DOCUMENTOS SECRETOS Y FUERZAS ARMADAS: EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DEL DEBATE

La negación a la solicitud elevada por la periodista Catalina Gaete para acceder a una serie de actas del Consejo de Seguridad Nacional motivó a la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones a dar un paso al frente en la discusión, y problematizar sobre los documentos públicos, la Ley de Transparencia, el rol de las Fuerzas Armadas en los procesos de acceso a la información y el derecho a la verdad. Esto motivó un debate, que congregará a nueve representantes de diversas áreas, y que será transmitido online este 13 de julio desde las 16:00 hrs. en tv.uchile.cl.

El 28 de septiembre de 2015 ingresó al Estado Mayor Conjunto una solicitud de Catalina Gaete Salgado -periodista Radio Universidad de Chile y egresada del Instituto de la Comunicación e Imagen, ICEI-, en  la que se requirió “las actas de todas las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, desarrolladas entre 1989 y 2012; y, los documentos inmediatamente emanados de acuerdos o resoluciones adquiridas en cada una de estas sesiones”. Esta petición fue negada por porque la información requerida podría afectar la seguridad de la nación.

En noviembre de 2015, Gaete interpuso un recurso de amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), en contra del señalado órgano de la Administración del Estado.  El CPLT decidió revisar el requerimiento y estimó que debería analizar cada una de las actas para ver si se cumplían los requisitos de reserva según la reglamentación pre y post reformada de 2005.

Finalmente, el Consejo acogió en forma parcial el requerimiento y ordenó al Estado Mayor Conjunto que entregara las actas de las sesiones celebradas por el Cosena desde 1989 hasta 2005, en la que los integrantes hayan declarado su publicidad. Además, las de 2005 hasta 2012 en que no se haya declarado por mayoría su reserva. “(Se debe) cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los cinco días hábiles contando desde que esta disposición quede ejecutoriada”, señaló la resolución.

No obstante el fallo, la información no alcanzó a llegar a manos de la reclamante, pues el pasado viernes 29 de abril, el Estado Mayor Conjunto presentó un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el patrocinio del Consejo de Defensa del Estado, intentando revertir la decisión del CPLT, y reclamando que se justifica la denegación de información.

“Por las resistencias que ha mostrado el sistema político, uno puede sospechar que la información que puede estar en esas actas puede ser muy relevante para el país y para el proceso de profundización del sistema democrático, que es inagotable, inextinguible, y tenemos que seguir trabajando en él”, advierte Catalina Gaete, quien asegura que “si la justicia revierte ese proceso en la Corte de Apelaciones, hay que ir a Corte Suprema y si la Corte Suprema refrenda esta apelación, habría que buscar tal vez alternativas internacionales, como la Corte Interamericana”.

En espera de que la justicia falle sobre el caso que enfrenta a COSENA y la periodista Catalina Gaete, y existiendo otros hitos en el debate de acceso a la información -como la polémica por la llamada Ley Mordaza-, la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestro plantel decidió entrar en el debate.

“Uno de los objetivos de la Cátedra es precisamente el poder generar espacios de debate académico en torno a temas que sean de discusión relevante hoy día en Chile, y nos pareció que el Derecho a la Información –que está aquí está involucrado–, va justamente en la línea que nos hemos trazado de poder aportar en la reconstrucción de la memoria y en materia de derechos humanos. En ese sentido nos pareció que valía la pena apoyar como Cátedra, el esfuerzo que está haciendo Catalina”, afirmó Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos y moderador del conversatorio «Documentos secretos y Fuerzas Armadas: Las ataduras para el derecho a la verdad».

Hugo Frühling, director Instituto de Asuntos Públicos U. de Chile; Azun Candina, académica Facultad de Filosofía y Humanidades U. de Chile; Francisca Skoknic, subdirectora Centro de Investigación Periodística CIPER Chile; Claudio Fuentes, director Escuela de Ciencia Política U. Diego Portales; Pablo Contreras, académico U. Alberto Hurtado; Víctor Herrero, académico Instituto de la Comunicación e Imagen U. de Chile; Gladys Camacho, académica Facultad de Derecho U. de Chile; y la periodista Catalina Gaete; serán parte del conversatorio que se realizará este miércoles 13 de julio y que será transmitido via streaming en el link www.tv.uchile.cl.

Respecto a la composición del panel, el profesor Nash señaló que “lo que nos interesaba era precisamente generar un diálogo en torno al acceso a la información de estos archivos, pero que no se redujera a una discusión puramente jurídica, sino que tuviéramos una mirada desde expertos que están trabajando en temas desde Fuerzas Armadas, libertad de expresión, desde una mirada también administrativa, del derecho, de cómo debe regularse la documentación en poder del Estado. Creemos que es un tema que admite distintas miradas y esas distintas miradas, son precisamente las que pueden conformar un diálogo mucho más rico sobre los alcances de esta discusión que se ha generado entre el Consejo Para la Transparencia y el Consejo de Defensa del Estado”.

Que nuestra Casa de Estudios abra el debate sobre transparencia, acceso a la información y participación ciudadana es una señal que Gaete considera gran relevante en el actual contexto. “Considero que hoy día, a pesar de que hay leyes que se supone que garantizan el acceso de las personas a la información, no ha habido un cambio cultural en nuestro país. El sistema político se resiste a entregar información, según algunos, sensibles o que puede alterar el orden público. Hay una serie de conceptos como seguridad nacional, orden institucional, que a la luz de las nuevas exigencias democráticas deberían ser revisados, redefinidos, y quién más que la Universidad de Chile para liderar estos procesos”.

Texto: Francisca Siebert

Santiago de Chile, 12 de julio 2016
Crónica Digital / uchile.cl

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"LOS PORFIADOS HECHOS NOS DAN LA RAZÓN, PESQUERAS FINANCIARON CAMPAÑAS POLÍTICAS", SENADOR NAVARRO

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Para el senador por la Región del Biobío «hay que transparentar todos los aportes reservados hechos por empresas y triangularlos con votaciones, es la única forma de terminar con el dramático gota a gota que sigue sepultando la vieja política». El senador Alejandro Navarro se refirió al capítulo de Informe Especial emitido el día de ayer por TVN donde se reveló una serie de aportes en dinero desde la organización de los industriales pesqueros agrupados en Fipes (Industrias Pesqueras del Sur Austral) a políticos, entre ellos el senador Patricio Walker y el diputado Iván Fuentes. El senador Alejandro Navarro señaló que «cuando pedí sincerar los aportes de realizados por las pesqueras a todo el espectro político, teniendo plena conciencia que un grupo de senadores habían votado en contra de la Ley de Pesca, hubo una sobre reacción, muchos se escandalizaron, por lo que fui censurado de la Vicepresidencia del Senado». «Hoy los porfiados hechos nos dan la razón, sacando la verdad a la luz, dándonos la razón, lo que confirma que la Ley de Pesca es una ley viciada y negociada en favor de la industria pesquera y en desmedro de los pescadores artesanales», agregó. Recordemos que el senador Alejandro Navarro fue censurado de la testera del Senado el 1 de julio del año 2015, tras emplazar a senadores y diputados, tanto de oposición como de la Nueva Mayoría, ‘a que aclaren si es que fueron las pesqueras quienes financiaron sus campañas’, sustentados en que el SII dio a conocer un listado de empresas pesqueras que hicieron donaciones a la política entre las que figura Corpesca y otras'». En este sentido el senador del MAS reflexionó, indicando «compartí con el senador Patricio Walker la testera del Senado, y en más de una ocasión me pidió retractarme de mi emplazamiento, cuestión a la que no accedí ya que tengo la convicción de que las pesqueras financiaron transversalmente las campañas políticas con el fin de incidir en la ley, estimo que hice lo correcto». Para Navarro «aquí el problema de fondo tiene origen el año 2003 cuando por medio de un acuerdo, se legalizaron los aportes de empresas a la política. En esa época lo dijimos: en esto está comprometido el conjunto de la clase política, este es un estigma que va a continuar mientras se permitan las donaciones anónimas de empresas a la política y no se cambie esta ley». «Dicho y hecho» -prosiguió- «hoy tenemos una clase política que no supera el 10% de aprobación, es decir, solo uno de cada diez aprueba la forma en que se lleva a cabo nuestra clase política». Es por esto que a juicio del senador por la Región del Biobío «transparentar todos los aportes reservados hechos por empresas y triangularlos con votaciones, es la única forma de terminar con el dramático gota a gota que sigue sepultando la vieja política y sería un excelente ejercicio democrático». Para estos efectos el parlamentario anunció que presentará una moción parlamentaria que indique ‘Declárese la publicidad de […]

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