Invitados por el diputado PPD, Tucapel Jiménez, los miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), asistieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, para informar sobre la grave situación que se está produciendo en el Penal Santiago 1, por los cortes del suministro de agua que realiza la concesionaria durante las noches.
«La falta de agua no sólo ha provocado que los reclusos y funcionarios vivan una situación inhumana al tener que soportar temperaturas por encima de los 30 grados sin poder bañarse ni tomar agua, sino que además se está incurriendo en una irresponsabilidad que no tiene nombre, por el peligro inminente de que ocurra un incendio como el de la Cárcel de San Miguel», afirmó Jiménez.
El parlamentario, quien hizo una visita fiscalizadora al Penal, señaló que allí fue informado que el 6 de enero se produjo un amago de incendio y hubo una demora de alrededor de 15 minutos en la reposición del agua.
«El acto inhumano y de irresponsabilidad de la empresa que pone en riesgo la vida de los internos, debiera ser motivo más que suficiente para poner fin al contrato. Estamos en presencia de una concesionaria que no quiere invertir en la utilización de camiones de agua u otra solución inmediata, porque lo único que le interesa es lucrar a costa de los reclusos. Ellos están privados de su libertad, pero no privados de su dignidad», afirmó el diputado PPD.
Jiménez agregó que «siempre he sido muy crítico de las concesiones no sólo de las cárceles sino que en general, porque siempre hay contratos muy leoninos para el Estado. Creo que está llegando el momento de revisar a fondo el tema de las concesiones en este país».
Santiago de Chile, 23 de enero 2014
Crónica Digital
