“Sebastián Piñera tiene dos caminos, o bajan el tono y asumen el trabajo de vocería con responsabilidad o excluye ahora mismo a Cecilia Pérez de su gabinete”, aseveró en un comunicado público el Partido Progresista de Chile, frente a las belicosas palabras de la Ministra Secretaría General de Gobierno respecto del Partido Socialista. El Partido Progresista lamentó “el tono utilizado por la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, para referirse a un partido institucionalizado en todo el país y con una larga trayectoria histórica para Chile”. “Intentar vincular al narcotráfico con un partido político pretendiendo tapar la grave falta de sintonía del ejecutivo con la ciudadanía, es un acto poco juicioso que enloda la actividad pública en su conjunto y hace suponer que, para sostenerse en el poder, está permitido cualquier cosa. Y no debe ser ese el fin de la política”, aseveró la colectividad en un comunicado. Añadió que “el Gobierno está mareado y perdiendo en las ideas. Los dichos de Cecilia Pérez, en definitiva, evidencian la actitud déspota del gobierno de Sebastián Piñera, el cual se ha visto arrinconado por una agenda que defiende los intereses de los grandes empresarios y de la cual, la ciudadanía ya se está agotando y mostrando señales de impaciencia”. “El gobierno de los gerentes y las encuestas se desbarranca y pierde respaldo en su misma base de apoyo”, sentenció. “Llamamos al Ejecutivo a ser responsables en sus palabras y en sus actos. La política será una actividad mejor percibida por las chilenas y chilenos, sin la actitud beligerante de la vocera de gobierno. Para esto, Sebastián Piñera tiene dos caminos, o bajan el tono y asumen el trabajo de vocería con responsabilidad o excluye ahora mismo a Cecilia Pérez de su gabinete. Chile lo está observando”, concluyó. Santiago, 21 de agosto 2019 Crónica Digital.
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Todo indica que la desafección ciudadana hacia el Gobierno derechista se mantendrá en el tiempo. Sin embargo, también es un hecho que, de acuerdo a las encuestas más creíbles, si ahora fueran las elecciones presidenciales, sería Presidente de Chile Joaquín Lavín. Tanto por adhesión ciudadana, tanto porque su sector muestra claras señales de unidad en esa dirección. Chile tiene una tendencia a reducir su universo de participación electoral. Es una de las más graves expresiones de la fatiga de un sistema precario en estándares democráticos. Estudios bien fundados muestran incluso que la gente que tiene posibilidad de votar, lo podría hacer en menor rango en las futuras elecciones. Hay quienes no se preocupan de este hecho, y en forma muy antidemocrática y elitista, buscan manipular cada vez más los reducidos universos electorales que sostienen la precaria arquitectura del sistema electoral realmente existente. Será difícil revertir esta tendencia, pero una postura de principios democráticos real exige asumir el desafío ahora. Por otra parte, es muy evidente que tanto desde la derecha y su Gobierno, así como de sectores de partidos de la ex Concertación, hay un afán explícito de reponer la política de los consensos que se hizo pacto de gobernabilidad desde 1990 hasta ahora, con la excepción del Gobierno de la Nueva Mayoría. Hay razones estratégicas y profundamente políticas en esa posición. No es sólo algo que responda a un diseño electoral. Se trata de expresiones económicas, políticas y culturales que se ubican en el campo liberal y neoliberal, y a nivel mundial en los espacios del eurocentrismo europeo y sistema norteamericano, con sus respectivos brazos armados, como lo es la OTAN. También emergen fuerzas con mayor incidencia, como lo son las que integran el Frente Amplio. Y que, en rigor, no son tan nuevas. El Partido Humanista; las vertientes autonomistas que provienen de la Surda; las fuerzas izquierdistas que son fragmentos originarios del Partido Socialista; y el Partido Progresista, son fuerzas políticas que sin duda tienen el mérito de abrirse paso en un sistema que generó mayores representaciones al cambiarse el sistema binominal, por uno proporcional rectificado bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Los movimientos sociales hacen múltiples e intensos esfuerzos por abrirse paso en un sistema político de representación que reduce, y hasta castiga las expresiones ciudadanas, plebeyas, sectoriales. Es un tremendo mérito que haya surgido la Mesa de Unidad Social, con cerca de 50 organizaciones sociales de variado tipo, y que estén convocando a una Protesta Nacional para el 5 de septiembre. El punto es que, necesariamente, estas fuerzas sociales requieren jugar un papel políticamente incidente, y ser influyentes en las direccionalidades del país en todos sus aspectos. Así las cosas, el escenario chileno es complejo. Es muy evidente que hay asuntos que deben ser parte de cualquier acuerdo básico con mínimos programáticos. Y de ahí avanzar a lo electoral. No hay otra alternativa. 1) Nueva constitución política vía Asamblea Constituyente. 2) Políticas nacionales para enfrentar el cambio climático y las zonas de sacrificio. 3) Política […]
Una nueva denuncia sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica chilena, ahora contra monseñor Barnardino Piñera, tío del presidente Sebastián Piñera, sorprendió al gobierno y activo otra polémica política. La víspera, la Nunciatura Apostólica informó que el Vaticano ordenó una investigación sobre la veracidad de la denuncia de un presunto abuso sexual a un menor cometida hace 50 años por el Arzobispo emérito de la ciudad de La Serena. El hecho pudo ser uno más entre la larga lista de escándalos de ese tipo en el seno de la Iglesia católica de Chile, pero saltó a los titulares por ser Bernardino Piñera, de 103 años, tío del jefe de Estado. El mandatario, sorprendido por la noticia durante una gira por el sur del país, se refirió al escabroso asunto señalando que «como sobrino, me cuesta creer porque conozco su conducta, su actitud de una vida entera, y me cuesta creer en una denuncia que se hace más de 50 años después de ocurridos los hechos». Piñera aseguró que la posición del gobierno es firme, clara y coherente y toda denuncia debe investigarse con rigor para esclarecer la verdad, aunque insistió en que le costaba creer la acusación contra el longevo religioso. No obstante, algunas voces de la oposición se elevaron este miércoles criticando al mandatario por poner en duda la denuncia. Al respecto, la senadora Ximena Rincón, de la Democracia Cristiana, advirtió que si algún comentario cabía del presidente, era que esta acusación tienes que ser investigada. En declaraciones al rotativo Cambio 21, Rincón subrayó que ese era el único comentario posible en el caso, además porque el presidente en su momento apoyó la ley de inprescriptibilidad aprobada recientemente. Por su parte, el diputado Fidel Espinoza, del Partido Socialista, recordó que Piñera en plena promulgación de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de connotación sexual señaló claramente «que quienes los cometieran tenían que saber que eran delitos condenables hayan ocurrido hace 30, 40 o 50 años». El diputado criticó lo que calificó como doble discurso y puntualizó que «desde el presidente de la República hacia abajo tenemos que condenar los delitos sexuales hayan ocurrido hace 20, 30, 40, 50 años, porque el peor delito que se puede cometer en la sociedad chilena es abusar de menores». El nombre del tío del mandatario ya había surgido en una investigación de la Fiscalía en contra del ex arzobispo de La Serena José Cox, por abuso sexual contra menores, cuando Abel Flores, uno de los denunciantes, dijo que Piñera había presenciado en más de una ocasión los abusos que Cox cometió contra él. Pero en un comunicado, Bernardino Piñera dijo desconocer tal acusación y expresó su disposición a colaborar en el esclarecimiento de esa denuncia. Santiago de Chile, 21 agosto 2019 Crónica Digital /PL
“El presidente Piñera debe abstenerse de intervenir dado que nos encontramos en presencia de un hecho que constituye un delito y porque claramente la nueva ley declara imprescriptibles los delitos de abuso a menores cometidos por sacerdotes o cualquier persona. Ningún Piñera puede estar por sobre la ley”, argumentó el presidente de la comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía del Senado, Alejandro Navarro, sobre la denuncia por abuso sexual contra el arzobispo emérito Bernardino Piñera. Para el senador del Partido Progresista, “el caso de Bernardino Piñera tiene que tomarse desde la justicia ordinaria. No porque sea el obispo más anciano del mundo debe tener privilegios o una investigación desde el Vaticano que no conducirá a nada”. “Creo que el fiscal nacional Jorge Abbott debe abrir de manera inmediata por oficio una investigación respecto de este caso, pues el delito fue cometido enChile. Creo que el presidente ha sobrepasado la línea que separa el deber como presidente a su calidad de ciudadano. No procede hacer una defensa corporativa y el apellido Piñera no puede ser título de impunidad”, manifestó. “Bernardino Piñera debe ser investigado por los tribunales de justicia, y en caso de ser declarado culpable, debe por cierto pagar con cárcel, pues aquí no importa que el abuso haya sido hace medio siglo, lo que importa es que hubo una víctima, cuya vida sin duda cambió por completo luego de este hecho, quien debe ser reparada y el abusador ser castigado”, afirmó el senador por la Región del Biobío. El presidente de la Comisión de DDHH del Senado, recordó que, “por ello espero también que el Presidente Sebastián Piñera, si efectivamente está preocupado de que los culpables vayan a la justicia, de urgencia a mi Proyecto de Ley, (Boletín 11943-07), presentado el año 2010 y que busca obligar a las autoridades eclesiásticas denunciar delitos sexuales y sanciona como encubridor del delito respectivo, a quien omitiere la denuncia”. “Pues tal como en muchos casos, alguien dentro de la Iglesia debe haber escuchado hace 50 años sobre la denuncia de abuso en contra de Bernardino Piñera, pero guardó silencio en vez de ir a la justicia con los antecedentes”, dijo. “La oficina vaticana no tiene el mérito para investigar casos que constituyen delitos en la justicia ordinaria. Actúa al margen de la ley. El Vaticano no puede ser juez y parte de graves denuncias contra sacerdotes, porque los abusos sexuales se denuncian en una fiscalía y no en una oficina”, finalizó el senador Alejandro Navarro. Santiago de Chile, 21 de agosto 2019 Crónica Digital
La ministra Secretaria General del Gobierno, Cecilia Pérez, realizó una vocería que generó críticas por el tono beligerante en contra de los partidos y propuestas de la oposición. El jefe de la bancada PC e Independientes, diputado Boris Barrera, sostuvo que la actitud desde el Ejecutivo ocultan su incapacidad para revertir la mala situación económica en la que se encuentra el país. En una misma conferencia de prensa, la ministra Cecilia Pérez lanzó dos ideas que han sido rechazadas desde la oposición. Por un lado acusó que el proyecto de 40 horas “violaba la Constitución”, además del ataque en contra del Partido Socialista, a propósito de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. En ese marco, el jefe de la bancada del Partido Comunista e Independientes, diputado Boris Barrera, manifestó su apoyo al Partido Socialista ante el ataque mediático realizado por la Secretaria de Estado. “Solidarizamos con el PS y esperamos que el Gobierno deje este tono que no le hace bien a la democracia. En vez de estos ataques destemplados, deberían buscar mejores formas para explicarle al país respecto de la situación económica en la que nos encontramos y cuáles son las propuestas para revertir este pésimo panorama que le afecta en primera medida al pueblo. Estas declaraciones de la ministra sólo demuestran la desesperación del Gobierno y su gabinete que no saben cómo superar los tiempos peores”, señaló el diputado Barrera. Finalmente, el jefe de la bancada PC-I lamentó al nivel que ha llegado la vocera de Gobierno, que no aporta a la discusión democrática de los temas de la contingencia nacional. “Consideramos lamentable el nivel al que ha llegado la ministra Pérez para hacer discusión política. Las diferencias son evidentes y naturales entre el oficialismo y la oposición, es la base de la democracia, pero el tono amenazante que ha utilizado en sus últimas intervenciones públicas no le hace bien a la convivencia democrática”, concluyó. Santiago de Chile, 21 de agosto 2019 Crónica Digital
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sugirió hoy que organizaciones no gubernamentales (ONGs) pueden estar detrás de los incendios desatados en la Amazonia, sin mostrar pruebas al respecto. ‘Puede haber, sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de esas ONGs para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos’, dijo a periodistas Bolsonaro, quien no citó nombres y reconoció que no hay registros escritos de las sospechas. Según datos del estatal Instituto Nacional de Investigación Espacial (INP), el Amazonas concentra el 52,5 por ciento de los focos de quema en Brasil durante el 2019. Para Bolsonaro, el Gobierno debe hacer todo lo posible para evitar que este tipo de delitos aumente, pero, precisó, su administración retiró el dinero que se pasó a las ONGs, lo cual podría justificar una reacción de esas instituciones. Insistió en que su Gobierno ‘no es insensible’ a los incendios y evalúa las medidas que deben adoptarse con los ministerios de Defensa y Medio Ambiente. Sin medir palabras, refirió que las ONGs representan ‘intereses fuera de Brasil’. Ante tales dichos, la reconocida ecologista y pedagoga Marina Silva criticó la conducta del exmilitar, quien niega la existencia de deforestación en la Amazonia y responsabiliza a ONGs de la quema en esa región. ‘El Amazonas está en llamas. El ministro del Medio Ambiente (Ricardo Salles) habla de noticias falsas y sensacionalismo’, escribió la excandidata presidencial en la red social Twitter. Denunció que Bolsonaro afirma que ‘las ONG pueden estar detrás de esto. La falta de compromiso con la verdad es una patología crónica. Esta actitud irresponsable solo agrava la emergencia ambiental en Brasil’, remarcó. Brasilia, 21 agosto 2019 Crónica Digital /PL
Estados Unidos anunció hoy una nueva regulación destinada a detener indefinidamente a las familias de inmigrantes irregulares, al eliminar los límites de tiempo que los menores pueden mantenerse bajo custodia de las autoridades. La nueva norma, que según medios norteamericanos requeriría la aprobación de un juez federal, pone fin a la implementación de ‘los términos relevantes y sustantivos’ del llamado Acuerdo Flores, indicaron en un comunicado conjunto los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Servicios Humanos. Ese mecanismo, el cual responde a un fallo judicial de 1997, prohibió al Gobierno mantener detenidos a los menores inmigrantes por un plazo mayor a 20 días. La Casa Blanca ha presionado continuamente al DHS para que reemplace el acuerdo judicial, pues el presidente Donald Trump y miembros del Partido Republicano sostienen que el límite de los 20 días alienta los inmigrantes indocumentados a llegar a la frontera con niños, porque esperan ser liberados junto a los menores. Con la nueva regla, que debe entrar en vigor en 60 días, el ejecutivo podrá enviar a las personas capturadas al entrar ilegalmente a este país a uno de los centros familiares residenciales y mantenerlas ahí durante todo el tiempo que demore la resolución de sus casos migratorios. Actualmente, los inmigrantes detenidos tardan de dos a tres meses como promedio para que se juzguen sus casos de inmigración, pero funcionarios que se refirieron ayer al tema dijeron que no habrá límites en cuanto al tiempo que una familia puede ser detenida bajo la nueva disposición. Esta regla, como muchas otras acciones controvertidas del Gobierno del mandatario republicano en materia migratoria, debe enfrentar desafíos legales de grupos de defensa de los inmigrantes y estados mayoritariamente demócratas. Si bien los funcionarios reconocieron la posibilidad de que se presenten demandas en su contra, estimaron que la medida enviará un poderoso mensaje a las familias inmigrantes de que viajar con niños a Estados Unidos ‘no es un pasaporte’ para que se les libere una vez detenidos. De ese modo, anticipan que el efecto de la regla será una disminución dramática en el número de familias que intentan llegar a esta nación de forma irregular, lo que reduciría la necesidad de construir más centros familiares residenciales. La norma forma parte de la ofensiva desatada por el jefe de la Casa Blanca con el fin de reducir la inmigración ilegal y la legal. El Gobierno no debería estar encarcelando a niños, y ciertamente no debería tratar de meter a más niños en la cárcel por más tiempo, consideró sobre esta acción Madhuri Grewal, asesor político de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Washington, 21 agosto 2019 Crónica Digital /PL
El jueves 19 de agosto de 1982, hace 37 años, se desarrolló en el centro de Santiago la primera “Marcha del Hambre” en contra de la dictadura. Fue un antecedente directo de las Jornadas de Protesta Nacional que irrumpieron el 11 de mayo del año siguiente, y que hicieron tambalear al tirano. Es un dato histórico clave que muestra que no es cierto que el fin del autoritarismo se logró sólo y principalmente en el plebiscito de 1988 y que “le ganamos con un lápiz” a Pinochet. En esos días, yo era un adolescente, un liceano del Insucodos de Avenida España, y no tenía vínculo alguno con la oposición política. Me enteré de la marcha por uno de los miles de panfletos que fueron diseminados en los barrios de Santiago, llamando a salir a la calle a protestar contra la dictadura. Fue la primera vez que me sumé a una muchedumbre que, avanzando por el Paseo Ahumada, proclamaba su indignación contra la tiranía. Fue la primera ocasión en que escuché dos gritos, que tantas veces se repetirían en los años siguientes: “¡Pan, trabajo / justicia y libertad!”, y “¡Se va a acabar, se va a acabar / la dictadura militar!”. No pocos de los que asistimos éramos estudiantes secundarios, cuya realidad era ocultada (o desfigurada) en la televisión por espacios como la teleserie “De cara al mañana”, que era transmitida por TVN. Fue también la vez primera en que veía a la policía uniformada con cascos y escudos, golpeando en forma inmisericorde. También fue la primera vez, desde el golpe de Estado de 1973, en que se lanzaban gases lacrimógenos en el centro de Santiago. Ambos hechos, por cierto, se repetirían desde entonces una y otra vez. Hasta el grupo “Upa” se inspiró en aquello para componer su emblemático tema “Ella Llora”. EL ESCENARIO NACIONAL El 11 de marzo de 1982 la dictadura había celebrado el primer año de la “entrada en vigencia” de su Constitución. Augusto Pinochet dijo entonces: “En la lucha contra el comunismo soviético, nuestra primera obligación para afrontarla es la unidad interna. Por ello, no se permitirá que nadie siempre la semilla de la discordia entre nosotros. No aceptaremos que persona alguna nos pretenda encasillar en malintencionados y rígidos esquemas políticos”. Unas pocas semanas antes, el 22 de enero, había muerto el ex Presidente Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María. Un mes después, el 25 de febrero, era asesinado por degollamiento y disparos de armas de fuego el presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), Tucapel Jiménez. Ambos se encontraban trabajando por la unidad social y política para enfrentar la dictadura y ponerle término. Al calor de la entrada en vigencia de la Constitución, la tiranía había puesto en marcha su plan de institucionalización. Así por ejemplo, había comenzado a operar el nuevo sistema previsional, con once Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). También se había iniciado la Municipalización de la Enseñanza e impuesto la Ley General de Universidades. Ese año 1982 […]
El producto interno bruto (PIB) de Chile creció solo 1,75 por ciento en el primer semestre del año, informó el Banco Central en su informe sobre el estado de las Cuentas Nacionales. El ente financiero señaló que en ese crecimiento el mayor aporte correspondió a servicios personales (3,1 por ciento) y los empresariales e inmobiliarios (3,2), mientras que la industria manufacturera y la actividad agropecuaria decrecieron en 1,1 y 5,0, respectivamente. En el segundo trimestre del año el PIB creció 1,9, lo que representó 0,8 más que en los tres primeros meses de 2019, según las cifras ajustadas estacionalmente. El Banco Central explicó que en la etapa se evidenció una recuperación de la minería y, en menor medida, la contribución de los servicios empresariales, el comercio y las actividades inmobiliarias, mientras las mayores incidencias a la baja ocurrieron en los sectores de construcción y agropecuario–silvícola. Como dato positivo se planteó un aumento del 4,8 por ciento en la Formación Bruta de Capital Fijo (inversiones), sobre todo en el acápite de maquinarias y equipos, y que significó un incremento de 1,6 sobre los resultados del primer trimestre En cambio, se apreció una reducción del comercio exterior de Chile con decrecimientos de 3,2 y 3,5 en las exportaciones e importaciones, respectivamente, durante el segundo trimestre, con lo cual en la primera mitad de 2019 la reducción fue de 2,6 y 1,0 en ese orden. Al evaluar estos resultados, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, consideró como una buena noticia el aumento en las inversiones e insistió en que desde Las Moneda se espera una mejoría de los indicadores económicos en la etapa julio–septiembre. En relación con los pronósticos del gobierno de lograr en el segundo semestre un crecimiento del tres por ciento, el titular lo calificó como “una meta exigente”, aunque señaló que los datos del Índice Mensual de Actividad Económica de julio que se conocerán próximamente, serán “bastante mejores” que en los meses precedentes. Larraín opinó además que una serie de medidas implementadas por el gobierno para reactivar la economía deberán comenzar a dar resultados en los próximos meses. Brasilia, 19 de agosto 2019. Crónica Digital / Prensa Latina.
La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denunció que nuevos mensajes divulgados refuerzan que el ex Presidente es víctima de una conspiración de agentes públicos para condenarlo, sacarlo de la vida pública y dañar su honor y reputación. En una nota firmada por los abogados Cristiano y Valeska Zanin Martins y publicada en la página del Partido de los Trabajadores de Brasil se hace referencia a filtraciones del sitio digital The Intercept y el diario Folha de Sao de Paulo. Según la defensa, “los mensajes están directamente relacionados con los dos procesos claramente corruptos que se originaron en la 13 Corte Federal de Curitiba (casos Triplex y Sitio) y en el que se impusieron condenas injustas a Lula, una de las cuales se utilizó para privarlo de su libertad mediante la ejecución anticipada de la sentencia, incompatible con la Constitución Federal”. También, señalan los juristas, se sancionó al ex dirigente obrero para sacarlo de las elecciones presidenciales de 2018, incluso después de haber obtenido dos decisiones preliminares del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2018 para que pudiera concurrir hasta que se le asegurara un juicio justo. El comunicado refiere que “los mensajes publicados el 12 de junio por The Intercept muestran que las investigaciones contra Lula y personas relacionadas con el expresidente se iniciaron a partir de un comando emitido por el ex juez Sérgio Moro al fiscal Deltan Dallagnol”. Detalla que la Operación Lava Jato de la sureña ciudad de Curitiba “efectivamente comenzó a investigar formalmente a Lula en este momento a través de un sinsentido en la vida del expresidente, sus empleados, colaboradores, personas relacionadas e incluso abogados, con la ruptura de secretos bancarios, fiscales y telefónicos”… Para la defensa, Lula fue condenado y encarcelado incluso después que Moro reconoció que ningún valor de la constructora Petrobras fue dirigida al ex mandatario y él jamás solicitó o recibió la posesión o propiedad del apartamento triplex en Sao Paulo o de cualquier otro inmueble que le fue atribuido por el sistema de justicia. Brasilia, 19 de agosto 2019. Crónica Digital / Prensa Latina.
