Si hubo un mito que acompañó los devenires de la escena política chilena, fue el mito de que nuestros políticos y sus instituciones, más allá de los legítimos cuestionamientos que se podían hacer, pasaban los test de blancura y probidad. La corrupción, en ese imaginario chileno, habitaba en un perenne más allá. México, Argentina y Brasil eran los territorios de la corruptela y el clientelismo, Chile no. Incluso, nos convencimos, que prácticas como el compadrazgo y las prebendas eran parte de un pasado distante, de un Chile rural y decimonónico, que los distintos procesos de modernización habían dejado atrás.
Se ha roto la ilusión y al mismo tiempo se han confirmado todas las sospechas. La lucha contra el abuso y la desigualdad, elementos estructurantes del discurso y Programa de la Nueva Mayoría, salen del terreno de lo abstracto y toman cuerpo frente a la ciudadanía. Lo que era un rumor, ahora es visible: el interés general era el interés de unos pocos.
Ahora bien, más allá de sensacionalismos mediáticos, y siendo sinceros con nosotros mismos: ¿cuánto de autoengaño hay en todo esto? ¿Alguien honestamente se sorprende que los empresarios hayan financiado de manera ilegal al partido, la UDI, que durante todos estos años defendió con férrea disciplina sus intereses en el Congreso? Convengamos que no hay nada nuevo en lo que hoy se destapa, más bien, ni siquiera extraña confirmar que un sector de la «vieja Concertación» fue colonizado en el camino de la transición pactada por el sinuoso poder del dinero. El contubernio entre poder político y poder económico era una de esas verdades no dichas en público, una de esas verdades vergonzosas, pero ampliamente difundida en los corredores.
Sin embargo, el problema de la corrupción hay que mirarlo más allá de los escándalos que atiborran la contingencia. La dramática desigualdad económica que lacera nuestro país, denunciada por unos y otros, es el resultado, tal vez inevitable, de una desigual distribución del poder consolidada sobre la base de la refundación capitalista (forjada por la dictadura) y sus dos pilares claves: la institucionalidad, con sus enclaves autoritarios, y la neoligarquización de la política. Es cuestión de mirar cuáles son los orígenes de los patrimonios comprometidos en los casos Penta y Soquimich, están claramente situados en «el saqueo» sucedido en la última fase de la dictadura militar chilena, en las privatizaciones llevadas a cabo, ahí se fue dibujando buena parte del presente, tal cual lo denunciara María Olivia Mönckeberg en su momento. Y de hacer el análisis de los sujetos implicados directamente en los asuntos, la regla muestra que son quienes tuvieron palco en el ocaso de la dictadura y la primera parte del «negocio» de la transición.
Dicho lo anterior, tenemos que pensar el fenómeno de la corrupción no desde la inmanencia ni de las generalizaciones que homogenizan todos los matices, no es cierto que todos los que hacen política son corruptos, aunque esta idea no les guste a los revolucionaros de Facebook y Twitter, y a sus aliados circunstanciales, la prensa conservadora y sensacionalista. Hay que separar la paja del trigo y diferenciar los posicionamientos éticos. Detrás de la sensación de caos que algunos de forma interesada buscan instalar hay una atajo para los verdaderamente responsables. La derecha con su sempiterno sentido del poder comprende que en la medida en que todos sean mirados como «iguales» el daño será menor, «la vara estará más baja», sin embargo, todas las listas que hasta ahora se han filtrado por medio de la prensa muestran una proporción de 80% a 20% (Derecha-«vieja Concertación») y, en este punto debemos ser doblemente claros, no se trata de relativizar lo indefendible, «de más buenos o más malos», sino de caracterizar los hechos para ir dando con las claves que permitan abordar estrategias de solución efectivas apostando siempre por la justicia y la verdad. Como ya han señalados varias voces, todo intento de encubrimiento e impunidad debe ser rigurosamente condenado y denunciado.
Antes de que explotaran los escándalos, en particular el de Caval, el gobierno de Michelle Bachelet había obtenido importantes logros en materia legislativa, que materializaban sentidas demandas ciudadanas y que reconfiguraban el espacio de lo público, que es precisamente lo que la corrupción pone en crisis. Sin duda, la parálisis que ha generado el caso Caval, tanto en el gobierno como en las filas de la Nueva Mayoría, medra el programa de reformas comprometido con la ciudadanía. Pero así como en la Nueva Mayoría hay dudas e incertidumbre, la Derecha en cambio no se pierde, y entre los escombros y el caos reinante sigue impulsando sin pudores ni aspavientos su agenda, una agenda que no quiere ningún cambio estructural. Es cuestión de recordar las palabras de la Senadora de Lily Pérez en Tolerancia Cero hace algunos días: «no estoy diciendo que la Presidenta renuncie, lo que estoy diciendo es que a mí juicio este gobierno no tiene piso político, no tiene apoyo ciudadano para seguir impulsando ninguna reforma». La iniciativa política no puede perderse, menos aún, cuando, con límites incluidos, se va en la dirección correcta.
El desafío (también transmitido por la señal de beligerancia de los adversarios) debe clarificar con más fuerza el horizonte de los sectores progresistas dentro y fuera de la Nueva Mayoría: democratizar la democracia, devolver la política a la ciudadanía y con sentido de urgencia los partidos a sus militantes.
Ese lugar común respecto a que toda crisis supone una posibilidad aplica al caso. Hoy en un contexto de mayor espesura ciudadana y con una Coalición de Gobierno que vincula actores comprometidos con las demandas de la gente se debe buscar en un ejercicio político-pedagógico, dar cuenta de los estrechos márgenes de la democracia representativa y ser transparentes en decir que no es posible en este encuadre superar la relación dinero-política (cualquiera sea el nivel de regulación legal) en el largo plazo. Es momento de plantear la tarea de avanzar hacia una democracia participativa, y la participación de la gente debe partir ahora. Se requiere de un relato articulador que vuelva a instalar las reformas estructurales en el centro de la agenda, comprometiendo a la mayoría que apoyó a Michelle Bachelet y superando la cultura republicana de «baja intensidad» de las últimas décadas y, al mismo tiempo, los vicios y contradicciones que han surgido en el camino, como algunas apuestas que cargan con el sesgo neoliberal de la «vieja Concertación», como sucede en la Reforma Laboral por ejemplo. El Chile que queremos no reposa en ciudadanos pasivos que esperan las respuestas de Comisiones de Expertos, sino en una ciudadanía activa que se sabe mayor de edad y no requiere el tutelaje de viejos actores.
La última cadena presidencial marca un antes y un después. La presidenta tiene claro que empieza a jugar su legado en la Nueva Constitución. Habló de un Proceso Constituyente y algunos tenemos la firme convicción de que aquel camino de restitución del poder constituyente va a desbordar lo existente. Se estrechan los plazos y se debe tomar una pronta decisión, y hay dos caminos, o la nueva carta surgirá de una de las instituciones más cuestionadas por la ciudadanía, electa bajo la distorsión binominal, procesando sus diferencias en el marco de los quórum que establece la ilegítima Constitución de 1980, acompañada de una «parodia» de participación de la gente, es decir, el Congreso, con las implicancias que podría traer a futuro y la tensión entre quiénes la reconocerían y quiénes no por la falta de garantías. O bien, por una cuestión de responsabilidad de Estado, se convoca a una Asamblea Constituyente, que sea un órgano de representación de carácter (pluri)nacional y diverso, «que sea ordenado», con la representación de todos los sectores y con la máxima legitimidad posible resultado de la participación más amplia. Quién decide debe ser la ciudadanía por medio de un plebiscito. Resulta necesario el ejecutivo tome palco en este asunto y apoye el Proyecto de Ley que restituye la facultad presidencial y que cuenta con el respaldo de 60 diputados.
Mientras tanto, la izquierda de la Nueva Mayoría debe buscar ampliar la base de sustentación del Programa de Gobierno con actores que quieran levantar las banderas que lo constituyen y sin exclusiones, es momento de organizar una nueva voluntad colectiva que haga de sus aspiraciones el interés general y genere las condiciones para dar un salto cualitativo en la reconceptualización de lo público y de un Nuevo Proyecto Nacional.
Estamos en un momento excepcional y debemos ser muy responsables. La vieja anatomía del mito que fraguó la dictadura se desmorona. Es cierto que aquello se da en un contexto de expansión de un descontento inorgánico, transversal y que no se expresa en los códigos de las identidades políticas tradicionales, en medio de una sociedad civil en general desorganizada, de una ruptura de los lazos comunitarios y de varias décadas de retroceso en los valores de cooperación social y, en tanto la política es la disputa por construir sentidos compartidos, existen condiciones para una apuesta considerablemente diversa y que atraviese relativamente las identificaciones y las lealtades políticas preexistentes. Es el momento de la audacia. Es el momento de una Revolución Ciudadana.
Por Matías M Valenzuela
Comisión Política
Izquierda Ciudadana
Santiago de Chile, 7 de mayo 2015
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