El día lunes 04 de Agosto, – fecha coincidente con la histórica jornada de protesta que el movimiento social por la educación protagonizó el año 2011; día aquel donde dicho movimiento pervivió una de las más agudas represiones policiales desde la vuelta a la democracia, y que además hoy recordamos como el “Día de la Dignidad Estudiantil” – se desarrolló un encuentro en el ex Congreso Nacional organizado por la principal autoridad de la Municipalidad de Recoleta, Daniel Jadue, y por la Diputada Karol Cariola, y su equipo asesor. La interesante y productiva reunión contó con la asistencia de los representantes estudiantiles del Complejo Educacional Héroe Arturo Pérez Canto, Jorge Alessandri Rodríguez, Liceo Juanita Fernández Solar y Liceo Paula Jaraquemada.
El objetivo de la reunión fue abordar de manera lata y participativa la importante Reforma Educacional que atraviesa la agenda del Gobierno de la Nueva Mayoría, y junto con ello aprehender las valiosas y gravitantes visiones de los principales actores que, con su movilización y solidez argumentativa, convencieron a la mayoría de Chile de la importancia de concebir el Derecho a la Educación como bien público que debe ser garantizado por el Estado y, por ende, por toda la institucionalidad investida de la función de su promoción y aseguramiento. Pues ¿puede la educación ser considerada un asunto político y socialmente relevante si es relegado al mercado, y por ende a lo que cada uno pueda comprar en él de acuerdo a su condición socio-económica?, ¡efectivamente no!. Cuando es el Estado y la institucionalidad pertinente (como los municipios en el caso de la educación primaria y secundaria) quien se hace cargo de garantizar el financiamiento de una educación de calidad «se rompe el vínculo entre lo que cada uno puede pagar y lo que cada uno puede recibir»[1], y de éste modo es que se consagra como Derecho Social, y al mismo tiempo deber del Estado.
En dicha instancias los estudiantes destacaron el notorio avance en infraestructura que ha desempeñado la gestión del alcalde Daniel Jadue para con los establecimientos escolares de la comuna, junto con celebrar la propuesta del edil de ser – Recoleta – la primera comuna en reestablecer la cátedras de Educación Cívica como materia obligatoria en el currículo académico de la administración educacional comunal. Lo anterior no es baladí, pues el currículo educacional es una eficiente herramienta de arquitectura social e identitaria del educando. De tal manera que restablecer dicha materia en la conformación académica obligatoria de los futuros ciudadanos es, precisamente, tomarse en serio el concepto de ciudadanía crítica, pues un Gobierno comunal comprometido con la transmisión de conocimientos y habilidades cívicas, es un Gobierno comunal convencido de que los estudiantes son (como actores sociales de la educación, y el día de mañana como profesionales y trabajadores) agentes de transformación que enriquecen nuestra convivencia democrática.
La mencionada actividad se suma a una serie de plataformas de discusión abierta que el alcalde Jadue ha organizado en la comuna con el propósito de discutir las grandes reformas que rebosarán la palestra pública que acompañará al Gobierno en transcurso. Lo anterior como resultado de su compromiso con los Derechos Sociales y con la participación como ejes orientadores de una gestión viva, democrática e inclusiva.
Así pues, el sábado 31 de mayo del presente año se materializó la convocatoria comunal a discutir junto a vecinas y vecinos en cariz que debiese tener la Reforma estructural que cambiará el sentido y la institucionalidad educacional en nuestro país. A esa convocatoria asistió un gran número de vecinas y vecinos de Recoleta, junto al alcalde, Daniel Jadue; la ministra de Desarrollo Social, María Villegas Acevedo, la diputada del PC, Karol Cariola y el director nacional de la División de Organizaciones Sociales, Camilo Ballestero. En tal oportunidad, la principal autoridad comunal apuntó que: “entendemos que la mejor manera para que la comunidad comprenda el trasfondo de la reforma educacional tiene que ser a través de un diálogo cercano y participativo, pero a la vez temprano y vinculante. En Recoleta, nos hemos adelantado a esta nueva manera de querer educar a nuestros jóvenes, hemos abierto la puerta de los establecimientos y también del municipio a los procesos de participación ciudadana”.[2]
Cabe destacar sin duda que, en adición a lo expuesto, el pasado 02 de Junio la Agencia de Calidad de la Educación acudió a la comuna de Recoleta para dar a conocer los exitosos resultados de la evaluación realizada a diez colegios municipales. En tal oportunidad la Agencia destacó el trabajo que ha realizado la municipalidad para contribuir a mejorar el sistema de educación pública, incorporando técnicas de aprendizaje orientadas a promover la equidad y la igualdad de oportunidades de los estudiantes del territorio comunal. Distinguiendo el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Juan Bravo, “la creación de espacios para que los actores involucrados puedan debatir acerca de sus problemas tanto internos como externos”.[3] Asimismo, en tal encuentro, el Alcalde celebró el aumento de matrículas en colegios municipalizados en un 30 por ciento, el alza en 10 puntos que percibieron en la PSU y el aumento de la evaluación del plantel de profesores de un 70 a un 99 por ciento. Esto nos demuestra una clara disposición de avanzar en la calidad e integración educacional, y un compromiso con los tres niveles o categorías de aseguramiento de un derecho, que ha definido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: obligación de respeto, obligación de protección, y obligación de garantía y satisfacción.[4]
Nos interesa subrayar en esta columna la importancia de apreciar los esfuerzos subjetivos e institucionales que se están urdiendo en Recoleta en torno a la participación y la apertura de espacios de discusión vinculantes que comprometen a los actores sociales organizados y no organizados a incidir sistemáticamente en el devenir de la misma, y al mismo tiempo comprometen y supeditan la conducción y proceder de la administración comunal a ejecutar las definiciones populares que resuelven en dichas instancias.
Las Municipalidades, según lo prescribe nuestra Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica propia y particular. Por lo demás, posee entre sus finalidades “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”[5]. En atención a lo anterior es del todo saludable la actitud inclusiva de la autoridad municipal, más aun cuando el sello del actual periodo constitucional esta caracterizado por ribetes autoritarios y neoliberales, donde el concepto de ciudadanía y de representación o inclusión políticas se inserta en una concepción típica de democracia protegida y contra-mayoritaria.
A lo precedente debemos sumarle el compromiso programático que asumió el Alcalde Daniel Jadue al inicio de su Gobierno local cuando sometió a la aprobación del Concejo Municipal su Proyecto de Desarrollo Comunal, el cual contenía como objetivo la implementación de directorios colegiados en los establecimientos educacionales y de salud dependientes del municipio. Hoy ya vemos como ese plan es realidad en muchos establecimientos, lo que no debe sino alegrarnos, pues evidencia, por lo demás, una posición frente a cómo debe dirigirse y ejecutarse la implementación de los mismos derechos sociales. Esta actitud de diálogo, participación, inserción vinculante y apertura democrática, agrieta el marco jurídico-político que heredamos de la dictadura y de las administraciones comunales de derecha, y nos permite sentirnos actores con agencia e ingerencia real en las problemáticas cotidianas que afectan nuestro diario vivir.
Una reflexión final: Desde el año 2011 se instaló el concepto de la “reconstrucción del tejido social” pauperizada por la dictadura y los sucesivos gobiernos que nada hicieron por re-organizar al pueblo. Un Gobierno Local comprometido con la participación no es sino un Gobierno local que utiliza las propias Instituciones como canal de empoderamiento social, pues como señalaba Salvador Allende: “Las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida.”[6]
Lo anterior es sumamente gráfico y demostrativo: Mientras hace 3 años la derecha nos torpedeaba con represión y gases lacrimógenos; hoy, en la administración municipal del militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, y la representación política de la – también comunista – Diputada Karol Cariola, se generan jornadas de discusión vinculantes junto a los diversos actores sociales en materia de educación y otros derechos sociales.
1] ATRIA, Fernando. Financiamiento de la Educación Superior, Entre Créditos e Impuestos. 2012. p. 5.
[2]JADUE, Daniel. Extraído de http://www.recoletaeduca.cl/web/?p=766
[3]BRAVO, Juan. Extraído de http://www.recoletaeduca.cl/web/?p=774
[4]ABRAMOVICH, Víctor; y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2008. p. 28.
[5] RUIZ-TAGLE, Pablo. Ciudadanos en Democracia. 2010. p. 269.
[6]ALLENDE, Salvador. La vía Chilena al Socialismo y el aparato del Estado actual. (Informe leído el 18 de marzo de 1972 en el pleno nacional del Partido Socialista). 1972. p. 6.
Por Juan Pablo Ciudad P.
Santiago de Chile, 17 de agosto 2014
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