Desde temprano de la jornada del lunes 20 de abril, dirigentes nacionales de la ANEF se reunieron en el sector del Centro Cívico de Santiago para rechazar el denominado “plan retorno”, impuesto por el gobierno para obligar a los funcionarios públicos a volver a sus puestos de trabajo de manera presencial, en plena pandemia por el COVID–19. La Agrupación insistió en lo irresponsable de la medida, no solamente para la salud de los trabajadores del Estado, sino también para la población, debido a que los servicios públicos se pueden convertir con rapidez en focos de expansión del coronavirus. Además, reiteraron que los funcionarios públicos están trabajando, unos de manera remota, otros de forma presencial en sistemas de turnos y turnos éticos, y que los compromisos con las necesidades de la ciudadanía se han cumplido. Con ello, condenaron la campaña de desprestigio que ha sido impulsada por un sector político del país. Al mediodía, dirigentes nacionales de la ANEF desplegaron dos lienzos en el frontis del Palacio de La Moneda. El primero decía: “Piñera, Presidente de los empresarios y el costo lo pagan los trabajadores/as”, y el segundo señalaba: “La crisis sanitaria y social no la pagan los/as trabajadores/as. ¡Sí a la vida!”. La protesta fue pacífica y en defensa de la salud de los trabajadores, y en rechazo a la supuesta normalidad que intenta aplicar el Ejecutivo. A unos minutos de iniciada la manifestación Carabineros detuvo a nueve dirigentes, siendo trasladados a la Primera Comisaría de Santiago. A media tarde, todos fueron liberados y en buenas condiciones. A la salida, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, expresó: “Fuimos detenidos luego de levantar un lienzo importante de visibilizar, en que las y los trabajadores no pueden pagar los costos de la crisis social y menos la sanitaria. Alzamos un lienzo de 24 metros, y éramos 12 dirigentes. Por lo tanto, nos cuidamos y seguimos las recomendaciones sanitarias para el caso. Fue una acción sindical para mostrar lo que estamos haciendo para proteger a los funcionarios y al pueblo, el que hoy día lo está pasando mal”. Santiago, 21 de abril 2020. Crónica Digital.

Hoy, de los 7,7 billones de habitantes del planeta, 569 millones viven en América Latina. Según la Oxfam, la pandemia debe aumentar el número de pobres en nuestro continente, pasando de 162 millones para 216 millones, o sea, otros 54 millones más de personas con una renta diaria inferior a USD 5.5. Actualmente sobreviven en la extrema pobreza 67,5 millones. Un número que podrá llegar a 90,8 millones. Con certeza, la pandemia afectará el comercio internacional, especialmente la navegación mercante. La caída de la producción en China ya afecta directamente Brasil, México, Chile y Perú. ¿Cómo evitar el hacinamiento propio de un navío que pasa días enteros en alta mar? Las infecciones en cruceros marítimos fueron muy comunes. Por lo tanto, es muy probable que el transporte de alimentos de un país a otra sufra una considerable reducción, ya sea porque el exportador deba reservar sus cosechas para la población local, ya sea que el importador vea disminuido el flujo de envío de cargas, y por eso, si consigue comprar, deberá pagar precios exorbitantes. En resumen, esto significa aumento del hambre en el mundo. Según la Oxfam, la pandemia podría arrojar más de 500 millones de personas en la pobreza, si los gobiernos no establecen con urgencia sistemas de renta mínima y de protección social. El número de personas que viven diariamente con menos de USD 5.5 aumentaría de 3,38 billones a 3,9 billones, o sea, 547 millones más. En el 2019, mientras la economía global creció en promedio 2.5%, el PBI de América Latina osciló apenas 0,1%, permaneciendo virtualmente paralizado. La CEPAL prevé una caída de 1,8% para el 2020. Datos del Banco Mundial divulgados en los primeros días de abril, revelan que en Brasil el total de personas en extrema pobreza (que sobreviven con menos de USD 1,90 por día) saltó de 9,250 millones en 2017 a 9,300 millones en 2018. La renta mensual de estas familias no superaba en el 2019 R$ 150 (aproximadamente unos USD 28). El aumento de la miseria en Brasil se debe a la combinación entre baja escolaridad y pocas oportunidades laborales. La tasa de desempleo entre los extremadamente pobres es de 24%. O sea, una de cada cuatro personas de este grupo que buscan trabajo no lo consigue. Hoy, más de 12 millones de brasileros están sin trabajo. Esto aumenta la tasa de desaliento de este grupo. Es lo que demuestra la cola de espera de 1 millón de personas para ingresar en el Programa Bolsa Familia, que ya hoy atiende a 14 millones de familias, cerca de 60 millones de personas. Lo que comprueba el fracaso de las políticas públicas para superar la crisis económica que afecta al Brasil en los últimos años. Entre 2014 y 2018, la población que sobrevivía en condición de miseria en Brasil aumentó un 67%. De los 15 países del continente, solamente hubo empeoramiento en este indicador en Argentina, Ecuador y Honduras, además de Brasil. En cambio, en países como Uruguay, Perú y Colombia, la extrema […]

Uno de los efectos de la crisis sanitaria, social y económica producto de la pandemia COVID–19 ha sido la suspensión de las clases presenciales y su reemplazo por tecnologías digitales de comunicación, por clases a distancia. Frente a ello, la Fundación Progresa, cuyo director ejecutivo es el ex Ministro Víctor Osorio, se encuentra impulsando una campaña para la donación de computadores destinados a aquellos estudiantes que no cuentan con recursos necesarios para poder estudiar de manera remota. Según detalló, la iniciativa responde a que “las clases online, frente a la realidad de los estudiantes de familias precarizadas, son uno de los rostros de la desigualdad que asoman en este período de crisis”. “La interrupción de las clases presenciales es una medida pertinente en términos de la salud y de la vida de las y los estudiantes, pero deja abierto un problema: el desigual acceso a computadores e Internet, que en las condiciones actuales significa que un porcentaje de niños, niñas y adolescentes no podrán continuar con su proceso de enseñanza, porque no tienen acceso a un computador”, agregó Osorio. Y enfatizó que “en ese sentido, contribuir a colocar computadores a disposición de miles de estudiantes que lo necesiten es fundamental para que no se detenga su proceso formativo durante la coyuntura de las medidas de aislamiento social frente a la pandemia. En estas circunstancias, el computador no es sólo una herramienta complementaria de la educación, sino que una condición indispensable para su desarrollo”. “Sin perjuicio de que en esta materia existe una responsabilidad principal del Estado y sobre todo del Ministerio de Educación, la Fundación Progresa piensa que vivimos tiempos en que la solidaridad debe colocarse en el centro de las prioridades, por sobre la indiferencia y el individualismo y, por ello, hemos iniciado una campaña destinada a promover la donación de computadores en desuso, pero en buen estado, para hacerlos llegar a los estudiantes que lo necesiten”, puntualizó el director de la organización. Imagen: Wikipedia. Santiago, 21 de abril 2020 Crónica Digital.

La  misiva, con más de 170 firmas entre Presidentes(as) de Partidos, Parlamentarios(as), Alcaldes y Alcaldesas, economistas, dirigentes gremiales y sociales, economistas, académicos, rostros públicos y otros representantes de la oposición, aborda 5 estándares mínimos que una Renta Básica de Emergencia debe considerar y realiza un llamado a todos los sectores políticos, sociales y gremiales a unirse detrás del objetivo de que con urgencia se implemente en Chile una verdadera Renta Básica de Emergencia, que asegure a los y las trabajadoras, a las familias chilenas, el sustento económico de sus hogares para poder quedarse en casa y protegerse así del COVID-19. CARTA ABIERTA A PIÑERA El día de hoy hemos conocido el anuncio del Gobierno para crear un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que busca recoger la inquietud que desde distintos sectores políticos y sociales hemos venido planteando respecto de la necesidad de garantizar estabilidad y recursos económicos para las familias chilenas a través de una Renta Básica de Emergencia (RBE). Nos preocupa profundamente la propuesta del Gobierno, completamente insuficiente para cumplir con el objetivo de esta medida: que las personas puedan contar con ingresos que les permitan quedarse en sus casas y así evitar el contagio de COVID-19. El Ingreso Familiar de Emergencia propuesto por el gobierno deja a una familia de 4 personas por debajo incluso de la pobreza extrema, siendo aún peor el escenario para una familia que se encuentre entre el 40 y 60% de vulnerabilidad, y dejando fuera además a las familias cuyos ingresos totales antes de la crisis superaban los 200 mil pesos per cápita. Exigimos al Gobierno seguir el camino de los países desarrollados, implementando una verdadera Renta Básica de Emergencia, que no excluya a la Clase Media y que cumpla el objetivo de evitar la propagación de la pandemia. Una verdadera Renta Básica de Emergencia que cumpla con los estándares mínimos necesarios para entregar tranquilidad a la población, debe considerar: 1. ¿Para quienes? Todas los y las trabajadores informales, por cuenta propia y los honorarios que vean mermados en sus ingresos y mujeres que realizan trabajos no remunerados . Debe cubrir también a trabajadoras de casa particular, a quienes no cumplen con los requisitos para hacer uso del Seguro de Cesantía y quienes los están usando pero están recibiendo un monto inferior a la RBE que proponemos. 2. ¿Cuánto? Para garantizar el acceso a todos los bienes de primera necesidad, sin focalización, proponemos un piso mínimo de $300.000 por trabajador, subiendo según el tamaño de la familia, llegando a $500.000 pesos para una familia de 4 personas. 3. ¿Cuándo? Ahora. Es urgente que este mecanismo se implemente desde el mes de abril, con una duración de al menos 3 meses, extensible si la crisis sanitaria se prolonga. Es importante que este ingreso no sea decreciente, menos aún durante los meses de invierno. 4. ¿Cómo? Debe entregarse a través de un depósito directo en la Cuenta RUT de las personas beneficiadas. 5. ¿Financiamiento? El Estado chileno no tienen problemas de financiamiento, ya sea utilizando […]

Los colegios metropolitanos de Matronas y Químicos Farmacéuticos presentaron esta mañana a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una denuncia para que indague en las últimas compras del Estado en elementos de protección personal (EPP), que fueron adquiridos durante la emergencia del Coronavirus. Esta acción busca que el organismo, en uso de sus facultades legales de investigación, reúna antecedentes que permitan determinar la posible existencia de ilícitos que afectan la libre competencia y, por ende, puedan producir un daño en la salud de la población y de los trabajadores y trabajadoras del área. La denuncia se basa en una revisión que hicieron los propios gremios a las órdenes de compra y licitaciones por concepto de EPP, antes y después de la crisis sanitaria. La comparación de ambas adquisiciones reveló que, a partir de marzo de 2020, las empresas proveedoras subieron de forma generalizada los precios de insumos como mascarillas, guantes, lentes protectores, alcohol gel o escudos faciales, que en algunos casos, incrementaron su valor hasta en un 4.000%. Así, una mascarilla desechable que en noviembre de 2019 costó 12 pesos  la unidad, en marzo de 2020, y vía trato directo, tuvo un valor de 500 pesos cada una. Lo que, multiplicado por 2 millones 208 mil unidades, tuvo un costo total de 1.104 millones de pesos. O, por ejemplo, un guante talla L, que a fines del año pasado costaba 13 pesos la unidad, en medio de la mayor pandemia del siglo XXI le está costando al Estado 23 pesos. Junto con esto, se detectó una baja presencia de oferentes post crisis, en contraste con la diversidad de proveedores que postularon a las licitaciones públicas de fines de 2019, por lo que se estima que es posible que las empresas proveedoras hayan celebrado acuerdos colusorios para “repartirse” este mercado. Para sostenerlo, primero se analizaron las características actuales de la oferta y demanda por este tipo de bienes, con foco en las barreras de entrada de nuevos proveedores y la ausencia de bienes de reemplazo o alternativos (dado que éstos deben cumplir cierta certificación y estándar). En el caso de la demanda, esta es 100% inelástica (es decir, insensible al precio), pues el Estado igual debe comprar los bienes sanitarios, generando así un escenario en que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) tiene un poder de negociación cercano a cero. Esta situación, a juicio de las entidades gremiales, podría explicar el alza de precios de los EPP adquiridos por la Cenabast, lo que impacta en la cantidad de unidades disponibles para los diversos servicios de salud y, sobre todo, en la protección de los trabajadores de la salud que día a día ponen en riesgo su integridad física y psicológica para garantizar la atención de los chilenos y chilenas durante esta contingencia. La presidenta del Colegio de Matronas de Santiago, Katiuska Rojas, estima que se podrían estar configurando dos ilícitos anticompetitivos, tipificados en las letras a) y b) del artículo 3 del Decreto Ley Nº211. “En el fondo acá se está negociando […]

El infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, afirmó que en las próximas semanas se espera el peak de contagios de coronavirus. “La apertura de un colegio a estas alturas es un riesgo”, sostuvo. Para el experto en evaluación del aprendizaje y académico Usach, Daniel Ríos, es imposible cubrir la totalidad del currículum escolar de este 2020. “Como el daño ya está hecho, una de las posibilidades es priorizar el currículum”, consideró.  El Presidente Sebastián Piñera anunció que el Plan Gradual de Vuelta a Clases se postergará y en vez de aplicarse el 27 de abril, se hará a partir de mayo. De acuerdo al Ministro de Educación, Raúl Figueroa, la vuelta a clases es “muy necesaria”. Medida apresurada Sin embargo, para el infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, esta es una medida apresurada. “La estabilización de casos no significa que se esté aplanando la curva”, afirmó. El doctor enfatizó que en esta estadística influye, por ejemplo, que el número de exámenes para confirmar los casos positivos de COVID-19 “no han aumentado significativamente en comparación a la última semana”. Además, advirtió que “para las próximas semanas esperamos el peak de contagios”. “Se viene la campaña de invierno, que siempre aprieta al sistema de salud si no mantenemos el distanciamiento social en colegios o jardines”. El especialista explicó que en estos recintos se concentra población de riesgo. “Es difícil que un niño mantenga la mascarilla puesta cuando salga a jugar al patio, no se abrace o no empuje. Existen muchos factores que influyen en que la apertura de un colegio a estas alturas sea un riesgo”, aseguró. Imposible pasar todos los contenidos El académico del Departamento de Educación de la Usach y doctor en ciencias de la educación, Daniel Ríos, consideró que independiente del plazo de reingreso ya no es posible cubrir la totalidad del currículum escolar de este 2020. “Como el daño ya está hecho, una de las posibilidades es priorizar el currículum”, afirmó. “Es decir, que al interior de cada colegio los profesores consensuen con las direcciones académicas, jefes de UTP y directivos, los objetivos esenciales en las distintas disciplinas”, explicó. A juicio del experto en evaluación del aprendizaje, “es una buena oportunidad para consensuar los aprendizajes más esenciales con miras a la prosecución de estudios en 2021, a fin de que el próximo año se haga un programa de nivelación”. No obstante, el especialista reconoció que lo más probable es que en un eventual retorno a clases, “los profesores estén más preocupados de normalizar el curso que pasar el currículum”. “Veo prácticamente imposible hacer trabajo de grupo, donde los estudiantes interactúen”, estimó. Santiago de Chile, 20 de abril 2020 Crónica Digital

A pesar de críticas generalizadas el gobierno de Chile insiste hoy en volver a una ‘nueva normalidad’ con medidas como la apertura de grandes centros comerciales y al retorno de funcionarios públicos a sus labores.   El viernes el presidente Sebastián Piñera ordenó a sus ministros coordinar el retorno de sus empleados al trabajo presencial, lo que se plasmó en una directiva circulada por los ministerios de Hacienda e Interior, que generaron amplias críticas durante todo el fin de semana. Anoche, en inesperada alocución, Piñera volvió a justificar la vuelta a las actividades productivas, alegando que habrá que convivir con la pandemia al menos durante dos años y ‘aprender a vivir en una Nueva Normalidad’ compatibilizando la necesaria protección de la salud con las otras exigencias y necesidades de la vida. También se refirió a la profunda recesión económica que afecta al planeta, que se reflejará en pérdidas de empleos, reducción de ingresos, quiebras de empresas, caídas del producto y otros problemas que afectarán especialmente a la clase media y los sectores más vulnerables de Chile. No obstante los llamados del gobierno la decisión del retorno de los empleados públicos, que debe comenzar este lunes, sigue recibiendo un fuerte rechazo, y desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), su presidente, José Pérez, la calificó de criminal, y llamo a todos sus afiliados a no reintegrarse a las labores. Pérez explicó que no se trata de un capricho sino de responder al autocuidado, ya que el gobierno no lo hace. En declaraciones este lunes a una televisora, informo que la ANEF presentó un recurso de protección en contra de los ministros de Interior y Hacienda, que permita resguardar a las personas que hoy están en sus casas con sus familias, temerosas ante las decisiones que asuman algunas jefaturas. Para Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuando el gobierno insiste en priorizar el retorno de los trabajadores a sus puestos, se está dando también una señal para avalar las decisiones de los empleadores privados, que a toda costa, quieren retomar las funciones y la productividad. También la Contraloría General se desmarcó de la medida gubernamental, y en una declaración señaló que mantiene su modalidad de trabajo remoto, porque por esa vía siguen desarrollando sus servicios y preservando el cuidado de la salud de sus funcionarios. En tanto, el fiscal general Jorge Abott señaló en un correo enviado a todos los funcionarios del Ministerio Público que por ser esta ‘una institución autónoma del Estado, la mencionada instrucción no nos resulta aplicable’. Asimismo, organizaciones sindicales del Ministerio de Cultura también llamaron a sus afiliados a no acatar la medida y les pidió a los trabajadores continuar sus labores desde sus casas y con los turnos éticos. Santiago de Chile, 20 de abril 2020 Crónica Digital/PL

Desplazada a un segundo plano por las preocupaciones que genera la pandemia de Covid-19, la fuerte sequía que afecta a Chile continúa hoy entre los principales problemas que enfrenta este país sudamericano. Un reporte de la Dirección General de Aguas (DGA) indica este lunes que los embalses del país presentan un déficit de 50 por ciento del líquido que acumulan respecto de sus promedios históricos producto de la sequía. Radio Cooperativa indica que el déficit más significativo corresponde a los embalses mixtos (dedicados al consumo humano y agrícola) con un déficit de 63 por le siguen los dedicados al agua potable, con solo 58 por ciento, mientras que el menor déficit corresponde a los embalses dedicados solo a la generación de electricidad con 13 por ciento. La falta de lluvias conlleva que en relación con febrero último, los volúmenes almacenados continúan a la baja, con una reducción del 11 por ciento. Según el informe de la DGA, en comparación con igual fecha del año anterior, el total de agua embalsada en el país es inferior en 21 por ciento. Ese organismo indicó que actualmente el almacenamiento global corresponde al 30 por ciento de la capacidad total de todos los embalses del país. Un reporte del diario El Mercurio advierte que el embalse El Yeso, que abastece de agua a esta capital, bajó en cerca de 43 por ciento su reserva en comparación con el relación al año pasado, y en la Región de Valparaíso los de Peñuelas y Los Aromos solo guardan 800 mil y tres millones de metros cúbicos del líquido, respectivamente. Según las autoridades esta complicada situación se ve agravada por un pronóstico de escasas lluvias para los próximos meses, según indican los reportes de la Dirección Meteorológica. Santiago de Chile, 20 de abril 2020 Crónica Digital/PL

“El Presidente Sebastián Piñera en Chile, en la misma línea de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, anuncia el regreso al trabajo y el regreso a clases, en medio del punto más crítico de la pandemia”, manifestó el senador Alejandro Navarro. El senador por la Región del Biobío ahondó en la cadena nacional emitida por el mandatario durante la noche del domingo: “equivocó el número de muertos por Covid-19 de manera imperdonable, errando en casi un 20% el total de fallecidos en nuestro país”. Para Navarro, “esto demuestra una improvisación más, al igual que todos sus anuncios para el regreso al trabajo y los estudios, que lo tienen al borde de una acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados”. “Aquí la nueva normalidad a la que alude Piñera debe ser aclarada, por cuanto esa normalidad, no puede ser la de antes del 18 de octubre”, recalcó el líder del Foladh. “Pues el Presidente equivoca el camino y sigue una línea internacional que ha reportado miles y miles de muertos, tal como en Estados Unidos, que en pocas semanas pasó al número uno mundial en fallecimientos, y no vamos a permitir que se repita esa historia en Chile. Es una advertencia para Sebastián Piñera: cuando no existe oposición real, la ciudadanía deberá responder organizadamente”, advirtió Navarro. Y agregó: “no hay otra alternativa más que la organización, si el presidente toma esta alternativa, que es una línea de carácter criminal, demencial, y en particular, que no representa la opinión de los científicos en Chile ni del Colegio Médico; pues no ha consultado a nadie de los que nombró para poder orientarse de manera técnica y científica”. “Por lo tanto, su decisión es política, y en la ideología y en la política, Piñera se equivoca repetidamente”, finalizó el senador por la Región del Biobío. Santiago de Chile, 20 de abril 2020 Crónica Digital

El día 17 de abril el gobierno de Sebastián Piñera emitió la circular Nº18 que imparte nuevas instrucciones y medidas sobre el plan de retorno gradual de las funciones en los ministerios y servicios públicos de la administración del estado, producto del brote de COVID19. Es de público conocimiento que esta circular es una decisión unilateral del ejecutivo, que no fue consultada con el Comité de expertos ni con la mesa social COVID19, todos órganos que el propio Gobierno ha generado pero que en la práctica son utilizadas para dar una falsa imagen de unidad de todos los sectores de la sociedad contra la pandemia. Esta forma de tomar medidas nos deja claro que los criterios científicos y sanitarios son secundarios ante los intereses económicos de los grupos de poder. Además de no consultar con los organismos técnicos, tampoco fue consultada con las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores públicos, los cuales ya han manifestado su rechazo a esta medida por considerarla un acto arbitrario e ilegal que amenaza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los funcionarios públicos y a los usuarios/as de la administración centralizada del Estado, todo esto garantizado en el numeral 1 del artículo 19 de la constitución política de la República. Es preciso reafirmar que los funcionarios y funcionarias públicas se han mantenido trabajando de forma remota y también de forma presencial en los sectores críticos con turnos éticos que permitan a la ciudadanía recibir la necesaria atención del Estado. Es por todo esto que respaldamos el llamado de la ANEF a NO volver a las funciones presenciales en la administración del Estado ya que la decisión unilateral y vacía de argumentos científicos y sanitarios del ejecutivo pone en un serio riesgo a las trabajadoras y trabajadores públicos, a los usuarios que deben atender y por consiguiente a toda la población. En esta misma dirección es que esperamos que el recurso de protección realizado por la ANEF y la presentación en Contraloría que realizará la CUT tenga buena acogida y que se detenga esta decisión irracional e irresponsable del ejecutivo. Por nuestra parte, como bancada realizaremos todas las gestiones necesarias desde el parlamento para que el costo de la pandemia no sea cargado sobre las espaldas de las y los más humildes. Entendemos que este es un momento clave en el combate contra el avance del coronavirus en nuestro país y para esto es más necesario que nunca la verdadera unidad de todos los sectores políticos para proteger a todos los habitantes de nuestro país de las irresponsables decisiones de este gobierno. Bancada de Diputados Comunistas de Chile Santiago de Chile, 20 de abril 2020 Crónica Digital

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