La formulación de cuestionamientos críticos a los límites y las restricciones existentes en el proceso constituyente que se desarrolla en Chile, no es contradictoria con la necesidad de promover la victoria de las opciones “apruebo” y “convención constitucional” en abril próximo. Al contrario, el reconocimiento de esas limitaciones es una condición para constatar los obstáculos que será necesario enfrentar en el camino a una Constitución que garantice la democratización y el establecimiento de un Estado de Derechos Sociales. Por cierto, es también expresión del ejercicio de la libertad de opinión y el pluralismo. Es el caso de la crítica a la imposición de un quórum de dos tercios para las resoluciones del futuro órgano constituyente, aspecto clave que provocó que no firmaran el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” las colectividades de Unidad por el Cambio y parte de los partidos del Frente Amplio, las cuales lo consideran un candado instalado por la derecha. Sin embargo, hay quienes tienen un punto de vista diferente. Es el caso de una reciente columna de Alejandro Basulto titulada “Mitos sobre el proceso constituyente”, en la que sostiene que es un “mito” que el 2/3 de quórum pudiera hacer “menos democrática” la Convención Constitucional. Señala que en la experiencia mundial han existido asambleas constituyentes “que exigieron consensos y/o tuvieron quórum” y menciona los casos de Sudáfrica, Islandia y Bolivia, “y no es que sean menos democráticas”, “sino que, de hecho, son producto de un consenso mayor y más inclusivo de los sectores representados por sus respectivos delegados, permitiendo de esa forma que una mayor duración de esa nueva constitución, esté más asegurada. De esta manera, con los ⅔ se puede tener constitución que garantice principios, derechos e instituciones que sean de un mínimo de sentido común para todas y todos”. Nos interesa revisar la experiencia internacional a que se alude, sin perjuicio de que cabe dejar anotada la pregunta: ¿por qué si lo que se pretendía era un “consenso mayor y más inclusivo” no se optó por un quórum de tres quintos, como –por ejemplo– lo indicaba el proyecto constitucional de la Presidenta Michelle Bachelet para el cambio de la Carta Fundamental, fundamentado en la “eliminación de los quórum supra–mayoritarios”? ¿O bien por qué no se consideró la existencia de diferentes tipos de quórum, como incluso lo contemplaba la Constitución de 1980 o, mejor aún, no se contempló la consulta ciudadana como mecanismo dirimente de las diferencias en el órgano constituyente? EL CASO DE SUDAFRICA Como se sabe, el proceso constituyente en Sudáfrica se desarrolló entre 1994 y 1996, y fue el resultado de la necesidad de la necesidad de superación del régimen del Apartheid, que consagraba el dominio de la población blanca, luego de un proceso de huelga general y creciente movilización social conducido por el Congreso Nacional Africano encabezado por Nelson Mandela, prisionero político hasta 1990. Es cierto que el proceso constituyente en Sudáfrica considero la existencia de un quórum de dos tercios, pero en las materias que no existía […]
Nacional
“La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la reunión del Foro Económico Mundial 2020 en Davos, Suiza. La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en diversas sesiones del Foro global, en las que abordó el origen y la persistencia de la desigualdad en los países de la región, así como el impacto que, asociada al bajo crecimiento, esta tiene en el desarrollo, la innovación, la inclusión y la productividad. También subrayó la importancia de la inversión pública y privada para potenciar la diversificación productiva, la infraestructura y la integración regional. “Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social. A partir de las movilizaciones hemos visto cómo algunos gobiernos han accedido a avanzar en mejoras estructurales a bienes públicos esenciales, como salud, educación, pensiones y transporte”, afirmó Alicia Bárcena durante una intervención en la sesión sobre “Cómo convertir la protesta en progreso” (How to Turn Protest into Progress). Junto a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participaron en el panel Craig Francourt, de Global Shaper, Victoria Hub; Micah White, activista y co–creador de Occupy Wall Street, y William F. Browder, Director General de Hermitage Capital Management. La sesión fue moderada por James Harding, co–fundador y editor de Tortoise Media. Durante su intervención, Bárcena subrayó que existe un desencanto social que se manifiesta principalmente en los más jóvenes de la región, debido a que se generaron expectativas que no han sido cumplidas. Asimismo, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos y el derecho a la protesta, y llamó a construir nuevos pactos sociales con miras a garantizar el bien público. “Muchos países no contemplan el derecho a la protesta. En las Naciones Unidas defendemos los derechos humanos, la igualdad, la justicia y las voces de los que no tienen voz”, señaló. La máxima representante de la CEPAL participó también en una sesión titulada “América Latina: Respondiendo a las nuevas expectativas” (Latin America: Responding to New Expectations) donde enfatizó que la gran fábrica de la desigualdad en la región es la enorme heterogeneidad estructural. Por ello, aseveró, es urgente avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen acceso a protección social y a bienes públicos de calidad, como salud y educación, vivienda y transporte. Alicia Bárcena advirtió sobre el crecimiento de los estratos de ingresos medios en la región, que continúan experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos. “El 76,8% de la población de la región pertenece a los estratos de ingresos bajo y medio–bajo, que vive con un ingreso inferior a tres líneas de […]
Por su interés, Crónica Digital reproduce en forma íntegra el Informe de la Misión Canadiense sobre violaciones a los derechos humanos en Chile: Resultados preliminares de la misión canadiense de observación sobre violaciones a derechos humanos en chile El objetivo principal de esta Misión es documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos tres meses en Chile para actualizar y complementar los datos de las misiones anteriores. La misión está conformada por delegados de diversas especializaciones y campos de intervención: diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores: –Sol Zanetti, diputado del Partido Quebec Solidario en la Asamblea Nacional de Quebec –Simon–Pierre Savard–Tremblay, diputado del Partido Bloc Quebequense en el Parlamento de Canadá –Denise Gagnon, representante sindical de la Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec – FTQ y presidente de la Fundación Salvador Allende de Quebec –Luc Allaire, responsable de relaciones internacionales de la Central de sindicatos de Quebec – CSQ –Ricardo Peñafiel, representante sindical del Consejo Central de Montreal Metropolitano de la Central Sindical Nacional y de la Federación Nacional de Docentes de Quebec –Marie–Christine Doran, investigadora de la Escuela de Estudios Políticos, directora del Centro de Investigación en Criminalización de la Protesta Social de la Université d’Ottawa –Isabel Orellana, miembro del directorio del Centro de Investigación en Educación y Formación en Medio Ambiente y Ecociudadanía, especializada en conflictos socioecológicos, de la Université du Québec à Montréal –Marcos Ancelovici, investigador del departamento de ciencia politica, director de la Cátedra de Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, de la Université du Québec à Montréal –Pierre Mouterde, ensayista y filósofo del Colegio preuniversitario Limoilou. Esta Misión realizó 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, entre el 18 y el 26 de enero del presente, con 99 personas de 51 organizaciones entre las que se cuentan: –Organizaciones de la sociedad civil: de apoyo jurídico, de salud y seguimiento psicológico a víctimas y familiares, organismos de derechos humanos, de comunicación social y difusión, de mujeres, organizaciones ambientales y territoriales, indígenas y populares barriales –Centrales sindicales: sectoriales y nacionales, –Federaciones estudiantiles: secundarias y universitarias –Centros universitarios de investigación y defensoría jurídica, de comunicación y periodismo –Colegios profesionales: periodistas y médicos –Parlamentarios y personeros de gobierno –Instituciones estatales especializadas en DDHH: INDH, Alto comisionado ONU en DDHH –Víctimas. De este proceso destacamos los resultados preliminares siguientes que nos parecen particularmente importantes y preocupantes. En primer lugar, señalamos que después de 3 meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social. A pesar de que las cifras del último informe del INDH revelan que las violaciones a los derechos humanos, observadas por este organismo, han bajado comparativamente a las que se produjeron durante el estado de emergencia, se […]
Pasamos por la Plaza de la Dignidad a eso de las tres de la mañana. En penumbras, con el olor irritante de los gases lacrimógenos aún flotando en el ambiente, la imagen parecía la de una ciudad devastada y en ruinas, una que ya lleva tres meses soportando estoica los disparos y las cargas de una fuerza policial que actúa como un cobarde ejército de ocupación. A esas alturas, habíamos tomado ya conocimiento de la dura reacción de la derecha por la presencia de un grupo de jóvenes de la “Primera Línea” en el Foro Internacional de Derechos Humanos. En el silencio sepulcral de la madrugada, apenas roto por un grito o un bocinazo a lo lejos, la escena era como la de un planeta abandonado, uno al que ningún refugio anti–aéreo o anti–nuclear fue capaz de defender. Desde Pío Nono, con sus siluetas apenas distinguibles por la oscuridad, retornaban algunos escasos enfiestados, presurosos por abordar el último bus para el regreso a sus hogares. Eran afortunados, porque en cambio, desperdigados por diversos puntos de la llamada “zona cero”, agotados, hambrientos y sudorosos, estaban los que nada tienen, nada, ni siquiera un lugar al que volver. Eran los cabros de la Primera Línea, no los que estudian Sociología o Derecho en alguna buena universidad ni los que tienen papás con redes apropiadas a las que recurrir “en caso de”. A los cabros de esa noche no los esperaría (ni ayer ni hoy ni nunca, quizás) ninguna cama con sábanas limpias ni ningún plato de comida caliente. Algunos de ellos seguían con la capucha puesta; otros, ya liberados de esa mínima protección, conversaban, fraternos, apurando un pan con algo (o quizás con nada), compartiendo una lata de cerveza que pasaba de mano en mano sin prisas ni cálculos mezquinos. Allí estaban, acompañándose mutuamente, porque muchos sólo se tienen a ellos mismos, a ellos y al compañero de ruta y de afanes que prepara el pan con mortadela y que comparte la noche y sus peligros, en una ciudad hostil llena de pacos, de sapos y de gente “bien” que los desprecia y preferiría no verlos, acechándole las espaldas para restaurar su “normalidad”. Mientras hablábamos (porque era evidente que necesitaban hablar y aún más ser escuchados) algunos se quitaron las capuchas, y al ver sus ojos (cansados, puros, transparentes, todo eso al mismo tiempo), se nos hizo evidente que la pelea que están dando es su épica, su visibiidad, su lugar en el mundo. Un lugar en el mundo que nadie les podrá arrebatar, porque estos cabros, que nada tienen (y que por lo mismo lo entregan todo) algún día serán leyenda, y porque más temprano que tarde (si es de verdad aquello de que Chile cambió), su gesta, que nació de sus propios corazones, desde abajo y sin permiso, protagonizará las páginas de los nuevos textos de historia. Por Juan Azócar Valdés. Periodista, autor de la historia del movimiento estudiantil secundario de los años 80 y otros trabajos de investigación. Santiago, […]
Por su interés, Crónica Digital reproduce la declaración del Colegio de Periodistas de Chile, luego de concluido en la ciudad de Antofagasta su XVII Congreso Nacional: “Por el Derecho a la Comunicación, más medios más democracia”: 1. Condenamos las sistemáticas violaciones de los derechos humanos perpetradas en los últimos meses por Carabineros y agentes del Estado, que han afectado brutalmente a miles de personas, especialmente a comunicadores y periodistas, lesionando el derecho a la información de la ciudadanía. 2. Ante estas graves agresiones a la prensa, las que hemos denunciado a nivel nacional e internacional, ratificamos nuestro compromiso en profundizar la democracia y destrabar los enclaves autoritarios heredados de la dictadura. 3. A través de un voto unánime de este Congreso, ratificamos la necesaria consagración de una Nueva Constitución para Chile, la que debe ser debatida por el soberano en una Asamblea Constituyente, sin imposiciones de quórum y que recoja las miradas y voces de la sociedad chilena, reconociendo su heterogeneidad. 4. La nueva Carta Magna deberá ilustrar una perspectiva garantista que resguarde los derechos humanos y conceptualice el Derecho a la Comunicación como un imperativo ético de toda democracia. 5. El rol que nos impone este proceso constituyente, decisivo para el futuro del país, es fundamental. Por lo mismo, señalamos que el desarrollo de debate solamente será legítimo si incorpora aspectos que ha exigido la sociedad movilizada: paridad de género, incorporación de pueblos originarios y participación plena de ciudadanos y ciudadanas del movimiento social, del que hemos sido parte activa. 6. En el marco de uno de los períodos más trascendentes y reveladores de nuestra historia, hemos decidido como organización, no sólo ser testigos sino verdaderos/as protagonistas de las movilizaciones sociales que esperan cambiar los destinos del país y garantizarle al país un nuevo sistema medial. 7. Por lo mismo y dada la importancia de este proceso en el país, interpelamos a los medios de comunicación a proveer a la sociedad chilena de los espacios necesarios para el debate de este nuevo proceso constituyente en el que todos los sectores sociales deben estar presentes. Los medios de comunicación deben generar información plural, veraz y oportuna, sin criminalizar el movimiento social, para garantizar a la ciudadanía el acceso a información relevante. 8. Hacemos un llamado particular a la responsabilidad que recae sobre el único medio de comunicación de carácter público del país, Televisión Nacional de Chile, cuya misión central es alojar la diversidad de perspectivas y voces de nuestra sociedad. 9. A la vez, corresponde al Consejo Nacional de Televisión garantizar el pluralismo informativo, con la presencia de la ciudadanía en este debate. Además, instamos a las audiencias a tener un rol activo y fiscalizador de la información que entregan los medios. 10. A raíz de las graves violaciones a los derechos humanos y a la disconformidad que tenemos como Colegio de Periodista respecto de los Fondos de Medios, hemos tomado la decisión de suspender nuestra participación en la convocatoria 2020, en tanto miembros de ese Fondo, según lo estipula […]
Estela de Carlotto, cuya hija Laura la dictadura argentina hizo desaparecer, parecía encontrar algo ese sábado de enero en Santiago de Chile. Le acomodaron una silla frente a mí y, cuando me miró, una sonrisa se nos dibujó al unísono. A su lado, Buscarita Roa, la única abuela que es parte de las Abuelas de Plaza de Mayo, la entidad que encabeza Estela. Era cerca del mediodía y se desarrollaba una de las comisiones del Foro Internacional de Derechos Humanos, la que se refería a los “Desafíos actuales para la plena vigencia de los derechos humanos a 70 años de la Declaración Universal”. Estaban familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado, tales como Ernesto Lejderman de Argentina, cuyos padres desaparecieron en Chile en 1973, y Manuel Guerrero, hijo del profesor de igual nombre degollado en 1985 en Santiago. Los acompañaban Víctor Osorio, director ejecutivo de la Fundación Progresa; Doris Solís Carrión, congresista de la Asamblea Nacional del Ecuador y coordinadora del Grupo Parlamentario de Promoción de los Derechos Humanos; la reconocida dirigenta de Pudahuel Mónica Sánchez, presidenta de la Corporación Participación y Solidaridad; y el abogado y académico Claudio Nash. Este continente latinoamericano está ubicado en la esquina sur del mundo que acostumbraba ser pacífica hasta que el terror terminó con los sueños de más justicia de los pueblos. Luego se gritó que “nunca más”, pero pareciera que fue una ilusión. Así se conversaba en la comisión y en los pasillos del ex Congreso Nacional donde se realizó el Foro. Hoy nos quieren quitar la paz otra vez, y la paz nace de la justicia social como expresión democrática. Este Foro propuso repensar los derechos humanos en el momento constituyente que en Chile vive la ciudadanía. Se miró al pasado y también al futuro, como expresó Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos en España, en circunstancias que el fascismo no tiene más que el hoy. Se puso en práctica la resiliencia para no solo dejar testimonio de lo desastroso que ha sido la administración del Estado en Chile sino que contextualizar los derechos humanos a partir de la brutal experiencia de las víctimas, y a partir de la consideración de que ellos son integrales e interdependientes. Padres acompañando a sus hijos de ojos arrebatados llegaban al salón del ex Congreso para gritarle al mundo la intensidad con que reprimieron en Chile. Un padre y un abuelo de apellido Catrillanca nos acompañaron para dejar testimonio de que la causa del pueblo mapuche no la detuvo el colonialismo y no la detendrá el fuego de los cañones del capital. Fue la expresión de un pueblo que no tolerará más impunidad y que recibió con emoción y orgullo a Baltasar Garzón. La “primera línea” también hizo que su voz retumbara en el Salón de Honor del ex Congreso, en un momento épico: la idea que ha pretendido instalar el Gobierno de que son unos violentistas quedó en entredicho en su declamación en que gritaron que su lucha es por la paz. Esa […]
El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, confirmó que la coordinación entre los partidos opositores que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, para una Nueva Constitución y Convención Constitucional, se mantendrá y fortalecerá, con acciones comunes y manteniendo la existencia de comandos unitarios que reflejen la diversidad política de quienes la integran. Lo anterior, tras reunirse con presidentes, dirigentes y representantes de la DC, partidos del FA y la Convergencia Progresista, que integran el PPD, el PS y el PR, oportunidad en que el ex canciller recalcó que entre los temas abordados también se consideró cómo aunar con alguna imagen gráfica la campaña televisiva para el proceso constituyente. “Hemos acordado seguir adelante con distintas actividades, no solo llamar por el Apruebo una Nueva Constitución y la Convención Constitucional, sino que crear una red de apoderados el día del plebiscito del 26 de abril. Igualmente hemos decidido realizar actividades como un volanteo nacional y un puerta a puerta en dos días, donde pretendemos llegar a un millón de casas en cada jornada”, dijo Muñoz. Asimismo, el presidente del PPD dijo que se está evaluando realizar un acto cultural conjunto y preparar monitores que hagan el trabajo pedagógico que le explique a la ciudadanía el porqué es necesaria una Nueva Constitución y que ésta sea redactada por una Convención Constitucional 100% elegida. “Hemos conversado también sobre la franja electoral de TV. Si bien es cierto cada uno de los comandos desarrollará su franja, queremos tener algunos elementos comunes, como una cortina común de todas las franjas del Apruebo. Eso lo veremos en particular, pero queremos tener algunos elementos únicos”, agregó Heraldo Muñoz, sosteniendo que “hemos logrado avanzar y un grupo operativo seguirá trabajando en coordinación con los presidentes”. Por último, el timonel PPD sostuvo que “tenemos que atender a la diversidad de lo que somos. Distintos comandos le hablan también una parte del electorado, así que hay balancear las dos cosas: la diversidad y la unidad, y creo que vamos por buen camino”, añadiendo que también se incorporarán al trabajo en terreno y de TV a los independientes. Santiago de Chile, 28 de enero 2020 Crónica Digital
El presidente del Partido Comunista de Chile (PC), Guillermo Teillier, propuso alcanzar un acuerdo democrático para convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas, como parte de la solución a la crisis del país. El también diputado explicó que si todas las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición llegan a un consenso en este tema, será posible adelantar las elecciones, lo cual mejoraría la situación en el país. Guillier recordó que actualmente tanto el presidente Sebastián Piñera, como el parlamento en su conjunto presentan bajísimos niveles de aprobación popular, que no sobrepasan el cinco por ciento, lo cual amerita una decisión de esa índole. En declaraciones a Radio Nuevo Mundo, el dirigente comunista consideró que ‘en vez de agudizar la situación del país, es preferible llegar a un acuerdo democrático y adelantar las elecciones’ y opinó que ello ayudaría al proceso constituyente en curso. En referencia a la crisis que enfrenta Chile, Guillier señaló que uno de los problemas más graves es que se mantienen las violaciones a los derechos humanos y la población quiere que terminen la represión indiscriminada y la impunidad, aunque el gobierno plantea que lo más importante es la violencia, lo cual aumenta el malestar popular. Explicó que con ese enfoque el gobierno está apostando a decir que el movimiento social y la oposición promueven la violencia, y continúa impulsando proyectos autoritarios, que criminalizan la movilización social y permiten la represión. Advirtió al respecto que con la medida de desplegar a las fuerzas armadas para supuestamente salvaguardar áreas estratégicas según la apreciación del mandatario, se puede llegar a que haya personas que pierdan la vida en determinadas situaciones. Teillier insistió en que lo que mantiene a la baja a Piñera y al gobierno es el incumplimiento de las promesas en varios ámbitos, como el social y laboral, pues el pueblo exige reformas profundas y La Moneda no las va a hacer. Señaló además que el Parlamento tampoco está tomando medidas de fondo, debido a la oposición de la derecha con el apoyo de algunos legisladores de la oposición, pero sobre todo porque el Ejecutivo no presenta iniciativas que verdaderamente se encaminen a realizar transformaciones profundas del modelo. Santiago de Chile, 28 de enero 2020 Crónica Digital/PL
Con un llamado a declarar a una veintena de autoridades, avanzan las investigaciones relacionadas con una nueva acusación contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad. La querella fue presentada el 16 de diciembre último en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el senador Alejandro Navarro, del Partido Progresista (PRO), e involucra también al ex ministro del Interior Andrés Chadwick, el actual titular de esa cartera, Gonzalo Blumel y al jefe de Carabineros, general Mario Rozas. En el paso más reciente del proceso, el jurista Mario Daza, quien lleva la causa, solicitó que declaren 20 autoridades, así como información a varias instituciones. Un reportaje de Radio Bío Bío señala que el objetivo sería recabar información de en qué medida las decisiones políticas adoptadas por el mandatario derivaron en violaciones de Derechos Humanos, durante las protestas que ya llevan más de cien días. Entre los llamados a declarar figuran el contralor general Jorge Bermúdez, la expresidenta Michelle Bachelet; Karina Sosa, jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros; Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y Paulo Abrao, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el texto de la petición las diligencias tienen por finalidad verificar o descartar el conocimiento de los miembros de la autoridad civil, en especial del presidente y los otros altos funcionarios sobre ataques de agentes del Estado a la población civil. También se solicitó información a los centros médicas donde fueron atendidos manifestantes que presentaron lesiones oculares por el uso de balines. Daza pidió igualmente remitir a la Fiscalía un estudio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en el cual se acreditó que los perdigones usados por la policía contenían solo 20 por ciento de goma, mientras el resto se componía de plomo, bario y silicio. El magistrado explicó que el sentido y alcance de la presentación es que el Ministerio Público realice una investigación penal efectiva, aspecto muy importante, porque Chile es firmante del Estatuto de Roma. Con ello se reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de crímenes de lesa humanidad, con lo cual, si la justicia chilena no actúa en caso de demostrarse la responsabilidad de los imputados, el ente internacional podría operar en el caso chileno. Daza señaló que existen indicios inequívocos para sostener que hay un ataque sistematizado de carácter grave cometidos por agentes del Estado. Añadió que existe un patrón de conducta de la policía hacia los manifestantes que se ha concretado desde que se inició el estallido social, a todo lo largo del país. Santiago de chile, 28 de enero 2020 Crónica Digital/PL
Incidentes en varios centros educacionales y desorganización y retrasos marcaron el inicio de una convocatoria extraordinaria a las pruebas de selección universitaria (PSU) en Chile. Tal como se anunciaba y a pesar de la amplia custodia policial, en varios centros de esta capital y otras ciudades se reportaron en la víspera, manifestaciones en los alrededores de las instalaciones, en las cuales se realizaría la evaluación, como ocurrió en la Universidad San Sebastián, donde por ese motivo se atrasó el inicio de la prueba. Asimismo en algunas estaciones del metro capitalino fue interrumpido el servicio de trenes tras registrarse protestas contra la PSU al interior de esos locales. En la aristocrática comuna de Las Condes hubo también problemas en el colegio Leonardo Da Vinci, en el que decenas de alumnos realizaron una protesta y fueron detenidas ocho personas, según informó el cuerpo de Carabineros. En otras zonas del país también ocurrieron disturbios y en la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, fueron arrojados facsímiles de la prueba por las ventanas y quemados exámenes, por lo que fue suspendida la de Matemáticas Además de las acciones de protesta, se reportaron problemas organizativos, con muchos reclamos de alumnos que no encontraron las sedes que les correspondían para realizar las pruebas, así como retrasos en la hora del comienzo de la evaluación. Más de 111 mil alumnos estaban convocados en esta jornada a las pruebas luego que no pudieran participar en la convocatoria del 7 y 8 de enero por el boicot realizado por gran parte del estudiantado a estas evaluaciones, que abren el camino hacia la enseñanza universitaria. Por su parte, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) admitió que se filtró parte del contenido de la Prueba de Selección Universitaria de Matemáticas, tal como ocurrió el pasado 7 de enero con la de Historia, que fue finalmente suspendida a nivel nacional. El Demre señaló que el material fue sustraído por estudiantes, pero descartó que este hecho afectara el proceso puesto que el contenido se hizo público en las redes sociales después del inicio de la prueba. En tanto, la vocera de La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Ayelén Salgado, señaló que el Gobierno se ha negado a dialogar con el movimiento estudiantil y, por eso, hoy se dan estas movilizaciones. Explicó que los alumnos de la enseñanza media se movilizan desde hace más de 14 años reclamando el fin de esta prueba y el Gobierno lo único que ha hecho es aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Las organizaciones estudiantiles rechazan las PSU porque, a su juicio, las desigualdades existentes entre la deficiente educación pública y la enseñanza privada no benefician, sino que perjudican a los jóvenes de menos recursos.
