¿Continúa la segregación a grupos con diversidad funcional?

La idea de que todas las personas, independiente de su condición social, deben participar de un sistema educativo, es reciente en comparación con la larga historia de la humanidad. Muchas razones apartaron a diversos tipos de personas de la educación regular: ser de una casta social baja, estar en situación de pobreza, pertenecer a grupos culturales o religiosos discriminados por las autoridades, entre otras causas.

Una de las razones que se mantuvo hasta este tiempo, fue contar con la ausencia o disminución de capacidades específicas, como son las habilidades motrices o la capacidad de oír. En el caso de que la persona no contara con su visión, o padeciera alguna enfermedad que lo pusiera en una situación limitante respecto de un desempeño ideal, el sistema educativo lo abandonaba por omisión debido a que no contaba con herramientas para integrarlo.

El gran impulso de la educación pública obligatoria integró a múltiples tipos de personas, incluyendo a quienes eran etiquetados como discapacitados y asociados a un padecimiento médico. En esta primera instancia, las personas fueron integradas a la educación regular, sin embargo, con el tiempo se construyeron espacios especializados para educar a grupos con diversidad funcional, buscando que instituciones especializadas respondieran mejor a sus necesidades educativas particulares.

En la actualidad, los resultados de la educación especializada fueron cuestionados por generar segregación social y no incluir en los espacios tradicionales a personas etiquetadas como discapacitadas. El resultado de este cuestionamiento es la reintegración de los grupos con diversidad funcional en los establecimientos regulares de educación.

Finalmente, la nueva problemática para las autoridades, es que los establecimientos educacionales regulares no cuentan con las herramientas especializadas, para responder a las necesidades particulares de los grupos con diversidad funcional, generando una nueva segregación interna dentro del mismo establecimiento, producto de no contar con profesionales especialistas o programas adecuados.

Por Manuel Letzkus Palavecino y David Álvarez Maldonado
Académicos del Departamento de Gestión Organizacional UTEM

Santiago de Chile, 29 de julio 2022
Crónica Digital

Next Post

El enfoque de género será criterio para la adjudicación de fondos públicos a instituciones de educación superior

Vie Jul 29 , 2022
En el marco de la entrada en vigencia durante septiembre próximo de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, y a través de un conversatorio transmitido a través de Zoom, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) inició la campaña para sensibilizar sobre este tema. En la instancia, organizada por las 18 universidades integrantes del CUECH, la Subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, explicó que al asumir esta Administración no encontraron ninguna herramienta de apoyo o incentivo para la implementación de la Ley 21.369, pero que se identificó una oportunidad en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES). “Para el año 2022 modificamos las bases de los fondos que se transfieren a las instituciones de educación superior poniendo dentro de los requisitos aspectos como la no discriminación, la interseccionalidad y el enfoque de género, como criterios para poder adjudicarse parte de estos fondos públicos”, explicó. Junto a lo anterior, la autoridad puntualizó que uno de los avances en esta materia, fue la aplicación en el año 2021 y 2022 de una encuesta de género a las instituciones de educación superior, que fue respondida por 97 de ellas. “Entre los principales resultados encontramos que las universidades cuentan en mayor medida con organismos centralizados que se dedican a las temáticas de igualdad de género, sobre todo las universidades estatales. Sin embargo, hay una brecha importante cuando hablamos de los centros de formación técnica estatal y los centros de formación técnica e institutos profesionales en general”, detalló. La actividad contó también con la participación de Marisol Durán, Rectora de la UTEM y miembro del directorio de CUECH; y Camila Ortega, estudiante de la Universidad de O`Higgins y vocera de la CONFECH, además de una audiencia diversa que participó muy activamente por redes sociales. La Rectora de la UTEM, Marisol Durán enfatizó que “tenemos que ser agentes de cambio desde las universidades, desde el gobierno y las organizaciones estudiantiles”. Indicó que “nosotros tenemos cuerpos normativos y por ejemplo el Reglamento de Carrera Académica lo estamos modificando para establecer perspectivas de género”. “Las universidades nos estamos sumando a esa discusión en las comunidades educativas, con los y las académicas e implementando medidas remediales y compensatorias para que las académicas puedan avanzar sin tantos obstáculos durante su carrera”, señaló. La Ley Nº 21.369, publicada en septiembre de 2021, señala que todas las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, considerando además la protección y reparación a las víctimas. Se contempla que incluyan un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construidos de manera participativa. Al respecto, la representante de la CONFECH, Camila Ortega, explicó que en marzo pasado levantaron la Coordinadora Feminista (COFEM), la que se preocupó de reunir todos los protocolos de acoso que existían en las universidades y hacer un catastro, “entendiendo que tenemos […]

Te puede interesar:

Las opiniones vertidas en este medio de comunicación no necesariamente representan el sentir de Crónica Digital y son de responsabilidad de quienes las emiten.

Crónica Digital, es un medio de comunicación social, republicano y comunitario. Fue fundado el 19 de abril del año 2005. Su objetivo periodístico es informar sobre los principales noticias de Chile, América Latina y el mundo.

El director de Crónica Digital es el periodista Marcel Garcés Muñoz.

Su representante legal y editor general es el periodista Iván Antonio Gutiérrez Lozano.

El editor nacional es el periodista Ramón Vargas Vega.

El editor cultura es el periodista Miguel Alvarado.

Corresponsal en La Habana, Cuba, Florencia Lagos N.

El asesor legal es el académico y abogado Sr. Pablo Méndez Soto.

Los principales asociados informativos de Crónica Digital son la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina , la agencia de noticias China, Xinhua y TV Brics.

En Chile, el medio electrónico El Maipo

Correo: cronicadigital@gmail.com
Dirección: Maturana 302 local 2
Santiago de Chile.

Desde el año 2005 Crónica Digital es parte de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.

Crónica Digital es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Redacción Diario Crónica Digital
Fono: 950142601

Un café en una plaza con historia....

Maturana con Huérfanos
plaza Brasil,
Santiago de Chile.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cafe-con-torta-900x675.jpeg