Por Martha Andrés Román El Registro Federal de Estados Unidos publicará hoy oficialmente una nueva regla del Gobierno de Donald Trump contra Cuba, relacionada con la limitación del envío de remesas y la prohibición de las transacciones ‘U-turn’. Eso significa que dentro de un mes entrarán en vigor las restricciones, como parte del ya prolongado guion del ejecutivo norteamericano contra la isla, el cual ha sido denunciado como cruel y fallido dentro y fuera de Estados Unidos. Durante un discurso pronunciado en Florida, el asesor de seguridad nacional, John Bolton, anunció el 17 de abril que se adoptarían esas y otras medidas, como la imposición de limitaciones adicionales a los viajes de los estadounidenses y la ampliación de la lista de entidades cubanas restringidas para los norteamericanos. A partir de lo adelantado por Bolton, el pasado viernes el Departamento del Tesoro dio a conocer que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) enmendó el Reglamentos de Control de Activos Cubanos con el fin de modificar la política de remesas y eliminar la autorización para las U-turn. De ese modo, la OFAC estableció que una persona radicada en Estados Unidos solo podrá enviar un máximo de mil dólares cada tres meses por concepto de remesas familiares a un nacional cubano. Los destinatarios de tales envíos no pueden ser ‘funcionarios prohibidos del Gobierno’, o ‘miembros prohibidos del Partido Comunista de Cuba’, así como tampoco familiares cercanos de esas personas. Asimismo, la OFAC eliminó una autorización que permitía las remesas en forma de donaciones, pero mantuvo la posibilidad de ‘remesas ilimitadas a ciertas personas y organizaciones no gubernamentales’, las cuales se ampliarán, de acuerdo con la nueva regla, a trabajadores del sector privado. De acuerdo con lo publicado en el Registro Federal, también se puso fin para Cuba a un permiso previo que permitía las transacciones U-turn, transferencias de fondos que pasan a través de bancos estadounidenses, pero que no empiezan ni terminan en este país, y en las que ni el emisor ni el receptor están sujetos a la jurisdicción norteamericana. Con la nueva medida, las instituciones bancarias sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos tendrán autorización solo para rechazar dichas transacciones y no podrán procesarlas. Para justificar la adopción de estas restricciones, el ejecutivo de Trump volvió a apelar al que ha sido su argumento más empleado en los últimos meses a la hora de dar pasos contra Cuba: la solidaridad del país caribeño con Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro. Además, mencionó una vez más que las medidas buscan brindar un supuesto apoyo al pueblo cubano, a pesar de las continuas denuncias de que la postura de la administración norteamericana en realidad daña a los habitantes de la isla, además de a los cubanoamericanos y a los estadounidenses. ‘Con estas enmiendas al reglamento, el Departamento del Tesoro niega el acceso de Cuba a divisas extranjeras y estamos frenando el mal comportamiento del gobierno cubano como parte de nuestro apoyo al pueblo cubano’, expresó en un comunicado el […]
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Decenas de miles de chilenas y chilenos marcharon para reclamar verdad y justicia, al conmemorarse el próximo 11 de septiembre el 46 aniversario del golpe de Estado contra el Gobierno Popular encabezado por Salvador Allende. La manifestación, encabezada por una gran pancarta con el lema “La impunidad de ayer es la causa de las injusticias de hoy” fue convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos como parte de las acciones para recordar a las víctimas de la dictadura. En declaraciones a la Agencia Prensa Latina, Juan Andrés Lagos, miembro de la directiva del Partido Comunista de Chile, aseguró que en el país se desarrolla una gran ofensiva para que se haga justicia, porque a 46 años del golpe todavía hay más de mil detenidos desaparecidos de los cuales se desconoce qué suerte corrieron. Añadió que desde las fuerzas de derecha se pretende imponer el olvido en la sociedad chilena, porque sienten el peso de la historia cuando se recuerda que ese golpe derribó un gobierno constitucional y democrático en una acción que contó con el apoyo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, “en homenajes como este se busca poner en el centro la necesidad de la construcción de una alternativa democrática y popular para superar el neoliberalismo y avanzar como lo están haciendo aun en medio de muchas dificultades otros pueblos y naciones de nuestro continente”, puntualizó. Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), expresó que “estamos en la calle nuevamente conmemorando y homenajeando al presidente Salvador Allende y al Gobierno de la Unidad Popular, pero también luchando por las demandas del presente”. “Queremos la verdad y la justicia sobre los crímenes de la dictadura y los que se han cometido en democracia. Esta marcha es conmemorativa y festiva, porque nos llena de orgullo lo que fue la Unidad Popular, pero también es combativa contra el fascismo y el negacionismo en este país, que no permitiremos que avance”, aseguró. La concurrida manifestación, que partió desde la céntrica Plaza de los Héroes, por las Alamedas en dirección al Cementerio General, transcurrió de forma pacífica en medio de un muy fuerte despliegue policial. En las cercanías del Cementerio General grupos de encapuchados se enfrentaron a Fuerzas Especiales de Carabineros, que los dispersaron con abundantes gases lacrimógenos y chorros de agua. Fotografía: Braulio Meza. Santiago, 8 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
La Contraloría General de la República aprobó una controvertida propuesta del Ministerio de Educación para sacar del currículo obligatorio de la enseñanza media las asignaturas de Historia y Educación Física. El ente fiscalizador señaló en una resolución que la propuesta de las autoridades educacionales se ajusta a la legalidad por lo que puede ser aplicada a partir del próximo curso en 2020. No obstante, al parecer la Contraloría intentó salvar su responsabilidad en muy debatido tema, al advertir que su tarea es analizar la legalidad de la propuesta, y no evaluar los “aspectos de mérito o conveniencia de la decisión adoptada”. Desde que fue anunciada hace meses, la medida ha sido rechazada por amplios sectores, incluidos maestros, padres, alumnos, pedagogos, deportistas y políticos, que consideran la eliminación de esas materias del currículo obligatorio de la enseñanza media como una aberración. Al punto que el rechazo a esa medida fue uno de los estandartes enarbolados por el Colegio de Profesores, que paralizó gran parte de la educación pública con una huelga de miles de maestros durante seis semanas hace dos meses atrás. Se cuestiona que considerar la asignatura de Historia como “optativa” es contribuir a borrar la memoria de los chilenos y adjudican a esa decisión un claro sentido político del Gobierno de la derecha. En cuanto a la eliminación de la Educación Física hasta los profesionales de la salud la han criticado por considerarlo contrasentido en un país donde los índices de obesidad y sedentarismo figuran entre los más altos de América. Asimismo, los gremios de maestros señalan que ello contribuirá a precarizar aún más los empleos en el sector, pues muchos docentes de esas materias pudieran incluso perder sus trabajos. El argumento del Ministerio de Educación es que solamente persigue ofrecer una oferta más atractiva a los alumnos al permitirle la opción de elegir una serie de asignaturas de acuerdo con sus gustos e intereses personales. Santiago, 8 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Rodeada de multitudes, la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández ha apuntado que la principal tarea de un gobernante es impedir que la gente sufra y señaló que hay que volver a ordenar todo en Argentina, pero mejor. En otra multitudinaria presentación de su libro “Sinceramente” y coincidiendo con el inicio de la campaña electoral rumbo a las generales del 27 de octubre, la exmandataria y compañera de fórmula del candidato presidencial Alberto Fernández hizo una reflexión de lo que sucede en la nación y señaló que para darle vuelta va a “requerir un nuevo orden y un nuevo contrato social”. Entre aplausos y vítores en Posadas, provincia de Misiones, la exgobernante dejó varios mensajes clave para los días por venir e insistió en la necesidad de hacer un gran esfuerzo entre todo para ordenar el país, no en el viejo orden, dijo, sino en “algo nuevo, distinto y mejor que lo que tuvimos”. Para ello insistió en el papel de todos los ciudadanos y ciudadanas, de los sectores económicos y sociales. “Porque, como dice Alberto (Fernández), por supuesto que vamos a cumplir con nuestras deudas, pero no esperen que lo hagamos haciendo sufrir al pueblo argentino. Que nadie espere que lo hagamos a costa del pueblo argentino”, remarcó. Con pasos firmes rumbo a los comicios tras ganar junto a Fernández más del 47 por ciento de los votos en las primarias, la aspirante a vicepresidenta por el Frente de Todos subrayó que, al igual que los políticos, los actores económicos juegan un papel fundamental y cuanto más favorecidos y más dinero tienen, más responsables deben ser para ayudar a que Argentina salga adelante. Esta, consideró, es la clave de los tiempos que vienen y a la que todos seguramente con inteligencia, con capacidad y con solidaridad vamos a poder construir. “Un nuevo orden, de eso se trata lo que queremos hacer, con todos y todas”, dijo. Sobre la compleja situación económica que atraviesa el país, con una volatilidad cambiaria que mantiene a los mercados inquietos, obligando al Ejecutivo actual a tomar medidas urgentes, Cristina dijo sin mordazas, como lo refleja en su libro, que si tuviera que definir al Gobierno de Mauricio Macri sería como un “caos”. “Se han perdido cosas que yo creía que no íbamos a volver a vivir”, añadió la exmandataria y remarcó que hoy, “más que reconstruir la actividad económica, tenemos que reconstruir también muchas cosas que nos han metido en la cabeza y que nos hacen tomar decisiones equivocadas”. Recordó que “en 2005 debíamos al Fondo Monetario Internacional 10 mil millones. Y ahora, en tres años y medio, nos endeudó con 57 mil millones”. Asimismo, consideró que “cada vez que se aplican políticas neoliberales, el país termina en crisis. Nuestra gestión prueba que puede haber un país diferente”. Campaña electoral rumbo a presidenciales La campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 27 de octubre echó a andar el fin de semana de manera oficial, cuando resta un mes crucial en el que los argentinos […]
La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denunció que las nuevas filtraciones sobre la Lava Jato confirman las groseras ilegalidades practicadas por el exjuez Sergio Moro y los fiscales de esa operación contra el expresidente. Para los abogados, las revelaciones publicadas este domingo por el diario Folha de Sao Paulo, en asociación con el sitio The Intercept, también muestran el desempeño indebido de Moro contra los representantes del exdirigente obrero y el Supremo Tribunal Federal (STF). Los mensajes revelan que la Lava Jato tuvo en sus manos 22 diálogos del fundador del Partido de los Trabajadores (PT), pero, con accionar político, solo usó uno de ellos para manipular la opinión pública. En marzo de 2016, el entonces magistrado Moro liberó intervenciones telefónicas ilegales en los que la otrora Presidenta Dilma Rousseff trató con Lula sobre su posible toma de posesión como Ministro de la Casa Civil. Por ese desempeño, el actual Ministro de Justicia pidió disculpas al STF, pero no a Rousseff ni al exsindicalista. Todas las demás conversaciones mostraron que el exmandatario tenía dudas sobre si aceptar la invitación o no, lo cual debilita la afirmación de Moro de que él quería ser blindado por la Lava Jato. Según la defensa, los nuevas filtraciones indican que Moro y los fiscales “seleccionaron conversaciones telefónicas mantenidas por Lula, escondiendo otras del Supremo y aquellas que dejaban en claro que el expresidente aceptó el cargo de ministro de Estado para ayudar el Gobierno y el país, y no para cualquier otra finalidad”. Los fiscales de la Lava Jato, de acuerdo con los juristas, “tenían plena conciencia de la ilegalidad que practicaban y de la divulgación de las conversaciones telefónicas, incluso de aquellas captadas después de la decisión judicial que determinó el cierre de las intervenciones”. Desde el 7 de abril de 2018, Lula cumple prisión política por supuestos hechos de corrupción, acusaciones que niega en todo momento Brasilia, 8 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
La organización ambientalista Greenpeace auguró que la situación de Chile será extremadamente preocupante en las próximas décadas producto de la crisis hídrica que afecta al país. Actualmente cunden las alarmas por una sequía considerada la más fuerte de los últimos 60 años, como consecuencia de una aguda falta de precipitaciones en una amplia zona que se extiende desde la región de Coquimbo, al norte, hasta la del Maule, en el centro sur y que concentra a la mayor cantidad de población del país Matías Asún, director de Greenpeace Chile, advirtió que tal como reflejan estudios internacionales, para 2040 el país estará entre los 25 con mayor estrés hídrico, por lo que enfrentará situaciones similares a las que hoy viven naciones como Namibia y Botsuana, en África. Asún recordó que en el presente casi 400 mil chilenos no reciben agua de las conductoras sino en camiones cisternas. Señaló que la situación se ve agravada por la existencia del Código de Aguas, legislación de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, que pasó a manos privadas los recursos hídricos y cuya reforma está pendiente desde hace años en el Parlamento. Esta no han progresado, obstaculizada por un lobby empresarial, que considera que los tímidos cambios que el texto propone atentan contra el derecho de propiedad. Santiago, 8 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Fuerzas Especiales de Carabineros dispersaron violentamente con chorros de agua y gases lacrimógenos a cientos de participantes en una marcha en rechazo a medidas regresivas y neoliberales del gobierno de Sebastián Piñera. En esta capital estaban previstas marchas en dirección al palacio de la Moneda desde cinco puntos de la urbe, como parte de una Jornada Nacional de Protesta convocada hace semanas por una plataforma que congregó a casi un centenar de organizaciones sociales. Los principales disturbios ocurrieron en varios puntos de la Alameda Bernardo O´Higgins, donde el tráfico fue interrumpido totalmente así como en otras vías aledañas, por enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes en las cercanías del palacio de La Moneda, la Universidad de Chile y el Cerro Santa Lucía, entre otros sitios. La marcha originada en la céntrica Plaza Italia fue dispersada casi desde el inicio por las fuerzas especiales de forma violenta, a pesar de que transcurría pacíficamente, mientras que un número indeterminado de personas fueron detenidas. En declaraciones a la prensa, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) una de las organizaciones convocantes, denunció la violenta represión y criticó al gobierno por aplicar una agenda encaminada a suprimir importantes derechos sociales. Asimismo, consideró que la verdadera violencia la ejerce el gobierno con su intransigencia y falta de respuesta a las demandas de los diferentes movimientos sociales, como ha ocurrido con la jornada laboral de 40 horas, aprobada por una comisión de diputados, pero rechazada por el presidente de la república. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, denunció que la demostración se llevaba a cabo pacíficamente y quienes impusieron la violencia fueron las autoridades «como en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet». Por su parte, Esteban Maturana, dirigente de los trabajadores de la salud, aseguró que analizarán acciones legales contra el cuerpo de carabineros por el uso excesivo de la fuerza. La Jornada Nacional de Protesta fue convocada por casi un centenar de organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas, de derechos humanos vecinales y otras bajo el lema central «Nos cansamos, nos unimos». Sus organizadores llamaron a reclamar una serie de derechos comunes a todos, tales como mejor salud y educación públicas, pensiones decorosas y la aplicación de la jornada laboral de 40 horas semanales. Las acciones de protesta se iniciaron desde la madrugada, con interrupciones del tránsito vehicular en numerosas avenidas de la urbe con barricadas, y manifestaciones, que fueron igualmente reprimidas por Carabineros. Santiago de Chile, 5 de septiembre 2019 Crónica Digital /PL
n el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, las diputadas Cristina Girardi (PPD), Emilia Nuyado (PS), Andrea Parra (PPD) y Marcela Hernando (PR) presentaron un proyecto de ley que Declara Feriado Nacional el 21 de junio de cada año como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, ya que marca el inicio del año nuevo para los pueblos originarios y el solsticio de invierno. Asimismo, retira la calidad de Feriado Nacional el 12 de octubre, que actualmente es el Día del Encuentro de Dos Mundos. Entre los fundamentos de la iniciativa se encuentra que «parece cuestionable que exista un feriado nacional que conmemore y celebre la llegada de la Corona Española, sus autoridades y militares cuya motivación era conquistar nuestro continente y enriquecerse a costa de los pueblos que aquí habitaban, sin que exista una celebración que conmemore a los pueblos indígenas como parte fundamental de nuestra identidad, cultura y, en definitiva, país». La autora de la iniciativa, Cristina Girardi, explicó que “antes, el día 12 de octubre era el Día de la Raza y luego se cambió a Encuentro De Dos Mundos, pero en Latinoamérica todos los pueblos indígenas celebran el 21 de junio porque después que se caen las hojas de los árboles empieza a germinar y brotar la vida, y esto en se entiende como un nuevo año, lo que es distinto a lo que ocurre en el hemisferio norte que se celebra el 31 de diciembre y uno de enero como año nuevo». La parlamentaria agregó que «por lo tanto, estamos solicitando que en homenaje y en reconocimiento a los pueblos originarios de este lado del planeta del hemisferio, efectivamente sea este nuestro año nuevo y sea éste nuestro feriado nacional». En tanto, la diputada Mapuche, Emilia Nuyado, señaló que «para nosotros como pueblo indígena es muy importante esta fecha porque es el cambio de estación donde la tierra comienza a renacer. Declarar feriado nacional este día es un reconocimiento a nuestra cultura. No podemos olvidar que los pueblos indígenas representan al menos el 10 % de la población, por eso valoramos el compromiso de varias parlamentarias con esta iniciativa. Y muy importante es que este proyecto no implica gasto puesto que se cambia el feriado del 12 de octubre por el del 21 de junio», afirmó la diputada Mapuche – Huilliche. Asimismo, la diputada representante de la Araucanía, Andrea Parra, indicó que «es muy relevante hacer un reconocimiento a los pueblos originarios, declarar su día, ya que éste es un proyecto que nace desde el mundo indígena. Si duda, hay que visibilizar la situación de los pueblos originarios, respetar sus tradiciones». Santiago de Chile, 5 de septiembre 2019 Crónica Digital
Este jueves 5 de septiembre se ingresó finalmente la Acusación Constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos con la firma de todas las bancadas de oposición. El jefe de la bancada del Partido Comunista e Independientes, diputado Boris Barrera, fue enfático en señalar que la secretaria de Estado ha buscado constantemente boicotear la implementación de la reforma educacional aprobada en el Gobierno de la exPresidenta Bachelet. Tras varias semanas de análisis y estudio, las bancadas de la oposición presentaron la mañana de este jueves 5 de septiembre, la Acusación Constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con el apoyo transversal de todas las bancadas de oposición. El jefe de la bancada PC-I, diputado Boris Barrera, señaló que se realizó un importante trabajo para recavar la información y datos para la presentación de la acusación, a la que catalogó como contundente. “Como bancada del Partido Comunista e Independientes estamos desde un comienzo junto al PS trabajando en esta iniciativa. Hemos aportado especialmente en el capítulo que tiene que ver con los Servicios Locales de Educación. Recopilamos información que da cuenta que la ministra no ha cumplido con la ley. Eso hay que destacarlo porque la ministra no puede hacer lo que ella quiere, porque no está por sobre la ley. Ella tiene que cumplirla e implantar un nuevo sistema de educación, pero lo que hemos visto es que ha tratado de boicotear durante todo este tiempo la implementación del sistema”. Respecto al apoyo de diputados de la oposición que han manifestado dudas respecto de la presentación, el diputado Barrera sostuvo que “tenemos tiempo para seguir convenciendo a aquellos diputados que quizás están con alguna duda, pero estoy convencido de que vamos a llegar a un buen puerto”. La acusación está dividida en los siguientes capítulos: Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación con la vulneración del principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad. Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación al respeto y protección a la vida privada y la protección de sus datos personales, así como el principio de finalidad previsto en la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada. No ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia a objeto de la adecuada implementación de la Ley N°21.040 que crea el sistema de educación pública, infringiendo los deberes de actuación consagrados en la Ley de Bases Generales del Estado, especialmente en materia de eficiencia, eficacia, y así mismo, coordinación. Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación con la vulneración del principio de probidad y transparencia. Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación con la vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución. Santiago de Chile, 5 de septiembre 2019 Crónica Digital
Cuando detuvieron a María del Rosario Ávalos Castañeda, su hijo de dos años y medio se aferró con fuerza a su pecho. Los uniformados tuvieron que hacer un gran esfuerzo para separarlos. El cuerpo de la madre fue ocultado en la Quebrada de Gualliguaica, en el Valle del Elqui, junto a su esposo Bernardo Mario Lejderman Konujowska. Era el sábado 8 de diciembre de 1973. La imagen impactó, profunda y notoriamente a los concurrentes a un diálogo con el ciudadano argentino Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos sobre la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, a partir de su propio testimonio de vida, sobre la desaparición de sus padres, argentino y mexicana. El encuentro se realizó en la Sala Amanda Labarca en la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en el marco de la puesta en marcha del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Casa de Estudios y con la colaboración del área de Extensión Universitaria. La actividad estuvo encabezada por el Rector de la UTEM, Luis Pinto Faverio; Marisol Durán, Vicerrectora Académica; Mario Torres, Vicerrector de Transferencia Tecnológica y Extensión; y Gustavo Anabalón, Vicerrector de Administración y Finanzas. En sus palabras, el Rector destacó que la iniciativa, así como la puesta en marcha de un Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, desde el 1 de agosto, “es coherente con lo establecido por la Ley de Universidades del Estado, que establece que como tales, debemos contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad”. Al mismo tiempo, reflexionó que “se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero pareciera que pocos quieren oír hablar de obligaciones, responsabilidades y deberes. Pero existe una estrecha e indisoluble relación entre derechos y deberes: todo derecho implica un deber”, enfatizando que “no se puede concebir un derecho sin la correspondiente obligación”. En este sentido, indicó que “la fuerza reguladora de los derechos se manifiesta en la correlación o mutua implicación que se da entre derecho y deber. Los derechos esenciales obligan a respetarlos, como a castigar las violaciones de los mismos”. La presentación del testimonio de Ernesto se desarrolló a través de una conversación con el director del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, Víctor Osorio, y con la numerosa asistencia. A partir de allí fluyeron dramáticos capítulos de su historia de vida, luego del asesinato de sus padres por una patrulla militar del Regimiento Arica de La Serena. Así por ejemplo, contó que sus abuelos paternos le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente de ferrocarril, que se enteró de la verdad por un hecho fortuito y que no pudo hablarlo con nadie por un largo tiempo. “Todo ello, ciertamente, afectó mi desarrollo normal de adolescente y joven”, relató. Reflexionó también que “aunque mi padre era argentino y yo he vivido en Buenos Aires casi la totalidad de mi vida, nací en Chile y hubiera deseado que se pudiera cumplir el sueño de mis padres cuando llegaron a estas […]
