Defensores de los derechos de la mujer expresaron hoy en Chile su indignación por la posible anulación del juicio contra Martin Pradenas, condenado a 20 años de presidio por siete delitos sexuales.
Entre las víctimas de esas agresiones figura Antonia Barra, una joven de 21 años residente en Temuco que el 12 de octubre de 2019 se quitó la vida después de haber sido violada por Pradenas.
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres calificó de inaceptable la anulación del juicio y advirtió que las denunciantes, sus familias y comunidades cercanas tendrán que pasar de nuevo por todo un proceso judicial, lo cual es revictimizante.
«Esperamos que en un nuevo proceso la condena a Martin Pradenas sea igual de contundente», advirtió hoy en su cuenta en Twitter la organización, tras advertir que estará atenta al fallo.
Según se conoció aquí la semana pasada, la Corte Suprema acogió un recurso de la defensa del acusado para dejar sin efecto el juicio debido a la supuesta falta de imparcialidad de uno de los jueces redactores de la sentencia.
«Necesitamos justicia a la altura de la violencia que se vive», escribió en las redes sociales la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, al expresar su rechazo a una posible nulidad del proceso.
Según datos de las organizaciones sociales, solo en 2022 un total de 38 féminas fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, declaró que si se repite el juicio lo volverán a ganar y será una nueva oportunidad para demostrar todas las denuncias del proceso anterior y lograr la condena de Pradenas.
El caso de Antonia ocasionó una gran conmoción nacional y el Gobierno promulgó una ley homónima que tipifica como delito el suicidio femicida y protege los derechos de las víctimas de agresiones sexuales y sus familias.
Esta iniciativa establece penas de prisión para la persona que cause el suicidio de una mujer por hechos previos de violencia de género.
En paralelo a su divulgación, el gobierno anunció un paquete de indicaciones al proyecto, el cual establece un régimen de protección y reparación integral a las familias, entre ellos para los hijos de las víctimas.
Santiago de Chile, 27 de diciembre 2022
Crónica Digital/PL
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