La confluencia de múltiples sectores sociales en la jornada nacional de protesta del pasado 5 de julio en Chile fue solo el primer paso del despertar definitivo de los trabajadores contra el excluyente modelo sociopolítico.
Así opinaron analistas políticos y destacados representantes del movimiento sindical en el país suramericano.
«Cuando la gente sale a la calle y cuando se juntan los estudiantes y los trabajadores, a las políticas de los consensos se les mueve el piso«, afirmó el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas.
El dirigente de los obreros del metal rojo se refirió en particular al acercamiento de posiciones entre bancadas parlamentarias en torno a temas de sustancial interés para el mundo social.
«No puede haber diálogo si quienes están marchando en las calles no son escuchados, no puede haber diálogo sobre agendas legislativas, si estas no incluyen los temas que la ciudadanía está poniendo en las calles«, subrayó Cuevas.
«Si no se escucha la voz de cientos de miles que marchan en todo Chile, la verdad es que los diálogos no tienen representatividad«, recalcó.
Sus declaraciones apuntaron sobre todo al trámite legislativo de un proyecto de ley salarial del gobierno, tema contingente que motivó precisamente la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a la protesta del 5 de julio.
La movilización fue convocada por la multisindical, tras asamblea en la que participaron unos 200 dirigentes de sindicatos, federaciones y confederaciones afiliadas a la CUT.
De igual modo, la Mesa Social por un Nuevo Chile, que agrupa a emblemáticas agrupaciones políticas y sociales, incluida la Confederación de Estudiantes de Chile, dio su espaldarazo a la realización de la protesta.
La CUT abogó por subir el salario mínimo de los 182 mil pesos chilenos actuales (364 dólares) a 250 mil (500 dólares). La Moneda propuso subirlo a 193 mil (386 dólares).
El presidente de la CUT, Arturo Martínez, declaró que el incremento del salario mínimo propuesto por el gobierno no se ajusta a la realidad, teniendo en cuenta la carestía de la vida en el país y los incosteables precios de productos y servicios de primera necesidad.
Además, más de un millón de trabajadores ganan incluso menos que el mínimo vigente, advirtió el movimiento sindical.
En opinión del presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, hay condiciones en Chile para situar el piso salarial en 500 dólares, en lugar de los 386 USD defendidos por el Ejecutivo.
Creemos que las mismas condiciones económicas de las cuales el Gobierno se jacta, de tener casi pleno empleo, justifican un sueldo mínimo de 250 mil pesos, más un crecimiento cercano al cinco por ciento no debería tener ningún efecto perjudicial, dijo.
Asimismo el secretario general de la CUT y presidente del gremio magisterial, Jaime Gajardo, llamó a la administración de Sebastián Piñera a definir el monto del reajuste tomando en cuenta los precios de la canasta básica, en constante alza en un país considerado entre los más caros del planeta.
Consideró Gajardo, por otra parte, que la política de bonos impulsada por el gobierno solo conduce a paliativos que no enfrentan de raíz la pobreza y la inequidad social.
Por su parte el representante de la Confederación de Estudiantes de Chile y dirigente universitario de la región de Valparaíso, Gustavo Espinoza, afirmó que la demanda de los trabajadores es parte de la construcción de un nuevo país, más justo e igualitario.
Sobre la inequidad social prevaleciente en Chile, remarcó el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, que Chile es un país que tiene un gran crecimiento económico, pero su distribución es muy mala.
Por eso, acotó, es una vergüenza el reajuste salarial que se ofrece a los trabajadores.
Según La Moneda, el deseado aumento salarial no puede ser mayor porque el país ha sorteado, pero no está enteramente blindado ante la crisis global y se pudiera generar pérdida de empleos.
Sin embargo, los dirigentes sindicales replicaron ese argumento alegando que el gobierno por su matriz empresarial, sólo apunta a la defensa de los intereses privados.
El subsecretario general de la CUT, Guillermo Salinas, advirtió de otros ángulos que motivan a los trabajadores a movilizarse, como el reclamo de condiciones laborales dignas y el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva.
Lo que está en juego en definitiva no son unos pesos más o menos, sino asumir la verdadera, crisis que es la desigualdad, enfatizó Salinas.
Chile, remarcó, es el peor alumno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque está en el último lugar de ingresos, en el último lugar de relaciones sociales, aparece en los últimos lugares en materia de seguridad, educación, y en los primeros en desigualdad.
La ofensiva de la derecha
La protesta de los trabajadores del 5 de julio tuvo lugar a sólo una semana de una masiva manifestación en la que participaron más de 150 mil chilenos en todo el país, 120 mil en Santiago, en rechazo a la mercantilización de la enseñanza.
Ambas movilizaciones han sido vistas aquí como aldabonazo de un segundo tiempo de la lucha social en Chile y han hallado dura respuesta en los sectores oficialistas.
De hecho, la Intendencia Metropolitana no autorizó la realización de la demostración de la CUT prevista en La Alameda y justo en el desarrollo de la manifestación, los dirigentes sindicales fueron reprimidos cuando se dirigían al Palacio de Gobierno a entregar una carta.
A pesar de haber interpuesto un recurso de protección, los representantes de la multisindical fueron hostigados por Carabineros a caballo y bañados con los carros lanza agua.
Prensa Latina constató un fuerte despliegue militar en la Alameda y sus inmediaciones, con numerosa policía montada y zorrillos y guanacos, como se les llama en Chile a los vehículos lanza gases y lanza agua, instalados en diferentes puntos.
El líder magisterial Jaime Gajardo, agredido por desconocidos durante la marcha, denunció cómo los Carabineros no dejaron avanzar la manifestación pacífica y dejaron en cambio actuar a grupos minoritarios que provocaron desórdenes.
«Hace rato que grupos minoritarios andan enlodando las manifestaciones pacíficas«, manifestó Gajardo, quien no descartó se tratara de infiltrados con oscuros propósitos.
Se busca criminalizar las movilizaciones sociales, alertó Gajardo.
Otros dirigentes de la CUT coincidieron en que la protesta fue intencionalmente abortada, tal como había ocurrido con la marcha del movimiento estudiantil una semana atrás.
Sintomáticamente, figuras de la coalición gobernante y parlamentarios de ultraderecha apelaron a un polémico proyecto de ley de resguardo del orden público, que sanciona con penas de cárcel diferentes expresiones de la protesta social.
La cuestionada «ley Hinzpeter», que toma ese nombre en alusión al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, será votada en el Parlamento el próximo 18 de julio.
Santiago de Chile 8 de julio 2012
Por Tania Peña Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
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