Buenos Aires. El exdictador Jorge Rafael Videla fue condenado hoy a 50 años de prisión al comprobarse su participación en más de 30 casos de apropiación de menores cometidos durante la última dictadura militar argentina.
Los hechos juzgados, dijo el tribunal en su resolución, son «delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad».
Tales acontecimientos, agregó, ocurrieron en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación desplegado entre 1976 a 1983 con el argumento de combatir la subversión e implementando métodos de terrorismo de estado.
Además de Videla, quien recibió así su tercera condena de cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, fueron sancionados a 40 años de encierro el exalmirante Antonio Vañek y a 30 años el exjefe del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Jorge «Tigre» Acosta.
Mientras, el exgeneral Santiago Omar Riveros fue condenado a 20 años de prisión, y el también exgobernante de facto Reynaldo Bignone a 15, al igual que Víctor Gallo, responsables de la apropiación de uno de los últimos nietos recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.
La audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia fue fijada para el próximo 17 de septiembre, según confirmó el Centro de Información Judicial.
El juicio por la causa «Plan Sistemático» comenzó en febrero del pasado año y en las audiencias se ventilaron 35 casos de robos de bebés, 20 de los cuales recuperaron su identidad y ahora brindaron testimonio.
Durante el proceso prestaron declaración unos 400 testigos, entre ellos víctimas de la apropiación y familiares, y por primera vez se analizaron más de 30 hechos de apropiación ilegal de recién nacidos de madres en cautiverio.
Entre quienes declararon estuvo el exembajador argentino en Colombia y ex jefe del Ejército, Martín Balza, quien dijo que «en lo personal» no tiene «ninguna duda» sobre la existencia de listas de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Balza, quien compareció por videoconferencia, reveló además que por testimonios de médicos, parteras y enfermeras que leyó en la causa, el robo de bebés durante la dictadura militar impuesta el 24 de marzo de 1976 era una práctica «sistematizada».
La denuncia judicial de esta causa fue radicada hace 15 años por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una organización según la cual todavía quedan por encontrar y devolverles su identidad unas 400 víctimas de los robos de bebés.
Santiago 6 de julio 2012
Crónica Digital
