Por Paulina Osorio Parraguez y Alejandra Fuentes García
Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile
«Nuestro país requiere acciones inminentes de reformas estructurales que permitan asegurar un envejecimiento digno y seguro», plantea en esta columna de opinión las profesoras de la Universidad de Chile Paulina Osorio Parraguez, de la Facultad de Ciencias Sociales, y Alejandra Fuentes García, de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina. En este artículo, publicado en Cooperativa.cl, ambas académicas pertenecientes a la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Casa de Bello advierten sobre la urgencia de una reforma tributaria y políticas que permitan generar las condiciones para una mejor vejez en el país.
El pasado 8 de marzo la prensa informó que «la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria» que había sido presentado por el Ejecutivo ¿Qué tiene que ver esta decisión con el envejecimiento de nuestro país? Si pensamos que uno de los objetivos de esta propuesta es asegurar derechos sociales a través del financiamiento de políticas como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, exención tributaria a los cuidados familiares de niños menores de dos años y personas con dependencia severa y financiamiento para la reducción de listas de espera en el sistema público de salud; nos damos cuenta que este rechazo afecta claramente las posibilidades y oportunidades de asegurar condiciones de vida dignas, especialmente para aquellas personas viviendo su vejez.
Esta situación es preocupante en un país que ha ido envejeciendo rápidamente. Según datos del INE, si en 1992 los mayores de 60 años correspondían a menos de 10% de la población total; en 2022 esa proporción había aumentado a algo más del 18% y se espera que para el 2050 supere el 30% (32,1% es la proyección poblacional). La esperanza de vida al nacer, por su parte, también ha aumentado significativamente en las últimas décadas en Chile. De acuerdo a datos del INE (2021), si en el periodo 1990-1995 esta se estimaba en 74,3 años, en el periodo 2015-2020 aumentó a 80 años; y en el actual quinquenio se sitúa en 83 años para las mujeres y 78 años para los hombres (OECD). Otro indicador a tener presente en este contexto es el paulatino descenso de la natalidad de nuestro país. Registrándose 2,48 hijos por mujer en 1992; 1.6 en 2017, y 1.45 en 2020.
Chile, como un país altamente envejecido, no debería perder de vista este contexto, el cual no es solo un dato demográfico, sino que, por sobre todo, un fenómeno con significativas y profundas implicancias sociales, económicas y políticas. Ser un país demográficamente envejecido y con un crecimiento negativo significa que la distribución por edades de la población cambia completamente. Ya no podemos seguir pensándonos como una sociedad con población en lógica piramidal; ya no contamos con una amplia base de población joven y una cúspide reducida de población mayor. Esto lleva a cambios en las configuraciones familiares, habiendo hogares en el que actualmente conviven dos o tres generaciones de personas mayores de 60 años. Estos cambios también tienen impacto en la vida laboral, con la reducción sostenida de la población en edades consideradas económicamente activas (15 a 64 años), como también en condiciones vitales para asumir labores de cuidado al interior de las familias.
Con el alargamiento de los años vividos en la etapa denominada «vejez» es urgente que como sociedad tomemos medidas que puedan asegurar vejeces en condiciones dignas, lo cual necesariamente implica que, como país y en una discusión pública, afrontemos la colisión de crisis de pensiones y de cuidados, que se agudiza cada vez más en el contexto antes descrito.
Uno de los focos en que se centra la reforma tributaria es el apoyo financiero a los gastos asociados al cuidado al interior de la familia. Pareciera prácticamente imposible pensar en vejeces dignas si el cuidado sigue estando principal y, en algunos casos, exclusivamente, bajo la responsabilidad, tuición y carga financiera de las familias. Es más, este cuidado recae principalmente en las mujeres de la familia y es socialmente definido como una responsabilidad femenina. Así, por ejemplo, 86% de quienes realizan las labores de cuidado de personas mayores dependientes son mujeres, lo cual además de tener asociado un alto costo económico, implica que estas mujeres en algún punto, y casi inevitablemente, deje -literalmente- de tener vida propia, para volcarse por completo a las labores de «cuidar» al otro/a dependiente.
Otro de los ámbitos de la reforma tributaria propuesta es aumentar el monto de la Pensión Garantizada Universal a $250.000 pesos. Si pensamos que nuestro país se caracteriza por ser altamente desigual en términos económicos y sociales (con un Índice de Gini de 44,9 en 2020), con un sistema de pensiones que agudiza esas desigualdades en la vejez (casi el 80% de quienes se jubilan por el sistema de AFP obtienen pensiones bajo el sueldo mínimo), esta negativa a la idea de legislar dificulta la reducción de condiciones de vida de pobreza en la vejez.
Nuestro país requiere acciones inminentes de reformas estructurales que permitan asegurar un envejecimiento digno y seguro. Esto es, entre otros, políticas públicas financiadas a través de una mayor recaudación pública que generen una mayor equidad en la recaudación de impuestos para que tanto las generaciones futuras como las actuales vivamos vejeces sostenibles y respetadas en sus derechos políticos, económicos y sociales
Santiago de Chile, 29 de marzo 2023
Crónica Digital/uchile.cl
