Tres expresidentes peruanos acusados de corrupción ganan hoy protagonismo noticioso y son objeto de críticas por las maniobras que realizan ante las acusaciones o sospechas de corrupción que los asedian.
Quienes concentran el interés mediático por tal motivo son los exgobernantes Alberto Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo, el primero sometido a un nuevo juicio por corrupción y los otros dos investigados por sospechas del mismo delito.
Fujimori pasó el fin de semana en una clínica para un chequeo médico, después que protagonizara el jueves lo que medios de prensa, políticos y activistas de derechos humanos llaman una puesta en escena en el inicio del proceso por peculado, por el desvío de fondos de las fuerzas armadas para sobornar a diarios sensacionalistas.
Fujimori (1990-2000) se presentó en la audiencia, en una sala de la exclusiva y cómoda prisión en la que cumple una condena anterior de 25 años, desaliñado, mal vestido y con rostro de abatimiento y hasta intentó comparecer vestido con una bata propia de alguien que está enfermo.
Además, entró a la sala llevando un equipo para medir la presión arterial, el que usó ante jueces y periodistas para pedir que un médico lo vea, algo que, según quienes creen que se trató de una maniobra para dar lástima, pudo hacer antes de la audiencia si realmente estaba en mala situación.
Familiares y allegados afirmaron después que lo visto confirmaba que su salud es muy delicada, lo que fue descartado meses atrás por una junta médica ante su pedido de indulto humanitario, el cual rechazó el presidente Ollanta Humala.
El viernes fue trasladado a una clínica y sus familiares y seguidores dijeron que se debía a su trance en el nuevo proceso, pero las autoridades carcelarias indicaron que la salida estaba prevista con anterioridad, debido a malestares menores.
En cuanto a García, una encuesta de la empresa privada Ipsos evidenció que 72 por ciento de los consultados creen que su pedido a la justicia de acceder a los documentos de una investigación parlamentaria sobre casos de posible corrupción bajo su gobierno, son parte de una estrategia para salir bien librado de la pesquisa.
Similar mayoría registró antes la certeza de que es culpable de indultos a miles de narcotraficantes durante su último gobierno (2006-2011), eventualmente a cambio de sobornos, y de que fue un gobernante corrupto.
La analista política conservadora Rosa María Palacios afirmó que la intensa actividad de García frente a las sospechas de corrupción, con una estrategia agresiva de victimización, evidencia que «está aterrado» ante la posibilidad que el Congreso lo inhabilite.
La inhabilitación es una medida política que impediría a García ser candidato a un tercer mandato en 2016 y que marcha al margen de las instancias judiciales, en las que, por su influencia en el ministerio público y el poder judicial, difícilmente será condenado, añadió Palacios.
El presidente de la comisión parlamentaria que investiga a García incluirá en su informe casos de gravedad como la reciente captura del narcotraficante colombiano Edwin Javier Valenzuela, indultado por García y apresado cuando participaba en una gran operación de tráfico de drogas.
El expresidente oficialista del Congreso Daniel Abugattás emplazó a García a actuar con mayor dignidad no eludir sus responsabilidades con artilugios legales, así como rendir cuenta de casos como el de Valenzuela.
Entretanto, Vicente Zeballos, titular de la comisión que investiga sospechosas compras millonarias de inmuebles por parte de la anciana suegra belga del exgobernante Alejandro Toledo (2001-2006), negó que el grupo haya violado los derechos del investigado, como alega su abogado para plantear la posibilidad de pedir que cese la pesquisa.
Por Manuel Robles Sosa
Lima, 22 de octubre 2013
PL
