Desde que surgieron las protestas estudiantiles, en el año 2011, llamando a poner fin al lucro en la educación y poniendo sobre la mesa la exigencia de gratuidad y calidad de ésta, también surgieron voces exigiendo mayor democracia, y por lo tanto mayor participación ciudadana en las decisiones políticas y económicas que afecten el quehacer del país, las que obviamente repercuten en la vida de todos. La gente ha comenzado a asumir que mientras las decisiones en estos asuntos sean tomadas por grupos de poder, minoritarios, relacionados entre sí, el abuso y el lucro, en todas sus categorías, seguirá mortificando a la inmensa mayoría de los chilenos. El lucro no sólo existe en la educación, en la acumulación de dinero, también son formas de lucro el lobby, el tráfico de influencias, los privilegios de las fuerzas armadas y la corte suprema, la usura de los servicios de agua y electricidad, la salud y la previsión privatizadas, el Transantiago, etcétera. Con el abuso, el lucro y la explotación, en su forma moderna –crédito, usura y deuda-, se acaba conquistando primero que nada una democracia realmente participativa, donde se extirpe todo rastro de oligarquía y se dé paso a una institucionalidad que concrete, a cabalidad, aquella sentencia que dicta que “la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.
La democracia chilena es una democracia perversa, condicionada a los intereses de los partidos políticos, cuyos dirigentes están vinculados al empresariado neoliberal de distintas maneras. Esta “democracia” está sostenida por una Constitución ilegítima en su génesis, impuesta a sangre y fuego por una tiranía militar, en 1980, y luego legitimada, a través de la desinformación y el engaño, por los gobiernos de la Concertación, que llevó al pueblo a creer que las reformas, mínimas y gatopardistas, a dicha Carta, realizadas en 2005, le daban validez democrática.
Por otro lado, está el sistema de elecciones para elegir parlamentarios, llamado Binominal, que permite que sean electos congresistas que obtienen menos votos que sus rivales, distorsionando la realidad y fortaleciendo el poder de los partidos políticos que se encuentran apoltronados en dos grandes alianzas, cuyo objetivo central es auto reproducirse y mantener sus granjerías, prevaricaciones y el poder profitar “legalmente” del erario público. Además, el pueblo sólo puedo votar por quienes decidan los partidos políticos que pueden ser candidatos, no hay más opciones, pues los independientes de verdad, sin apoyo de un partido, tienen nulas posibilidades de triunfo. Eso no es democracia, es una añagaza de democracia. Una verdadera democracia debería generarse desde las juntas de vecinos, desde las organizaciones sociales, convocando a una asamblea constituyente donde participen en igualdad de condiciones trabajadores y estudiantes, sindicatos y colegios profesionales. La dictadura de los partidos políticos debe ser erradicada definitivamente, no podemos continuar con una democracia falsificada, inspirada en lo que llaman República Portaliana. Es ése el peor lastre histórico gestionado por la oligarquía gobernante, haber impuesto en el imaginario popular que la “república democrática” se la debemos a Diego Portales y seguir sus ejemplos, que, en honor a la verdad, debemos decir que sólo fue un mercachifle.
Cuando uno escucha las discusiones de los políticos profesionales, dueños de los partidos, se da cuenta de que todo es populismo y pasadas de máquina. Los políticos más honestos, porque también los hay, como máximo, aspiran –aunque no lo dicen públicamente- a una especie de despotismo ilustrado; es decir, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, sentencia que además tampoco se cumple. El lenguaje de la derecha y del ochenta por ciento de los dirigentes de la Concertación está lleno de trampas, omisiones, arrogancia, mentiras y no poca mala fe. El veinte por ciento de dirigentes, de base, que es democrático, no tiene mayor poder de decisión dentro de los partidos en que militan. Por estas razones es más necesario que nunca un cambio radical en la política chilena, en la manera de administrar el Estado, en la preservación de los recursos naturales, en el modo de relacionarse lo privado con lo público. Se deben dictar leyes severas contra el abuso económico (Bancos y similares) y acabar con la explotación de los trabajadores en todas las formas existentes. Eliminar APFs e Isapres sería otro paso fundamental. La democracia no la pueden continuar definiendo las cúpulas de los partidos políticos y un Parlamento que no representa más que intereses comerciales y las ambiciones de poder de una minoría. Cientos de pruebas de la corrupción de la política chilena, saltan a la vista cada día.
Por Alejandro Lavquén
Santiago de Chile 21 de mayo 2013
Crónica Digital
