En los últimos años proliferaron en varios sectores de Chile monumentos improvisados para homenajear a exmiembros del narcotráfico o sus familiares, un símbolo del poder del crimen organizado que las autoridades se proponen hoy desmantelar.
La semana pasada en su segunda cuenta pública, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció fondos para las comunas a fin de demoler estas edificaciones y recuperar los espacios para la población.
“He instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que aparezcan”, dijo el mandatario.
En el país existe la tradición de levantar lo que se conoce como animitas, pequeñas casitas o templos, ubicados en esquinas o carreteras, como recuerdo de aquellos que fueron tempranamente arrebatados de la vida.
Esto dista de los grandes monumentos del narco, como la estructura en forma de castillo erigida en la Plaza Salvador Allende, de la comuna de Lo Espejo, para rendir tributo a Diego Marchant, uno de los hijos del clan Los Marchant, fallecido en un conflicto de bandas rivales.
Otro muy conocido en la Región Metropolitana es el de “La Reychel”, en la población de Santa Julia, del municipio de Macul, que se hizo después de que la hija de un capo de la droga muriera atropellada en 2017.
Se dice que el mausoleo se encontraba lleno de carteras, objetos de lujo y joyas, pero en las últimas horas el sitio fue vaciado y desaparecieron de allí los bienes y las fotos.
Anteriormente fue desmantelado el castillo de Marchant, en una acción que se atribuyeron sus propios familiares, cuando las autoridades lo señalaran como el primer sitio en ser destruido.
Para la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, lo más relevante, más allá de la intervención física del espacio donde está la construcción irregular, es lo que se proyecta.
Añadió la también militante del Partido Comunista que el plan no solo considera la demolición, sino también la instalación de infraestructuras públicas en esos sitios, entre ellas una escuela.
Este lugar, en particular, es símbolo del miedo, pero los vecinos no se atreven a expresar públicamente su desacuerdo con la existencia de instalaciones como estas, dijo.
Otra manifestación que causa temor y preocupación en la ciudadanía son los llamados funerales narcos de algún integrante de la banda, donde hay balazos, fuegos artificiales y amenazas, lo cual obliga a cerrar las escuelas y otros establecimientos.
En su discurso a la nación, el presidente anunció la presentación de un proyecto de ley dirigido a restringir estas prácticas, con la limitación de los días de velorio y el recorrido de los cortejos, entre otras medidas.
“Nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar los barrios”, dijo el mandatario.
Ante el creciente problema de la inseguridad, el Gobierno puso en vigor en fecha reciente el plan Calles sin Violencia, el cual permitió decomisar más de mil 700 armas y detener a mil 359 personas, de las cuales 40 por ciento eran prófugas de la justicia.
El país también aprobó este año una ley contra el narcotráfico, la cual crea instrumentos para la persecución de los recursos financieros obtenidos por las bandas del crimen organizado.
Esta normativa permite al Estado disponer de los bienes incautados, los cuales podrán pasar a entidades públicas o privadas que trabajen sin ánimo de lucro.
La legislación incrementa, además, las sanciones cuando el tráfico de drogas tenga como objetivo, o involucre de alguna manera, a menores de 18 años y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Santiago de Chile, 7 de junio 2023
Crónica Digital/PL
