El Gobierno ingresó un proyecto de ley para incrementar el sueldo mínimo en $10.000. Con ello el ingreso mínimo legal aumentaría de $250.000 a $260.000 brutos, representando en términos nominales un incremento del 4% que no garantiza las mínimas condiciones de vida para quienes lo perciben. Sin considerar las distintas fases del último pacto de reajuste del salario mínimo progresivo, este sería el segundo aumento porcentual más bajo desde el retorno a la Democracia (solo superado por el 3,76% del año 2004). Posteriormente, durante el día de ayer el Gobierno propuso un incremento bianual de $7.500 a contar de julio de este año, $6.500 en enero de 2017, $6.000 en el segundo semestre del próximo año, y otros $6.000 a inicios de 2018, totalizando un 10% en dos años. Si se considera el alza del costo de la vida, el aumento real es prácticamente invisible.
Con la excusa de un magro ciclo económico, el Gobierno nuevamente privilegia el interés del empresariado, y especialmente del gran empresariado que se escuda en las Pyme para mantener un sueldo mínimo bajo que le permita a su vez pagar bajas remuneraciones. Esta situación es particularmente aprovechada por empresas transnacionales del sector servicios para pagar salarios y obtener márgenes de utilidades que en otros países no les sería posible, fomentando con ello altos niveles de rotación que son complementados con políticas antisindicales que impiden la organización de los trabajadores.
Como contrapartida, el Gobierno perjudica a los trabajadores más desprotegidos, los de las Mype, que no pueden constituir una organización sindical que los represente –labor que la Reforma Laboral prácticamente imposibilita al incrementar a un 50% el quórum para constituir sindicatos- y para quienes la negociación por rama del salario mínimo es su única alternativa para incrementar su remuneración. De este modo, mientras aún permanece el sabor amargo de la Reforma Laboral, vemos como un sindicalismo oficialista y un gobierno pro empresarial reducen la discusión a meros tecnicismos, alejando el objetivo de garantizar un sueldo ético a más del 60% de los trabajadores chilenos que no gana lo suficiente para sustentar sus familias y que deben vivir endeudados.
Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines Sindicato Interempresas Nacional de Teleconunicaciones
SINATE Federación Nacional de Sindicatos Subcontratados del Retail
Federación Nacional de Trabajadores Líder
Federación de Sindicatos Ripley Federación de Sindicatos Autónomos de Walmart
Federación de Sindicatos de AFP
Federación Nacional de Trabajadores Centro Sur Sindicato de Starbucks Coffee Chile
Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas
Sindicato 1 de Trabajadores de Aguas Andinas
Santiago de Chile, 22 de junio 2016
Crónica Digital
