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A LA OPINIÓN PÚBLICA

Mié Jun 8 , 2016
En las últimas semanas, quienes somos integrantes del mundo de los derechos humanos, hemos sido testigos de una serie de eventos muy preocupantes: El parlamento ha aprobado la agenda corta anti delincuencia, con lo que se vuelve a la detención por sospecha, de los tiempos dictatoriales; Se busca “justificar administrativamente” la liberación de uniformados condenados por delitos de lesa humanidad, recluidos en Punta Peuco, a partir de los 75 años; Como si esto fuera poco, el Poder Judicial, no sólo habla de que “la clemencia debe ser aplicada en todos los casos”, sino que además rechaza un informe entregado por Gendarmería, NO favorable para la liberación de estos criminales y busca que rehagan este informe personas que den garantías de que el resultado será positivo. Estos eventos no son hechos aislados. Aunque se presentan en diferentes ámbitos, nos damos perfectamente cuenta que obedecen a un mismo fenómeno o a una misma intención. Los efectos que todos ellos provocan, van también en la misma línea: pérdida de democracia y profundización temeraria de la impunidad. Un grupo de Ex Prisioneros Políticos, cansados de soportar la postergación, el olvido, la exclusión y ante la reiterada negativa del Gobierno de patrocinar una ley de reparación justa y adecuada y dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por Chile, iniciaron el 18 de abril, en Santiago y luego en Concepción, una huelga de hambre, que ya pasa de 50 días. Nadie del establishment político se ha inquietado o dado alguna señal de preocupación o de mínima sensibilidad hacia la situación dramática que viven estos compañeros, quienes tienen la determinación de pasar a huelga de hambre seca, en caso de persistir la actitud de indiferencia del Gobierno, lo que agudizaría aún más el riesgo de deterioro de su salud. Por esta razón expresamos nuestro más absoluto rechazo a la actitud insensible de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a sus ministros políticos y a todos aquellos que han colaborado con la negativa a reconocer a las víctimas de prisión política y tortura como sujetos de derecho y han aplicado el desprecio y la indiferencia ante hechos tan graves como el riesgo vital que corren estos compañeros. Hacemos responsable al Gobierno de la Nueva mayoría y a la Presidente Bachelet de las consecuencias que pudieran devenir por su falta de acción. Igualmente, llamamos la atención a la falta total de caridad humanitaria demostrada por la Iglesia Católica frente a este hecho. Recordemos que la Mesa de Alto Nivel que crearon a raíz de su esfuerzo el año pasado por destruir el movimiento huelguístico de hambre nacional, con bombos y platillos estableció al Obispo Goic de Rancagua como presidente de dicha mesa del engaño. La Iglesia, esta vez ha mantenido silencio y ha ignorado la desesperada acción de nuestros ex presos políticos en huelga de hambre. Igual responsabilidad les cabe a otras instituciones como la directora del Instituto por los Derechos Humanos, y al representante del Alto Comisionado por los Derechos Humanos. Ninguno ha intervenido para pedirle […]

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