Opinión

Por Orlando Oramas Leon Más de 40 mil mujeres aparecen hoy como candidatas a los comicios del 1 de julio en México, y ellas tampoco escaparon a la violencia que acompañó al proceso electoral.   Una reforma político-electoral de 2015 propició la paridad de género en las postulaciones de los partidos políticos, pero es en estas elecciones que se aplica con mayor rigor. Por ello por primera vez estarán 40 mil 162 candidatas a distintos cargos federales y estatales, lo cual anuncia que las féminas podrían tener mayor presencia política y estatal. Actualmente solo una mujer ocupa el cargo de gobernadora, entre 32; en la Cámara de Diputados que se despidió alcanzaron 42 por ciento y el 25 por ciento en el Senado. En los dos mil 68 municipios del país también se quedan cortas, pues apenas hay 339 alcaldesas y en el estado de Campeche todas las municipalidades están copadas por hombres. Las políticas mexicanas también están en el colimador de los grupos del crimen organizado, a quienes se les atribuyen la mayoría de los 133 asesinatos que marcaron la campaña electoral. De septiembre a la fecha fueron ejecutadas 17 candidatas y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvior (ILSB) registró 49 casos de violencia política por razones de género. Sin embargo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), apenas ha atendido menos de una decena de carpetas de investigación al respecto. De 2012 a agosto de 2017 la Fepade registró 187 casos de agresiones políticas contra mujeres. México, 30 junio 2018 Crónica Digital /PL

Por José Orellana Cuando los hermanos Ponce Lerou hicieron reingreso a SOQUIMICH en condición de asesores, se evidenció la muy ‘mala negociación que había realizado el Estado Chileno vía CORFO con la minera privada, donde la cabeza de turco, Eduardo Bitrán, fue descubierto en un muy mal logro de contrato para impedir todas las posibilidades de reingreso de los mismos a su propia empresa para tomar decisiones estratégicas o repetir conductas de financiamiento ilegal u otras que no vislumbró. Intensamente, durante una semana, los medios de comunicación expusieron el desaguisado, quedando la sensación de que Bitrán fue un carente negociador por no impedir el reingreso de los Ponce Lerou y la de un gobierno incapaz de meterse en la ejecución de un contrato público-privado mientras SOQUIMICH permanece incólume por su decisión de permitir la operación que dejó las reservas de un recurso natural estratégico como el litio en manos de capitales privados. Si bien, SQM informó que finalmente Julio Ponce Lerou finalmente no será asesor de la empresa  “para así poner término a las referidas discrepancias de opinión”. La pregunta posterior que se instala, entre varias, es ¿cómo se pronunció el sistema político en general sobre esta situación?, y la respuesta inmediata es que bien livianamente, más bien parece una ‘gárgara política por obligación’ respecto de una preocupación real y de fondo. Por otra parte en el Congreso y el sistema de partidos no se observaron muy proactivos por asumir otra conducta sobre este recurso natural estratégico. Algunos comentaristas críticos indicaron que debe entenderse así, producto de las acciones de corrupción que aún son vigentes en relación al  financiamiento ilegal de la política, siendo posible y hasta entendible. También preocupa que desde la Sociedad Civil no existan mayores pronunciamientos sobre este escándalo fuera del estupor, rabia o ira que provoca la acción y el trato de pusilánimes que se nos endosa como sociedad ante la valoración del recurso. Es decir, “Démosle no más hasta dónde nos aguantan, además rápido se olvida”. Pero no hay más. De pronto, una convocatoria a marcha por nacionalizar el litio sin mayor convocatoria ni cobertura mediática del duopolio. La invitación de autoimposición es cómo derivamos a otro modelo de desarrollo, donde la nacionalización de los recursos naturales estratégicos sea asumida y valorada en las grandes mayorías populares, como ya ocurrió con el cobre, vía chilenización y nacionalización. Es decir, el futuro de este recurso natural estratégico se encuentra definitivamente perdido en las dinámicas neoliberales, no sólo de forma mayoritaria en el actual gobierno, sino que también en parte importante del sistema de partidos, por defecto lo mismo en el Congreso. Además, y más preocupante aún, ante una Sociedad Civil indolente por lo que implican los hechos en cuestión y que se declara desafectada y en anomia participativa ante estos casos de corrupción. Qué buena sería la articulación de varias Geografías de la Multitud por los Recursos Naturales, como sí ha ocurrido con la cuestión educacional, o bien, con las problemáticas feministas, o los conflictos socioambientales. Quizás, haciendo sentidos […]

Por Paula Medina Investigadora Facultad de Derecho, U.Central Hemos convivido los últimos meses con paros y tomas masivas de edificios escolares y universitarios, a raíz de las demandas feministas. Más allá de la novedad -y legitimidad- del contenido e inspiración de estas manifestaciones, llama la atención dos aspectos de su forma. Primero, son grupos que en general se organizan al margen de los tradicionales estamentos de representación estudiantil, como los centros de alumnos o las juventudes políticas. Segundo, vienen a confirmar una tendencia que se arrastra ya hace varios años: los estudiantes escalan rápidamente hacia las acciones más extremas de reivindicación, a veces incluso sin agotar o probar alternativas como la elaboración de petitorios e instancias de negociación, mesas de diálogo con las autoridades, u otras formas de manifestación al interior o exterior del aula. Lo que es más, en algunos casos todas estas estrategias vinieron en forma posterior, mientras las tomas ya se habían producido. ¿Por qué recurren tan rápidamente a medidas de fuerza extrema como la toma? Las razones seguramente son de variada índole, aquí solo asomo una, quizás la más obvia, y que tiene que ver con un profundo cambio generacional que marca un modo de relación muy distinto entre el mundo juvenil y el adulto. Los adultos o viejos, crecimos en una cultura en la que siempre saludábamos y respetábamos a los padres y abuelos, aunque el respeto a veces se confundiera con miedo. Siempre les dimos el asiento. La sociedad se sustentaba en pilares donde gente grande representaba o parecía representar autoridad, respeto, solvencia, sabiduría. Nadie dudaba de la imparcialidad de un obispo en un problema social. Nadie objetaba que mediaran políticos frente a un conflicto estudiantil. Ni que los profesores (que ahora son justamente los acusados) fueran el puente para establecer el diálogo entre alumnos y rectores de universidades o directores de liceo. Pero los adultos y viejos nos fuimos quedando en silencio. Por un lado, el dinero se fue apoderando de todos los espacios y fue comprando procedimientos. Todos empezamos a dudar de todos. Nos hicimos desconocidos. La verdad tuvo precio y los diarios empezaron a mentir. La pos-verdad es sólo la definición de algo que ya vivíamos hace rato. Los robos se volvieron transversales. Los ricos robaban a los pobres y los pobres los volvían a elegir como sus representantes. La democracia se empezó a fundir y a confundir con acciones de un directorio. La democracia, que en realidad no se hizo para todos, empezó a mostrar su verdadera alma. La iglesia y sus representantes también nos defraudaron. Cuando no hay adultos confiables, ni referentes, ni personajes ‘grandes’, ni menos instituciones limpias, no queda mucho margen de acción, ni con quien sentarse a conversar… y los jóvenes lo saben. Santiago de Chile, 28 de junio 2018 Crónica Digital 

Chile anuncia impuestos para Uber, Netflix, Amazon y otras empresas digitales. El argumento del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se basa en la idea de que estas grandes compañías compitan «en igualdad de condiciones» con las empresas tradicionales. Aplicar un impuesto al comercio electrónico sólo afecta a los usuarios finales porque los empresarios siempre terminan traspasando cualquier cargo adicional y el negocio termina siendo para las tarjetas de crédito. Por eso, el comercio electrónico plantea algunos desafíos difíciles para las autoridades fiscales globales en especial en los países de la OCDE. Si queremos igualar las condiciones, entonces seamos serios y comencemos bajando los impuestos a los pequeños empresarios. A los grandes, no les afecta. La regla es: ‘sube impuestos y recauda menos, bájalos y recauda más’. El enfoque de la OCDE sobre impuestos y comercio electrónico es claro; que los ingresos tributarios del gobierno sean seguros y luego que los obstáculos no se interpongan en el camino del desarrollo del comercio electrónico. Eso es tan cierto hoy como lo fue en 1998 en Ottawa, cuando las Condiciones del Marco de Impuestos (OCDE) establecieron los principios más amplios que se aplicarán en la materia. Chile es el país con peor distribución de ingresos en el mundo, concentrando la riqueza en unas cuantas familias. Luego, tomar una decisión como esta, implica no ver las consecuencias que puede traer a la economía nacional, aplicando igualdad de condiciones en una población que no vive en igualdad de condiciones. Bernardo Javalquinto Académico Facultad de Economía y Negocios, U.Central Santiago de Chile, 27 de junio 2018 Crónica Digital

La obligación de respetar y garantizar los derechos humanos se encuentra plasmada en varios instrumentos internacionales y no solo obliga a reconocer formalmente dichos derechos, sino que a hacerlos efectivos en virtud de la prevalencia que tiene la Convención Americana de derechos Humanos  El respeto del principio de igualdad y no discriminación, son elementos tan esenciales que si se desconocen, generamos  rupturas o desequilibrios en el Estado. Para esto La Corte Interamericana precisa que esta obligación, debe respetarse con independencia de la situación administrativa del extranjero. Si establecemos un análisis especifico, lo que sucede con la población haitiana (solo por ejemplificar), el principal conflicto que los atañe es la discriminación por color de piel y la barrera idiomática que impide el acceso a las consultas en salud, educación y trabajo. Precisemos expresiones expuestas por ellos mismo y este caso por Wadner Maignan  “Por el color, por dónde venimos, por donde somos, por no hablar el idioma, hemos recibido mucha discriminación principalmente en las escuelas, denuncia que la discriminación ha ido en aumento a medida que ha ido creciendo la inmigración afrocaribeña”. Chile se está adaptando a un cambio que lo tomó desprevenido. En solo un par de años las calles se transformaron: nuevos acentos y colores llegaron a enriquecer el país. Peruanos, colombianos, haitianos y venezolanos han arribado a distintas ciudades en busca de mejores oportunidades económicas o, en el caso de los venezolanos, de un lugar seguro para vivir. Así, en cuestión de años nos convertimos en el país latinoamericano donde más ha aumentado la inmigración. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran con un Chile que todavía no se ha acostumbrado a este cambio cultural: no hay una normativa que los acoja (la que hoy está obsoleta y recién se empezará a discutir un nuevo proyecto de ley) y como sociedad, a veces, no hemos estado a la altura. Estas referencias a las nuevas normativas no son antojadizas. La intención es reflejar que el fenómeno migratorio implica nuevos desafíos a los Estados y sus organismos. En los casos mencionados, el refugio, la Trata y el Tráfico de migrantes son manifestaciones del fenómeno, pero no son los únicos, tantos por demás como la maternidad transnacional , y el enfoque de género incorporado a esta realidad migratoria,  y es desde ya necesario hacer presente las deficiencias que muestra nuestro ordenamiento jurídico en relación al tratamiento a los extranjeros que se encuentran en nuestro país, y en el resto de américa latina, por manejar un enfoque cerrado y sesgado a las condiciones socio económicas presentes. Al final será alejarnos de una política migratoria segregadora, excluyente, y basarnos en las verdaderas razones de  coexistencia y modus vivendi adaptable. Ariana Lucia Benito Revollo Vargas Académica Universidad Central La Serena Santiago de Chile, 21 de junio 2018 Crónica Digital 

Nicaragua, se vive una situación de protestas generalizadas, iniciadas pacíficamente, por parte de estudiantes universitarios, motivados por la reforma a la Ley de Seguridad Social. Pese a la derogación de la reforma, estos episodios derivaron, en corto tiempo, en actos violentos,  donde han participado grupos políticos de oposición junto a población y bandas delincuenciales. Este escenario ha puesto en grave riesgo la estabilidad y existencia del Estado, pero sobre todo, la vida, la paz y seguridad del pueblo nicaragüense, sus instituciones y logros. La  intempestiva y dramática situación nos sorprende en un período de progreso, refrendado por el reconocimiento de Nicaragua, a nivel internacional, como una pujante democracia.  Cifras e indicadores así lo demuestran, un crecimiento económico cercano al 4.8% según el Banco Central de Nicaragua, los  mejores Indicadores de seguridad humana de la región, según el  PNUD,  y la declaración reciente de INTERPOL, que el país, era un muro de contención en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Hoy, a pocas semanas de las primeras protestas, tenemos tranques que obstaculizan la libre circulación y el derecho al trabajo. Por su parte, las  redes sociales se han copado de mensajes manipulados y gráficos que llaman a la insubordinación y al odio, además de medios de televisión y radiales que hacen ecos de estos llamados. Como respuesta a la situación, el  Gobierno ha tomado  medidas conducentes a terminar con este sombrío escenario que afecta gravemente a nuestro pueblo e institucionalidad. Se instaló una mesa de Diálogo Nacional, solicitada por el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y con el seguimiento del Papa Francisco, la que está constituida por el Gobierno, estudiantes, sociedad civil, trabajadores y empresarios, cuyos objetivos son encontrar Verdad y Justicia, en todos los casos denunciados y conformar la agenda,  solicitada por la oposición, hacia las reformas institucionales en general y el sistema electoral. El Diálogo Nacional se encuentra detenido después de cuatro sesiones improductivas en acuerdos para la solución del fondo del asunto. El Gobierno, también  autorizó la visita de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), con el ánimo de buscar soluciones a este conflicto. En su reporte del 21 de mayo se consignan 78 personas muertas; 868 heridos y 438 personas detenidas. A esa fecha solamente quedaban dos personas en prisión preventiva. Entre los muertos hay estudiantes, policías, empleados gubernamentales (que concurrieron a la defensa de instituciones públicas), propietarios de negocios asaltados, periodistas, ciudadanos que no participaban de las protestas y delincuentes saqueadores. El 30 de mayo en honor al Día de la Madre en Nicaragua, el Gobierno y la Oposición organizaron dos grandes concentraciones en la capital, el saldo de muertos y heridos al final del día fue realmente conmovedor: 15 fallecidos y 178 lesionados. A pesar del llamamiento a la paz por parte del Ejecutivo persisten las tomas en algunas Universidades, los habitantes más próximos se ven sometidos a la violencia y a enfrentamientos armados, además de quemas y saqueos a instituciones públicas y privadas al igual que amenazas sobre medios de comunicación privados. El día 30 de […]

Por Silvio Cuneo y Nicolás Oxman Académicos Derecho Penal, U.Central En los tiempos que corren, donde el punitivismo se clama desde cada ángulo, conviene tener presente la célebre profecía del pastor luterano, Martin Niemöller (normalmente atribuida a Bertolt Brecht), para que cuando finalmente vengan por nosotros no sea ya demasiado tarde para pedir un poco de clemencia y libertad. Presenciamos, con horror, un video en el que un carabinero en una situación que no suponía ningún riesgo para él ni para nadie, decide dispararle a ‘boca de jarro’ a un conductor de Uber que se niega a detenerse para un control policial. El actuar del chofer de Uber, no constituye ningún delito, toda vez que no detenerse al control policial es una falta de tránsito, es decir, una falta administrativa y no penal. Lo mismo pretender eludir el control mismo. Se trata, según nuestra legislación, de faltas leves, menos graves que ir a exceso de velocidad o pasarse una luz roja. Conviene recordar también que la actuación de carabineros está regulada en el marco del cumplimiento de un deber por normas administrativas que establecen una graduación de los riesgos. En caso alguno, según se aprecia de manera evidente en el video que el propio chofer filmó, se trataría de una legítima defensa. El policía bien podía dejar el vehículo pasar e incluso, si lo que quería era ‘hacerse respetar’ a fuerza de balazos, bien podía disparar en las ruedas del automóvil y no en el cuerpo del chofer. Más allá del lamentable –que pudo ser fatal- descriterio con el que actuó Carabineros de Chile, resulta triste y desesperanzador ver que no pocos justifican los balazos contra alguien que, defendiendo su empleo informal y precario, no obedezca la orden del carabinero. El propio Presidente de la República, otrora reo y prófugo de la justicia, defendiendo y justificando el actuar criminal del uniformado señaló que “nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención, un control de tránsito, control de vehículo o control de identidad, porque esa es una facultad que tienen nuestros Carabineros. Y mucho menos pretender atropellar a un carabinero como ocurrió hoy día en la mañana en el Aeropuerto de Santiago (…) llegó la hora de que todos aprendamos a respetar a nuestras autoridades, a respetar a nuestros carabineros”. La lamentable confusión del mandatario entre respeto y balazos no nos sorprende, pero es importante puntualizar que en el video se aprecia claramente que el conductor intentó salir lentamente del lugar sin, en caso alguno, realizar maniobras violentas que pudieran suponer el atropello del uniformado. Santiago de Chile, 16 de junio 2018 Crónica Digital