Decenas de estudiantes, trabajadores, funcionarios administrativos y académicos de la sede Punta Arenas de la Universidad del Mar se han puesto en movimiento en demanda de soluciones concretas y de decisiones claras de parte de las autoridades universitarias que aseguren la continuidad y la estabilidad de esta casa de estudios superiores, en Magallanes y en el resto de Chile.
En la sede Punta Arenas, un amplio número de administrativos, auxiliares, académicos y directivos de la universidad se han puesto en movimiento solidarizando con las demandas de los estudiantes, organizados en su propio Sindicato y reclamando decisiones y cumplimiento en materia de remuneraciones y de cotizaciones previsionales. Pero además, nos mueve una causa de justicia y una responsabilidad moral como educadores, para quienes la educación es una vocación y una tarea impostergable y con un claro sentido de futuro. Nos sentimos plenamente responsables y comprometidos con la educación que impartimos a nuestros estudiantes, sabemos que estamos haciendo universidad a pesar de las condiciones adversas y por eso rechazamos las lamentables expresiones de discriminación y ofensas gratuitas que se han proferido en diversos medios de comunicación en contra de esta comunidad universitaria.
Creemos también que el Estado tiene un rol activo que cumplir en el control y fiscalización de las instituciones privadas de educación superior, para que se elimine el lucro, para que se terminen los diversos tipos de abusos de que son objeto académicos y trabajadores de estas instituciones. Esta crisis vuelve poner en la agenda pública la cuestión del lucro en la educación universitaria en Chile. En esta materia, nos sorprende que el Ministerio de Educación “descubra hoy” las irregularidades que se han estado realizando en la Universidad del Mar, en circunstancias que los gremios de trabajadores han denunciado estos hechos desde el año 2011, públicamente y ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el lucro en las universidades. El Ministerio y el gobierno no pueden decir desconocer estos hechos.
Mientras cuantiosas cantidades de recursos financieros se desviaban hacia el mero lucro a través de sociedades inmobiliarias, varios miles de trabajadores vieron incumplidas sus remuneraciones y cotizaciones previsionales, afectando nuestra dignidad como personas y como educadores.
Hoy la demanda principal de este grupo de profesionales sindicalizados es que se realicen cambios profundos en el gobierno universitario, que se adopte el criterio de la triestamentalidad, que se modernicen procesos institucionales y de gestión organizacional y que se inviertan los recursos necesarios para fortalecer la calidad y la excelencia académica.
Santiago 5 de junio 2012
Crónica Digital
