Una alta pena por el que el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a un total de 26 años de cárcel a Mauricio Ortega, por el femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas contra Nabila Rifo, termina con un sufrimiento silencioso, poniendo término a una sensación de injusticia e impunidad en la comunidad. Sin embargo esta respuesta del sistema no proporciona un tratamiento integral y más humano para las víctimas de este flagelo de la violencia doméstica.
Una mirada a nuestra realidad social nos alerta sobre la alta conflictividad a la que se enfrenta la familia y las relaciones de género, en uno de los aspectos relacionales más complejos de nuestra humanidad, la vinculación personal como social entre hombres y mujeres, frente a lo que encontramos escasas y univocas respuestas del Derecho, en relación a sus capacidades regulativas, que considera irrelevantes los íntimos aspectos parento filiales de estos conflictos, limitándose a ofrecerles un tratamiento proteccional, mediante un rol paternalista y asistencialista del Estado, quién trata a la víctima cómo objeto de derecho, sin autoridad para proponer soluciones que la restauren y reparen el daño que ha sufrido.
Una muestra de lo anterior es la discusión y duda que se planteó, respecto a si la víctima debía declarar en juicio frente a la prensa, exposición que le permitió mostrar ante todo Chile su empoderamiento y capacidad de autodeterminación, ofreciendo nuevas alternativas de enfrentar este flagelo a otras víctimas de violencia.
Por otra parte, su necesidad al inicio de no reconocer como su victimario a Mauricio Ortega único condenado por la brutal agresión, que tuvo como resultado la perdida de sus ojos, y que la tuvo varias semanas al borde de la muerte, da cuenta de la necesidad de desarrollar procesos de contención y acogida a las víctimas, inclusos mecanismos colaborativos de regulación de estos conflictos con las familias y comunidad cercana de la víctima y victimario, en virtud de su naturaleza sistémica de estos casos y el tipo de relaciones que están en juego, abordándolos en su fase crítica, dando respuestas cercanas al quiebre violento, con soluciones restaurativas que se responsabilicen por el daño y lo reparen, evitado los costos materiales, morales y psicológicos, de la solución rápida, maquinal y tardía que ofrecen los procesos litigiosos.
Por Isabel González
Académica de la Facultad de Derecho, U.Central
Santiago de Chile, 5 de mayo 2017
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