HACIA LA CONSTRUCCION DE UNA POLITICA DE ESTADO PARA EL SECTOR ENERGIA.
El Colegio de Ingenieros de Chile AG, consciente de la compleja situación por la que atraviesa el país en materias de suministro eléctrico, viene a proponer un conjunto de medidas de corto plazo y elementos para la configuración de una política de largo plazo.
Si bien la política energética debe cubrir coherentemente el mercado y desarrollo de las distintas fuentes energéticas y no sólo la generación eléctrica, esta propuesta se centra en las variables que condicionan el funcionamiento y desarrollo del mercado eléctrico, debido a la crisis que lo afecta y que ha conducido a la constitución de un sistema eléctrico vulnerable, dependiente, concentrado y con precios elevados, configurando una situación que de perdurar atenta contra la competitividad del país y contribuye a incrementar la inequidad presente en nuestra sociedad.
La problemática actual del sector eléctrico es el resultado de su desarrollo en un marco conceptual confiado en su auto-regulación, delegando el desarrollo eléctrico del país –y en particular el segmento de la generación– a las fuerzas relativas de los distintos actores que intervienen dentro y fuera del mercado para que definan cuando invertir, donde invertir y con qué tecnología.
En consecuencia, la respuesta a la problemática eléctrica actual no pasa sólo por resolver los elementos técnicos que la circundan, sino más bien por adoptar un conjunto de medidas que permitan el liderazgo del Estado en la concepción e implementación de las decisiones estratégicas del sector en materias tales como: la regulación de la propiedad de los derechos de agua; la revisión o modificación del esquema tarifario eléctrico; la desconcentración de la industria eléctrica; la prioridad asignada a la eficiencia energética, la generación distribuida y las energías renovables; la eventual inclusión de la opción nucleoeléctrica en la futura matriz energética; el establecimiento de canales institucionales de participación ciudadana informada y debidamente considerada por las autoridades; y el ordenamiento territorial para el desarrollo de los proyectos de generación.
La presente propuesta tiene dos objetivos. Por un lado proponer las bases de una política eléctrica de largo plazo, con foco en la competitividad, seguridad y sustentabilidad; y por otro esbozar un conjunto de medidas inmediatas que ayuden a superar la aguda crisis actual y que estén en sintonía con la política de largo plazo.
Objetivos de la Política Eléctrica.
La política eléctrica de largo plazo debe ser entendida como una política de Estado, y no de gobierno, promoviendo el desarrollo de un mercado eléctrico que considere al menos los siguientes criterios:
a. Un Estado protagonista en la planificación estratégica y el desarrollo del sector eléctrico
El Estado debe asegurar una planificación de largo plazo mediante la existencia de un ente planificador y conductor del proceso de desarrollo eléctrico. Esta planificación debe integrarse en forma efectiva con las políticas sectoriales, principalmente las ambientales, de transporte, de vivienda y de desarrollo urbano, y el Estado deberá responsabilizarse del establecimiento de la línea base ambiental en el caso de los grandes proyectos de inversión del sector.
b. Un sistema eléctrico sustentable y en armonía con el medio ambiente natural y social
Asegurar un abastecimiento sustentable, entendido como seguro y de calidad, de menor dependencia externa, competitivo en precios, atractivo para nuevos y variados participantes, y con una interacción armoniosa con el medio ambiente y la sociedad local y nacional.
Promover y asegurar canales de participación ciudadana amplia e informada, tanto a nivel nacional como regional, para la definición de los grandes ejes de la política energética y de los macro proyectos energéticos, principalmente en las etapas de concepción de los mismos, promoviendo evaluaciones amplias e incluyentes de los proyectos, las que deben considerar sus externalidades.
Asegurar que el desarrollo energético se inserte en el marco de un ordenamiento territorial armónico con las distintas actividades productivas y con respeto a los pueblos originarios y las áreas silvestres protegidas.
c. Un sistema eléctrico competitivo, diversificado y seguro
La política eléctrica debe apuntar a la desconcentración del sector, reduciendo barreras de entrada mediante cambios regulatorios que permitan el ingreso de nuevos actores y promuevan la competencia efectiva.
Se debe revisar el esquema tarifario vigente para la fijación de los precios de la electricidad, incluyendo la evaluación de su aplicación actual, su correcta aplicación y la posibilidad de transformación o reemplazo del esquema marginalista.
Se debe reformar la institucionalidad de los CDEC de manera de independizarlos administrativa y financieramente de los principales actores de la industria eléctrica.
Además se requiere rediseñar las funciones del segmento de distribución de manera de incorporar en ellas la gestión de la demanda.
Se debe establecer las bases para una adecuada diversificación de la matriz energética considerando todas las energías disponibles, mediante una planificación a largo plazo de la expansión de la generación y transmisión en alta tensión reflejada en la matriz que satisfaga los ámbitos económicos, ambientales y de seguridad.
Dar prioridad estratégica a la eficiencia energética a fin de amortiguar el crecimiento del consumo de energía, a la generación distribuida, a las Energías Renovables y a la eventual inclusión de la opción nucleoeléctrica en la futura matriz energética.
El Estado se debe comprometer en la gestión, financiamiento y administración de proyectos energéticos innovadores.
Asimismo, el Estado debe promover la investigación y desarrollo de alto nivel de todas las fuentes energéticas como las ERNC y la energía nuclear.
Medidas de Corto Plazo.
Atendiendo a la necesidad de acciones de corto plazo que ayuden a paliar la crisis actual, se propone un conjunto de medidas en concordancia con la mirada de largo plazo y que deben ser abordadas de inmediato. Se considera que la política de corto plazo debe apuntar a asegurar el abastecimiento y la calidad del servicio de la energía eléctrica, aún cuando se reconoce que es probable que en una primera etapa no se logre bajar sustancialmente los precios de la electricidad debido a la relativa rigidez de las opciones disponibles, la dependencia del mercado internacional y de su volatilidad.
El proceso de revisión del marco institucional del sector y la adopción de las medidas de corto plazo deben hacerse en forma simultánea como se describe a continuación.
a. Destrabar los proyectos energéticos actuales:
Destrabar los obstáculos al desarrollo de proyectos energéticos convencionales, asegurando una consulta efectiva a la ciudadanía y a los pueblos originarios que serán afectados por los proyectos, respetando las áreas silvestres protegidas y considerando las externalidades de los proyectos.
Destrabar los obstáculos administrativos, regulatorios y de infraestructura que impiden concretar los proyectos de ERNC que disponen de Resolución de Calificación Ambiental.
b. Integrar efectivamente la participación de la comunidad:
Buscar una relación con la comunidad más estrecha por parte de los proyectos energéticos y promover que las comunidades locales reciban parte de los beneficios de los proyectos instalados en su territorio y que incluyan compensaciones ambientales.
Establecer canales formales de participación ciudadana informada, a nivel nacional en el caso de la definición de los ejes de la política energética, así como a nivel local o nacional en el caso de los proyectos energéticos.
Reforzar la difusión a la ciudadanía de los beneficios, costos, riesgos, impactos ambientales y características operacionales de las distintas alternativas energéticas y de la eficiencia energética.
c. Reforzar la institucionalidad existente:
Reforzar las distintas instancias de la institucionalidad energética nacional y redefinir su rol, en particular en los organismos que promueven el uso de ERNC y la eficiencia energética.
Estudiar una institucionalidad nuclear constituida por un órgano regulador nucleoeléctrico independiente y una organización en el Ministerio de Energía que sea responsable de la planificación y coordinación de un eventual programa de centrales nucleoeléctricas.
Adoptar en su integridad los programas establecidos en las Bases para el Desarrollo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética.
Establecer presupuestos que permitan cumplir a cabalidad las funciones de los organismos del sector energético responsables de la planificación, regulación, fiscalización y fomento, así como asignar autonomía administrativa y financiera a los organismos ejecutores.
d. Modificar el marco regulador de las tarifas eléctricas:
Efectuar modificaciones regulatorias que permitan, en lo inmediato, calcular los costos marginales excluyendo las máquinas Diesel pero considerándolas como un respaldo circunstancial, lo que implica pagar al generador diesel los costos efectivos de la generación y no afectar el precio que pagan los usuarios.
Establecer un sistema de licitaciones de nuevas obras de generación acorde con la política energética de largo plazo, dirigido por el Estado o por una institución autónoma.
Establecer que las licitaciones tengan bloques separados para las energías renovables no convencionales y restricciones para actores existentes promoviendo, por ejemplo, la entrada de máquinas nuevas.
Perfeccionar el funcionamiento del mercado eléctrico de los clientes libres, de manera de evitar cláusulas que atentan contra la competitividad de la economía nacional.
Revisar y modificar la Ley 20.571 para restituirla a su espíritu original de Netmetering frente al actual de Netbilling.
Colegio de Ingenieros de Chile
Santiago de Chile 14 de marzo 2014
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