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) discutió sobre la necesidad de preparar un nuevo plan de seguridad alimentaria para la región. A ello se suman los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que se plantean reducir al 25 por ciento las importaciones alimenticias que hoy alcanzan el 100 por ciento de las compras en el rubro, enumeró Lubetkin. Con esos elementos todo indica que existe una comprensión regional sobre la severidad del problema, dijo. “El problema de hoy es cómo se sale de la crisis, y no existe una sola posición de cómo enfrentarla, pues cada realidad es específica”, remarcó el experto. En su apreciación, en América Latina y el Caribe se realizan grandes esfuerzos y existe una conciencia sobre la seriedad de una situación “que no tiene colores políticos, no se trata ni de izquierdas, ni de derechas”, subrayó el representante regional de la FAO. INTEGRACIÓN REGIONAL Desde su ángulo, cada país intenta afrontar la seguridad alimentaria pero necesita niveles de cooperación e integración diferentes para generar los tiempos e intentar acercarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030. Lubetkin significó que las soluciones encontradas por el Ministerio cubano de la Agricultura (Minag) son similares a esas carteras en otros países, y resaltó estar convencido de la necesidad de la integración para garantizar el desafío no cumplido de la seguridad alimentaria. Si hay algo cada vez más necesario, es la integración de los países en la seguridad alimentaria. Por ello, resultan de suma importancia las resoluciones de los presidentes de la Celac de actuar en conjunto, reiteró. Entre los aspectos claves que requiere este momento, Lubetkin opinó que falta un diálogo horizontal más intenso con intercambios más profundos entre los países. En parte, profundizó, para economizar dinero y no empezar las acciones desde cero cuando existen […]
Una de las burdas teorías de la conspiración más populares entre los extremistas de derecha es el denominado “globalismo”, la existencia de una “agenda globalista”, por parte de una “dictadura globalista”, una de cuyas expresiones principales sería –dicen– es la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su pérfido propósito sería afectar la soberanía de los Estados Nacionales, imponiendo determinadas definiciones políticas y estratégicas a los países. Para los no iniciados en las elucubraciones de los ultraderechistas y postfascistas, habría que señalar que no se están refiriendo a la globalización que ha sido resultado de la expansión del neoliberalismo, paradigma de la economía y la sociedad con el que se sienten a gusto por completo. También habría que precisar que la noción de que las Naciones Unidas son una expresión de la “dictadura globalista” está asociada con la absurda idea de que la ONU sería una especie de entelequia que existiría por encima de las naciones que la conforman por su propia voluntad. Con todo, existe un caso que demuestra que la “dictadura globalista” de la ONU existe sólo en las delirantes fantasías oníricas de los extremistas de derecha: se trata del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El 3 de noviembre del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó una resolución que requería el fin del bloqueo económico que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962. La resolución fue aprobada por una mayoría abrumadora: 185 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. El máximo órgano de la ONU ha cuestionado el bloqueo como una violación a la Carta de las Naciones Unidas cada año a partir de 1992. Es decir, la resolución de 2022 era nada menos que la trigésima vez en que, en forma inequívoca, la ONU expresaba su posición contra el bloqueo estadounidense y requería que se ponga fin al castigo unilateral. La Resolución A/77/L.5 de 2022 se sumó entonces a las 29 que se han adoptado desde 1992, cuando la Asamblea General empezó a votar anualmente sobre esta materia, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de COVID–19. Los dos votos en contra correspondieron a los propios Estados Unidos e Israel, mientras que las abstenciones fueron de Ucrania y Brasil. En este último caso, era la tercera vez, siempre bajo el imperio de Jair Bolsonaro, en que Brasil fracturaba la posición unánime contra el bloqueo por parte de los países de América Latina y El Caribe: la primera fue cuando votó en contra durante la sesión de 2019 y luego se abstuvo el 2021 junto con Colombia. El texto que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmaba, entre otros principios, “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”, exhortando a la totalidad de los Estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas que los contravengan, e insta a la derogación de […]
